Dos noticias...

… de la misma fuente (Bloomberg), aparentemente contradictorias, se superponen al final de esta semana. Por un lado, los esfuerzos del gobierno español por recortar su déficit público, más intensos que los de Irlanda, Portugal y Grecia, están siendo recompensados en las subastas con menores diferenciales en tipo de interés comparativamente al bono alemán (aquí la fuente). Por otro, el precio de los CDS – que aseguran la recuperación del principal invertido en deuda – ha crecido a lo largo de la semana para España no menos que para los otros países periféricos de la zona euro (de 363,5 a 406,5 puntos básicos, la mayor subida desde mediados de agosto – aquí la fuente).

¿Cómo entender la contradicción? Los CDS se negocian en mercados globales, que no distinguen con mucha finura entre el riesgo-país de un país periférico y los restantes, fundamentalmente porque los mercados tienen la percepción de que el fallido de uno de ellos arrastrará la crisis y suspensión de pagos de los restantes. En cambio, el mercado de emisión de deuda pública tiene carácter local. En España, el Tesoro Público subasta la emisión entre los llamados “creadores de mercado”, que en su práctica totalidad son entidades bancarias españolas. En otras palabras, mientras los mercados globales afilan sus cuchillos, los bancos y cajas españoles están dispuestos a conceder al gobierno un margen de confianza mientras las aguas parezcan remansadas.

Hhmmm...

Los datos trimestrales de la Encuesta de Población Activa, publicados hoy, arrojan un descenso del número de parados que se cifra en 70.000. El dato es significativo, porque coincide con una cifra similar de aumento del número de ocupados. Ahí terminan las buenas noticias. Todos los sectores económicos pierden empleo, menos el sector servicios, que gana 144.000. Aumenta el número de ocupados eventuales y disminuye el de los fijos. El paro golpea cada vez a más familias.

A principios de año, estimé en casi 4.600.000 el número de parados (aquí), dato luego confirmado por las EPAs del primer y segundo trimestres; acabamos de bajar ligeramente de esa cifra. Llevamos, así pues, ocho meses con una cifra de paro constante: el fondo de la crisis o el trazo horizontal de una gráfica de los indicadores de coyuntura en forma de “L”. El dato de hoy abre cierta luz a la esperanza, pero es demasiado pronto para pensar que estamos ante una gráfica de recuperación en forma de “U”. El propio gobierno no esperaba creación neta de empleo hasta bien entrado 2011. Lo que tenemos delante probablemente es una perturbación estacional debido a la buena (aunque no excelente, por los bajos precios) campaña turística.

El aumento de la temporalidad es lo más preocupante. El gobierno esperaba que el abaratamiento del despido indujera a las empresas a contratar más trabajadores fijos; no lo hacen más, sino menos. Desde este punto de vista, que era el que justificaba su implantación contra el criterio de los sindicatos, la reforma laboral está siendo ya un fracaso. Me permito insistir en la necesidad de las medidas reclamadas en este blog la semana pasada (aquí).

Reformas estructurales, o La carta a los Reyes Magos

El Banco Mundial empezó a hablar de reformas estructurales a mediados de la década de los ochenta, tras la crisis de la deuda externa de los países en vías de desarrollo (1982). Hasta ese momento, se había dado por supuesto que el volumen de producción agregada y de empleo se determinaba, dada la escala de acumulación de capital, con arreglo a la demanda efectiva. Si la demanda era la adecuada, el pleno empleo sería un hecho; si no lo era, se debía a que la demanda era insuficiente. Pero a partir de la época a que me refiero, se empezó a pensar que había una tasa de desempleo (NAIRU) que no se podía absorber incrementando la demanda efectiva, porque en su lugar lo que aumentaba era la inflación. En esa escala de producción, lo único que permitía continuar reduciendo el paro era el aumento previo de la escala de acumulación de capital. Las medidas tendentes a forzar el aumento de la escala de acumulación de capital se llamaron reformas estructurales.

