Primera victoria política del 15-M

Yo quizá no lo habría hecho así. De haber sido coordinador de Izquierda Unida en Extremadura – que afortunadamente no soy – puede que hubiera planteado una dura negociación con el PSOE; digamos, la mitad de las consejerías y una vicepresidencia con amplias atribuciones, para empezar. E IU habría sacado tajada de su posición de arbitro, ya que Fernández Vara es un hombre razonable, como acaba de demostrar pidiendo que no se demonice a IU y que el PSOE asuma sus responsabilidades en la derrota.

Pero lo que yo pueda pensar que haría en caso de… no tiene ninguna importancia, ni siquiera para mí. Mucho más interesante es comprender lo que ha ocurrido. Cuando la semana pasada Cayo Lara quiso hacer acto de presencia en una movilización contra el desahucio de una familia en Madrid, dio un ejemplo de oportunismo político. Está muy feo que los allí presentes le abuchearan y hasta le arrojaran un balde de agua encima. Muy feo. Pero, en cierto modo, se lo había ganado a pulso. Sus nada contenidas peticiones del voto a los concentrados en Sol y otras plazas del país, presumiendo de que IU era el verdadero representante del 15-M, recibió en Tetuán cumplida respuesta: «No nos representas». Y este fin de semana, desplazándose a Extremadura a retorcer el brazo de IU en esa Comunidad, para que apoyaran la investidura de Fernández Vara, acaba de demostrar que no sólo no representa al 15-M, sino que ni siquiera lo escucha: «PP, PSOE, ¡la misma m… es!». Me parece que Cayo Lara tiene que revisar un poco sus conceptos. Uno puede situarse dentro o fuera del movimiento 15-M, pero lo que no puede es estar para unas cosas y no estar para otras, según le convenga. Esa clase de manipulación de la opinión pública es uno de los aspectos que valora más negativamente el 15-M.

En cambio, decidiendo que ellos se abstienen, los de IU de Extremadura se han comportado como verdaderos indignados. ¿Que eso favorece al PP? Habrá que verlo. Dando su voto al PSOE, habrían asumido un compromiso de estabilidad con el gobierno regional, que habría atado sus manos en el futuro. Absteniéndose ellos, gobernará el PP, ciertamente; pero IU no le deberá nada. En cualquier momento, puede hacer caer a ese gobierno, si le interesa. Quizá así pueda lograr más cosas, que de la otra forma, para su electorado.

Es una nueva forma de hacer política, fuera de conceptos frentepopulistas propios de la III Internacional, ya desfasados. El 15-M está compuesto en su mayoría por jóvenes que no saben nada de eso, y ni siquiera les interesa. En repetidas ocasiones, se ha sugerido al 15-M concretar sus propuestas y convertirse en partido político. Ellos lo han rechazado. No quieren ser sino lo que son: un grupo de presión multitudinario. Otros presionan subiendo la prima de riesgo de España, o utilizando los organismos internacionales. El 15-M es el grupo de presión de los que no pueden presionar sino desde la calle. Ayer, unos políticos «a la antigua» han escuchado e interpretado a su manera el grito de la calle. Es lo que el 15-M les pide a todos los políticos. El 15-M ha llegado para quedarse y ser un factor constante de presión sobre la política nacional, como los son los mercados. Los partidos no deberían olvidarlo.

Propuestas económicas del Movimiento 15-M

Los «indignados» han hecho pública una lista de reivindicaciones en materia económica. La lista incluye desde puntos que ya son una realidad (11. CRÉDITO PÚBLICO (ICO) PARA LAS PYMES) hasta verdaderas utopías (16. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE IMPUESTOS GLOBAL ORIENTADO QUE GARANTICE UNA REDISTRIBUCIÓN PROGRESIVA DE LOS RECURSOS A NIVEL GLOBAL), pasando por el sometimiento a referéndum de casi cualquier decisión importante en materia económica. Tiene, como el resto de actuaciones del Movimiento, el valor testimonial de denuncia.

