Reforma de la negociación colectiva

La negociación colectiva es una conquista de la socialdemocracia. El pensamiento liberal la verá siempre como un elemento de «rigidez» en el mercado de trabajo, y a la negociación individual del empresario con el trabajador como la solución óptima. Desde luego, nada de fijar el salario y las condiciones de trabajo a un año vista. El modelo manchesteriano de pagar cada día lo adecuado a las condiciones del mercado – precio de las materias primas, precio de la energía y precio del producto – ese día, «y si no te gusta, no te molestes en volver mañana», puede resultar disfuncional hoy en día (aunque no tanto, si tenemos en cuenta las posibilidades que ofrece la informática), de modo que el liberal podría convenir en que una transacción aceptable sería que el empresario decidiera, no sólo qué debe hacer el empleado (= flexibilidad interna) sino también cuánto debe cobrar (= ajuste del salario a la productividad) mes a mes. La negociación colectiva, que fija obligaciones y salario por un periodo relativamente largo de tiempo, no puede ser, por tanto, más disfuncional al proyecto liberal.

Ciertos empresarios – no todos, desde luego – aceptan de buena gana la negociación colectiva. Y pueden hacerlo bajo la influencia de la doctrina social de la Iglesia, los principios religiosos en general o el simple humanismo, que vea en el trabajador antes a la persona que a la mercancía fuerza de trabajo. Eso se llama economía social de mercado, concepto de raíz democristiana que es enteramente complementario de la socialdemocracia. (Véase, al respecto, la entrada “El modelo alemán”, haciendo clic en la etiqueta ‘socialdemocracia’). No todos los empresarios españoles encajan en ese grupo, como digo; ni tampoco todos los empresarios con creencias religiosas, ni siquiera todos los católicos. Dentro del cristianismo e incluso del catolicismo, hay sectas que opinan que el libre mercado es un regalo de Dios a los hombres y que su advertencia a Adán fue: «Ganarás el pan con el sudor de tu frente y obtendrás la oportunidad de ganarlo en el libre mercado», aunque la Biblia no recoja la última parte. Y si el libre mercado – contra lo proclamado por el papa León XIII en la encíclica De rerum novarum – es un regalo de Dios, cualquier interferencia en su funcionamiento es pura soberbia humana condenada al fracaso. Gran parte de los problemas de la negociación colectiva en España proceden de la división de la patronal española entre liberales y democristianos. Generalmente, los primeros llevan la voz cantante.

Con una patronal escorada ideológicamente contra la negociación colectiva, no debe sorprender el fracaso del diálogo social para su reforma. Los empresarios saben que los sindicatos no aceptarán de buen grado ninguna reforma que debilite la negociación colectiva, y a ellos no les interesa ninguna que la fortalezca. A la vista del desencuentro entre los agentes económico-sociales, el gobierno ha ensayado una transaccional que profundizará la segmentación del mercado de trabajo.

Los empresarios se quejan del mantenimiento de la ultraactividad y de la falta de flexibilidad interna. Lo primero – como he señalado en alguna ocasión – es peregrino. La ultraactividad protege al débil en la negociación; suprimirla presupone, sencillamente, imponer la ley del más fuerte. La insistencia de los empresarios en ella sólo significa que ellos se creen ahora los más fuertes. En cuanto a la flexibilidad interna, el gobierno la ha concedido al cien por cien, y también el ajuste de los salarios a la productividad, en las empresas que emplean trabajo precario, que es el que realmente importa al gobierno a efectos de la creación de puestos de trabajo.

La clave de la reforma estriba en la preeminencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, y principalmente los provinciales. El cambio es monumental. Hasta ahora, si uno quería crear una empresa, aparte de otros requisitos legales, tenía que leerse el convenio sectorial y calcular si los números le salían con los salarios allí estipulados. Ahora, podrá pedir trabajadores a la oficina de colocación y, en la entrevista, aclarar: «En esta empresa va a haber un convenio que fija la remuneración del trabajo en el salario mínimo y las categorías profesionales en una sola: chico/chica para todo. ¿Lo firmas? ¿Sí? Tienes trabajo. ¿No? El siguiente». Nada cuesta pronosticar que esta reforma ahondará las diferencias entre los dos segmentos básicos del mercado laboral, un segmento de asalariados con garantías y otro de «trabajo precario», sin ellas; y dejará sin negociación colectiva efectiva al segmento precario, hasta ahora con contratos temporales y desde ahora también a salario mínimo y con total polivalencia. A estos efectos, la reforma en curso se equipara a la de 1984, que prescindió de la causalidad en los contratos temporales e inició la segmentación del mercado laboral.

Hace un par de meses, califiqué la reforma laboral de «diversión irrelevante en el largo plazo». Reconozco que me precipité. Esta reforma podrá crear empleo neto en el largo plazo, aunque los efectos a corto y medio plazo, dada la previsible conversión de trabajo con garantías en trabajo precario, es incierto. Hay otro importante efecto que será perceptible incluso en el corto plazo: una intensa transferencia de recursos desde las rentas del trabajo a las del empresariado. Teniendo en cuenta cuál es la renta media declarada por los empresarios, cualquiera se puede hacer una idea de lo que esto supondrá para el déficit público.

El paro EPA y los mercados

Acaban de salir publicadas las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística. Se publica trimestralmente, o sea, cuatro veces al año, en abril, julio, octubre y enero, a trimestre pasado. Sus datos de empleo y paro compiten con los de los servicios públicos de empleo, que los publican mensualmente. Por eso, el lector verá en los medios reflejadas con más frecuencia las cifras del paro registrado en los servicios públicos de empleo (“paro registrado”) que los de la EPA (“paro EPA”). Sin embargo, y por razones que sería prolijo detallar, los expertos consideran el paro EPA más fiable que el paro registrado, es decir, al primero más fiel a la situación real.

Hoy hemos sabido que el paro aumentó en 210.000 personas. El empleo fue aun peor, ya que descendió en más de un cuarto de millón de personas. La diferencia, 42.000 personas, refleja el descenso de la población activa: en román paladino, los parados que se cansan de buscar empleo y pasan a ser inactivos, o personas en edad de trabajar dependientes y sin actividad económica de ningún tipo. La cifra de paro se sitúa en 4.910.000 personas y la tasa en el 21,3% de la población activa. Un desastre sin paliativos para el gobierno.

A nueve meses de la famosa reforma del mercado laboral que iba a generar más empleo, o en su defecto a reducir la temporalidad de los contratos, el gobierno cosecha un fracaso en ambos objetivos. Empieza a ponerse de manifiesto que las «reformas» de este gobierno son más retoques cosméticos que ataque en profundidad a los problemas; sus políticas frente a la crisis, más operaciones de marketing que otra cosa. El dato contrasta desfavorablemente con la mejora de resultados financieros de la seguridad social, que vuelve a registrar superávit. Sin embargo, ahora está claro que esa mejora se debe más a la terminación de muchas prestaciones por desempleo, lo que reduce los pagos de la seguridad social, que a otra cosa. La miseria empieza a amenazar seriamente a nuestra sociedad.

¿Cómo se tomarán estos datos los mercados? La reacción de los mercados frente a los datos de paro es sorprendente, muchas veces. En ocasiones, reaccionan con frialdad o incluso recelo a la reducción del desempleo, tal vez por temor al fantasma de la inflación que acompaña a previsibles recalentamientos de la economía. Raramente reciben con euforia el aumento del paro. En esta ocasión, eso es incluso menos probable de lo habitual. Más desempleados y menos cobrando prestaciones – pues eso, y no otra cosa – refleja la caída de la población activa – significarán menos estímulos internos a la demanda agregada por el lado del consumo, además de un probable aumento de la morosidad en los préstamos hipotecarios. Por dos lados afecta el dato desfavorablemente a los planes gubernamentales de reducir el déficit. Del primero, por menores ingresos tributarios, derivados de menores IVA y renta; del segundo, más problemas en el sector bancario.

