Tres ensayos breves sobre la educación: Dos

El plan de suprimir la enseñanza privada concertada para introducir libertad de experimentación educativa y garantizar recursos para la escuela pública se podrá objetar, no sin razón, desde varios ángulos. El primero, y más fundamental, es que el origen social de la actual situación estriba en la falta de criterio y estrechez de miras de la clase media, pero el político radica en cierto grado de realismo. Si la enseñanza pública fuera gratuita y de aceptable calidad, y la privada se pagara a un precio proporcional a la calidad, pocos miembros de la clase media desperdiciarían la oportunidad de enviar a sus hijos a la gratuita aunque pudieran pagar una calidad superior en la privada.

Lo racional desde un punto de vista colectivo – partiendo de que cada familia quiere para sus hijos lo mejor que pueda pagarles – sería que cada hogar evaluara si puede pagar una calidad superior a la pública y, pudiendo, la pagara, mientras que, no pudiendo, enviara a sus hijos a la pública. Eso, repito, sería lo racional. Tristemente, podemos estar seguros de que las familias españolas de clase media, en su generalidad, no actuarían así. Lo que tenderían a hacer es evaluar si la calidad de la enseñanza pública es aceptable; no con arreglo a lo que ellas pudieran pagar, sino con arreglo a un criterio distinto, como que si esa enseñanza garantiza a los hijos un nivel de vida similar a sus padres, o incluso un poco (tan sólo un poco) peor. Pues la generalidad de los padres pensaría que no lo tienen que hacer ellos todo: a los hijos les corresponde poner también algo de su parte para moverse hacia arriba en la escala social, más adelante, costeándose sus propios másters y con esfuerzos similares. Y si la enseñanza pública garantizara ese mínimo de calidad – negociado en el seno de la unidad familiar – los padres enviarían a sus hijos a la escuela gratuita, y, del ahorro así logrado, una parte lo destinarían a actividades formativas extraescolares, como viajes al extranjero para aprender idiomas. Y con eso los padres acallarían su conciencia. La diferencia al coste de la escuela privada libre, lo dedicarían sus padres a vivir ellos mismos lo mejor posible.

Esto es lo que haría – en realidad, lo que está haciendo – una clase media que ha renunciado al principio de dar a sus hijos lo mejor, para sustituirlo por el de darles algo razonablemente bueno. Y, naturalmente, sacar tajada personal (como individuos maximizadotes de su propia satisfacción) los padres. Lo importante es constatar que ésa es una clase media que ha abdicado de su responsabilidad histórica, que no es otra que garantizar una movilidad lo más intensa posible a lo largo de la escala social. Primero, una intensa movilidad desde abajo, desde las clases inferiores a la clase media, como se veía en el artículo anterior; segundo, una no menos intensa movilidad hacia arriba, desde la clase media a la aristocracia económica y financiera. Es muy razonable que los padres se conformen con asegurar a sus hijos un status no muy inferior al que los primeros han disfrutado, y que luego sea tarea de los hijos hacer el resto. Pero eso equivale a renunciar a la ambición de hacer de los hijos personas de un status social decididamente mejor que el que los padres disfrutan, que es la lógica por la que se movieron las generaciones anteriores. Es como si la sociedad española se hubiera dicho a sí misma: “Ya hemos alcanzado un nivel de vida bastante bueno; ahora vamos a disfrutar todos de él, sin agobios”. Es muy razonable, pero carece de la ambición que es necesaria para conservar ese nivel de vida a largo plazo. Puesto que, así, la sociedad española gasta en educación lo justo, y ni de lejos realiza el esfuerzo suplementario que es necesario para tener éxito, como país, en la durísima competencia que está suponiendo, y va a suponer cada vez más, la globalización.

Pues bien, el realismo político presupone prever que la clase media haría exactamente lo que he descrito, es decir, inclinarse en bloque por la enseñanza gratuita, de un modo u otro condicionada por el gobierno, en tanto que la enseñanza privada libre languidecería al verse condenada a una posición marginal. Y, en previsión de que eso es lo que ocurriría, los políticos le han dado a la clase media lo que ésta quería, con el refinamiento de que, ya que lo que la sociedad española demanda es enseñanza lo más barata posible, se le da; pero no en la forma estricta de enseñanza pública, sino en la más flexible de enseñanza privada concertada. El régimen de conciertos podrá embellecerse cuanto se desee, pero en sustancia se limita a eso: gastar en educación, no todo lo que se podría gastar, sino en realidad lo menos posible. Y puede dársele al asunto todas las vueltas que se quiera, pero para gastar todo lo que se pueda, y dar al país el empujón en materia de inversión de capital humano que necesita, es imprescindible acabar con el régimen de conciertos.

¿Podrán los políticos españoles entender esto y, más difícil todavía, lograrán reunir el coraje necesario para, una vez entendido por ellos, hacérselo entender al país? Aquí se revela uno de los dramas (si no el drama, propiamente dicho) de España, a saber, la atomización y desarticulación de la clase media. Lo que muchos han llamado debilidad o incluso ausencia de una sociedad civil. Puede que la sociedad española termine afrontando el reto que supone la educación en el mundo del siglo XXI, y puede que no. El tiempo lo dirá. Pero, si llegara a afrontarlo, no será porque la sociedad de motu propio adopte la resolución pertinente; en realidad, la sociedad española carece de las instituciones intermedias que en otros países occidentales (¿quizá de tradición protestante, habría que añadir?) asumen la responsabilidad de debatir, deliberar y decidir, arrastrando con ellas a los individuos, a la hora de hacer frente a los retos de mayor importancia, los retos históricos, se podría decir. En España se tuvo una corta pero brillante experiencia en este sentido, la Institución Libre de Enseñanza, creada por Francisco Giner de los Ríos y otros en 1876, y que partía del principio que se acaba de enunciar. Muestra del retroceso cultural y la pérdida de conciencia histórica de nuestro país es que ahora una experiencia similar ni siquiera entra en la cabeza de nadie. Ahora tendrá que ser el Estado quien adopte la resolución y se la imponga, quizá a regañadientes, a los ciudadanos. De otro modo, éstos seguirán aferrados, como lapas, a la gratuidad, aunque el país se hunda.

Tres ensayos breves sobre la educación. Uno
Tres ensayos breves sobre la educación. Tres