El Movimiento 15-M es ya algo con lo que tendrá que convivir cualquier gobierno, de izquierda, centro o derecha, que pueda haber en España. Como también lo es la aparición en la escena política de una importante fracción de la juventud que ha apostado, en las pasadas elecciones, por el modelo de gobierno favorable a empresas y empresarios, que representa el Partido Popular. Son dos tipos de juventud enteramente distintos. Hará mal cualquier gobierno en olvidar la existencia de un grupo para favorecer exclusivamente al otro. La idea de Rajoy de contar con un millón de empresarios, a partir del 45 por ciento de jóvenes desempleados, es un desiderátum. No se es empresario por obligación sino por vocación, vocación consistente en la capacidad para y el gusto por asumir riesgos, combinados con el deseo de crear empleo y riqueza. No todo el mundo vale para eso, y no se le puede obligar. Si hace falta vocación y ciertas cualidades para ser empresario, las exigencias para ser asalariado son menos estrictas. Se es asalariado por defecto. O dicho de otra forma: se es empresario cuando se vive para trabajar y asalariado cuando se trabaja para vivir. A estas alturas de la historia, las condiciones de legitimación del capitalismo incluyen la responsabilidad de emplear a todo el que quiere obtener un puesto de trabajo asalariado. El Movimiento 15-M representa a quienes desean un empleo asalariado y el capitalismo no se lo está ofreciendo. Recordarnos eso es el valor de su denuncia.


Después de publicadas las anteriores líneas, escucho a Borja Sémper, secretario general del PP de Guipúzcoa, entrevistado en los Desayunos de TVE, decir que el Movimiento 15-M es algo mucho más importante que una mera acampada, que es una denuncia ciudadana de la corrupción y una exigencia de honestidad en los gestores públicos que atañe a todos los partidos. Son palabras de un político; las mías, de un economista.

Para entender el 15-M

En 1899, mientras Joaquín Costa exigía la disolución del ministerio de Marina (ya no había barcos, pues todos se habían perdido en Santiago de Cuba o en Cavite) y el cierre de cuarteles para abrir escuelas, Antonio Maura clamaba en el Congreso de los Diputados que o la revolución se hacía desde arriba o se haría desde la calle. Cualquiera puede tener sus dudas si la situación ahora es comparable o no al 98, pero me atrevo a opinar que las palabras de Maura son exactamente lo que hay que tener presente para enjuiciar el movimiento que los medios internacionales empiezan a denominar la «Spanish revolution».

A uno le molesta una sumisión cultural tan manifiesta, como la que denota la aceptación una tal denominación, en lengua extranjera. A otra, que se critique de raíz el sistema democrático y no se valore lo que costó traerlo a España. A un tercero no se le ocurre nada mejor que decir que la crítica debe manifestarse en las urnas. Un cuarto, en fin, se indigna de que el movimiento surja ahora, precisamente en campaña electoral y con el propósito manifiesto de influir en el sistema que critica. Ninguno se ha enterado de nada. La advertencia al establishment es recibida por el establishment haciendo oídos sordos.

Las formas del movimiento son todas prestadas; empiezo a sospechar que incluso el eslogan que tanto me gusta («El poder nos teme porque la revuelta enamora») es copia de otro de Mayo del 68. Pero todo eso es secundario. O mejor dicho, es de importancia cardinal, pero no se entiende nada. ¿Es que no se han enterado de que se trata de una crítica a la democracia formal, y que por tanto las formas son objeto de desprecio? Duro reto para una sociedad oficial que ha envejecido en la adoración de las formas. ¿Que no quieren la democracia que tenemos? Sí la quieren, pero quieren más. ¿Que por qué no votan para expresar su descontento, como quiere el presidente del gobierno? Puede que lo hagan por el partido que defiende los derechos de los animales o cualquier otro. El punto crucial es que no son tontos y saben que ése es un voto inútil, y que para votar útil tan sólo se les da un par de opciones, ninguna de las cuales les gusta. Podrían formar un nuevo partido político, pero no hay tiempo y además no es eso lo que primariamente les interesa. El hecho de que hayan surgido en una campaña electoral es prueba de que no son «antisistema» al uso, puesto que quieren influir en el sistema a su manera; el establishment debería alegrarse. Y el PSOE debería alegrarse más todavía, porque aparecen cuando las encuestas dan una abrumadora victoria al PP, al que ellos no quieren votar porque saben que no cambiara la política ni un ápice. Y el PP debería alegrarse bastante, porque ésos son votantes naturales del PSOE que en estas elecciones no van a ir a votar, o votarán inútil. Entonces, ¿a qué viene tanto aspaviento, tanto miedo a la calle?

