Ética fiscal es lo que necesitamos

En España sólo paga impuestos quien no tiene forma de eludirlos. Es más, se considera de tontos pagarlos cuando Hacienda no puede pillarte. Tengo una amiga inglesa, que vive aquí y se ha propuesto emprender un negocio. Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo, como la cosa más natural, es que nadie declara todo lo que ingresa; él recomienda dejar un 20 ó 25% para cobros «en negro». Mi amiga – es inglesa, ya lo he dicho – no está acostumbrada a estos tejemanejes, y anda confundida. «¿Qué crees que debo hacer?», me pregunta con candidez. La lógica del gestor es aplastante. ¿No dicen los estudios que en España hay un 23% de economía sumergida? Pues eso significa – para él – que todas las actividades deben «sumergirse» de un 20 a un 25%. Claro que esa forma de pensar no cuenta con las actividades que están sumergidas en su totalidad, como mi fontanero, que me hace un presupuesto y luego lo revisa para añadir el IVA si le pido factura; se conoce que no está acostumbrado a que nadie se la pida. Si incluimos las actividades sumergidas al 100%, el porcentaje sobre el total nacional será bastante superior, quizá un 30 ó 35%. (Espero que el gestor de mi amiga no lea esto, porque si los gestores se enteran empezarán a aconsejar que se «ennegrezca» el 30 ó el 35% de los ingresos, y así hasta que nadie pague impuestos).

Nuestra carencia de ética fiscal se aprecia en pequeñas cosas, como el top manta; ya saben, esa actividad que consiste en vender en la vía pública, a plena luz del día o del alumbrado municipal o incluso de la luz pagada por negocios legales, productos falsificados que imitan marcas famosas o infringen derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, CDs con música o DVDs con películas). Hay muchas razones para que esta actividad sea perseguida. Una de mis preferidas es que los improvisados vendedores ocupan tanto espacio que apenas dejan paso a los transeúntes, aunque a cambio es verdad que ofrecen un magnífico espectáculo urbano cada vez que la policía municipal hace un amago de redada; casi nunca pasa de amago, que ellos responden recogiendo apresuradamente la mercancía con ingeniosos artilugios (he ahí el quid del top manta) para volver a los cinco minutos a lo suyo. En todo caso, el argumento que menos se escucha es el de los sufridos comerciantes de la misma calle, que pagan sus impuestos y que, por ello mismo, se ven en dificultades para competir con el top manta, que, para colmo, disfruta de las simpatías del público. La mayoría de la población cree, en efecto, que esos delincuentes – pues la infracción de los derechos de propiedad intelectual está tipificada como delito – tienen derecho a vivir, como todo el mundo, y que, si la sociedad no les proporciona otra forma más digna de procurarse el sustento, bueno, mejor es que hagan eso que robar. No deja de tener su aquél el argumento pues, en su virtud, si se trata de vivir, hasta las mafias que organizan esa «industria» están justificadas. ¿Qué peso puede tener la protesta de unos cuantos comerciantes cuando están en juego razones de tanto peso? ¿Qué importancia que paguen o dejen de pagar impuestos?

Pero éste es precisamente el punto que suscita la rebeldía que se está gestando en el norte de Europa en contra de rescatar a los países, financieramente más débiles, del sur del Continente. Esas gentes del norte de Europa tienen una sólida ética fiscal. Pagan impuestos no únicamente para evitar que les caiga encima el fisco, sino también para escapar al estigma social. Pagan y exigen que los demás paguen, porque suponen que el que defrauda les roba a todos; de modo que el fraude fiscal, en vez de una gracia de «listos», como aquí, es allí una ofensa a la comunidad, que la comunidad persigue con particular saña. Gracias a eso, sus finanzas públicas están saneadas. Ahora les dicen que tienen que poner su dinero para rescatar las finanzas públicas – naturalmente, enfermas – de países donde el que evade impuestos a la vista de todos, pero no del fisco, es considerado poco menos que un héroe popular, y el que no los evade, pudiendo hacerlo, es poco menos que un tonto. ¿Cómo cabe esperar que lo verán esas gentes del norte de Europa? ¿Serán lo bastante idiotas para pringar como verdaderos primos y llamarle a eso «solidaridad»? Lo idiotas seremos nosotros si nos lo hemos creído.

