Crisis griega y ética cívica y fiscal

Al filo de la pasada medianoche, cuando se conocía el resultado de la votación que ratificaba la confianza del parlamento griego en su gobierno, miles de atenienses reunidos en la plaza Sintagma se enfrentaban a la policía con la violencia habitual. Aparentemente, esperaban un fracaso de la moción, o bien estaban preparados para los disturbios saliera lo que saliera. Es tremenda la situación de un país así, y todo lo que podemos hacer es cruzar los dedos para no vernos también en ella.

No puedo por menos de expresar públicamente mi solidaridad con el pueblo griego en esta hora tan difícil. Creo que no se merecen lo que les está ocurriendo. Es una verdadera desgracia en la que se han combinado los fallos del capitalismo, que desencadenaron la crisis, y la falta de precisión, en este caso verdadera brutalidad, de sus mecanismos de ajuste. Estamos muy lejos del «ajuste fino», del fine tuning, con que se presumía poder abordar los problemas en la eurozona antes de 2008. Ahora, el único procedimiento a nuestro alcance parece estar en cortar por lo sano. Una y otra vez, hasta que no quede nada por cortar, por lo que se está viendo en Grecia.

De una u otra forma, la catarsis – palabra griega, precisamente – que tiene que sufrir esa sociedad es radical y completa. Las cosas no podían continuar como hasta ahora. Se estima que el fisco griego pierde entre 20.000 y 30.000 millones de euros anuales como consecuencia del fraude fiscal. Con lo evadido en los tres últimos años, se habría ahorrado este segundo rescate; con lo evadido en los últimos diez, nunca se habría visto en la situación que atraviesa. Y el fraude está especialmente extendido entre la población adinerada. Parece que en Atenas – zona de sequía endémica – se paga un impuesto por las piscinas particulares. Pues bien, de 16.974 piscinas censadas tras una inspección pormenorizada, resultó que únicamente 324 estaban declaradas. La corrupción y el soborno están generalizados. Hay que pagar para conseguir un empleo de funcionario y también para pasar los exámenes en ciertos tramos del sistema educativo. Afortunadamente, estos extremos están ausentes entre nosotros. Pero nos sigue pareciendo natural la corrupción entre los políticos, y votamos para las más altas magistraturas a personas sospechosas de haberse dejado sobornar: con la presunción de inocencia lo arreglamos todo. Y a nadie escandaliza que cualquier empresa sustraiga un 20 ó 25 por ciento de su facturación al pago del IVA. ¿Quién pide factura al fontanero, salvo que pueda trasladarle el gasto a otro? Muchos se justifican preguntando si van a pagar impuestos para sostener el tren de vida de los políticos. El mal está arraigado, es profundo y afecta muchos niveles de la vida social. Es esa incertidumbre sobre la confiabilidad fiscal de nuestro país lo que nos tiene permanentemente en vilo y sometidos al escrutinio de los mercados.

Lo dije una vez, y lo repito: ética fiscal, ética fiscal, ética fiscal. Cuando la tengamos, sabremos exigir a los políticos que administren bien los impuestos que pagamos. Y no al revés. Ética fiscal es lo que necesitamos para salir definitivamente del atolladero.

Ética fiscal es lo que necesitamos

En España sólo paga impuestos quien no tiene forma de eludirlos. Es más, se considera de tontos pagarlos cuando Hacienda no puede pillarte. Tengo una amiga inglesa, que vive aquí y se ha propuesto emprender un negocio. Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo, como la cosa más natural, es que nadie declara todo lo que ingresa; él recomienda dejar un 20 ó 25% para cobros «en negro». Mi amiga – es inglesa, ya lo he dicho – no está acostumbrada a estos tejemanejes, y anda confundida. «¿Qué crees que debo hacer?», me pregunta con candidez. La lógica del gestor es aplastante. ¿No dicen los estudios que en España hay un 23% de economía sumergida? Pues eso significa – para él – que todas las actividades deben «sumergirse» de un 20 a un 25%. Claro que esa forma de pensar no cuenta con las actividades que están sumergidas en su totalidad, como mi fontanero, que me hace un presupuesto y luego lo revisa para añadir el IVA si le pido factura; se conoce que no está acostumbrado a que nadie se la pida. Si incluimos las actividades sumergidas al 100%, el porcentaje sobre el total nacional será bastante superior, quizá un 30 ó 35%. (Espero que el gestor de mi amiga no lea esto, porque si los gestores se enteran empezarán a aconsejar que se «ennegrezca» el 30 ó el 35% de los ingresos, y así hasta que nadie pague impuestos).

