Astuta reforma de las pensiones

La solidaridad intergeneracional en un sistema público de pensiones regido por el método de reparto se basa en que los jóvenes contribuyan a las pensiones de los mayores. El gobierno lo plantea al revés, como que esa solidaridad consiste en que los mayores renuncien a parte de sus prestaciones hoy para garantizar a los jóvenes su percepción mañana. A eso le llama, pomposamente, sostenibilidad. Sencillamente, ridículo; una patraña. En realidad, la propuesta del gobierno hay que leerla como que los jóvenes contribuyan menos a las pensiones de los mayores ahora. Y, como la mayor parte de la contribución de los jóvenes se traduce en pago de salario indirecto por las empresas en forma de cotizaciones sociales, la propuesta se resuelve en que tanto los mayores como los jóvenes – quienes heredarán el sistema reformado – acepten la reducción de sus pensiones para que los empresarios paguen menos cotizaciones sociales. Podrían decirlo así de claro, ¿verdad? Pero entonces no serían socialdemócratas.

En un sistema de pensiones progresivo, lo lógico sería aumentar el tiempo de prestación – jubilándonos antes – así como la cuantía de la misma conforme la sociedad es más rica. Que se vive más que antes es una razón a favor y no en contra de mejores pensiones y percibidas durante más tiempo. El mundo va hacia delante, no hacia atrás. Y en un sistema de reparto la cosa es relativamente sencilla. Se trata de que haya más jóvenes a cotizar, por sí mismos y por el salario indirecto que pagan sus empleadores. Y si la población autóctona envejece, hay que hacer de la economía nacional un foco de atracción de jóvenes de todo el mundo, como ocurrió en España antes de la crisis. Se dice y se repite, con toda justicia, que, hace veinte años se temía ya por el futuro de las pensiones, pero el crecimiento económico de los noventa y principios de este siglo, unido a la inmigración que estimuló, acabaron con la preocupación. Ahora se trata exactamente de lo mismo.

Por eso, aun más deplorable que el abandono de los intereses de los más débiles, que este gobierno había jurado defender, es su falta de patriotismo, toda vez que, con la reforma de las pensiones que plantea, justificada por la solución de un hipotético problema que no se manifestará hasta dentro de veinte años, abandona todo proyecto de volver a convertir España en la economía atractiva para trabajadores y capitales extranjeros, cuya afluencia, como en el pasado, alejaría todo riesgo de quiebra del sistema. Y es que, a despecho del discurso sobre el cambio de modelo productivo, está claro que el gobierno no puede concebir un crecimiento como el de entonces más que desde la óptica de la cultura del pelotazo. Como después de tanto brote verde y tanta majadería, les parece que volver a inflar alguna otra burbuja que la inmobiliaria es imposible, dejan caer los brazos y deciden apostar por este capitalismo cutre, de trabajadores sin derechos y sin esperanza para la vejez, que el gobierno cree tan del gusto de los mercados.

Ya meses antes de las medidas de ajuste de mayo, había planteado el gobierno en materia de pensiones lo que plantea en este momento. Esta regresiva reforma se concibió cuando el gobierno confiaba todavía en sostener los estímulos fiscales y el gasto social, a lo que ya ha renunciado por completo en aras de la consolidación presupuestaria. Todo indica que la reforma de las pensiones se ideó como subterfugio para desbloquear el diálogo social, paralizado desde el verano de 2009… precisamente porque los empresarios lanzaron un órdago si no se les reducía en cinco puntos la cuota patronal a la seguridad social.

El gobierno planea, así, matar dos pájaros y un tiro aprobando por decreto la reforma de las pensiones a fines de enero. Por un lado, hará una de esas reformas estructurales tan del gusto de quienes carecen de coraje e imaginación para pensar otra cosa que apretar el cinturón de los demás. Por otro, podrá conceder a los empresarios lo que exigían hace año y medio y volver a sentarlos en la mesa del diálogo social. Sentados los empresarios, ¿qué excusa tendrían los sindicatos, a su vez, para no hacerlo? Astuta jugada, ya digo, para recuperar imagen y votos ante las autonómicas y municipales.