Los mercados no suelen hilar muy fino en el corto plazo. Para ellos, el dato es peor que malo, pésimo. Esperemos que esta vez prevalezca sobre el pánico la campaña mediática orquestada en los últimos dos o tres días, con salida a la palestra del Wall Street Journal de ilustres (aunque desconocidos) profesores de la London School of Economics – ilustres, porque provienen de la LSE – dispuestos a empeñar su reputación elogiando las reformas de nuestro gobierno. Así sea.

Cómo evitar que España tenga que ser rescatada

Han bastado las dudas sobre la solvencia de Grecia – pese al rescate del año pasado – y el ascenso de la extrema derecha finlandesa, opuesta a pagar el rescate de Portugal, para que una nueva subida de la prima de riesgo pusiera en evidencia al gobierno, el FMI, la OCDE, la Unión Europea y todos los que, incluidas gentes más a la izquierda (que creen que el rescate es una excusa para apretar el cinturón de los trabajadores), se apresuraron hace unos días a asegurar que España no necesita ser rescatada. Ahora mismo, ciertamente, todavía no lo necesita. ¿Podremos decir lo mismo el mes que viene?

Está perfectamente claro, ya, que no es la necesidad de profundizar en la reforma laboral lo que inquieta a los mercados, por más que se siga a vueltas con esa diversión, irrelevante a largo plazo. El epicentro de nuestra particular crisis de deuda se sitúa en el sistema bancario. Y no especialmente en las cajas de ahorros, como los doctrinarios del liberalismo, que sueñan con pasar a la historia completando el proceso desamortizador, pretenden hacernos creer. Una pretensión que ya nos cuesta, y nos va a seguir costando, bastante dinero; sobre todo, nos cuesta tiempo, que ahora es más valioso que el dinero. No, el problema estriba en la falta de solvencia del sistema bancario en general. O mejor todavía: en las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema bancario, unidas a la garantía extendida por el gobierno sobre todos los pasivos bancarios.

Por tanto, lo que hay que hacer es claro. Primero, hay que terminar con las inyecciones de dinero público en bancos y cajas sin suficiente solvencia. Inyectar dinero público en entidades sin futuro es la forma más estúpida de martirizar al contribuyente. Sí, ya sé que hay un problema con los puestos de trabajo, pero eso es quedarse en los árboles y no ver el bosque.

Segundo, las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema bancario están motivadas por su falta general de transparencia, debido a la cual la más que probaba falta de solvencia de algunas entidades contamina la reputación de las que son realmente solventes. Y esto no ocurre por la proximidad geográfica ni porque todas nuestras entidades, sin distinción, estén enclavadas en uno de los malhadados PIIGS (estúpidos, como los inventores de esas siglas, los hay en todas partes del globo). No, ocurre porque, con el actual marco regulador, cualquier entidad bancaria española, sea poco o muy solvente, es absolutamente opaca, lo cual protege a la poco solvente pero perjudica a la muy solvente. Cuando se hace evidente que una entidad opaca es poco solvente, la entidad opaca que está justo a su lado es puesta en cuarentena de inmediato. Y si el gobierno respalda a las dos, entonces también el crédito público es puesto en cuarentena. Y eso, sencillamente, es lo que pasa con el crédito de España en los mercados.

La política necesaria es absolutamente clara: hacer de nuestras opacas entidades bancarias, entidades lo más transparentes posible. Pero no se trata de una transparencia a la española, no se trata de que las entidades pasen su información al Banco de España, y que éste luego dé los datos a la publicidad. Esta noción de transparencia, que es la noción que prevalece aquí, resulta hoy decimonónica. Lo que los mercados están reclamando es una transparencia que pueda ser efectivamente controlada por ellos, y por todo el mundo, naturalmente. Que viene a ser lo mismo.

Lo que hay que hacer es esto. El gobierno debe anunciar una reforma financiera para poner fin a la banca universal, pues la banca universal es el origen de la falta de transparencia. La reforma que ponga fin a la banca universal debe pasar por una correcta identificación de las distintas líneas de negocio, de los riesgos que se asume en ellos y la dotación separada de capital para hacerles frente; y las líneas de negocio que no se pueda capitalizar de forma independiente habrá que cerrarlas. Con ello, se reducirá a sus justas proporciones la burbuja bancaria de este país. Así de sencillo. Y no se me diga que en Europa también hay banca universal y que nadie se propone desguazarla, porque la observación es irrelevante. El resto de Europa no está en el ojo del huracán y, aunque haya tenido sus propias burbujas bancarias, ninguna ha sido inflada hasta el extremo que ha llegado la nuestra con el ladrillo.

Si el anuncio de una reforma así no fuera suficiente, entonces el gobierno deberá restringir su garantía a los pasivos monetarios de la banca (cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo fijo de hasta dos años y depósitos con preaviso de hasta dos años) abandonando los demás pasivos, no monetarios, a su suerte. Esto causará un daño económico mucho mayor, seguramente. Pero será inevitable si el sistema bancario se mantiene en sus términos actuales.

Errores y omisiones del supervisor bancario

Se censura estos días al Bando de España (BdE) por manifiesta incapacidad en el tratamiento de la crisis bancaria en nuestro país, incapacidad que se habría revelado de forma particularmente clara con ocasión del «desenganche» de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) del proyecto Banco Base. A juicio de numerosos observadores, el BdE debería haber intervenido la CAM hace tiempo. Fuentes del BdE se defienden diciendo que no había base legal para la intervención, toda vez que, pese a las pérdidas recientemente afloradas dada su exposición al ladrillo, como consecuencia de la mayor transparencia reclamada por el BdE a las entidades de crédito, la CAM ha mantenido su coeficiente de solvencia dentro de los mínimos exigidos. Es ahora, al introducirse nuevos requisitos en mínimo exigible de capital principal, ratio en que la CAM ya queda bajo mínimos, cuando se presenta por primera vez la oportunidad de intervenir en la entidad.

Esta consideración preliminar merece ya una valoración. Si el sistema bancario dispone de un marco regulador en cuya virtud el supervisor, es decir, el BdE, se ve forzado a marchar a rastras de los acontecimientos, como está pasando en España con ocasión de la recapitalización de las cajas, entonces está claro que el marco regulador no es el adecuado y lo primero es reformarlo. Una propuesta así no puede estar más lejos de las preocupaciones del BdE. No es ya que el BdE esté satisfecho con el marco regulador vigente; es que el mismo ha parecido en ciertos momentos – se lo hemos oído decir al gobierno – «el mejor del mundo». Esta creencia, que transpira autocomplacencia, es un primer error de bulto y del que emanan todos los demás.

Lo que al BdE y al gobierno les parece tan excepcionalmente bueno como para haber ido el último a alguna reunión del G-20 con ánimo de «venderlo» como fórmula de validez universal es que todas las actividades bancarias entran dentro de la misma figura institucional y están bajo el escrutinio del mismo supervisor – el propio BdE – al que nada que hagan bancos y cajas puede escapar. El BdE es como Dios, y como tal se siente y se comporta muchas veces. Pero es un dios débil, que cede, en representación de todos, al permanente chantaje a que la banca somete a la sociedad a cuenta del enorme riesgo sistémico que incorpora. «¿Cómo podemos hacer algo que perjudique a la banca? Así nos perjudicamos todos», es el argumento típico de ese chantaje. Pues bien, lo primero que se necesita es una buena reforma que baje los humos a los bancos y nos libere a todos de sufrir el chantaje, reduciendo su riesgo sistémico.

