El gobierno y las pensiones

Parece que la reforma del sistema público de pensiones es ya imparable. El gobierno insiste en que se trata de hacer sostenible el sistema, porque la esperanza de vida se ha alargado y con ella el periodo de disfrute pero no el de cotización. A esto se le llama poner el sistema sobre bases actuariales más sólidas. Algunos no se recatan en decir que debería irse a un sistema de capitalización, liquidando el actual de reparto. Y no les falta razón. Un sistema de reparto no se sostiene sobre bases actuariales, sino de solidaridad intergeneracional: los jóvenes cotizan para pagar las pensiones de los mayores. Ahora bien, si de lo que se trata es de ir a un sistema de capitalización, ¿por qué tiene que ser público? Pocas dudas pueden caber de que sería muy superior – y menos arriesgado en términos macro – la competencia entre fondos privados.

El gobierno plantea la solidaridad intergeneracional a la inversa, de forma un tanto tramposa. De lo que se trataría, pretende hacernos creer, es de que los mayores contribuyan ahora, trabajando más y cobrando menos, a la percepción futura de pensiones por los más jóvenes. Pero lo que realmente quiere decir es que los mayores deben trabajar más y cobrar menos – esto ya lo han pactado el PSOE y el PP al alargar el periodo para el cálculo de la prestación – a fin de que los empresarios tengan que cotizar menos en el futuro. Es algo que se le debió meter a alguien entre ceja y ceja cuando fracasó el diálogo social en el verano de 2009, precisamente porque los empresarios exigieron la rebaja de las cotizaciones sociales, que el gobierno entonces no les pudo conceder.

Estamos, así pues, ante una vuelta de tuerca más del giro antisocial iniciado por el gobierno en mayo de este año e intensificado a principios de diciembre, cuando decidió suprimir la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración y ampliar la rebaja de impuestos a las empresas con beneficios inferiores a 300.000 euros.