Por una razón muy sencilla, y esto sólo lo diré una vez. Quedará en el blog, si ustedes quieren para la historia, y nadie hará caso. La democracia formal, desprovista de cualquier contenido real, ha demostrado ser una mentira. No es verdad que los ciudadanos decidan la política, porque los ciudadanos no decidieron los ajustes del 10 de mayo de 2010 y todo lo que ha venido después. Si el presidente del gobierno hubiera consultado, la mayoría del país habría dicho NO. Por eso asumió toda la responsabilidad en solitario, como un héroe de tragedia romántica. Pero eso no es importante, es más bien materia para una ópera bufa. Lo importante es que ese día se dio un golpe de Estado en España. ¿Pues que a lo peor no había otro remedio que darlo? Pues a lo peor, pero se dio. Y el golpe de Estado no lo dio el gobierno, ni siquiera el presidente del gobierno, con toda su trasnochada gallardía. El golpe lo dieron los organismos internacionales y lo dieron los mercados, utilizando la debilidad del gobierno como instrumento. Y la calle ha percibido que esta democracia formal está desequilibrada, porque el interés de un hedge fund de las Islas Cayman pesa en la definición de nuestra política más que el voto de los ciudadanos. Los ciudadanos han salido a la calle para contrarrestar ese desequilibrio, de la única forma que el sistema les deja. A eso se reduce todo. Pero eso, con lo poco que parece, a lo mejor es el inicio de un gran cambio. El riesgo es que no estamos preparados.

Ética fiscal es lo que necesitamos

En España sólo paga impuestos quien no tiene forma de eludirlos. Es más, se considera de tontos pagarlos cuando Hacienda no puede pillarte. Tengo una amiga inglesa, que vive aquí y se ha propuesto emprender un negocio. Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo, como la cosa más natural, es que nadie declara todo lo que ingresa; él recomienda dejar un 20 ó 25% para cobros «en negro». Mi amiga – es inglesa, ya lo he dicho – no está acostumbrada a estos tejemanejes, y anda confundida. «¿Qué crees que debo hacer?», me pregunta con candidez. La lógica del gestor es aplastante. ¿No dicen los estudios que en España hay un 23% de economía sumergida? Pues eso significa – para él – que todas las actividades deben «sumergirse» de un 20 a un 25%. Claro que esa forma de pensar no cuenta con las actividades que están sumergidas en su totalidad, como mi fontanero, que me hace un presupuesto y luego lo revisa para añadir el IVA si le pido factura; se conoce que no está acostumbrado a que nadie se la pida. Si incluimos las actividades sumergidas al 100%, el porcentaje sobre el total nacional será bastante superior, quizá un 30 ó 35%. (Espero que el gestor de mi amiga no lea esto, porque si los gestores se enteran empezarán a aconsejar que se «ennegrezca» el 30 ó el 35% de los ingresos, y así hasta que nadie pague impuestos).