En lugar de atender a esa prioridad, el BdE y el gobierno parecen enfrascados en un proyecto de largos vuelos históricos: la Tercera Desamortización. Tras las Desamortizaciones Eclesiástica y Civil, del siglo XIX, se diría que toca la Financiera, la de las Cajas de Ahorros. Las cajas, en efecto, no sólo sobrevivieron a las dos primeras desamortizaciones, sino que, en la medida que los propios liberales las impulsaron, aquéllas son un producto espurio de la revolución liberal en España; espurio puesto que constituyen verdaderos bienes de manos muertas, bienes sustraídos a la circulación del mercado por ser su propietario confuso o inexistente. Aparentemente, este contrasentido histórico estaba necesitado de un tratamiento resuelto, por las dificultades de financiación que suponía para las cajas. A ésta «clarificación» del panorama bancario, reintegrando la propiedad de las cajas a la circulación mercantil mediante su transformación en verdaderos bancos, es a lo que la reforma en curso se ha dedicado. Y éste es un segundo y fatal error, porque semejante empeño doctrinario, que mira al pasado, no es en absoluto lo que necesita la España del siglo XXI, que debe encarar el futuro.

El problema es el riesgo sistémico de los bancos. Hay gran riesgo sistémico, por el que una entidad puede llegar a ser too big to fail o «demasiado grande para dejar de pagar», con lo que todos debemos arrimar el hombro y llegado el caso pagar por ella (véase Islandia), cuando el modelo es el de entidades que aceptan depósitos y domiciliaciones del público y gestionan sus cobros y pagos; descuentan efectos y prestan con garantía lo mismo personal que real; ostentan la propiedad de activos inmobiliarios adjudicados en ejecución de fallidos; suscriben deuda pública y privada y negocian con ella; operan en el mercado central de derivados financieros y organizan mercados OTC de esa misma clase de productos; promueven fondos de inversión, de pensiones, de titulización de activos, seguros de vida y hogar, y toda suerte de productos parabancarios, a cuya venta dedican tantos recursos ó más que a las actividades propiamente bancarias. Y eso se hace con una única dotación de capital por entidad, dotación que respalda simultáneamente todas las actividades en que se involucra; de forma que, si su crédito se ve comprometido – por las causas que sea – en una de esas actividades, aumenta el riesgo que asumen sin saberlo todas las contrapartes ante las que la entidad debe responder en ese momento. No otra cosa es ‘riesgo sistémico’, noción que está íntimamente relacionada con lo que he denominado «burbuja bancaria» española.

Rebajar el nivel de riesgo sistémico generado por nuestro sistema bancario, nivel elevadísimo que facilita operaciones tan opacas como la creación de bancos malos por entidades que disfrutan del uso fondos públicos, y con nefastos efectos sobre el crédito de las entidades, del sistema bancario y de la Nación, como se ha visto en Irlanda, es el objetivo prioritario y yo diría que casi único, en tanto no se lo alcance, de la reforma bancaria pendiente hoy en España. La recapitalización puede ser importante – con el grado de opacidad existente no hay forma de saberlo – y seguramente inevitable en la perspectiva principal, a saber, la capitalización por separado de todas y cada una de las actividades bancarias que incorporan riesgo. Tal es el signo de las reformas financieras serias que se llevan a cabo en la era post Lehman Brothers en los países financieramente más avanzados del mundo. Continuar ignorándolo es, por el momento, la principal omisión del BdE. Y por cierto que se trata de una omisión de peores consecuencias que todos sus errores.

El pacto de competitividad que se nos viene encima

Que Alemania está dictando la política económica a toda Europa no es, a estas alturas, ningún secreto. Que la Unión Europea va a debatir el Pacto de Competitividad cuyo borrador ha sido redactado por el presidente permanente de la UE, Herman Van Rompuy, a instancias de Angela Merkel, y a aprobarlo en fecha tan cercana como el próximo 25 de marzo, parece seguir siendo ignorado por la opinión española, lo que es un desastre. Es un auténtico desastre porque aquí seguimos discutiendo reformas estructurales cuya orientación y contenido están claramente fijados en ese Pacto, y nuestro gobierno es de aquellos a los que no tiembla la mano cuando se trata de hacer sus deberes. Quien pueda entender, entienda.

Éste es un resumen de lo que va a comportar el Pacto de Competitividad:

1) Reducción de los costes laborales en países con problemas de competitividad.
2) Descentralización de la negociación colectiva.
3) Liberalización de las actividades profesionales y de las redes de energía.
4) Abaratamiento de los sistemas legales.
5) Retraso de la edad de jubilación.
6) Introducción de un límite constitucional, o legal de otro tipo, al endeudamiento público.
7) Una base imponible común, consolidada, para el impuesto de sociedades.

Cada cual decida en qué grado afecta cada una de estas medidas a España.

El mercado laboral, en tiempo de descuento

La opinión liberal cree que, si los sindicatos desaparecieran, mucho mejor; en su defecto, todo lo que los debilite es bueno y debe ser saludado. Así lo ha creído siempre, desde que el liberalismo económico se separara del político en la Francia de la Restauración, allá por la década de 1820, y el primero produjera a doctrinarios como Fredéric Bastiat, cuyas ideas ha vuelto a poner de moda el liberalismo de hoy, después de que Margaret Thatcher prácticamente liquidara a las Trade Unions y la negociación colectiva de su país en los ochenta. De modo bien distinto, el modelo alemán se fundamenta en la convicción de que sindicatos fuertes y una negociación colectiva llena de contenidos son eslabón imprescindible en la cadena de transmisión que permite ajustar los salarios a la productividad y, más aun, permitir que el crecimiento de la productividad se adelante al de los salarios, que es una de las causas del resurgir económico de Alemania en medio de la crisis. En el Reino Unido, por el contrario, los yuppies que en los ochenta y los noventa se llenaron los bolsillos a costa de deprimir los salarios no tienen ahora ni idea de qué hacer para sacar al país del agujero cavado por su propia imprevisión.

Volviendo al mercado laboral español, está necesitado, en efecto, de una profunda reforma que lo aproxime al modelo alemán. Adolece de una estructura sui generis, heredada de la transición democrática. Soy consciente de que mis ideas al respecto no coinciden con las de las direcciones de los sindicatos mayoritarios. Pero digo lo que pienso, y lo que pienso es esto. No tiene sentido – al menos, no sentido económico – aferrarse a un modelo sindical de representatividad democrática de los trabajadores, de todos los trabajadores. Los sindicatos deben representar a sus afiliados. Si así fuera, como lo ocurre en Alemania, todo estaría más claro. No habría tan solo de un 15 a un 20 por ciento de afiliación, sino probablemente bastante más; los sindicatos dependerían de sus cuotas y no de subsidios institucionales para su financiación; los convenios serían de eficacia limitada a los afiliados de las organizaciones, patronales y sindicales, firmantes; el resto de los asalariados tendría derecho al salario mínimo o lo que quiera pagarles el empresario, que es, básicamente, la situación en el Reino Unido (y que los liberales denominan, con su victoriano gusto por los eufemismos, negociación individual); patronales y sindicatos podrían incluir cláusulas de close shop en los convenios, es decir, reconocer el privilegio de los sindicatos a proponer candidatos a cubrir vacantes y eventuales aumentos de plantilla, o en su defecto vetar el recurso a empresas de trabajo temporal; llegado el momento de una huelga general, como la del 29 de septiembre, los sindicalistas no se sentirían decepcionados por un magnífico paro que movilizó a la casi totalidad de los afiliados pero, como era previsible, a nadie más. Etcétera, etcétera.

Creo que, por esta vez, la pelota está en el alero de las direcciones sindicales. En lugar de enredarse en temas puntuales y un tanto abstrusos para el gran público, como la ultraactividad, que están absorbiendo buena parte de sus energías negociadoras con la patronal, tendrían que replantearse el modelo general de relaciones laborales, que no es responsable de la crisis pero sí puede ayudar a salir de ella. Debates de detalle, como el de la ultraactividad, se resolverán solos, con la primera negociación colectiva en la que, habiéndose rebasado sin acuerdo el ámbito temporal del convenio, el empresario opte por poner a sus empleados a salario mínimo; si los trabajadores tragan, se habrá acabado la ultraactividad; si le montan una huelga que lo deje temblando, él mismo se apresurará a meter de nuevo la ultraactividad en el convenio y los sindicatos podrán sacarle algo en contrapartida, por la metedura de pata. Es así de sencillo. Así funciona el modelo alemán, sin paternalismos de ningún género.