Nuestra carencia de ética fiscal se aprecia en pequeñas cosas, como el top manta; ya saben, esa actividad que consiste en vender en la vía pública, a plena luz del día o del alumbrado municipal o incluso de la luz pagada por negocios legales, productos falsificados que imitan marcas famosas o infringen derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, CDs con música o DVDs con películas). Hay muchas razones para que esta actividad sea perseguida. Una de mis preferidas es que los improvisados vendedores ocupan tanto espacio que apenas dejan paso a los transeúntes, aunque a cambio es verdad que ofrecen un magnífico espectáculo urbano cada vez que la policía municipal hace un amago de redada; casi nunca pasa de amago, que ellos responden recogiendo apresuradamente la mercancía con ingeniosos artilugios (he ahí el quid del top manta) para volver a los cinco minutos a lo suyo. En todo caso, el argumento que menos se escucha es el de los sufridos comerciantes de la misma calle, que pagan sus impuestos y que, por ello mismo, se ven en dificultades para competir con el top manta, que, para colmo, disfruta de las simpatías del público. La mayoría de la población cree, en efecto, que esos delincuentes – pues la infracción de los derechos de propiedad intelectual está tipificada como delito – tienen derecho a vivir, como todo el mundo, y que, si la sociedad no les proporciona otra forma más digna de procurarse el sustento, bueno, mejor es que hagan eso que robar. No deja de tener su aquél el argumento pues, en su virtud, si se trata de vivir, hasta las mafias que organizan esa «industria» están justificadas. ¿Qué peso puede tener la protesta de unos cuantos comerciantes cuando están en juego razones de tanto peso? ¿Qué importancia que paguen o dejen de pagar impuestos?

Pero éste es precisamente el punto que suscita la rebeldía que se está gestando en el norte de Europa en contra de rescatar a los países, financieramente más débiles, del sur del Continente. Esas gentes del norte de Europa tienen una sólida ética fiscal. Pagan impuestos no únicamente para evitar que les caiga encima el fisco, sino también para escapar al estigma social. Pagan y exigen que los demás paguen, porque suponen que el que defrauda les roba a todos; de modo que el fraude fiscal, en vez de una gracia de «listos», como aquí, es allí una ofensa a la comunidad, que la comunidad persigue con particular saña. Gracias a eso, sus finanzas públicas están saneadas. Ahora les dicen que tienen que poner su dinero para rescatar las finanzas públicas – naturalmente, enfermas – de países donde el que evade impuestos a la vista de todos, pero no del fisco, es considerado poco menos que un héroe popular, y el que no los evade, pudiendo hacerlo, es poco menos que un tonto. ¿Cómo cabe esperar que lo verán esas gentes del norte de Europa? ¿Serán lo bastante idiotas para pringar como verdaderos primos y llamarle a eso «solidaridad»? Lo idiotas seremos nosotros si nos lo hemos creído.

Este país tiene vocación de paraíso terrenal en la versión de izquierdas, y de paraíso fiscal en la de derechas; en todo caso, de paraíso. El problema es quién puede pagarlo. Ojalá no tengamos que tragarnos las bravatas de Zapatero y Salgado de que nunca, pero que nunca, nunca tendremos que pedir ser rescatados, porque si se equivocan vamos a sudar tinta. Y tampoco será jamás consciente el bueno de don Mariano Rajoy del flaco servicio que le presta al país, en este preciso momento, con su programa de convertir a España en un paraíso fiscal. Hace buena la idea de que pagar impuestos es malo, y de que el buen gobierno es el que hace legal lo que los más desaprensivos – con la connivencia de todos – no dudan hacer aunque sea ilegal. Eso es aprovechar la falta de ética fiscal con fines electorales. En las antípodas de lo que España necesita.

Buena marcha del turismo: alivio a corto plazo, preocupación a largo

Resulta que el turismo está creciendo a buen ritmo. No tanto por los residentes como por los no residentes, cuyas visitas han aumentado en enero-marzo un 9% sobre el mismo trimestre del año pasado. También los precios han caído, con lo que la repercusión del dato anterior sobre los ingresos por turismo todavía son desconocidos. Veremos. En todo caso, es oportuna una reflexión sobre el asunto, dentro de la complejidad de nuestros problemas socioeconómicos – fundamentalmente, el paro – y financieros, o sea, la deuda.

