Buena marcha del turismo: alivio a corto plazo, preocupación a largo

Resulta que el turismo está creciendo a buen ritmo. No tanto por los residentes como por los no residentes, cuyas visitas han aumentado en enero-marzo un 9% sobre el mismo trimestre del año pasado. También los precios han caído, con lo que la repercusión del dato anterior sobre los ingresos por turismo todavía son desconocidos. Veremos. En todo caso, es oportuna una reflexión sobre el asunto, dentro de la complejidad de nuestros problemas socioeconómicos – fundamentalmente, el paro – y financieros, o sea, la deuda.

No cabe la menor duda de que en cualquier estrategia a largo plazo de salida de la crisis, el turismo tiene que desempeñar un papel protagonista. El turismo es nuestra exportación más importante; lo único peculiar en ella es que los importadores viene aquí a por el producto en vez de tener nosotros que enviárselo a ellos. Es una exportación enormemente económica, porque los gastos de transporte corren a cargo del comprador en vez del vendedor, como suele ser habitual. El problema es que el ladrillo ha puesto una hipoteca sobre el turismo, como la ha puesto sobre la economía española en general. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la misma burbuja inmobiliaria que nos tiene permanentemente al borde de la ruina ha degradado nuestro medio ambiente, sobre todo en las costas, destruyendo por completo el paisaje natural en muchos lugares y sustituyéndolo por malas copias de la «Gran Manzana». Esa destrucción sistemática del entorno natural de nuestras costas ha hecho muchas grandes fortunas en España, y ha contado con los parabienes y la complicidad, realmente culpable en muchos casos, de la clase política, en todos los niveles de la administración pública: local, autonómica y estatal. Para evitar la mayor parte de la burbuja inmobiliaria, hubiera bastado con que los poderes públicos cumplieran con sus obligaciones para con el medio ambiente, que, salvo raras excepciones, no han cumplido en ninguna parte. En este sentido, la clase política de todos, absolutamente todos los partidos con responsabilidades de gobierno, es tan culpable como los especuladores inmobiliarios, cuando no ha fomentado directamente la especulación inmobiliaria como fuente de ingresos alternativa a los impuestos. Digámoslo claramente: ha habido burbuja inmobiliaria porque se prefería eso a una imposición mayor. Y, por esa razón, el déficit ha sido doble en España: primero, porque la recaudación ha caído como consecuencia del descenso en el nivel de actividad económica en general; y segundo, porque la participación de los poderes públicos en las plusvalías inmobiliarias se ha evaporado con las plusvalías mismas. Todavía no he escuchado a ningún partido político hablar de este asunto, y mucho menos sacar las debidas conclusiones.

Ahora, el turismo se reactiva. Bienvenida sea esa reactivación. Pero muy pronto, si las cosas siguen yendo bien, volveremos a escuchar la vieja cantinela del «turismo de alpargata» y lo deseable que sería cambiarlo por un «turismo de yate y campo de golf». Dejando a un lado si esto último es verdaderamente deseable o no, lo que está claro es que el exceso de construcción de nuestro país dificulta seriamente cualquier cambio de modelo en el desarrollo turístico. Estamos condenados a un turismo de masas – inevitablemente más próximo del «turismo de alpargata» que del «turismo de yate y campo de golf» – por la sencilla razón de que tenemos demasiados apartamentos y demasiadas habitaciones de hotel que llenar como para andarnos con remilgos.

Leve mejoría del mercado inmobiliario

Un signo positivo, que anticipé aquí hace algunos días a partir de estimaciones de los operadores británicos en el mercado español de viviendas de segunda mano. Ellos hablaban de una clara reactivación en mercados locales, como Marbella, Alicante y Mallorca, probablemente combinado con un estancamiento del resto del mercado nacional. Ahora, informa el INE que la venta de viviendas en 2010 ha aumentado un 7 por 100 con respecto a la de 2009.