[Nota: Si le ha interesado esta entrada, puede que también le interese esta otra: El modelo alemán].

El sistema bancario, en tiempo de descuento

Lo peor del llamado modelo del ladrillo no fue haber desviado el ahorro nacional, de la industria y los servicios, donde buena falta hacía, a la construcción y la especulación inmobiliaria. Con ser eso malo, aun peor fue el haber conformado el sistema financiero para efectuar ese desvío como tarea prioritaria. Hace meses escribí en este blog que el cambio de modelo productivo no es cuestión de talismanes como el automóvil eléctrico, sino que presenta una faceta financiera sin resolver la cual todo cambio es ilusorio. Y añadí que, hasta que una empresa innovadora no obtuviera crédito para sus proyectos con la misma facilidad que los obtenía el promotor inmobiliario, llevando a la oficina bancaria una nota del registro de propiedad y un cálculo a ojo de cuántos apartamentos se podían levantar sobre ese suelo; hasta ese momento, no se podría hablar verdaderamente de cambio del modelo productivo. Hoy creo que los bancos (y las cajas) nunca estarán preparados para eso.

Todas las reformas financieras que ha emprendido el gobierno hasta ahora son una patata, y una patata muy cara. Llevamos tirados 11.000 millones del FROB y estamos a punto de tirar otros 20.000 millones del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que el gobierno acaba de rescatar pero ya ha empeñado en la recapitalización de las cajas de ahorros. Voy a ser extremadamente claro. Lo que digo no es producto del capricho o de una idea peregrina. Me baso en las lecciones de tres años de crisis financiera, aquí y en otros países de nuestro entorno.

No hay que meter un euro más en el sistema bancario, porque todo lo que se meta será dinero perdido. Si tienen que quebrar bancos o cajas, porque sus errores de gestión les llevan a una situación de quiebra, que quiebren. El gobierno deberá seguir garantizando los depósitos, e incluso diría que debe extender la garantía desde los 100.000 euros actuales al 100 por 100 de los mismos. Pero, si las cosas vienen mal dadas, los inversores privados, tanto accionistas como tenedores de deuda, lo mismo preferente que subordinada, deberán asumir íntegramente la pérdida que corresponda, que para eso están cobrando una prima de riesgo. Esto lo hemos aprendido en la crisis de Irlanda.

La economía española está en exceso bancarizada; será bueno desbancarizarla en medida apreciable. Para ello, hay que ampliar la financiación de las empresas a través de los mercados. El gobierno debería utilizar los 20.000 millones que quiere enterrar en desembarazar a la banca del crédito promotor (para lo cual esa cifra es totalmente insuficiente) en fomentar, en su lugar, la negociación de instrumentos como bonos de riesgo incierto emitidos por la pequeña y mediana empresa, especialmente la innovadora. Para ello, habría que capitalizar entidades de capital riesgo que adquieran esos bonos, los estructuren y emitan contra ellos bonos de titulización de capital-riesgo. Técnicamente, todo esto es bastante sencillo. No necesitamos los astrofísicos expertos en cálculos orbitales, que Bear Stearns dijo que necesitaba pagar (para justificar las altas comisiones que cobraba). ¿Que volveremos a correr la clase de riesgos que nos arrojó a esta crisis? De acuerdo, pero ahora sabemos más y estamos mejor preparados para evitar la difusión de activos potencialmente tóxicos, y sin correr riesgos no habrá inversión ni reactivación ni nada.

El gobierno tiene mucho que contribuir a todo esto. Podría desgravar la inversión en capital-riesgo - sobre todo, para proyectos innovadores - con el mismo entusiasmo con que se desgravó la inversión en vivienda o se desgravan todavía los planes de pensiones; creo que lo justo sería combinar ambos incentivos en uno solo, doble. Podría fomentar entre las empresas, con reducciones del impuesto de sociedades, la constitución de esquemas de garantía recíproca, que emitan los bonos de riesgo incierto, que así evitarán la calificación de “basura”. Y, si llegara a ser necesario, podría organizar un mercado oficial específico para la negociación de esta clase de activos emitidos por pymes y sus titulizaciones, mercado que acaso debería desvincularse del AIAF, demasiado especializado en grandes empresas.

Con el debido respeto

¡Qué manía con hacer reformas para paliar los efectos de la próxima crisis! Pero ¿es que ya han perdido toda esperanza de hacer algo en esta crisis? Cuando venga la próxima crisis, que no sabemos cómo será, lo más probable es que sus efectos nos sorprendan tanto como nos han sorprendido los de la de ahora. Todo eso no es más que marear la perdiz.

¡Y qué manía con atribuir el paro a la rigidez del mercado de trabajo! La causa fundamental del diferencial español de paro es la baja productividad del trabajo, y ésta a su vez está provocada por lo escasamente avanzado de la tecnología que aplican nuestras empresas. Cuando la demanda se retrae, como ha ocurrido ahora, es necesario destruir mucho empleo para que la ley de rendimientos decrecientes actúe hasta incrementar la productividad del trabajo hasta el nivel que garantiza un mínimo de competitividad. Nuestras exportaciones no se están comportando mal, y es sobre todo por el volumen de empleo que ha habido que destruir para hacerlas más competitivas.

Y es un sofisma atribuir el desempleo al crecimiento de los salarios. Los salarios crecen porque lo hace la productividad del trabajo. Viene a ser algo así como que dos y dos son cuatro. Que crezca la productividad del trabajo sin que lo hagan los salarios, como parecer querer el presidente, es buscar una expropiación del fruto legítimo del trabajo. Y además no garantiza mayor empleo, sino menor demanda.

El ojo de la aguja

Hace cuatro o cinco años, no era raro leer informes, incluso redactados por bancos españoles – recuerdo uno del Santander, particularmente elogioso, en inglés, para el mercado británico – en el que se hablaba de las Cajas de Ahorros como una modalidad típicamente española que estaba demostrando su eficiencia. Hoy, se habla de ellas como de un anacronismo que hay que actualizar, desmontándolo de arriba abajo. ¿Qué ha ocurrido? Básicamente, que la Ley de 1985, que daba entrada en sus órganos de administración (con un 40 por ciento de los derechos políticos) a los ayuntamientos, ha actuado como una bomba de relojería detonada en 2007 por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Demasiadas Cajas se han metido hasta las cejas en la financiación de operaciones inmobiliarias que, vía plusvalías resultantes de la conversión de suelo público en privado o vía impuesto sobre bienes inmuebles, han permitido la subsistencia de las corporaciones locales en un contexto donde sus ingresos jamás han estado resueltos. Y aquí viene el talón de Aquiles de las Cajas: si cualquier entidad privada habría podido acudir al mercado a rellenar los agujeros dejados por el ladrillo – como muchas en todo el mundo rellenaron el de los CDO derivados de hipotecas subprime – las Cajas no pueden ampliar capital, ni por consiguiente hacer operaciones de acordeón sin contar con los poderes públicos (Fondo de Garantía de Depósitos y FROB). Y los poderes públicos ahora pasan factura.

En realidad, se trata de una cuestión ideológica. Los ideólogos del liberalismo porfían por convencer a la opinión pública de que hay un problema en la falta de definición de la propiedad de las Cajas. ¿Quiénes son los propietarios de las Cajas de Ahorros? Nadie, o la sociedad civil en su conjunto, según se mire. Pero el problema no es muy distinto del de la propiedad de El Corte Inglés, por ejemplo. ¿Quién es el propietario de El Corte Inglés? La Fundación Ramón Areces. ¿Y quién es propietario de la Fundación Ramón Areces? Nadie, exactamente como nadie lo es de una Caja de Ahorros, que también es una Fundación. ¿Y hay algún problema con la propiedad de El Corte Inglés o con la de la Fundación Ramón Areces? Entonces, ¿por qué tendría que haberlo con las Cajas de Ahorros?