No cabe la menor duda de que en cualquier estrategia a largo plazo de salida de la crisis, el turismo tiene que desempeñar un papel protagonista. El turismo es nuestra exportación más importante; lo único peculiar en ella es que los importadores viene aquí a por el producto en vez de tener nosotros que enviárselo a ellos. Es una exportación enormemente económica, porque los gastos de transporte corren a cargo del comprador en vez del vendedor, como suele ser habitual. El problema es que el ladrillo ha puesto una hipoteca sobre el turismo, como la ha puesto sobre la economía española en general. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la misma burbuja inmobiliaria que nos tiene permanentemente al borde de la ruina ha degradado nuestro medio ambiente, sobre todo en las costas, destruyendo por completo el paisaje natural en muchos lugares y sustituyéndolo por malas copias de la «Gran Manzana». Esa destrucción sistemática del entorno natural de nuestras costas ha hecho muchas grandes fortunas en España, y ha contado con los parabienes y la complicidad, realmente culpable en muchos casos, de la clase política, en todos los niveles de la administración pública: local, autonómica y estatal. Para evitar la mayor parte de la burbuja inmobiliaria, hubiera bastado con que los poderes públicos cumplieran con sus obligaciones para con el medio ambiente, que, salvo raras excepciones, no han cumplido en ninguna parte. En este sentido, la clase política de todos, absolutamente todos los partidos con responsabilidades de gobierno, es tan culpable como los especuladores inmobiliarios, cuando no ha fomentado directamente la especulación inmobiliaria como fuente de ingresos alternativa a los impuestos. Digámoslo claramente: ha habido burbuja inmobiliaria porque se prefería eso a una imposición mayor. Y, por esa razón, el déficit ha sido doble en España: primero, porque la recaudación ha caído como consecuencia del descenso en el nivel de actividad económica en general; y segundo, porque la participación de los poderes públicos en las plusvalías inmobiliarias se ha evaporado con las plusvalías mismas. Todavía no he escuchado a ningún partido político hablar de este asunto, y mucho menos sacar las debidas conclusiones.

Ahora, el turismo se reactiva. Bienvenida sea esa reactivación. Pero muy pronto, si las cosas siguen yendo bien, volveremos a escuchar la vieja cantinela del «turismo de alpargata» y lo deseable que sería cambiarlo por un «turismo de yate y campo de golf». Dejando a un lado si esto último es verdaderamente deseable o no, lo que está claro es que el exceso de construcción de nuestro país dificulta seriamente cualquier cambio de modelo en el desarrollo turístico. Estamos condenados a un turismo de masas – inevitablemente más próximo del «turismo de alpargata» que del «turismo de yate y campo de golf» – por la sencilla razón de que tenemos demasiados apartamentos y demasiadas habitaciones de hotel que llenar como para andarnos con remilgos.

Cataluña y el impuesto de sucesiones

Esta semana, al cumplirse sus cien primeros días de mandato, el presidente catalán, Artur Mas, ha procedido a borrar de su mapa el impuesto de sucesiones. No sólo eso: previsiblemente, acaba de darle la puntilla en toda España.

La primera idea que a uno se le ocurre en este asunto es que Mas, que está despidiendo centenares de empleados públicos de la Generalitat y sus aledaños, como las universidades, por falta de recursos, ahora parece empeñado en tener menos recursos todavía, porque algo recaudaría por vía de este impuesto, digo yo. Una pregunta irrelevante: ¿cuántos empleados públicos tendrán que perder su puesto de trabajo para pagar este gesto? Porque, evidentemente, es un gesto dirigido a los ricos; una reducción de impuestos, con su correspondiente redistribución (regresiva) de la renta disponible, de la que se van a beneficiar las rentas altas, y más cuanto más altas. Sin embargo, quedarse en eso sería superficial. Es listo el honorable president. Pero no tan listo como para que en PURGATORIO ECONÓMICO no nos hayamos percatado de la jugada y para que no veamos en ella menos una muestra de fuerza que de debilidad del nacionalismo catalán.