Así pues, las reformas estructurales no son más que medidas extraordinarias de aceleración de la acumulación capitalista, que permitan una elevación sostenida de la escala de producción y del volumen de empleo que puede sostener una economía. Hasta aquí no hay ninguna duda, y lo dicho podría formar parte del consenso de la profesión. La discusión empieza cuando se entra a concretar qué medidas interesan. Algunos tiran del recetario del Banco Mundial en los ochenta y noventa, sin reparar o sin importarles que tales recetas se dispensaran para países en vías de desarrollo, y no países desarrollados. Así, flexibilizar el mercado laboral (es decir, abaratar el despido y favorecer todo mecanismo que permita un ajuste lo más exacto posible de los salarios a la productividad) es una receta del gusto de muchos, como reducir el tamaño del sector público y privatizar todo lo humanamente privatizable lo es de otros, con frecuencia los mismos. Algunos llegarían a reconocer que un dictador benevolente y bien asesorado es un sistema político más eficiente que la mejor de las democracias.

Lo importante es que las reformas estructurales probablemente deprimirán la demanda – y con ella el empleo – a corto plazo a cambio de la promesa de mejorar mucho ambos en el futuro. Pero no hay ninguna teoría que nos diga a ciencia cierta que la promesa implícita en una medida concreta se cumplirá. Cualquier reforma estructural es una carta a los Reyes Magos, por más seguridad que se quiera poner en la certeza de sus efectos. Porfiar por una reforma estructural por cuestión de fe en ella es proclamar la fe del carbonero. Por ejemplo, el presidente del gobierno quiere hacernos creer a pie juntillas en la reforma laboral que ha emprendido, así como en la reforma del sistema de pensiones. Como cada medida tiene ventajas e inconvenientes, y el predominio de aquéllas sobre éstos es algo que depende sobre todo de la marcha de la economía global, pocos dan credibilidad a sus promesas. Y, en consonancia, cada cual redacta su propia carta. El todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, querría cualquier medida que nos haga trabajar más por menos retribución; el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Isak Andic, que debe tener manía a los funcionarios, propone sustituir el empleo seguro de que disfrutan por un contrato laboral, como todos, y vincular su salario a su productividad. Ahora que el gobierno ha fracasado, con toda evidencia desde mayo, en reducir – siquiera gradualmente – el paro, se abre un concurso de despropósitos milagreros que nos saquen de esta situación.

Pues yo también voy a proponer mi reforma estructural, para no ser menos. Y a fe de Adam Smith que es la más razonable de todas, porque va directamente a la raíz del problema. Propongo una modificación de la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo que establece que la reserva legal debe ser un 10 por ciento del beneficio neto del ejercicio, hasta completar un 20 por ciento del capital social, por una nueva norma que prescriba un mínimo del 50 por ciento del beneficio neto, sin límite. Así conseguiremos muchas cosas. Primero, que los accionistas, al recibir menos dividendo, se aprieten el cinturón, como todos. Al principio, eso reducirá algo su consumo (como la reducción de sueldo ha hecho disminuir el de los funcionarios) pero incrementará la escala de acumulación de capital productivo en las empresas, y a la larga aumentará considerablemente la capacidad de generar beneficios. Segundo, al crecer la autofinanciación empresarial, supliremos al menos parcialmente la carencia de crédito bancario. Tercero, y ya que la reducción del déficit obliga al gobierno a recortar la inversión pública, al menos relanzaremos la inversión privada, con lo que el negativo efecto de las medidas de ajuste sobre la demanda agregada será menor. Cuarto, el capitalismo español perderá algo de su carácter depredador. Tal y como ocurre en Japón (donde las empresas apenas reparten dividendos, acumulan casi todo el beneficio y se retribuye al accionista por medio de revalorizaciones bursátiles), los trabajadores se sentirán más identificados con los objetivos de la empresa.

¿Alguien da más por una reforma estructural?