Como señalaba ayer el diario británico Financial Times, el verdadero problema estriba en haberse los gobiernos empeñado en garantizar toda la deuda de las entidades bancarias. Está bien que se garantice los depósitos, pero ¿por qué garantizar también la deuda, en España, incluso la subordinada? Así se forzó el rescate de Irlanda (y eso que ellos no garantizaron más que la preferente), y sirve de excusa para que el gobierno español se prepare para una nacionalización parcial – vía participaciones del FROB – de las Cajas que no puedan satisfacer los requisitos, en términos de core capital, exigidos por el acuerdo internacional llamado “Basilea III”, que se pactó el otoño pasado. En España se quiere hacer pasar a las Cajas por el ojo de una aguja. Si Basilea III daba un plazo para cumplir con esos requisitos, el gobierno va a adelantar el plazo; y si el requisito de Basilea III es tal, el gobierno lo va a elevar para las entidades que no coticen en Bolsa, es decir, para las Cajas. El plan es que las pille el toro, que tengan que ceder su negocio bancario a un banco y que el FROB pueda quedarse con una fracción de la propiedad de ese banco para vendérsela al capital extranjero. Esto forma parte de las seguridades que España debe haber dado en el Eurogrupo la semana pasada.

El fin de las Cajas de Ahorros se acerca vertiginosamente. Como consecuencia de ello, pronto tendremos más mercado financiero y menos sociedad civil. Cada quien opine de ello lo que le parezca.

Semana clave para el sistema público de pensiones

Que haya que retrasar la edad de jubilación, de 65 a 67 años, para asegurar la sostenibilidad del sistema, cuando se han destruido más de dos millones y medio de empleos en los dos últimos años, es una pretensión sencillamente ridícula. El sistema todavía ha generado más de dos mil millones de euros de superávit en 2010. Si este año el empleo va a crecer, como el gobierno jura y perjura, el superávit no podrá por menos de aumentar igualmente. Cuando el pleno empleo se haya recuperado, todavía habrá margen para que el número de jubilados crezca quizá en un millón, sin problemas financieros para el sistema, y eso contando con que el empleo nunca suba más allá de lo alcanzado en 2007. Los problemas, en caso de plantearse, no lo harán antes de quince o veinte años. ¿Es que el gobierno no tiene nada más urgente de que ocuparse? Parece que no.

El consenso entre los gobiernos europeos en que hay que retrasar la edad de jubilación en todo el Viejo Continente me parece a mí que tiene que ver con una política más amplia, definida en 2008. El 9 de junio de ese año, en efecto, el Consejo de Ministros de Trabajo de la Unión Europea adoptó la resolución de elevar la máxima jornada semanal de trabajo, desde las 48 horas fijada por la Organización Internacional del Trabajo en 1919, hasta 65 horas. Los estados miembros están obligados a aplicar las normas de la OIT, y no podrían permitir jornadas superiores a 48 horas sin abandonar la Organización; pero, como la UE no es firmante de los convenios de la OIT, podía lanzar y lanzó a sus miembros el mensaje de elevar los máximos legales vigentes (40 horas en España, 35 en Francia, etc.) hasta las 48 permitidas, y luego presionar a la OIT para que revise al alza su propio máximo. El Parlamento Europeo rechazó el acuerdo del Consejo de Ministros de Trabajo, pero está claro que los gobiernos siguen empeñados en demostrar su empeño en hacer más placentera la vida de la población trabajadora. Lo llamativo es que el gobierno español, que entonces fue el único en rechazar las 65 horas, hoy se está haciendo perdonar el “desliz” apoyando como el que más el alargamiento de la vida laboral y la rebaja de las pensiones, que vienen a ser medidas de la misma índole.

La tercera desamortización

En España, a los estudiantes de Economía y Empresa se les enseña tradicionalmente en la asignatura Historia Económica que la llegada de los liberales al poder, hacia 1835, trajo no tanto la industrialización al estilo británico, conforme soñaban, como una reorganización de la propiedad agraria mediante lo que se llamó la Desamortización: un proceso de expropiación de los bienes llamados de manos muertas, es decir, sustraídos a la circulación del mercado. Hubo dos Desamortizaciones principales, a saber, la de la Iglesia, en la segunda mitad de la década de 1830, y la de los bienes comunes y de propios municipales, a mediados de la de 1850; desde entonces, la financiación de los ayuntamientos no ha dejado de dar problemas. Ambas se ejecutaron con la mirada puesta en obtener recursos para pagar la deuda pública. A esas dos, pronto habrá que añadir en los textos una tercera, en esta segunda década del siglo XXI, idéntica a las primeras en más de un aspecto: la financiera, de las Cajas de Ahorros.

Era inevitable. Según Business&Leadership, un think-tank irlandés del mundo de los negocios, el gobierno Zapatero planea nacionalizar parcialmente las Cajas de Ahorros (al menos, las más desguarnecidas políticamente) para vender esa participación en pública subasta. El informe de B&L es tanto más creíble cuanto que, como señalé hace dos días, los bancos irlandeses tienen un 12 por ciento del PIB nacional invertido en deuda española, lo que supone que la economía irlandesa pende del hilo de la solvencia española, y muy probablemente el gobierno ha tenido que dar seguridades al respecto en el seno del Eurogrupo. El informe, por otra parte, corrobora una de esas crípticas promesas que tanto gustan al presidente, en una reciente entrevista en Nueva York, y según la cual el capital internacional tendría pronto oportunidades de invertir en el sistema financiero español, presentado como muy rentable.

(A la hora de publicar esta entrada, la primicia de B&L es tratada como noticia confirmada por las principales agencias de noticias, algunas de las cuales incluso la vinculan con cierta calma que parece extenderse por los mercados de deuda).

El gobierno y las pensiones

Parece que la reforma del sistema público de pensiones es ya imparable. El gobierno insiste en que se trata de hacer sostenible el sistema, porque la esperanza de vida se ha alargado y con ella el periodo de disfrute pero no el de cotización. A esto se le llama poner el sistema sobre bases actuariales más sólidas. Algunos no se recatan en decir que debería irse a un sistema de capitalización, liquidando el actual de reparto. Y no les falta razón. Un sistema de reparto no se sostiene sobre bases actuariales, sino de solidaridad intergeneracional: los jóvenes cotizan para pagar las pensiones de los mayores. Ahora bien, si de lo que se trata es de ir a un sistema de capitalización, ¿por qué tiene que ser público? Pocas dudas pueden caber de que sería muy superior – y menos arriesgado en términos macro – la competencia entre fondos privados.

El gobierno plantea la solidaridad intergeneracional a la inversa, de forma un tanto tramposa. De lo que se trataría, pretende hacernos creer, es de que los mayores contribuyan ahora, trabajando más y cobrando menos, a la percepción futura de pensiones por los más jóvenes. Pero lo que realmente quiere decir es que los mayores deben trabajar más y cobrar menos – esto ya lo han pactado el PSOE y el PP al alargar el periodo para el cálculo de la prestación – a fin de que los empresarios tengan que cotizar menos en el futuro. Es algo que se le debió meter a alguien entre ceja y ceja cuando fracasó el diálogo social en el verano de 2009, precisamente porque los empresarios exigieron la rebaja de las cotizaciones sociales, que el gobierno entonces no les pudo conceder.

Estamos, así pues, ante una vuelta de tuerca más del giro antisocial iniciado por el gobierno en mayo de este año e intensificado a principios de diciembre, cuando decidió suprimir la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración y ampliar la rebaja de impuestos a las empresas con beneficios inferiores a 300.000 euros.