Nuestra carencia de ética fiscal se aprecia en pequeñas cosas, como el top manta; ya saben, esa actividad que consiste en vender en la vía pública, a plena luz del día o del alumbrado municipal o incluso de la luz pagada por negocios legales, productos falsificados que imitan marcas famosas o infringen derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, CDs con música o DVDs con películas). Hay muchas razones para que esta actividad sea perseguida. Una de mis preferidas es que los improvisados vendedores ocupan tanto espacio que apenas dejan paso a los transeúntes, aunque a cambio es verdad que ofrecen un magnífico espectáculo urbano cada vez que la policía municipal hace un amago de redada; casi nunca pasa de amago, que ellos responden recogiendo apresuradamente la mercancía con ingeniosos artilugios (he ahí el quid del top manta) para volver a los cinco minutos a lo suyo. En todo caso, el argumento que menos se escucha es el de los sufridos comerciantes de la misma calle, que pagan sus impuestos y que, por ello mismo, se ven en dificultades para competir con el top manta, que, para colmo, disfruta de las simpatías del público. La mayoría de la población cree, en efecto, que esos delincuentes – pues la infracción de los derechos de propiedad intelectual está tipificada como delito – tienen derecho a vivir, como todo el mundo, y que, si la sociedad no les proporciona otra forma más digna de procurarse el sustento, bueno, mejor es que hagan eso que robar. No deja de tener su aquél el argumento pues, en su virtud, si se trata de vivir, hasta las mafias que organizan esa «industria» están justificadas. ¿Qué peso puede tener la protesta de unos cuantos comerciantes cuando están en juego razones de tanto peso? ¿Qué importancia que paguen o dejen de pagar impuestos?

Pero éste es precisamente el punto que suscita la rebeldía que se está gestando en el norte de Europa en contra de rescatar a los países, financieramente más débiles, del sur del Continente. Esas gentes del norte de Europa tienen una sólida ética fiscal. Pagan impuestos no únicamente para evitar que les caiga encima el fisco, sino también para escapar al estigma social. Pagan y exigen que los demás paguen, porque suponen que el que defrauda les roba a todos; de modo que el fraude fiscal, en vez de una gracia de «listos», como aquí, es allí una ofensa a la comunidad, que la comunidad persigue con particular saña. Gracias a eso, sus finanzas públicas están saneadas. Ahora les dicen que tienen que poner su dinero para rescatar las finanzas públicas – naturalmente, enfermas – de países donde el que evade impuestos a la vista de todos, pero no del fisco, es considerado poco menos que un héroe popular, y el que no los evade, pudiendo hacerlo, es poco menos que un tonto. ¿Cómo cabe esperar que lo verán esas gentes del norte de Europa? ¿Serán lo bastante idiotas para pringar como verdaderos primos y llamarle a eso «solidaridad»? Lo idiotas seremos nosotros si nos lo hemos creído.

Este país tiene vocación de paraíso terrenal en la versión de izquierdas, y de paraíso fiscal en la de derechas; en todo caso, de paraíso. El problema es quién puede pagarlo. Ojalá no tengamos que tragarnos las bravatas de Zapatero y Salgado de que nunca, pero que nunca, nunca tendremos que pedir ser rescatados, porque si se equivocan vamos a sudar tinta. Y tampoco será jamás consciente el bueno de don Mariano Rajoy del flaco servicio que le presta al país, en este preciso momento, con su programa de convertir a España en un paraíso fiscal. Hace buena la idea de que pagar impuestos es malo, y de que el buen gobierno es el que hace legal lo que los más desaprensivos – con la connivencia de todos – no dudan hacer aunque sea ilegal. Eso es aprovechar la falta de ética fiscal con fines electorales. En las antípodas de lo que España necesita.

Gallardón y los mendigos

Es digna de atención la propuesta del alcalde de Madrid, en el sentido de que el gobierno de la Nación debería hacer aprobar leyes conminando a los mendigos a alojarse en refugios al efecto, en vez de utilizar la vía pública para “usos indebidos”: tal es la expresión que he oído de sus labios. Desde la izquierda y desde el propio Partido Popular, en que milita el alcalde, se ha criticado la propuesta por restrictiva de los derechos individuales, fundamentales o humanos, según la versión. Pero algunos medios han empezado a tomar posiciones a favor, si bien de forma discreta.

