Hora de hacer política

La huelga general del 29-S ha puesto de relieve, como ningún otro acontecimiento en la historia de la democracia, la profunda división existente en la sociedad española, división que no ha hecho más que ahondarse a lo largo de la crisis. De un lado, quienes defienden – a veces de forma un tanto resistencialista, no cabe negarlo – el estado de bienestar y sus logros sociales. Del otro, los que sienten el estado de bienestar como una carga que habría que aligerar hasta donde haga falta para restaurar un sistema de incentivos eficiente. En medio, un “centro social”, constituido por quienes, beneficiándose del estado de bienestar pero viendo lejana la actuación de los sindicatos, carecen de suficiente información para saber quién defiende qué cosa, más allá de las palabras.

En este contexto, la huelga general arroja una información muy valiosa tanto para el gobierno, que la trató en su día como una manifestación constitucional del “derecho al pataleo”, como para los sindicatos, que la han visto como un modo paralelo a las urnas de influir en la política. Desde cierto punto de vista, la huelga general fue un éxito, ya que mostró que los sindicatos son capaces de movilizar a sus bases (cosa que muchos, incluso en la izquierda, dudaban), lo que era condición necesaria para influir; pero no suficiente. También fue un fracaso (inevitable, como ahora se puede ver) puesto que durante su realización el “centro social” se alineó con la derecha, lo que coincide plenamente con la marcha de las encuestas sobre intención de voto y en parte con la propia percepción del gobierno de que la huelga era respetable pero inútil porque no había nada que rectificar. En otras palabras, la derecha se ha llevado el gato al agua con la tesis de que patalear contra este gobierno mediante huelgas no sirve para nada, y que lo que hay que hacer es protestar votando PP en las próximas elecciones, incluso aunque no se sepa que es lo que va a hacer el PP, que para eso éste lo oculta a todo trance. Estas noticias deberían ser motivo de reflexión tanto para el gobierno como para los sindicatos.

Si el análisis es correcto, se imponen dos conclusiones. Primera, el gobierno debería dar a los sindicatos algo que muestre que hay vías constitucionales distintas de las urnas para manifestar eficazmente el descontento, porque así mantendrá cohesionada a su base electoral en tiempos difíciles y llenos de contradicciones, como los que atravesamos. El “algo” que los sindicatos obtengan no puede ser un caramelito. Segunda, los sindicatos deben exigir mayor regulación del mercado de trabajo, pero harían mal empecinándose, de primera intención, en esperar del gobierno una rectificación completa que suponga devolver a los sectores sindicalizados conquistas sociales de las que no disfrutan los sectores no sindicalizados, porque eso no hará más que distanciar todavía más al “centro social” de la izquierda, y arrojará al primero definitivamente en brazos de la derecha de cara a las próximas elecciones generales.

Así pues, la prioridad política es que gobierno y sindicatos se sienten a negociar una regulación del trabajo precario que suponga mejoras claras para la masa laboral que no se encuentra a resguardo del paraguas sindical. Esto es, mejoras claras, y no precisamente en la perspectiva de la próxima crisis económica (como presuntamente lo será la reforma laboral), sino de efectos inmediatos, para los trabajadores que rotan permanentemente entre el empleo temporal y el paro. Esto podría conseguirse con medidas sencillas y fáciles de llevar a cabo. Todo lo demás es secundario ahora y no debería constituir un obstáculo en la negociación. Después, ya se verá.