Reformas estructurales, o La carta a los Reyes Magos

El Banco Mundial empezó a hablar de reformas estructurales a mediados de la década de los ochenta, tras la crisis de la deuda externa de los países en vías de desarrollo (1982). Hasta ese momento, se había dado por supuesto que el volumen de producción agregada y de empleo se determinaba, dada la escala de acumulación de capital, con arreglo a la demanda efectiva. Si la demanda era la adecuada, el pleno empleo sería un hecho; si no lo era, se debía a que la demanda era insuficiente. Pero a partir de la época a que me refiero, se empezó a pensar que había una tasa de desempleo (NAIRU) que no se podía absorber incrementando la demanda efectiva, porque en su lugar lo que aumentaba era la inflación. En esa escala de producción, lo único que permitía continuar reduciendo el paro era el aumento previo de la escala de acumulación de capital. Las medidas tendentes a forzar el aumento de la escala de acumulación de capital se llamaron reformas estructurales.

Así pues, las reformas estructurales no son más que medidas extraordinarias de aceleración de la acumulación capitalista, que permitan una elevación sostenida de la escala de producción y del volumen de empleo que puede sostener una economía. Hasta aquí no hay ninguna duda, y lo dicho podría formar parte del consenso de la profesión. La discusión empieza cuando se entra a concretar qué medidas interesan. Algunos tiran del recetario del Banco Mundial en los ochenta y noventa, sin reparar o sin importarles que tales recetas se dispensaran para países en vías de desarrollo, y no países desarrollados. Así, flexibilizar el mercado laboral (es decir, abaratar el despido y favorecer todo mecanismo que permita un ajuste lo más exacto posible de los salarios a la productividad) es una receta del gusto de muchos, como reducir el tamaño del sector público y privatizar todo lo humanamente privatizable lo es de otros, con frecuencia los mismos. Algunos llegarían a reconocer que un dictador benevolente y bien asesorado es un sistema político más eficiente que la mejor de las democracias.

Lo importante es que las reformas estructurales probablemente deprimirán la demanda – y con ella el empleo – a corto plazo a cambio de la promesa de mejorar mucho ambos en el futuro. Pero no hay ninguna teoría que nos diga a ciencia cierta que la promesa implícita en una medida concreta se cumplirá. Cualquier reforma estructural es una carta a los Reyes Magos, por más seguridad que se quiera poner en la certeza de sus efectos. Porfiar por una reforma estructural por cuestión de fe en ella es proclamar la fe del carbonero. Por ejemplo, el presidente del gobierno quiere hacernos creer a pie juntillas en la reforma laboral que ha emprendido, así como en la reforma del sistema de pensiones. Como cada medida tiene ventajas e inconvenientes, y el predominio de aquéllas sobre éstos es algo que depende sobre todo de la marcha de la economía global, pocos dan credibilidad a sus promesas. Y, en consonancia, cada cual redacta su propia carta. El todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, querría cualquier medida que nos haga trabajar más por menos retribución; el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Isak Andic, que debe tener manía a los funcionarios, propone sustituir el empleo seguro de que disfrutan por un contrato laboral, como todos, y vincular su salario a su productividad. Ahora que el gobierno ha fracasado, con toda evidencia desde mayo, en reducir – siquiera gradualmente – el paro, se abre un concurso de despropósitos milagreros que nos saquen de esta situación.

Pues yo también voy a proponer mi reforma estructural, para no ser menos. Y a fe de Adam Smith que es la más razonable de todas, porque va directamente a la raíz del problema. Propongo una modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo que establece que la reserva legal debe ser un 10 por ciento del beneficio neto del ejercicio, hasta completar un 20 por ciento del capital social, por una nueva norma que prescriba un mínimo del 50 por ciento del beneficio neto, sin límite. Así conseguiremos muchas cosas. Primero, que los accionistas, al recibir menos dividendo, se aprieten el cinturón, como todos. Al principio, eso reducirá algo su consumo (como la reducción de sueldo ha hecho disminuir el de los funcionarios) pero incrementará la escala de acumulación de capital productivo en las empresas, y a la larga aumentará considerablemente la capacidad de generar beneficios. Segundo, al crecer la autofinanciación empresarial, supliremos al menos parcialmente la carencia de crédito bancario. Tercero, y ya que la reducción del déficit obliga al gobierno a recortar la inversión pública, al menos relanzaremos la inversión privada, con lo que el negativo efecto de las medidas de ajuste sobre la demanda agregada será menor. Cuarto, el capitalismo español perderá algo de su carácter depredador. Tal y como ocurre en Japón (donde las empresas apenas reparten dividendos, acumulan casi todo el beneficio y se retribuye al accionista por medio de revalorizaciones bursátiles), los trabajadores se sentirán más identificados con los objetivos de la empresa.

¿Alguien da más por una reforma estructural?

Lo que está en juego

Los grandes fondos de inversión (hedge funds) de Wall Street están tomando posiciones contra la deuda soberana de Irlanda (fuente). Moody's acaba de rebajar la calificación de la deuda del principal banco irlandés(fuente): véase más abajo. Todo eso augura una semana difícil para el gobierno de ese país, para el euro y también para España. La seguiremos de cerca, lo prometo. Ahora, lo que interesa poner de manifiesto es la importancia del caso.

Tras su ingreso en la Comunidad Europea (en 1973), Irlanda se fue desenvolviendo con una eficiencia digna de todo elogio académico. Sobre todo en los noventa, adelgazó su sector público y empleó las importantes sumas de fondos estructurales que recibió, no en mejorar sus infraestructuras, como hizo España (cualquiera que viaje a Irlanda echa pestes de sus carreteras, por ejemplo), sino en incorporarse a la “sociedad de la información”. Irlanda pasó de ser un país agrícola a ser uno computerizado - que Cervantes, que en gloria esté, me perdone el palabro – y hoy la juventud de ese país pasa por ser una de las mejor formadas del mundo. De resultas de ello, la renta per cápita de Irlanda antes de la crisis tomó la delantera a la del resto de la Unión Europea, con la sola excepción de Luxemburgo. Importantes empresas de tecnología de punta, como Google y Dell, eligieron Dublín como cuartel general de sus actividades en Europa.

El comienzo de la crisis cogió a Irlanda navegando a velocidad de crucero, pero con un pequeño problema. Gracias a la afluencia de dinero traído por las exportaciones, el sector inmobiliario registró una burbuja, que venía acompañada de las inevitables hipotecas de las familias. Cuando el crédito se secó, en el otoño de 2008, las empresas irlandesas sufrieron la caída de la demanda, como todas, y sus trabajadores empezaron a engrosar el paro. El pago de hipotecas se resintió y, en enero de 2009, el gobierno nacionalizó el mayor de los bancos irlandeses, el Anglo-Irish Bank. Sumando los estímulos fiscales y la factura de la nacionalización del Anglo-Irish, el déficit público ascendió al 18 por ciento del PIB en 2009. A lo largo de ese año, mientras los demás gobiernos continuaban con los estímulos fiscales, el gobierno irlandés empezó a reducir sus gastos, para estabilizar el déficit en el 3 por ciento para 2014. Las cosas parecieron ir bien durante unos meses. Tras una fuerte recesión en 2008 y 2009, el PIB de Irlanda creció el 2,2 por ciento en el primer trimestre de 2010. ¡Eureka! El llamado “tigre celta” – por analogía con los “tigres del sudeste asiático” (Corea, Taiwan, Hong Kong y Singapur) – mostraba el camino a toda Europa. Estabilizar las finanzas y reformas estructurales para modernizar la economía, a la manera de Irlanda: ése era el camino. En esa euforia, nos entretallaron a todos antes del verano.