Llamativo es que el alcalde haya apelado a la autoridad del gobierno en lugar de promulgar un bando municipal que fuera directamente al asunto. Él se defiende diciendo que carece de competencias para ello, aunque si el Estado las tiene, no se ve por qué el Ayuntamiento no puede tenerlas. Si dormir en la calle es un derecho fundamental, entonces ni el parlamento puede suprimirlo; si no lo es, y no lo es porque no está regulado por la Constitución, entonces cualquier poder público puede entender en la materia. Pero lo que el alcalde parece querer decir es que él prefiere que sea el gobierno el que establezca la obligatoriedad de dormir en albergues, de modo que si la capital carece de ellos en número suficiente, entonces el alcalde podrá reclamar al gobierno fondos para establecerlos, que es a lo que vamos; al menos, a lo que suele ir Ruiz Gallardón: a pedirle dinero al gobierno.

La piedra, en todo caso, está lanzada y en el aire. La tesis de que cualquiera tiene derecho de dormir en la calle, y a ensuciarla, es por demás discutible. ¿Pagan los mendigos por la limpieza de las calles, de los cajeros automáticos y portales de locales comerciales, donde hacen naturalmente sus necesidades? Porque si no pagan por eso – parece decirnos el alcalde – entonces está claro que no tienen derecho a ensuciar ni a estropear la estética de las calles y perjudicar al comercio adyacente. La vía pública no es una institución de beneficencia; las instituciones de beneficencia son otra cosa, y en ellas es donde deben estar quienes no son capaces de integrarse en la normal vida ciudadana pagando sus impuestos. Ojo, éste es un argumento que tiene su fuerza y no basta con apelar a un mínimo de sensibilidad humana para desacreditarlo.

Hay en la crítica del argumento algo de hipocresía, si no mucha. ¿Para qué queremos a los mendigos en la calle, si no somos capaces de sacarlos de su postración? Algunos parecen quererlos como motivo para ejercer la caridad; otros, para recordarse a sí mismos, y sobre todo recordar a los demás, hasta qué extremos de abyección se puede caer cuando se relaja la disciplina. Otros, en fin, parecen querer recordarnos permanentemente el fracaso del sistema. Sin embargo, es demasiado evidente que, aunque el número de mendigos aumenta en épocas de crisis, como la actual, su existencia tiene que ver con un fallo o defecto de todas las sociedades humanas, si no con un dictado bíblico. En la Unión Soviética no había mendigos, por la sencilla razón de que los candidatos más serios solían ser encerrados en psiquiátricos. El argumento liberal parece ser que hay que dejar a todos elegir su camino, y que los mendigos han elegido el suyo, como todos. Pero es un argumento más condescendiente que verdaderamente convincente: para el liberal, no hay derecho (a dormir en la calle) sin deber correspondiente (a no molestar, a no ensuciar, a no asustar). Lamentablemente, los mendigos molestan, ensucian y asustan. No se respeta su derecho a hacer lo que hacen; simplemente, se los tolera. Luego el problema no se puede plantear como uno de derechos – inexistentes en ese ámbito – sino de tolerancia, que es la actitud de quien tiene el derecho pero procura no hacer uso de él en situaciones en que el derecho puede lesionar la equidad: algo imposible de objetivar en nuestros modernos ordenamientos jurídicos.

Ahora bien, que el alcalde de Madrid – quien todavía parece albergar aspiraciones a las más altas magistraturas políticas – hable de reducir la tolerancia con que se trata el problema de la mendicidad, con gran probabilidad de que muchos le sigan en ese viaje, es un signo preocupante, por lo que revela sobre el aumento de la intolerancia en la vida española. Mayor intolerancia es perceptible, por ejemplo, en las relaciones entre los partidos políticos, en la forma de ver los sectores no sindicalizados de la población a los sindicalizados, en el trato que se da de forma localizada pero muy estridente a los inmigrantes, en la falta de comprensión por parte de unos de las identidades religiosas o sexuales o nacionales de otros, en el gusto por judicializar los conflictos entre derechos, etcétera. El de los mendigos no es más que uno de tales episodios, y probablemente el menos importante. No porque lo diga yo, sino porque lo decimos todos en todas partes con nuestro comportamiento cotidiano.