La idea es tan sencilla como atraer a Cataluña tantas grandes fortunas como sea posible. ¿Que es usted hijo de un venerable anciano forrado de pasta? Si el anciano está próximo a su fin, no tiene usted más que trasladar su propia residencia, digamos, a Barcelona, y empadronarse allí. Si no lo hace, cuando se produzca el luctuoso proceso, y suponiendo que el occiso le deja a usted una herencia valorada en 100.000 euros, tendrá usted que pagar 124 euros en Madrid y 620 en Castilla-La Mancha, pongamos por ejemplos. Bueno, 600 euros no es tanto - ¿o sí, en los tiempos que corren? Pero si lo que hereda es 100 millones de euros, entonces tendrá que pagar 124.000 en Madrid y 620.000 euros en Castilla-La Mancha; nada en Cataluña. Con el importe del impuesto que se ahorra, puede usted comprar una vivienda, más o menos lujosa según de donde proceda, en un buen barrio de Barcelona, vivienda que prácticamente le saldrá gratis. Dice la web de la Comunidad de Madrid que se bonifica el 99% del impuesto (en Castilla-La Mancha, únicamente el 95%) y no el 100%, para mantener un «elemento de control tributario». Pues bien, en Cataluña ni eso. Y hay una coda muy interesante: las bonificaciones mencionadas son sólo para padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho; los demás tienen que pagar el impuesto entero: por ejemplo, 20.000 euros para una herencia de 100.000. De manera que el efecto llamada será muy poderoso en todos los casos en que el presunto heredero no sea familiar en primer grado.

Debe pensar el buen Artur Mas que ahora que empiezan a retornar los inmigrantes de los últimos lustros a sus países de origen, ya va siendo deseable que en su lugar empiece a llegar gente guapa, de ésa que tan mal habla de Cataluña y los catalanes, a ver si cambian de opinión y, sobre todo, que lleguen con la bolsa llena. Ya se sabe, Barcelona es bona…. Aunque mucho me temo que eso no le devolverá ni de lejos la brillantez de antaño, cuando era la Ciudad de los Milagros, o cuando Eduardo Mendoza la rememoraba para nosotros y fue incluso más grande, a finales de los años sesenta y durante los setenta del siglo pasado, en los tiempos del movimiento vecinal y la Asamblea de Catalunya, de la Nova Cançó y Gato Pérez, de Seix Barral y Ariel, de Pepe Carbalho y Últimas tardes con Teresa, de El tartufo y Els Joglars y Comediants, de Fata Morgana y El extraño caso del doctor Fausto… sólo por citar lo primero que se me viene a la cabeza. Eran tiempos en que la ilustrada clase media aspiraba a elevar a su nivel a un proletariado inmigrante. Ahora la clase media continúa manejando el cotarro pero ya no es ilustrada, y su única ambición es trepar a la clase alta.

Disparatada reacción contra una subida de impuestos

Repetidamente, he manifestado en este blog mis reservas a la proyectada subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (aquí, aquí y aquí). Pero eso es una cosa y llamar a la rebelión o incluso a la movilización contra la medida, otra muy distinta. ¿Han visto la página de Facebook titulada “Paremos entre todos la subida del IVA” (aquí), promovida por el Partido Popular de Madrid?

Resulta que hoy se vota en el Congreso una moción para instar al gobierno a desactivar la subida del IVA, moción propuesta por el PP y respaldada por CiU; algunos partidos a la izquierda del PSOE podrían apoyarla también o abstenerse en la votación. De cualquier modo, parece que el gobierno tiene garantizada la mayoría con los votos del PNV y de Coalición Canaria, que le ayudaron a sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2009, donde se incluye la subida de marras.

¿Se detendrá el PP de Madrid ante la derrota de su moción en el parlamento? Les apuesto cualquier cosa a que no. La presidenta de esa organización, Esperanza Aguirre, se tiene a sí misma por cualificada representante del liberalismo español. Su cultura política, sin embargo, no parece dar de sí como para saber que el fundamento económico de la democracia parlamentaria consiste en la atribución al poder legislativo de la facultad de aprobar impuestos y al ciudadano de la obligación de pagarlos religiosamente. Pero ella piensa, ¡qué caray!, que está en contra de subir los impuestos, y que su derecho moral a no pagarlos le permite sacudirse de encima el contrato social – propugnado por los padres fundadores del liberalismo, como John Locke – y reclamar la devolución de la prerrogativa legislativa (o sea, el poder de establecer y derogar leyes) a la multitud encolerizada: “¡Paremos entre todos la subida del IVA!”