La explicación que se da aquí es un tanto diferente: los inversores españoles, y no tanto los extranjeros, habrían adelantado sus compras en previsión de la desaparición, en diciembre, de la desgravación fiscal a la compra de primeras residencias para las rentas altas y medias (se mantiene para las bajas). Se trataría, por tanto, de compradores sin problemas de liquidez o con facilidad de crédito: los bancos siguen prestando a los clientes más solventes. Pero una reactivación sostenida del mercado exigiría la incorporación de compradores a crédito cuya solvencia sea sólo relativa. Y, para éstos, el grifo del crédito está tan cerrado como hace dos años.

Sin crédito – y éste es un problema de los bancos en no menor medida que de las cajas – pretender que se reactive la economía española es como arrancar el vehículo con el freno de mano puesto. Puede avanzar, sí; y eso contentará a los más incautos. Pero no se puede decir que esté en marcha.

Solución de circunstancias

Empezamos a tener una noción bastante clara de los riesgos que soporta el sector bancario español. Según datos del Banco de España, el conjunto de bancos y cajas de ahorros tenía en noviembre pasado un total de 95.605 millones de euros de créditos de dudoso cobro (con impago de cuotas), casi a partes iguales, 48.278 millones los bancos y 47.327 millones las cajas. Hasta esa fecha, las entidades habían destinado 55.620 millones de euros a provisiones para quebrantos (27.969 millones los bancos y 27.651 millones las cajas). En conjunto, hay casi 40.000 millones de euros sin cobertura. Diríase que, cuando el gobierno habla de ampliar el capital de esas entidades hasta en 20.000 millones, lo que pretende es tapar la mitad de ese potencial agujero.

Pero no se limita a eso el problema. La exposición de las cajas de ahorros al crédito promotor inmobiliario se estima en 180.000 millones de euros; un tercio de esa cifra corresponde a créditos dudosos y subestándar (que previsiblemente serán dudosos en breve) y, sumados los inmuebles que las entidades ya se han adjudicado por impago, casi la mitad del crédito promotor habría salido de la circulación del crédito y – dado que las entidades retienen la salida de esos inmuebles al mercado para no hundir los precios – se habría sustraído a lo disponible para financiar a familias y empresas. Los bancos han publicado en menor medida que las cajas su exposición, pero con que sea aproximadamente lo mismo, tendremos una cifra entre 150.000 y 200.000 millones de euros de crédito que está – por así decirlo – bloqueado, sin contribuir a la reactivación.

Cierto que no toda esa cifra está vencida o es de vencimiento inmediato, pero con todo y eso los 20.000 millones de euros que el gobierno estima poder sumar a los recursos propios del sector parecen francamente insuficientes. Después de todo, es una operación que no se va a poder repetir todos los años, conforme se vayan produciendo los correspondientes vencimientos, hasta tapar el agujero por completo. Todo parece indicar que se trata de una “reforma” pensada para que el sector pueda ir tirando hasta las elecciones de 2012. Y después Dios dirá…

Errores

Este gobierno y sus dependencias han cometido los siguientes errores:

Dijo que no nos afectaría la crisis, y a la vista está que nos afectó. Se perdió un tiempo precioso mareando a los electores.

Después de la quiebra de Lehman Brothers, y sobre todo en la cumbre del G-20 en Washington, en noviembre de 2008, el gobierno quiso vender un papel protagonista de nuestro país en la nueva regulación internacional por la “magnífica” situación de nuestro sistema bancario, que le permitió presumir por todas partes. Objeto de especial alabanza era la supervisión del sistema crediticio por el Banco de España. Puede que el propio gobernador del BE se lo creyera, y – a poco listo que fuera – puede que no. El hecho es que se dedicó a dar lecciones sobre las reformas que había que llevar a cabo en ámbitos distintos del suyo, en especial, el mercado laboral. Se pasó más de un año defendiendo una boutade como el contrato único de trabajo, mientras los bancos españoles – con excepción de los dos grandes – eran incapaces de obtener financiación en el exterior. Después de decir que nunca haría una reforma laboral sin contar con los sindicatos, el gobierno hizo caso al gobernador del BE, sin duda porque a un señor que lo hace también en lo suyo hay que hacérselo en lo más peregrino que se le ocurra. Mientras, se emprendía, a bombo y platillo, la reforma de las Cajas de Ahorros, por aquello de que, como no tienen accionistas, ¿quién iba a protestar? Ha sido, ciertamente, una reforma bien “barata”, unos 10.000 millones de euros, que ha reducido su número de 45 a 17, pero que a los mercados no les dice ni fu ni fa. Los mercados están convencidos de que el sistema bancario español está metido en crédito al ladrillo hasta las orejas, y por eso no se fían de los bancos españoles (y no sólo de las Cajas). Se estima que el crédito al sector inmobiliario asciende a unos 320.000 millones de euros, y el crédito a la industria de la construcción a unos 100.000 millones más. Esto viene a ser el 42 por ciento de PIB. El BE, muy discretamente, ha obligado a bancos y Cajas a dotar provisiones por unos 87.000 millones. El resto no es necesariamente moroso, pero nadie sabe en qué proporción es solvente.