Efecto retardado

Tenía razón Cándido Méndez, secretario general de la UGT, cuando dijo que los efectos de la huelga general irían viéndose con el paso del tiempo. El fracaso de la candidata del gobierno en las primarias de Madrid es el primero de esos efectos. Cuando el presidente, en entrevista en Radio Nacional, anunció que no habría la marcha atrás en la reforma laboral, contra lo que le piden los sindicatos, está claro que se precipitó; no en negarse a la rectificación, que era previsible, sino en anunciarlo de forma tan tajante y tan prematura, como quien dice dándose prisa por apuntarse a la tesis de la derecha de que la movilización había sido un fracaso. Un error que le han hecho pagar los socialistas madrileños.

Muchos observadores creen que el presidente está dispuesto a inmolarse por el bien de España. El triunfo de Tomás Gómez, que se presentaba como candidato de la gente y de los principios, parece indicar que algunos en su propio partido no están dispuestos a que Zapatero pase a los libros de historia dejando a gente y principios por el camino.

El día después

Aprobada la reforma laboral por el parlamento, ha empezado la cuenta atrás para el 29 de septiembre. La reforma laboral es un teórico compromiso entre lo que estaban exigiendo la patronal, los defensores del contrato único de trabajo y los organismos internacionales, de un lado, y lo que deseaban los sindicatos, del otro. Como de costumbre en este gobierno, se queda a medio camino en todas direcciones. (Hay quien defiende esa cualidad como una virtud política, y puede que lo sea: no entiendo de política, soy economista). Los sindicatos, en algo, tienen más razón que un santo. La reforma laboral ni creará empleo, ni fomenta la conversión de empleo precario en indefinido. En una proporción creciente, los contratos son a plazo de meses o incluso de días. Lo que se ha impuesto es una especie de just in time laboral, según el cual el empresario contrata al trabajador estrictamente mientras lo necesita, y luego cada cual por su camino. Y la gran masa de los trabajadores que rotan entre el empleo más precario y el paro ha terminado por aceptar resignadamente este mercado de trabajo. No sirve darle tiempo para resultar eficaz: la reforma va por un lado y la economía por otro.

Supongamos, así pues, que la huelga general alcanza un éxito moderado. ¿Qué ganan los sindicatos? Sentarse de nuevo a la mesa a negociar con el gobierno. ¿Negociar, qué? En esto, los sindicatos se muestran firmes: que el gobierno dé marcha atrás en la reforma y en las medidas de ajuste. Y aquí es donde su planteamiento falla. ¿Dar marcha atrás a dos medidas aprobadas por el parlamento? ¿Con qué votos?¿Y qué clase de gobierno tendría el país después de eso? ¿Un gobierno que se ha mantenido casi dos años en una izquierda bastante aceptable, que luego se va a la derecha – como quien dice abducido por los mercados – cuando la política anterior ya es insostenible, para terminar regresando al comienzo, sin haber resuelto la viabilidad de una política de izquierdas en medio de la crisis? Con razón, Rajoy y los suyos se frotan las manos.

Lo más importante, con todo, es que dar marcha atrás a la reforma laboral tampoco ayuda en lo más mínimo a resolver los problemas del just in time laboral. Estancarse en el debate sobre los 45 ó 33 días, incluso en las mayores facilidades para el despido objetivo, es persistir en representar los intereses de los empleos fijos dejando de lado, como desde que empezó la crisis, los de la gran masa de empleos precarios, de donde saca algo que comer una gran parte de los parados. No digo que los sindicatos deban de abandonar a los trabajadores con puesto fijo de trabajo; digo que centrarse en eso aísla a los bastiones del movimiento obrero y a los sindicatos del resto de la sociedad. Y creo que, más importante que dar marcha atrás en la reforma llevada a cabo hasta la fecha, es profundizar la reforma para terminar de una vez para siempre con la clase salvaje de just in time laboral que está destrozando la cohesión económica y social de este país. Y es que, sin esa reforma, tampoco hay nuevo modelo productivo que valga.