Pero, ay, las cosas se tuercen ahora. En el segundo trimestre de 2010, el PIB irlandés ha disminuido un 1,2 por ciento, lo que amenaza una recaída en la recesión. Los mercados se están poniendo nerviosos y castigan la deuda soberana de ese país. El temor implícito es que la retirada de los estímulos fiscales, ya hace un año, haya sido prematura, y que el crecimiento se retrase, con lo que los impuestos crecerían menos de los esperado y el gobierno tendría verdaderas dificultades para devolver la deuda (con unos intereses que, para colmo, son cada vez mayores). Todo esto es la más de natural para quienes hayan leído este blog desde sus inicios. Pero no para los gobiernos europeos y los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque todavía no les entra en la cabeza cómo puede ocurrir que Irlanda necesite un rescate financiero comparable al de Grecia. Después de todo, los griegos fueron unos tramposos – eso se nos dijo a todos – que gastaron a manos llenas para pagar la Olimpiada de Atenas y falsearon las cuentas para engañarnos a todos. Era lógico que los mercados les castigaran y que ahora tengan que trabajar como esclavos durante una generación para pagar sus errores. ¿Pero Irlanda? Irlanda es la niña bonita del Fondo Monetario Internacional, la OCDE y toda la ortodoxia académica que sigue dominando la opinión mundial. En el estudio de que tanto se ha hablado sobre facilidades para hacer negocios, publicado por la OCDE y en el que España ocupa un deshonroso puesto número 62, Irlanda está nada menos que en el séptimo del mundo, con indicadores parciales como: protección de los inversores, el 5º puesto (España, el 93º); pago de impuestos, el sexto (España, el 78º); y así, en todo. Y resulta que Irlanda, que tiene uno de los mercados de trabajo más flexibles de Europa, está en una situación financiera incluso más desesperada que Portugal y España, supuestamente con los más rígidos. Pero ¿qué está pasando?

Enseguida han salido los funcionarios del FMI ha pronosticar que no habrá reapertura de la crisis de la deuda europea como consecuencia de este problema puntual (no tan puntual: a mediados de agosto, ya tuvo que salir el Banco Central Europeo a apoyar el bono irlandés con compras en el mercado abierto). Se lo juegan todo en esta coyuntura. El fracaso de la vía irlandesa sellaría la bancarrota intelectual de quienes han querido encontrar en las reformas estructurales una salida a la crisis.

El día después

Aprobada la reforma laboral por el parlamento, ha empezado la cuenta atrás para el 29 de septiembre. La reforma laboral es un teórico compromiso entre lo que estaban exigiendo la patronal, los defensores del contrato único de trabajo y los organismos internacionales, de un lado, y lo que deseaban los sindicatos, del otro. Como de costumbre en este gobierno, se queda a medio camino en todas direcciones. (Hay quien defiende esa cualidad como una virtud política, y puede que lo sea: no entiendo de política, soy economista). Los sindicatos, en algo, tienen más razón que un santo. La reforma laboral ni creará empleo, ni fomenta la conversión de empleo precario en indefinido. En una proporción creciente, los contratos son a plazo de meses o incluso de días. Lo que se ha impuesto es una especie de just in time laboral, según el cual el empresario contrata al trabajador estrictamente mientras lo necesita, y luego cada cual por su camino. Y la gran masa de los trabajadores que rotan entre el empleo más precario y el paro ha terminado por aceptar resignadamente este mercado de trabajo. No sirve darle tiempo para resultar eficaz: la reforma va por un lado y la economía por otro.

Supongamos, así pues, que la huelga general alcanza un éxito moderado. ¿Qué ganan los sindicatos? Sentarse de nuevo a la mesa a negociar con el gobierno. ¿Negociar, qué? En esto, los sindicatos se muestran firmes: que el gobierno dé marcha atrás en la reforma y en las medidas de ajuste. Y aquí es donde su planteamiento falla. ¿Dar marcha atrás a dos medidas aprobadas por el parlamento? ¿Con qué votos?¿Y qué clase de gobierno tendría el país después de eso? ¿Un gobierno que se ha mantenido casi dos años en una izquierda bastante aceptable, que luego se va a la derecha – como quien dice abducido por los mercados – cuando la política anterior ya es insostenible, para terminar regresando al comienzo, sin haber resuelto la viabilidad de una política de izquierdas en medio de la crisis? Con razón, Rajoy y los suyos se frotan las manos.

Lo más importante, con todo, es que dar marcha atrás a la reforma laboral tampoco ayuda en lo más mínimo a resolver los problemas del just in time laboral. Estancarse en el debate sobre los 45 ó 33 días, incluso en las mayores facilidades para el despido objetivo, es persistir en representar los intereses de los empleos fijos dejando de lado, como desde que empezó la crisis, los de la gran masa de empleos precarios, de donde saca algo que comer una gran parte de los parados. No digo que los sindicatos deban de abandonar a los trabajadores con puesto fijo de trabajo; digo que centrarse en eso aísla a los bastiones del movimiento obrero y a los sindicatos del resto de la sociedad. Y creo que, más importante que dar marcha atrás en la reforma llevada a cabo hasta la fecha, es profundizar la reforma para terminar de una vez para siempre con la clase salvaje de just in time laboral que está destrozando la cohesión económica y social de este país. Y es que, sin esa reforma, tampoco hay nuevo modelo productivo que valga.

Nota: Esta entrada sustituye a la anterior publicada hoy, que había quedado desfasada con los acontecimientos del día.

¿Solucionan algo las fusiones de Cajas?

El Banco de España ha instado repetidamente a las Cajas de Ahorros a fusionarse. Lo ha hecho con la esperanza de que, al sumar sus negocios, sus duplicadas estructuras y redes de oficinas conduzcan por su propio peso a la reducción de gastos de funcionamiento y, por consiguiente, de costes. Pero esto no ataca el problema de fondo del sistema bancario y, además, al reducir la competencia, incrementa las posibilidades de explotación oligopolista de los clientes por las entidades.

El problema de fondo es el endeudamiento del público, hogares y empresas. En buena medida, es un endeudamiento debido a la excesiva inversión inmobiliaria de los últimos lustros. Se inicia ahora un lento proceso de desapalancamiento, es decir, de “desendeudamiento”. Para ello, se ha reducido el consumo y aumentado el ahorro. El aumento del ahorro, paradójicamente, no se canaliza hacia la concesión de nuevo crédito, sino a la reducción del volumen de deuda previamente contraída. Conforme ésta disminuya, los bancos y sobre todo las Cajas podrán ir prestando más, poco a poco. Pero es un proceso, que por el camino natural, no puede acelerarse.

Si lo que se pretende es una reforma estructural que agilice por medios políticos la concesión de crédito a familias y empresas, hará falta algo más que fusionar Cajas.

¿Saben el del abrelatas?

Tres náufragos en un bote salvavidas. Un físico, un químico y un economista. Tienen hambre y buscan qué comer. Encuentran una lata de conservas, pero no con qué abrirla. Se sientan a pensar. “Veamos”, se dicen sesudamente, “somos universitarios; deberíamos ser capaces de resolver este problema”. De pronto, el físico exclama “¡Ya está! Construyamos un mecanismo multiplicador de nuestra fuerza, haciendo palanca con los remos y estos cables; con que se abra una pequeña grieta en la lata, luego la ampliamos”. Lo hacen. Le dan un golpazo tremendo, que casi vuelca el bote, pero la lata sin un rasguño. “Probemos otra cosa”, dice el químico. “He visto que hay bengalas. Si las desarmo y extraigo el polvillo explosivo que llevan, lo mezclo con esta sal marina que forma costra sobre el casco, y le pego fuego, puede que el estallido resquebraje la lata, y si no, el efecto abrasivo reducirá el grosor de la chapa y podremos volver a intentar lo del cacharrazo”. Se ponen a ello. Casi queman el bote, pero la lata, nada, incólume. Desesperados, los otros dos se vuelven al economista y le preguntan: “Bueno, ¿qué tienes tú que decir?” El economista responde: “Supongamos que tenemos un abrelatas”. No es un chiste. Es la vida misma.