Y mientras, el gobierno a por uvas, con la reforma de las pensiones.

Ludopatía colectiva

Dado un nivel de ahorro planeado, las pérdidas de capital o minusvalías reducen el volumen del ahorro agregado. Los individuos pueden continuar ahorrando lo mismo, o incluso más, pero la sociedad en su conjunto ahorra menos que antes de sufrirlas. Como consecuencia, hay menos recursos para financiar la inversión. Pero mucho más importante, y potencialmente más dañino, es la actitud de los individuos y la sociedad ante las pérdidas. La burbuja de los tulipanes en la Holanda de principios del siglo XVII, al estallar, causó unas pérdidas enormes. Sin embargo, sus efectos fueron casi imperceptibles en el largo plazo porque la inflación de bulbos de tulipán no tenía salida; ni siquiera se los podía comer. Rápidamente, cayeron de precio hasta que las familias más pobres pudieron llenar sus jardines de ellos. Hubo mucha gente que se arruinó, pero el ahorro y el trabajo pudieron dedicarse a otra cosa.

Muy diferente es la burbuja inmobiliaria en la España de principios del siglo XXI. La inflación de viviendas no ha generado una caída de los precios que permita hasta a las familias más pobres tener la suya sin hipotecas. Los bancos se resisten a esa caída de precios porque suponen que los arruinaría, y los poderes públicos les asisten porque tampoco quieren ver arruinada a la clase media, que ha invertido sus ahorros en activos inmobiliarios. Pero lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que hay cientos de miles de viviendas sin terminar, en urbanizaciones de las que se ha vendido muy poco o nada. Y los promotores, cogidos mediante avales por los bancos, siguen invirtiendo en terminarlas, con la obvia esperanza de venderlas y salir de la trampa, pero sin querer ver que invierten en algo que ni tiene valor, ni lo tendrá en un futuro previsible, suficiente como para justificar el dinero que se sigue enterrando en ello.

La luz, más cara

La elevación de las tarifas eléctricas es la primera medida de política anticrisis que ha puesto en marcha este gobierno. Nadie en su sano juicio puede creerse el argumento del déficit tarifario, viendo los beneficios que registran las eléctricas. El origen de esta mistificación son los llamados “costes de transición a la competencia” (CTC). Éste es un invento de William Baumol, economista norteamericano que a mediados de los noventa, reflexionando sobre la liberalización de los mercados eléctricos en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que había que indemnizar a las empresas que habían detentado privilegios de monopolio o cuasimonopolio, por arrebatárselos. El precio de no hacerlo sería ralentizar el progreso técnico en el sector. La tesis es discutible, pero la profesión la compró con entusiasmo. Los famosos CTC son el secreto del déficit tarifario en España.