Nota: Esta entrada sustituye a la anterior publicada hoy, que había quedado desfasada con los acontecimientos del día.

Todavía queda mucho partido

Se confirma la ruptura de la ‘tenue alianza’ entre gobierno y sindicatos, planteada como incógnita en la entrada de ayer. La convocatoria de huelga en la función pública, para el 2 de junio, con posible ampliación a huelga general posteriormente, puede considerarse una respuesta ritual a los recortes de gasto anunciados ayer, pero no oculta la gravedad de su previsible impacto sobre la fluidez de comunicación y hasta la cordialidad entre las dos partes. Creo que el asunto merece una reflexión preliminar, todo lo provisional y sujeta a revisión que se quiera, pero imprescindible en este momento.

La mención de una posible huelga general es innecesaria. La población, en general, no ve con malos ojos que se recorte el sueldo de los funcionarios. Después de todo, no están expuestos al desempleo y corren innumerables chistes sobre su falta de dedicación; injustos, por lo que respecta a la mayoría de los funcionarios, pero corren. En cuanto a la congelación de las pensiones, su efecto será tanto menos dañino cuanto menor sea la inflación, que probablemente será muy baja, si es que positiva, a fin de año, con las tensiones deflacionistas que llevamos acumuladas y que seguramente se acrecentarán en el segundo semestre, dadas las medidas en curso. Y no creo que muchos vayan a la huelga por el cheque-bebé.

Me temo que los sindicatos, esta vez, se han dejado llevar por consideraciones de principio, como el rechazo a “recibir órdenes de los mercados, que nos metieron en la crisis”. Esas consideraciones son altamente relevantes en el debate dentro de la sociedad, pero el momento reclama más pragmatismo que fidelidad a los principios. Pragmatismo habría sido negociar el recorte con el gobierno, a cambio de una proporcional reducción de jornada. De esa forma, se habría dado fuerza legal a lo que ya es vox populi entre los funcionarios: que, a partir del recorte salarial, las horas van a ser de 57 minutos.

Mediante una inteligente negociación colectiva, formal o informal (como sugiero en este caso), los sindicatos tienen la responsabilidad de evitar estas roturas de la disciplina cívica, que no harán sino ampliar la brecha entre los funcionarios y el resto de la sociedad y, por tanto, debilitarán a los propios sindicatos aún más. Hay que ver las medidas de recorte como un retroceso del Estado de bienestar frente a los mercados, sí. Pero las noticias que llegan de Estados Unidos, sobre la reforma financiera, muestran que aún queda mucho partido por jugar, y que hay que jugarlo de forma coordinada a ambos lados del Atlántico. Fundamental es conservar las fuerzas intactas y aumentarlas en lo posible, en vez de desperdiciarlas en demostraciones de enfado esporádicas y sin perspectivas de éxito.

Un augurio de la peor especie

Ayer la cuarta huelga general en Grecia se cobró tres muertes. El primer ministro griego, Papandreu, condenando sin paliativos el hecho, lo caracterizó como asesinato. Lo fue. Eran tres personas que estaban trabajando, con otras cincuenta o sesenta, en una oficina bancaria – aparentemente, unas dependencias centrales de la entidad atacada – y, por tanto, técnicamente unos esquiroles. Los manifestantes, que estaban bien informados, fueron a por ellos con cócteles Molotov. Seguramente, no querían matarlos pero no les importó correr el riesgo de que ese fuera el resultado.

Para la policía es fundamental realizar una investigación rápida y eficiente, y ponerlos a disposición de la justicia para su castigo ejemplar. No sólo para que hechos así no vuelvan a repetirse, sino por los símbolos que están en juego. Si se consigue poner nombre y apellidos a los culpables, quedará como la acción puntual de unos provocadores. Si el crimen queda impune, habrá sido obra de la multitud, o más aún, de la huelga misma. Se habrá establecido un precedente, y la huelga podrá volver a matar en el futuro, con creciente confianza en su legitimidad para imponer una “justicia” paralela.

Así de duras se están poniendo las cosas en Grecia.