¿Pensiones?

En la reforma del sistema de pensiones sólo tres clases de medidas importan: medidas de aumento de los ingresos, medidas de reducción del gasto y medidas de redistribución del gasto de unos perceptores a otros. Casi todas las propuestas se presentan como esto último (por aquello de mejorar la equidad del sistema), cuando de lo que realmente se trata, por lo general, es de lo primero o lo segundo.

Por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación, de 65 a 67 años, busca básicamente una cosa: reducir el gasto; pues si el trabajador cotiza durante dos años más, percibirá la pensión durante dos años menos. En un mercado laboral que raciona el empleo, como el actual, el mantenimiento de un trabajador en edad avanzada cotizando dos años más supondrá retrasar la entrada en el sistema de un joven durante esos dos mismos años, aunque ciertamente para el sistema es más rentable que un trabajador con salario elevado y mucha antigüedad cotice en lugar de uno joven, mileurista y sin complementos, con lo que también mejorarán algo los ingresos.

El alargamiento del tiempo para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que algunos proponen como una medida favorecedora de la equidad, en realidad, es una forma bastante bonita de proponer la reducción general de las pensiones. Pues nadie ganaba al principio lo mismo que ahora, y si todos los años ponderan igual (no he visto a nadie proponer algo distinto), las 10.000 pesetas al mes que ganaba cuando empecé como ayudante en la Universidad hace 36 años ponderarán igual que mis ingresos actuales, con el resultado que es fácil de prever.

Un amigo me dice que es injusto que quien lleva quince años trabajando, con el mismo sueldo que él, perciba su misma pensión, después de llevar él cuarenta años trabajando. No sé qué quiere decir injusto en ese contexto. ¿Qué el sistema podría ahorrar dinero pagando a ese otro menos que a él? ¿O que el mundo sería un lugar más justo si a él se le pagara más? Como esto último es difícilmente imaginable, la alternativa nos lleva a lo que decía al principio: los esquemas presuntamente favorecedores de la equidad, en realidad, conducen a reducciones de gasto.

Y, después de todo, ¿qué interés merecen esquemas utópicos de lo que sería el sistema de pensiones perfecto en el país de Blancanieves y los Siete Enanitos? Sinceramente, escaso. La gente debería preocuparse por otras cosas. Por ejemplo, hay un fondo de reserva del sistema público de pensiones, que hace algún tiempo se cifraba en unos 50.000 millones de euros. ¿Se sabe cuán seguro es ese fondo? ¿Por qué creen los lectores que se congeló las pensiones con las medidas de ajuste, en mayo de este año? Los presupuestos generales del Estado y de la Seguridad Social son independientes (eso es lo que significa la caja única de la Seguridad Social) y, mientras el del Estado fue deficitario en 2008 y 2009, el de la Seguridad Social registró en 2009 un superávit de dos mil y pico millones de euros. Como los cotizantes han continuado disminuyendo y los perceptores aumentando, era previsible que el superávit se tornara en déficit, digamos, por importe de dos ó tres mil millones de euros. ¿Y qué? Se tira de los 50.000 millones del fondo de reserva, que para eso están. Pero no; la clave está en que no se puede tirar de ese fondo. ¿Por qué? Sospecho que esos 50.000 millones no están invertidos en deuda soberana de Alemania – que es en lo que deberían estar invertidos para asegurar su poder adquisitivo – sino en activos bien distintos, activos que no se pueden hacer líquidos cuando se necesite, so pena de “especular” contra el crédito de España.

Si se me apura, discrepo de la idea de que un sistema de pensiones que, por su condición de público debería ser de reparto, tenga que tener un fondo de reserva de 50.000 millones, o los que sea. Para entender por qué existe ese fondo, hay que retrotraerse a la fundación del INP y el esquema de financiación del INI que sustentaba; entonces se buscó “simular” un sistema de capitalización, porque básicamente se trataba de coger dinero de cotizantes jóvenes sin derecho a prestación hasta décadas después. Hoy, el sistema sigue simulando la capitalización y sirviendo para lo mismo: subvenir a las necesidades financieras del Estado, utilizando como moneda política el bienestar de nuestros mayores. Vergüenza nos tendría que dar.