¿Por qué se acelera ahora el proceso de indemnizar a las eléctricas? Lo dijo el presidente hace pocas fechas: nos esperan cinco años antes de salir de la crisis. En las condiciones actuales, es impensable la generalización del uso del automóvil eléctrico, en que el gobierno – por inspiración del ministro Miguel Sebastián – fía el tirón de la demanda que pondrá la economía española nuevamente en marcha. La instalación obligatoria de puntos de recarga en todas las plazas de aparcamiento público y privado reactivará la construcción de forma compulsiva – como compulsiva fue la sustitución de la televisión analógica por la TDT, en un ensayo a escala de miniatura de lo que nos espera – pero el proyecto cojea por la falta de potencia para alimentar el parque automovilístico. Cálculos aproximados cifran en una central nuclear de tipo medio por cada dos millones de automóviles eléctricos las necesidades de generación de energía. Con un parque de más de treinta millones de vehículos, serán necesarias quince nuevas centrales nucleares. Para construirlas, haría falta un volumen de financiación exterior que los mercados no están dispuestos a proporcionarnos. Y habría que empezar la construcción de nuevas centrales ahora. La decisión política ya debe de haberse tomado, pero tal vez se haga pública después de las autonómicas y municipales, cuando el café ése al que hemos renunciado los españoles dé para empezar las obras de alguna.

El nudo gordiano de la economía española...

… no estriba en la falta de flexibilidad del mercado laboral, ni en los excesivos impuestos – incluida la cuota patronal a la seguridad social – que pagan las empresas, ni en la falta de viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones, ni en la baja productividad de los funcionarios, ni en el tamaño del déficit público. Algunos de esos problemas pueden ser tales y otros no lo son; pero todos, absolutamente todos palidecen en importancia ante el problema mayúsculo, el verdadero nudo gordiano de nuestra economía nacional, aquél por el que castigan los mercados al crédito de España. No es otro que la masa de créditos incobrables que lastra los balances de la banca española. Cortar ese nudo gordiano presupone para la banca asumir pérdidas no reconocidas hasta la fecha por valor de cientos de miles de millones de euros: una cantidad astronómica que está por cuantificar y que corresponde al valor del crédito promotor con que se financió la construcción de alrededor de un millón de viviendas invendidas y que no se podrá vender en un horizonte razonable, más un número indeterminado de hipotecas a familias que tampoco se podrá cobrar. La banca tiene blindada esta situación mediante un red de garantías personales (avales) que les permite renegociar los créditos ad nauseam… sin necesidad de reflejar los incobrables en sus balances. Así no quiebran, pero tampoco recuperan los fondos prestables, se corta el flujo del crédito y los proyectos empresariales languidecen por falta de financiación.

Éste es el nudo gordiano que hay que cortar. Todo lo demás son fugas adelante.

Escasea el crédito. ¿Por qué?

La escasez de crédito en España tiene un origen claro: el exceso de endeudamiento de familias y empresas. Ahora bien, muy poca gente parece entender de dónde viene este exceso de endeudamiento. Muchos se apuntan a la teoría de que los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años. Una idea muy conveniente para quienes quieren convencernos de que tenemos que ser más pobres, y actuar consecuentemente con ello, para salir de la crisis.

Siempre que alguien sugiere que tengo que hacerme a la idea de ser más pobre, temo que me robe o me haya robado ya la cartera. Es una idea que no se sostiene, y hace falta ser especialmente tonto para creérsela. Uno puede vivir por encima de sus posibilidades cuando alguien le subvenciona. A nosotros nos ha subvencionado la Unión Europea, mediante fondos estructurales y otras ayudas: unos 210.000 millones de euros entre 1989 y 2006, 12.000 millones al año de promedio, menos del 2 por ciento del PIB en el mejor de los años. Eso es lo que hemos perdido. No explica ni de lejos nuestros problemas.