Hora de hacer política

La huelga general del 29-S ha puesto de relieve, como ningún otro acontecimiento en la historia de la democracia, la profunda división existente en la sociedad española, división que no ha hecho más que ahondarse a lo largo de la crisis. De un lado, quienes defienden – a veces de forma un tanto resistencialista, no cabe negarlo – el estado de bienestar y sus logros sociales. Del otro, los que sienten el estado de bienestar como una carga que habría que aligerar hasta donde haga falta para restaurar un sistema de incentivos eficiente. En medio, un “centro social”, constituido por quienes, beneficiándose del estado de bienestar pero viendo lejana la actuación de los sindicatos, carecen de suficiente información para saber quién defiende qué cosa, más allá de las palabras.

En este contexto, la huelga general arroja una información muy valiosa tanto para el gobierno, que la trató en su día como una manifestación constitucional del “derecho al pataleo”, como para los sindicatos, que la han visto como un modo paralelo a las urnas de influir en la política. Desde cierto punto de vista, la huelga general fue un éxito, ya que mostró que los sindicatos son capaces de movilizar a sus bases (cosa que muchos, incluso en la izquierda, dudaban), lo que era condición necesaria para influir; pero no suficiente. También fue un fracaso (inevitable, como ahora se puede ver) puesto que durante su realización el “centro social” se alineó con la derecha, lo que coincide plenamente con la marcha de las encuestas sobre intención de voto y en parte con la propia percepción del gobierno de que la huelga era respetable pero inútil porque no había nada que rectificar. En otras palabras, la derecha se ha llevado el gato al agua con la tesis de que patalear contra este gobierno mediante huelgas no sirve para nada, y que lo que hay que hacer es protestar votando PP en las próximas elecciones, incluso aunque no se sepa que es lo que va a hacer el PP, que para eso éste lo oculta a todo trance. Estas noticias deberían ser motivo de reflexión tanto para el gobierno como para los sindicatos.

Si el análisis es correcto, se imponen dos conclusiones. Primera, el gobierno debería dar a los sindicatos algo que muestre que hay vías constitucionales distintas de las urnas para manifestar eficazmente el descontento, porque así mantendrá cohesionada a su base electoral en tiempos difíciles y llenos de contradicciones, como los que atravesamos. El “algo” que los sindicatos obtengan no puede ser un caramelito. Segunda, los sindicatos deben exigir mayor regulación del mercado de trabajo, pero harían mal empecinándose, de primera intención, en esperar del gobierno una rectificación completa que suponga devolver a los sectores sindicalizados conquistas sociales de las que no disfrutan los sectores no sindicalizados, porque eso no hará más que distanciar todavía más al “centro social” de la izquierda, y arrojará al primero definitivamente en brazos de la derecha de cara a las próximas elecciones generales.

Así pues, la prioridad política es que gobierno y sindicatos se sienten a negociar una regulación del trabajo precario que suponga mejoras claras para la masa laboral que no se encuentra a resguardo del paraguas sindical. Esto es, mejoras claras, y no precisamente en la perspectiva de la próxima crisis económica (como presuntamente lo será la reforma laboral), sino de efectos inmediatos, para los trabajadores que rotan permanentemente entre el empleo temporal y el paro. Esto podría conseguirse con medidas sencillas y fáciles de llevar a cabo. Todo lo demás es secundario ahora y no debería constituir un obstáculo en la negociación. Después, ya se verá.

Acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado

Oigo a un destacado socialista decir que lo más importante del acuerdo presupuestario entre el PSOE y el PNV (más CC) radica en haber frustrado el intento del PP de forzar elecciones anticipadas. Es de los que van de victoria en victoria hasta la derrota final. En realidad, el PP no ha intentado de veras forzar elecciones anticipadas. Cuento al menos cuatro razones para pensarlo. Primera, la política económica que está haciendo el PSOE no debe parecerle tan mal a la derecha; el propio Zapatero se desespera al ver que ésta no le apoya cuando parece que debería hacerlo. Mejor esperar a que la situación mejore, aunque sea con medidas a medias, que hacerse cargo de un país que está permanentemente al borde de la bancarrota. Segunda, de haber querido de verdad derrocar al gobierno, el PP habría apoyado la huelga general del 29-S, como la derecha apoyó la del 14-D de 1988. Pero la situación era muy distinta: entonces se trataba de debilitar a un gobierno fuerte, con mayoría absoluta; ahora, de dar la puntilla a un gobierno minoritario que tiene que hacer contorsiones para mantenerse. Si los sindicatos se acostumbran a las huelgas, como en Francia, al final será el propio PP, una vez en el gobierno, quien lo pague. Tercera, derribar al gobierno habría llevado las dificultades del país para financiarse en los mercados hasta el paroxismo, como no sin cierta ingenuidad nos recuerdan los socialistas al defender el acuerdo. Aunque sea por pasiva, el PP puede apuntarse el tanto de la moderación propia de una fuerza tranquila. Por último, las reglas del circo exigen que la oposición se mantenga al margen y no detenga el espectáculo, para deleite de los damnificados, que cada vez son más numerosos.