Ella jura y perjura que no incita a los ciudadanos a incumplir sus obligaciones fiscales, sino únicamente a “movilizarse” contra lo que no se está de acuerdo. ¿Qué pasa, que los partidos representados en el parlamento no recogen adecuadamente las preferencias de la población, que los electores se equivocan, o incluso que cuatro años por legislatura es un tiempo demasiado largo porque nueva información puede cambiar radicalmente la correlación de fuerzas políticas? Diríase, de cualquier modo, que la señora Aguirre desea una democracia menos representativa y más asamblearia. Aunque se trate, como en este caso, de asambleas virtuales.

Que semejantes tácticas sean habitualmente utilizadas por la izquierda más radical, pase; después de todo, esa izquierda representa por tradición a quienes tienen menos que perder. Pero que las usen quienes tienen mucho que perder con la alabanza de la democracia multitudinaria y el descrédito de la democracia parlamentaria, es surrealista. Peor aún, un verdadero disparate.

La subida del IVA

José Antonio Alonso, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, entrevistado por Iñaki Gabilondo, disertó anoche en TV sobre la subida del IVA. Alonso justifica la medida del siguiente modo. La subida del IVA animará a los consumidores a anticipar sus compras, toda vez que los productos serán más caros a partir de julio; y esa anticipación reanimará la economía en el primer semestre. Veamos.

El objetivo último del gobierno es aumentar la inversión empresarial. Si aumenta la inversión, aumentarán el empleo, la renta agregada, la demanda efectiva y así sucesivamente, en lo que los economistas llaman efecto multiplicador. Ahora bien, la inversión es igual a los beneficios empresariales menos el consumo de los empresarios más el déficit exterior de la economía española más el ahorro de los asalariados menos el déficit público. En otras palabras, la inversión aumenta cuando lo hacen los beneficios (lógico, ¿no?) y el déficit exterior (menos evidente, pero cierto) y se reduce cuando aumentan el consumo de los empresarios (¿podría ser de otra manera?) y el déficit público (porque inversión privada y déficit público compiten por el ahorro nacional). Por otra parte, la contabilidad nacional afirma que la inversión aumenta también cuando lo hace el ahorro de los asalariados. El problema es que, como los asalariados están desconectados de las decisiones de inversión, el aumento inducido de ésta se traduce en simple acumulación de stocks, es decir, en inversión empresarial involuntaria: uno de los síntomas característicos de la crisis.

Ahora volvamos a la lógica de la subida del IVA. El gobierno sabe que el déficit público frena la recuperación de la inversión empresarial, y conoce que la crisis ha hecho aumentar el ahorro de los asalariados, que no hay forma clara de reconducir hacia la inversión. Sin embargo, con una subida de impuestos sobre el consumo, que en su mayor parte van a pagar los asalariados con cargo a su ahorro, se puede intentar cierta reasignación. Reduciendo el ahorro de los asalariados, disminuirán los stocks: y reduciendo el déficit público al recaudar más para el mismo nivel de gasto gubernamental, se liberarán recursos para la inversión empresarial. ¡Qué bien! Todo parece encajar.

Las simples identidades contables, sin embargo, son engañosas. Sin un modelo teórico detrás, resultan insuficientes para captar efectos dinámicos: la contabilidad nacional “cuadrará” siempre; lo importante es a qué nivel de renta agregada. En el mejor de los casos, el aumento de la inversión empresarial tardará el realizarse, porque es improbable que las empresas se atrevan a trasladar la subida del IVA íntegramente a precios. Si no lo hacen, una parte del impuesto adicional se pagará con cargo a beneficios empresariales, lo que reducirá aún más la inversión a la corta, aunque la tendencia sea que aumente a la larga. Es más, costará bastante cambiar las expectativas empresariales, de estancadas a alcistas, con el consumo privado – tanto de asalariados como de empresarios – probablemente en retroceso, mucho más si efectivamente se ha producido la anticipación de gasto prevista por Alonso. Este efecto boomerang se está viendo ahora en el Reino Unido, que primero rebajó el tipo general del IVA al 15 por ciento para luego hacerlo retornar al 17,5 por ciento, esto último muy recientemente, con negativos efectos sobre la demanda agregada y el crecimiento.