¿Cómo nos hemos endeudado tanto, entonces? No nos endeudado por vivir por encima de nuestras posibilidades, sino por invertir en lo que nunca podremos rentabilizar; fundamentalmente, en vivienda. Ahora ha corrido la cifra de 150.000 millones de créditos de difícil cobro que gravita a corto plazo sobre la solvencia de la banca. ¿Qué es esto? Hay, según estimaciones, un parque de 700.000 viviendas puestas a la venta pero invendibles. A un crédito medio ligeramente superior a 200.000 euros por vivienda, resultan los 150.000 millones de euros. Eso es el 15 por ciento del PIB

Pero eso es sólo el parque de viviendas puestas a la venta. ¿Cuál es el volumen de viviendas de alquiler que van a estar permanentemente subocupadas, sobre todo en la costa de Levante, mientras no salgamos de la crisis o incluso después? Se habla de un billón de euros. Eso es casi el 100 por cien del PIB. Así se explica fácilmente la práctica totalidad de nuestro endeudamiento privado. Mientras todas esas viviendas no se amorticen – y se amortizan muy lentamente, pueden creerme – la economía española no será capaz de generar recursos para renovar la oferta de crédito al sector privado. En la financiación de las viviendas, está enganchado el sistema bancario. En el “disfrute” de la inversión estamos empantanados todos.

¿Vivir peor resuelve algo? Bueno, permite reducir el apalancamiento algo más deprisa. Pero el problema no es el largo plazo. La solución natural pasa por una reducción drástica del precio de la vivienda, no en el 30 por ciento que se dice que ha ocurrido ya, sino en mucho más. ¿Hasta dónde? Hasta que resulte tan barata que el resto del mundo vuelva a invertir en ella, se subrogue en las hipotecas y nos libere anticipadamente de la deuda.

Durante el debate en la Facultad de Económicas de la Complutense, el pasado día 20, se insinuó que el modelo del ladrillo tenía su origen en la mala calidad del mercado laboral español. Esto es coger el rábano por las hojas. Más acertado estuvo José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía hace un año, cuando sugirió que el modelo de ladrillo y turismo es nuestro destino. La solución natural es especializarnos en sol y playa, que es lo que tenemos, lo mismo que otros tienen petróleo o una mano de obra frugal y laboriosa. Lo único que tenemos que encontrar es un nivel de precios que sea competitivo.

¿Dónde está el riesgo? Si los precios de la inversión residencial caen demasiado deprisa, los impagados hipotecarios aumentarán. Los bancos se harán con un parque de viviendas cada vez mayor, y cada vez menos valioso. La crisis bancaria está, así pues, como se suele decir, servida. Por eso, frenando la salida de su parque de viviendas al mercado, el sistema bancario hace lo posible para impedir la caída de precios. Impedirla es también la prioridad de todos.

Mercado laboral y modelo productivo

Escucho a Carlos Solchaga hablar en CNN+ de la reforma laboral, entre otras cosas. Le oigo mencionar, como de pasada, que está a favor del contrato único de trabajo. Otro más a la larga cuenta iniciada por los Cien economistas, el gobernador del Banco de España, Funcas y, recientemente, el Fondo Monetario Internacional. Verdaderamente, a los economistas nos encanta la elegancia formal de teorías y políticas, y a este paso no va a quedar ni uno sin fascinar hasta la médula por la elegancia del contrato único.

Pero lo que más me interesa ahora es el argumento de Solchaga. Es el de todos. Hemos tenido menos caída en el PIB que otros países europeos y, sin embargo, sufrimos mayor desempleo, que, además, va a durar más tiempo. Está claro que algo no funciona en nuestro mercado de trabajo. Pues no, lo siento; no puedo estar de acuerdo. Nuestra tecnología es menos avanzada que la de otros países europeos. Utilizamos más mano de obra donde ellos emplean más capital. En ningún sector es esto más evidente que en la construcción. Cuando se reduce el PIB en la misma proporción, necesariamente se destruye más empleo en España. El mercado laboral y sus formas jurídicas no han hecho más que responden a las características de nuestro modelo productivo.

Por cierto, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, de Madrid, ha tenido la amabilidad de invitarme a sostener un debate sobre la reforma laboral con Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III, y primer firmante y presunto redactor del Manifiesto de los Cien. Será el jueves 20 de mayo, a las 13 horas, en las dependencias de la Facultad en el campus de Somosaguas. Están invitados todos mis lectores.