Decía el domingo Zapatero que en año y medio, respiro temporal que el gobierno cree haber ganado con este acuerdo, pueden pasar en política muchas cosas. Me gustaría que mencionara una buena. ¿Se atreverá a presentar su propuesta de reforma del sistema de pensiones? Con la que está cayendo en Francia sería políticamente suicida. ¿Llevará adelante la reforma de los servicios públicos de empleo, transferidos a las comunidades autónomas? Me parece que verdes las han segado. Aparte de medidas de detalle, como la inhabilitación de cargos electos por listas de partidos declarados ilegales, pactada ayer con el PP, me temo que el gobierno va a poder hacer muy poco por recuperar la credibilidad, por no decir nada. En realidad, el gobierno ha comprado – a precio de oro, como no podría ser de otra forma – tiempo para una sola cosa, a saber, permitir que las medidas de ajuste y la reforma laboral produzcan los frutos que espera de ellas. Tristemente, como el propio gobierno reconoce, esos frutos serán imperceptibles (aunque claros, que nadie lo dude) antes de 2012. Lo que nos espera es una ofensiva mediática a la desesperada para convencernos de que tales medidas, que han causado justificado disgusto entre la ciudadanía, producirán el efecto deseado después de las elecciones si y sólo si es el PSOE quien vuelve a gobernar.

Decía también Zapatero el domingo que esta legislatura se le debe estar haciendo muy larga a Rajoy. Sospecho que nada comparado con lo larga que se le va a hacer al presidente.

Enigma

Escucho a Zapatero y a Rajoy dirigirse a sus bases (uno en Castilla y León, el otro en Canarias), y, como de costumbre, no salgo de mi asombro. El primero afirma que agotará la legislatura; eso será con permiso de los mercados, a los que ha empeñado su suerte, me permito apostillar. El segundo es aún más opaco. Critica al gobierno por no reducir el gasto corriente en el proyecto de presupuestos generales del estado en tanto que reduce el gasto social y las inversiones y aumenta el pago de intereses; pero, al mismo tiempo (y esto es lo misterioso) da a entender que él no habría reducido el sueldo de los funcionarios. El punto es clave, ya que, además, pretende bajar los impuestos. Si no reduce el sueldo de los funcionarios, ¿cómo pretende que se recorte el gasto corriente? ¿Ahorrando en papel? ¿O despidiendo a una fracción de los funcionarios para proteger el sueldo del resto?

Gracias, Asociación de la Prensa de Alicante

Mi amigo Leonardo Tomás, Presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, me invitó hace poco a publicar un artículo en la web de la Asociación. Dicho y hecho, la entrada Pensiones, última de las de este blog, aparece también allí. Ésta es la dirección:

http://www.asociacionprensaalicante.com/articulos/20101510-pensiones

Gracias, repito.

¿Pensiones?

En la reforma del sistema de pensiones sólo tres clases de medidas importan: medidas de aumento de los ingresos, medidas de reducción del gasto y medidas de redistribución del gasto de unos perceptores a otros. Casi todas las propuestas se presentan como esto último (por aquello de mejorar la equidad del sistema), cuando de lo que realmente se trata, por lo general, es de lo primero o lo segundo.