Tal que así discurrió el debate de ayer.

Supongamos que un empresario quiere crear un puesto de trabajo fijo. No sabe lo que pasará dentro de diez años. Si contrata a un trabajador por tiempo indefinido y le tiene que despedir, pagará 45 días/año x 10 años = 450 días de salario, como indemnización. En cambio, si contrata a un trabajador temporalmente y le despide a los dos años, pagará 8 días/año de servicio x 2 años = 16 días; contrata a otro, por otros dos años, y le paga otros 16 días; y así, hasta completar los diez años. En total, habrá pagado 16 días x 5 trabajadores en rotación = 80 días de servicio. Está claro por qué hay tantos temporales en España, ¿no?

Ahora supongamos que la mayoría de los empleos temporales existen por esta razón. Si en vez de pagar 45 días por año, el empresario viniera obligado a pagar 12 al término del primer año, 14 al término del segundo, 16 al término del tercero, y así sucesivamente, aumentando dos días por año, hasta llegar a 30 días por año al término del décimo, la horquilla a elección del empresario sería más estrecha. Tendría que optar entre contratar a un trabajador y tenerlo diez años, y en el peor de los casos, pagarle 30 x 10 = 300 días de salario como indemnización, o contratar uno nuevo todos los años, que sería despedido exactamente al año y sustituido, con un coste total de 12 x 10 = 120 días. Es una diferencia, pero no tan grande. Pero donde se ve más la diferencia es en la incertidumbre a corto plazo: de lo que se trata es de que el empresario contrate con riesgo de despedir al año pagando 45 días ó sólo 12.

El problema es que estos supuestos son como el del abrelatas. La inmensa mayoría de los contratos que se están celebrando en España desde el comienzo de la crisis son a corto y cortísimo plazo; en más de un 90 por ciento, inferiores a un año; en numerosos casos, a plazo de semanas o incluso de días. Supongamos que se reforma el régimen de despido, y de 45 días por año se pasa a 12 días por año. ¿En qué afectará esa reforma a los contratos de una semana, que podrían ser considerados como la moda (estadísticamente hablando) durante la crisis, con vistas a la conversión de esos temporales en fijos? La pregunta se contesta sola.

Hoy, debate sobre la reforma laboral

A las 13 horas, mantendré un debate con Juan José Dolado, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Carlos III y primer firmante del Manifiesto de los Cien economistas sobre la reforma laboral. Será en el lugar indicado en la página web que se abre pulsando este vínculo.

Todos mis lectores están invitados.

Teoría de Zapatero II

¿Se han dado cuenta de que mi teoría de Zapatero se ha confirmado plenamente? Hace tres meses sostenía yo que el presidente del gobierno encarnaba el precario equilibrio entre dos posiciones incompatibles a largo plazo. Por una parte, el afán de proteger a los más débiles frente a la crisis; por otra, el dar ejemplo a Europa de seriedad en el tratamiento de los problemas económicos. Pues ya se rompió ese equilibrio, y la situación se ha vencido, como también pronostica yo, del lado del conservadurismo económico. En lo único que me he equivocado es en el plazo, que ha resultado mucho más breve de lo previsto.

Y ahora, ¿qué va a pasar? Que ya no hay vuelta atrás. Uno no pasa por las horcas caudinas de Merkel y todo lo que ella representa para salir de rositas a los pocos meses. Ahora se abre un doloroso proceso de ajuste a ninguna parte. Pero, como digo, no hay marcha atrás. Para Zapatero las cosas van a ser especialmente difíciles. Salgado ya ha reconocido que el crecimiento del año que viene será peor que el estimado, lo que significa que llegaremos a las elecciones de 2012 sin haber creado empleo, y seguramente habiendo sufrido nuevos recortes para tranquilizar a los mercados. Ése no es un escenario en el que Zapatero resulte útil. CiU ya venía pidiendo un gobierno de concentración – otra de mis predicciones, hace tres meses – pero Artur Mas, su líder, ha dado un paso más y ya pide la sustitución del presidente del gobierno. Lean, lean (aquí) lo que escribí entonces, a ver si no coincide al cien por cien con lo que está pasando.

A Zapatero sólo le queda una esperanza antes de que su propio partido lo devore. Que la reforma laboral funcione y sea capaz de estimular la creación de puestos de trabajo. Yo no apostaría ni un duro por eso. Pero la reforma laboral sí puede servir para otra cosa, y es para recuperar el apoyo de los trabajadores. Los trabajadores son para Zapatero lo que la tierra roja de Tara era para Escarlata O’Hara: lo único que importa, en términos electorales. ¿Y cómo hacer esa reforma laboral? La solución – como en los pasatiempos de Pedro Ocón de Oro – mañana, que será otro día.

Errónea fundamentación de la reforma laboral

El gráfico anterior está tomado de una comunicación presentada en un seminario del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del mercado de trabajo en España, celebrado recientemente en Madrid. (El lector puede pulsar la combinación de teclas Ctrl+, para ampliar el tamaño del gráfico).

Lo que se observa en el gráfico es que, mientras la productividad del trabajo se ha mantenido aproximadamente constante tanto en el conjunto de la zona euro como en España (en la zona euro crece ligeramente desde 2003 para decrecer en 2008, mientras lo contrario ocurre en España), la marcha de los salarios en España es mucho más ascendente en España que en la eurozona, con serlo en ambas. La conclusión es el texto en inglés que encabeza el gráfico, y que traducido dice “Los salarios han crecido rápidamente y no han respondido adecuadamente a las condiciones del mercado laboral”.

Lo dicen funcionarios del FMI, y uno tiene que creérselo. Pero el economista que lleva uno dentro se pregunta dónde han estudiado estos señores, para decir tales cosas. A lo mejor no se han dado cuenta de que los salarios en la eurozona también han crecido bastante rápidamente; no tanto como en España, desde luego, pero también bastante. Ni de que, según eso, tampoco habrían respondido mucho a las condiciones del mercado laboral de esos países. O tal vez, lo que quieren decir es que en toda la eurozona hace falta una reforma laboral, aunque desde luego no tan urgentemente como en España.

Sea lo que fuere que quieren decir, su forma de interpretar el gráfico no pasaría un examen de Microeconomía de 2º de carrera. Como enseña cualquier manual de la asignatura, el salario tiende a igualarse al producto marginal del trabajo. Por tanto, las dos líneas de trazos, es decir, las que tienen mayor inclinación, representan con bastante aproximación curvas de producto marginal; la de trazo más largo, el producto marginal en España; la de trazo más corto, el producto marginal en la eurozona. Por otro lado, las dos líneas más horizontales representan la llamada productividad aparente del trabajo, es decir el producto medio, resultado de dividir el PIB entre el total de trabajadores asalariados (probablemente reducido a número puestos de trabajo a tiempo completo).

Así las cosas, lo único que dice el gráfico – y lo dice con bastante claridad – es que el crecimiento de la productividad marginal se ha mantenido en todo momento por encima del crecimiento de la productividad media, tanto en la eurozona como en España, aunque en España la divergencia ha sido mayor. Y esto, en román paladino, quiere decir sólo una cosa: que la acumulación de capital ha sido más intensa que el crecimiento de la población. Si se tiene en cuenta que España ha visto crecer su población más rápidamente que el resto de Europa, debido a los procesos migratorios a que se ha visto sometida, la conclusión es que la acumulación capitalista en nuestro país ha sido doblemente intensa: una vez, por lo que refleja el gráfico, y una segunda, por la inmigración, que no aparece en el mismo.

Y eso es todo lo que dice el gráfico. A lo cual yo añadiría: si el mercado laboral español ha sido capaz de generar incentivos para atraer a varios millones de inmigrantes, cuya ausencia habría hecho crecer por necesidad misma de la acumulación capitalista los salarios con mayor intensidad todavía, la conclusión es que el mercado de trabajo español ha funcionado razonablemente bien.