Al caer la tarde

Al final, han subido las Bolsas de París y Frankfort, mientras ha caído la de Londres. También han descendido en Asia las más relacionadas con Londres: Hong Kong y Bombay. Por el contrario, fuera de Europa han subido Wall Street, Shangai y Tokio. Mi conclusión es que el eje franco-alemán se ha empleado a fondo para dar credibilidad al pacto del Eurogrupo en apoyo de Grecia, mientras que la City londinense – y toda su influencia global – continúa pesimista. Nueva York, Shangai y Tokio se mueven en órbitas diferentes, por ahora.

Algunos se han dado mucha prisa en pronosticar éxito para el acuerdo, aunque admiten que los mercados no están eufóricos. Auguran que España tendrá que reformar el mercado laboral y reducir el déficit para evitar verse en la situación de Grecia. Como la reducción del déficit no será, en ningún caso, inmediata, su mensaje debe leerse en clave de urgir a la reforma laboral. Ojalá tuvieran razón, y bastara con la reforma laboral para tranquilizar a los mercados en relación con España. Tristemente, lo más probable es que no sea así.

Los mercados no quieren la reforma laboral por la reforma laboral. Lo que interesa a los mercados es el crecimiento potencial de la economía española, porque de ese potencial dependerá la capacidad de nuestra economía de pagar impuestos con que devolver la deuda. Y los mercados son más conscientes que quienes aspiran a dirigirlos cuando sólo se dejan arrastrar por ellos, de que el potencial de crecimiento de la economía española depende más del cambio de modelo productivo que de la pérdida de derechos de los trabajadores.

Mientras no tengamos una alternativa clara a la construcción, estaremos en el punto de mira de los mercados.

Por qué no creo en la reforma laboral

Parece que España va a ser, de los países ricos, el más retrasado en salir de la recesión. Esto se puede entender de dos formas. Según una, España demora las necesarias reformas estructurales – entre ellas, la reforma laboral – y esta demora afecta a sus capacidad de tratar con éxito males como el desempleo masivo; ésta es la visión que ha expuesto estos días el Fondo Monetario Internacional, sumándose al Banco de España, a Funcas y otras instituciones, que la vienen defendiendo desde hace tiempo. Según la otra, España ha sido el país que más hizo depender la prosperidad pasada de actividades como la construcción y el turismo, la primera herida fatalmente y la segunda seriamente tocada por la crisis, y en tanto no se dé con actividades alternativas, capaces de sustituir a ambas, y sobre todo a la construcción, hay poco que hacer. Ésta es la visión que defendemos otra corriente dentro de los economistas.

Los partidarios de las reformas estructurales, y en primer lugar la reforma laboral, no niegan que haya una crisis de modelo productivo, pero opinan que el cambio de modelo no se puede planificar – opinión con la que estoy básicamente de acuerdo – sino que depende de dotar a los mercados de factores, y principalmente al mercado de trabajo, de un mejor y más eficiente funcionamiento; proposición esta última con la que estoy en completo desacuerdo. Ellos creen que, si el mercado de trabajo funciona mejor, el modelo productivo surgirá, por donde tenga que surgir, por sí solo. Yo creo que esta forma de pensar olvida completamente el problema que plantea la cultura empresarial en España.

El llamado modelo del ladrillo no sólo nos ha apartado de actividades tecnológicamente más avanzadas, en las que ahora estamos retrasados, sino que no ha contribuido en nada a la formación de capital humano empresarial, y a veces ha ayudado a destruirlo. He conocido empresarios de gran talento que terminaron desperdiciándolo en inversiones inmobiliarias, que no tienen nada de innovadoras. Tenemos una clase empresarial que apenas ha dejado atrás una mentalidad rentista, que busca beneficios rápidos y sin riesgo (“pelotazos”).

Los partidarios de la reforma laboral sostienen que un mercado de trabajo más flexible creará, como por ensalmo, la clase empresarial necesaria para impulsar una innovación capaz de competir globalmente. Me temo que no. La reforma laboral no hará más que empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora sin beneficiar a la inversión innovadora en España. Únicamente dará lugar a una redistribución de renta desde los asalariados a los empresarios para que éstos puedan mejorar sus estándares de consumo suntuario, como ya está empezando a ocurrir.