Por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación, de 65 a 67 años, busca básicamente una cosa: reducir el gasto; pues si el trabajador cotiza durante dos años más, percibirá la pensión durante dos años menos. En un mercado laboral que raciona el empleo, como el actual, el mantenimiento de un trabajador en edad avanzada cotizando dos años más supondrá retrasar la entrada en el sistema de un joven durante esos dos mismos años, aunque ciertamente para el sistema es más rentable que un trabajador con salario elevado y mucha antigüedad cotice en lugar de uno joven, mileurista y sin complementos, con lo que también mejorarán algo los ingresos.

El alargamiento del tiempo para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que algunos proponen como una medida favorecedora de la equidad, en realidad, es una forma bastante bonita de proponer la reducción general de las pensiones. Pues nadie ganaba al principio lo mismo que ahora, y si todos los años ponderan igual (no he visto a nadie proponer algo distinto), las 10.000 pesetas al mes que ganaba cuando empecé como ayudante en la Universidad hace 36 años ponderarán igual que mis ingresos actuales, con el resultado que es fácil de prever.

Un amigo me dice que es injusto que quien lleva quince años trabajando, con el mismo sueldo que él, perciba su misma pensión, después de llevar él cuarenta años trabajando. No sé qué quiere decir injusto en ese contexto. ¿Qué el sistema podría ahorrar dinero pagando a ese otro menos que a él? ¿O que el mundo sería un lugar más justo si a él se le pagara más? Como esto último es difícilmente imaginable, la alternativa nos lleva a lo que decía al principio: los esquemas presuntamente favorecedores de la equidad, en realidad, conducen a reducciones de gasto.

Y, después de todo, ¿qué interés merecen esquemas utópicos de lo que sería el sistema de pensiones perfecto en el país de Blancanieves y los Siete Enanitos? Sinceramente, escaso. La gente debería preocuparse por otras cosas. Por ejemplo, hay un fondo de reserva del sistema público de pensiones, que hace algún tiempo se cifraba en unos 50.000 millones de euros. ¿Se sabe cuán seguro es ese fondo? ¿Por qué creen los lectores que se congeló las pensiones con las medidas de ajuste, en mayo de este año? Los presupuestos generales del Estado y de la Seguridad Social son independientes (eso es lo que significa la caja única de la Seguridad Social) y, mientras el del Estado fue deficitario en 2008 y 2009, el de la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de dos mil y pico millones de euros. Como los cotizantes han continuado disminuyendo y los perceptores aumentando, era previsible que el superávit se tornara en déficit, digamos, por importe de dos ó tres mil millones de euros. ¿Y qué? Se tira de los 50.000 millones del fondo de reserva, que para eso están. Pero no; la clave está en que no se puede tirar de ese fondo. ¿Por qué? Sospecho que esos 50.000 millones no están invertidos en deuda soberana de Alemania – que es en lo que deberían estar invertidos para asegurar su poder adquisitivo – sino en activos bien distintos, activos que no se pueden hacer líquidos cuando se necesite, so pena de “especular” contra el crédito de España.

Si se me apura, discrepo de la idea de que un sistema de pensiones que, por su condición de público debería ser de reparto, tenga que tener un fondo de reserva de 50.000 millones, o los que sea. Para entender por qué existe ese fondo, hay que retrotraerse a la fundación del INP y el esquema de financiación del INI que sustentaba; entonces se buscó “simular” un sistema de capitalización, porque básicamente se trataba de coger dinero de cotizantes jóvenes sin derecho a prestación hasta décadas después. Hoy, el sistema sigue simulando la capitalización y sirviendo para lo mismo: subvenir a las necesidades financieras del Estado, utilizando como moneda política el bienestar de nuestros mayores. Vergüenza nos tendría que dar.

Estabilidad financiera global

A veces tiene uno la sensación de ser un marciano recientemente llegado del espacio y no entender nada de lo que hablan los terrícolas. Un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional resume el Informe sobre Estabilidad Financiera Global, publicado por el Fondo esta semana, diciendo que la estabilidad financiera mundial mejora, aunque subsisten riesgos importantes (aquí). Como quien hace ese resumen es un economista español de gran prestigio, semejante conclusión está siendo difundida por estos pagos como que todo empieza a normalizarse, incluida nuestra situación. Leyendo el informe con cuidado la conclusión que cabe extraer para España es justo la contraria.