No creo que un aumento de las desigualdades sociales sea lo que está necesitando este país.

¿Cien por cien eléctrico?

El automóvil movido íntegramente por energía eléctrica es – como suele decirse – una apuesta de futuro. En términos de velocidad y autonomía, los modelos empiezan a ser aceptables. El estadounidense Tesla Roadster alcanza 200 km/h (100 km/h en 4 segundos) con una autonomía de casi 400 km, aunque el precio no lo es: 84.000 euros. Modelos más económicos, como el noruego Think City, llegan a 105 km/h de volocidad punta (50 km/h en 7 segundos) y 210 km de autonomía, por sólo 24.500 euros. No es todavía un vehículo para la clase trabajadora.

El problema más importante es de repostaje y sus infraestructuras. La recarga de las baterías no baja de tres horas y media en el Tesla Roadster ni de 7-8 horas en los modelos más económicos. Al parecer, podría reducirse (a 30-45 minutos) con acceso directo del punto de repostaje a la red de alta tensión, pero eso multiplica el problema de las infraestructuras. Una solución de otro tipo es el leasing de baterías: uno paga, se lleva una batería cargada y deja la suya descargada. El leasing de las baterías para el Think City cuesta 120 euros al mes (aparte, el coste de la recarga).

Otra solución, pero en todo caso sólo parcial, sería instalar puntos de recarga en todas las plazas de aparcamiento, de modo que el vehículo se recargue mientras está aparcado, lo que en ciudad puede ser más que suficiente. En fin, que el tema de las infraestructuras no deja de ser problemático aunque se atisban soluciones. A mí, personalmente, me gusta la incorporación de paneles solares en la carrocería del vehículo, según diseños – bastantes estéticos – logrados por empresas alemanas. Pero eso tiene dos inconvenientes. Uno, que, en el estado actual de la tecnología, no permite cubrir todas las necesidades energéticas del vehículo, por no decir la conducción nocturna de larga distancia. Y dos, que así se prescinde de los servicios de las compañías eléctricas, con cuyo concurso se está diseñando todo el proceso de cambio tecnológico.

Pero lo que menos me gusta es el final que le veo a esto. ¿Se fijaron en el apagón analógico? Gracias a la obsolescencia absoluta de los receptores sin puerto para el cable euroconector, decretada por el gobierno, los fabricantes de aparatos digitales aptos para recibir la TDT han hecho su agosto. Es verdad que los obreros tienen que vivir y los empresarios que registrar beneficios, pero ¿de esa manera? Todo es así: ¿cómo creen que funcionará el previsto impulso a la rehabilitación de viviendas? Pues igual. Lo he sufrido en una Comunidad Autónoma gobernada por el PP: a la hora de la verdad, en esto, no hay diferencias entre los grandes partidos. La autoridad municipal de la vivienda gira una visita (ITV) y dictamina que la finca debe revocar la fachada, con lo cual hay que rehabilitar a la fuerza. La intensidad del flujo es como en las multas de tráfico: depende de las instrucciones que reciben quienes las ponen. (¿Se imaginan el impulso a la rehabilitación de párkings, si se dictaminara que hay que instalar las infraestructuras necesarias para recargar las baterías de los eléctricos mientras estén aparcados?)

Es lo que ocurrirá un día con el automóvil 100% eléctrico. Incluso si no supera las limitaciones actuales, se decretará que el eléctrico es el único que puede circular por las ciudades; el movido por combustibles fósiles o incluso el llamado híbrido – solución, incorporando aceites vegetales, por la que yo apostaría también – se relegará al uso por carretera. No mucho después, se llegará a la conclusión que es más barato no construir más autovías de financiación pública y cargar con elevados impuestos las de construcción privada, donde los cada vez menos abundantes automóviles de combustión interna puedan correr (y estrellarse, con el debido sobrecoste en gastos hospitalarios) a velocidades prácticamente sin límite. Los recursos públicos estarán mejor empleados en la construcción de una red ferroviaria de alta velocidad a precios asequibles que se superponga a la convencional. Si usted quiere usar un vehículo (100% eléctrico, supuesto) en el punto de destino, alquile uno.