Comparando con la situación seis meses atrás, en abril de este mismo año, el FMI hace una evaluación de riesgos, dificultades monetarias y financieras y preferencias subjetivas del público a escala mundial, que es exactamente ésta:

1) El riesgo macroeconómico se ha incrementado, debido a que más intensas presiones de los mercados a favor de la consolidación fiscal han complicado el desafío de gestionar una transición suave hacia el crecimiento autosostenido; como consecuencia, la recuperación ha perdido fuerza, después de que el crecimiento a comienzos de 2010 resultara mejor de lo previsto.

2) Los riesgos de crédito, que habían mejorado sustancialmente en 2009, han dejado de hacerlo y se han mantenido, todavía en un nivel elevado, en los últimos seis meses; como consecuencia, el sistema bancario global continúa siendo muy vulnerable y necesita de apoyo gubernamental.

3) Los riesgos de mercado y liquidez, es decir, los riesgos de un nuevo crash de las Bolsas, que subieron mucho esta primavera, fueron frenados por la respuesta europea a la crisis de la deuda soberana, pero desde entonces se mantienen sin cambios porque subsisten incertidumbres importantes en ese ámbito.

4) El apetito por el riesgo, es decir, el deseo de los mercados de asumir riesgos importantes, se ha reducido, y ése es un mal dato, ya que indica que el sector privado es menos proclive a compartir los riesgos de todo tipo que debe correr el sector público en la gestión de la crisis; en mi opinión esto significa que los gobiernos tienen que seguir llevando la iniciativa económica, y esto desmiente toda ilusión de que se pueda estar saliendo de la crisis.

5) Las condiciones monetarias y financieras se han endurecido, como consecuencia del temor de los bancos centrales – fundamentalmente, el Banco Central Europeo – a que las tensiones inflacionistas dificulten la reactivación; esta preocupación, por completo extemporánea, nos está complicando innecesariamente la vida.

6) Tanto sólo ha mejorado la situación en lo relativo a los riesgos de los mercados emergentes, que se ha reducido, lo que significa que China, India, Brasil y otros gigantes económicos en desarrollo aparecen ahora como menos vulnerables a las complicaciones del mundo desarrollado; por cierto, algo parecido le ocurrió a América Latina durante la Gran Depresión de los años treinta.

Como resumen final, me parece que no es aventurado concluir que si el FMI dice que la situación global ha mejorado es porque los países emergentes podrán soportar sin grandes quebrantos las tribulaciones de Estados Unidos, Japón y Europa; pero la situación de estos tres es peor, y la de Europa, en particular, considerablemente peor que a comienzos de 2010. La de los llamados “países periféricos” – Irlanda, Portugal, Grecia, España e incluso Italia – ya ni les cuento.

Culebrones

La deuda soberana de Irlanda va camino de convertirse en un verdadero “culebrón”, con imprevisibles repercusiones sobre otros países vulnerables de la Unión Europea. El viernes 1 de octubre, el finlandés Olli Rehn, comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios (sucesor de Almunia en el cargo), sentenció que Irlanda no puede continuar siendo el paraíso fiscal de Europa, en clara referencia a la conveniencia de que ese país revise al alza su impuesto de sociedades, actualmente situado en el 12,5 por ciento de los beneficios.

Inmediatamente, han saltado, como cabezas de hidra, los medios ultraliberales irlandeses (más liberales que Fianna Fáil, el partido líder del gobierno, que lo es bastante), que precisamente llevan semanas haciendo campaña por nuevas reducciones impositivas, como modo de salir del agujero en que el país está metido. Los correligionarios de Rajoy en el hermoso país de las brumas están que se suben por las paredes, rabiando contra la Comisión Europea.

Pero el gobierno irlandés tiene problemas más importantes. Está empezando a haber una reacción significativa de los tenedores de deuda subordinada – a la que se prevé hacer una severa quita – de alguno de los bancos involucrados (fuente). La cuestión que se plantea no es baladí: la deuda subordinada puede encajar pérdidas de capital, siempre que la entidad emisora entre en bancarrota y se proceda a la liquidación, lo que no es el caso. El gobierno irlandés querría que los tenedores de deuda subordinada aceptaran la pérdida sin liquidar los bancos, lo que empieza a verse como una solución manifiestamente ilegal y confiscatoria.

Por otra parte, el gobierno irlandés se las prometía muy felices tras desconvocar las subastas de deuda soberana que tenía previstas para noviembre. Los analistas destacan que, de momento, no anda mal de tesorería. Por un lado, dispone de los 24.000 millones de euros del fondo de reserva del sistema nacional de pensiones – ojo – y además el Banco Central Europeo está proveyendo de abundante liquidez a los bancos irlandeses, contra el descuento de deuda preferente de unos bancos irlandeses en la cartera de otros. (Entre paréntesis, ésta es otra razón que se da para la negativa del gobierno a efectuar una quita en la deuda preferente de la banca de su país: sería como confiscar propiedad del BCE, o mejor, como dejar a los bancos irlandeses sin medios de obtener liquidez en el BCE, y por cierto que esto empieza a revelar que quizá los bancos irlandeses se han estado peloteando unos a otros, para acudir a las subastas del BCE con mayor holgura: no es oro todo lo que reluce).

Incluso si los problemas de liquidez a corto del gobierno no son acuciantes, la deuda soberana de Irlanda puede actuar como una bomba de relojería, en el otoño de 2011, cuando tenga que redimirse un volumen muy importante de esa deuda, o incluso antes, quizá ya en enero, cuando el gobierno tenga que salir a dar la cara a los mercados. ¡Uf!, por largo me lo fiáis resulta ser ahora un pésimo augurio de lo larga que puede ser esta crisis dentro de la crisis.

Efecto retardado

Tenía razón Cándido Méndez, secretario general de la UGT, cuando dijo que los efectos de la huelga general irían viéndose con el paso del tiempo. El fracaso de la candidata del gobierno en las primarias de Madrid es el primero de esos efectos. Cuando el presidente, en entrevista en Radio Nacional, anunció que no habría la marcha atrás en la reforma laboral, contra lo que le piden los sindicatos, está claro que se precipitó; no en negarse a la rectificación, que era previsible, sino en anunciarlo de forma tan tajante y tan prematura, como quien dice dándose prisa por apuntarse a la tesis de la derecha de que la movilización había sido un fracaso. Un error que le han hecho pagar los socialistas madrileños.

Muchos observadores creen que el presidente está dispuesto a inmolarse por el bien de España. El triunfo de Tomás Gómez, que se presentaba como candidato de la gente y de los principios, parece indicar que algunos en su propio partido no están dispuestos a que Zapatero pase a los libros de historia dejando a gente y principios por el camino.

Irlanda, en el casino global

Finalmente, el gobierno irlandés aprobó el paquete de medidas que se anunciaba en este mismo blog a primera hora de la mañana de ayer. La única diferencia importante es que se ha decidido a meter a un segundo banco, Allied Irish Banks, en el que el gobierno ha tomado una participación mayoritaria. Así, el coste del rescate bancario se eleva oficialmente a 50.000 millones de euros, aunque se sigue afirmando que el reflotamiento del Anglo Irish Bank no superará los 30.000 millones; si tuviera razón la agencia de rating Standard & Poor’s, de que este último puede ascender a 46.000 millones, el coste total se cifraría en 66.000 millones. Un bocado sin duda demasiado grande incluso para una economía tan cercana a la perfección – en términos académicos – como la irlandesa.