Es así como una adecuada política industrial y de vivienda nos facilitará el trabajo a todos. Las autoridades saben mejor que nosotros en qué debemos gastar nuestro dinero. Obedeciendo, accederemos a mejores bienes y servicios y las encuestas dirán que somos más felices.

El futuro del turismo en España

El turismo ha desempeñado un rol medular en la configuración del viejo modelo productivo. En la década de 1960, cuando los inmigrantes rurales en las grandes ciudades todavía se hacinaban en poblados de chabolas, Manuel Fraga Iribarne, desde el ministerio de Información y Turismo, puso en marcha un experimento económico-social sin precedentes. Escogió tres municipios (Benidorm en Alicante, Calviá en Mallorca, y Torremolinos en Málaga), en los que la tierra era especialmente pobre y, por consiguiente, barata, y los promocionó internacionalmente como destinos turísticos. El experimento tuvo éxito, y los cambios que facilitó fueron revolucionarios. La tierra dejó de valorarse por su productividad agrícola y empezó a tener un precio dependiente de su valorización urbanística.

Después de casi medio siglo, tenemos lo que tenemos. Por una parte, la burbuja inmobiliaria, originada e inflada en gran medida por la especulación en las costas, se ha pinchado pero nos ha dejado un paisaje degradado como entorno natural. Por otra, varias Comunidades Autónomas no pueden – sencillamente, no pueden – prescindir del turismo como fuente de ingresos para su población. Y, por último pero no menos importante, hace por lo menos dos décadas que se oye a los responsables políticos y empresariales quejarse de la mala calidad del turista medio que viene a España, y entonar loas a cualquier actuación que atraiga a un “turismo de calidad”, aunque las actuaciones de esa clase suelen limitarse a instalar campos de golf y construir puertos deportivos.

La inevitable reflexión es la siguiente. El mundo no saldrá de esta crisis como entró en ella. Un día, los PIB dejarán de caer, el paro se estabilizará y luego descenderá, y los turistas volverán a viajar. Pero esos turistas no serán como los de antes de la crisis. Sobre todo los turistas de mayor poder adquisitivo serán consumidores con un refinado gusto por la naturaleza, el arte y la cultura, y un no menor aborrecimiento por los monumentos al hacinamiento urbanístico y al mal gusto colectivo en que hemos convertido nuestras zonas turísticas más emblemáticas. Tal y como van las cosas, saldremos muy mal colocados en la carrera por captar los segmentos de mercado más lucrativos.

La reflexión es relevante a la luz de la decisión del gobierno de impulsar un ambicioso programa de rehabilitación de viviendas, con la inversión de casi 4.500 millones de euros de aquí a 2012 y la creación de 350.000 puestos de trabajo. Muchas de esas viviendas estarán localizadas en las zonas turísticas, donde los edificios más antiguos son de mala calidad y empiezan a tener más de cuarenta años. Ahora bien, cuanto más dinero se sepulte (cuanto mayores, en el lenguaje de los economistas, sean los costes hundidos) en esa clase de activos, más duro resultará a sus propietarios desprenderse de ellos.

¿No sería apropiado, como digno prólogo a un verdadero cambio de modelo productivo, dedicar una parte de ese dinero a un plan de demoliciones generalizadas, empezando por zonas piloto (dos o tres municipios serían suficientes, como antes lo fueron para poner en marcha el modelo anterior), que saneara a fondo el paisaje y lo adaptara a los gustos de los turistas de mayor poder adquisitivo en un mundo pos-Kioto? Este plan tiene un inconveniente, desde luego, que no cabe ocultar: no todo el dinero invertido tendrá efectos inmediatos en la creación de puestos de trabajo, porque habrá que indemnizar a los propietarios afectados. Pero no cabe duda de que ofrecería la clase de futuro que el sector turístico está necesitando.