El Wall Street Journal, en su edición de hoy, se apunta a las tesis del Financial Times a lo largo de esta semana, y caracteriza la actuación del gobierno irlandés como gamble, palabra anglosajona que podría traducirse como “apuesta de casino”. Y coincide con mi propio análisis de ayer, según el cual el deseo del gobierno de garantizar la deuda bancaria preferente no hace más que trasladar el riesgo sobre la deuda soberana. Uno puede entender al gobierno irlandés, claro está, desde posiciones menos dogmáticas que las de FT y WSJ, que representan la quintaesencia de un capitalismo que debería haber periclitado en 2008 pero sigue dominando la opinión de los mercados. De haber extendido a la deuda preferente la quita efectuada a la deuda subordinada (cercana al 80% del nominal), la crisis se habría cerrado ipso facto, y el gobierno irlandés se habría ahorrado unas cuantas decenas de miles de millones de euros. Pero los bancos irlandeses no habrían podido acudir a los mercados de renta fija en décadas, lo que habría limitado extraordinariamente sus posibilidades de expansión futura. Habría sido necesario que bancos extranjeros tomaran el control de los bancos irlandeses, y con ello éstos se beneficiarían del crédito de aquéllos. La banca nacional irlandesa habría dejado de existir, sustituida por una banca multinacional de raíces foráneas. Demasiado incluso para un gobierno de mayoría Fianna Fáil, el partido liberal irlandés.

Fuera de eso, la actuación del gobierno irlandés es de una factura liberal impecable. Para facilitar el retorno a un déficit del 3 por ciento del PIB en 2014 – será, según sus previsiones, del 32 por ciento en 2010 – el gasto público se va a reducir aún más. Luego no, no tiene la menor intención de subir los impuestos. Es como si no quisiera darse cuenta de qué es lo que está pasando y por qué se desató el nerviosismo de los mercados. Fue después de que se supiera que el crecimiento económico en el segundo trimestre de este año había sido negativo, y no positivo y superior al 2 por ciento, como se esperaba de una economía tan eficiente y competitiva como la irlandesa. Lo que el gobierno parece decir a los mercados es: No se fijen ustedes en esa caída del PIB trimestral: es un dato errático; de inmediato, la normalidad se restaurará y volveremos a crecer a velocidad de crucero. Lo notable es que no parece establecer ninguna relación entre la caída del crecimiento y los recortes del gasto público de los meses pasados. Peor aún: está convencido de que se volverá a la senda de crecimiento a pesar de que el gasto público va a sufrir recortes adicionales, o quizá como consecuencia de ello. ¿Entienden por qué el Wall Street Journal habla de “apuesta de casino”?

¿Qué interés tiene para nosotros el caso de Irlanda? En primer lugar, porque es el modelo exacto de la – tan cuidadosamente guardada bajo siete llaves – política económica del PP. Y, segundo, porque se parece cada vez más al modelo de lo que le gustaría al gobierno conseguir. Fíjense bien: un modelo que, debido precisamente al fanatismo con que se persigue, está llevando a los irlandeses a la ruina, por más que haga las delicias de la Unión Europea.

Según ese rasero, si Irlanda está en el purgatorio, nosotros estamos en el infierno.

Contra la pena de muerte

Hoy he recibido dos correos conmovedores. El primero es un mensaje de Amnistía Internacional pidiendo mi firma contra la próxima ejecución de la pena de muerte en la horca de Sakineh Ashtiani, ciudadana iraní que no hace mucho se salvó de morir lapidada. Parece que la justicia de su país ha decidido su destino sin un juicio con las debidas garantías. Si alguno de mis lectores desea firmar, como yo mismo acabo de hacer, podrá hacerlo en la siguiente URL:

http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/iran-ejecucion-sakineh/

El segundo correo es de Luis Arroyo Zapatero, catedrático de Derecho Penal y ex rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Luis Arroyo también preside la Societé Internationale de Défense Sociale, que ha promovido la creación de una Red Académica Internacional por la Abolición de la Pena Capital. Para presentar la mencionada Red, el próximo martes 5 de octubre se celebrará un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a las 7 de la tarde, con participación de profesores universitarios de varias nacionalidades comprometidos con el proyecto. El acto durará un par de horas. Pienso acudir.

Más información en la web de la Red: www.academicsforabolition.net.