Este país tiene vocación de paraíso terrenal en la versión de izquierdas, y de paraíso fiscal en la de derechas; en todo caso, de paraíso. El problema es quién puede pagarlo. Ojalá no tengamos que tragarnos las bravatas de Zapatero y Salgado de que nunca, pero que nunca, nunca tendremos que pedir ser rescatados, porque si se equivocan vamos a sudar tinta. Y tampoco será jamás consciente el bueno de don Mariano Rajoy del flaco servicio que le presta al país, en este preciso momento, con su programa de convertir a España en un paraíso fiscal. Hace buena la idea de que pagar impuestos es malo, y de que el buen gobierno es el que hace legal lo que los más desaprensivos – con la connivencia de todos – no dudan hacer aunque sea ilegal. Eso es aprovechar la falta de ética fiscal con fines electorales. En las antípodas de lo que España necesita.

Gallardón y los mendigos

Es digna de atención la propuesta del alcalde de Madrid, en el sentido de que el gobierno de la Nación debería hacer aprobar leyes conminando a los mendigos a alojarse en refugios al efecto, en vez de utilizar la vía pública para “usos indebidos”: tal es la expresión que he oído de sus labios. Desde la izquierda y desde el propio Partido Popular, en que milita el alcalde, se ha criticado la propuesta por restrictiva de los derechos individuales, fundamentales o humanos, según la versión. Pero algunos medios han empezado a tomar posiciones a favor, si bien de forma discreta.

Llamativo es que el alcalde haya apelado a la autoridad del gobierno en lugar de promulgar un bando municipal que fuera directamente al asunto. Él se defiende diciendo que carece de competencias para ello, aunque si el Estado las tiene, no se ve por qué el Ayuntamiento no puede tenerlas. Si dormir en la calle es un derecho fundamental, entonces ni el parlamento puede suprimirlo; si no lo es, y no lo es porque no está regulado por la Constitución, entonces cualquier poder público puede entender en la materia. Pero lo que el alcalde parece querer decir es que él prefiere que sea el gobierno el que establezca la obligatoriedad de dormir en albergues, de modo que si la capital carece de ellos en número suficiente, entonces el alcalde podrá reclamar al gobierno fondos para establecerlos, que es a lo que vamos; al menos, a lo que suele ir Ruiz Gallardón: a pedirle dinero al gobierno.

La piedra, en todo caso, está lanzada y en el aire. La tesis de que cualquiera tiene derecho de dormir en la calle, y a ensuciarla, es por demás discutible. ¿Pagan los mendigos por la limpieza de las calles, de los cajeros automáticos y portales de locales comerciales, donde hacen naturalmente sus necesidades? Porque si no pagan por eso – parece decirnos el alcalde – entonces está claro que no tienen derecho a ensuciar ni a estropear la estética de las calles y perjudicar al comercio adyacente. La vía pública no es una institución de beneficencia; las instituciones de beneficencia son otra cosa, y en ellas es donde deben estar quienes no son capaces de integrarse en la normal vida ciudadana pagando sus impuestos. Ojo, éste es un argumento que tiene su fuerza y no basta con apelar a un mínimo de sensibilidad humana para desacreditarlo.

Hay en la crítica del argumento algo de hipocresía, si no mucha. ¿Para qué queremos a los mendigos en la calle, si no somos capaces de sacarlos de su postración? Algunos parecen quererlos como motivo para ejercer la caridad; otros, para recordarse a sí mismos, y sobre todo recordar a los demás, hasta qué extremos de abyección se puede caer cuando se relaja la disciplina. Otros, en fin, parecen querer recordarnos permanentemente el fracaso del sistema. Sin embargo, es demasiado evidente que, aunque el número de mendigos aumenta en épocas de crisis, como la actual, su existencia tiene que ver con un fallo o defecto de todas las sociedades humanas, si no con un dictado bíblico. En la Unión Soviética no había mendigos, por la sencilla razón de que los candidatos más serios solían ser encerrados en psiquiátricos. El argumento liberal parece ser que hay que dejar a todos elegir su camino, y que los mendigos han elegido el suyo, como todos. Pero es un argumento más condescendiente que verdaderamente convincente: para el liberal, no hay derecho (a dormir en la calle) sin deber correspondiente (a no molestar, a no ensuciar, a no asustar). Lamentablemente, los mendigos molestan, ensucian y asustan. No se respeta su derecho a hacer lo que hacen; simplemente, se los tolera. Luego el problema no se puede plantear como uno de derechos – inexistentes en ese ámbito – sino de tolerancia, que es la actitud de quien tiene el derecho pero procura no hacer uso de él en situaciones en que el derecho puede lesionar la equidad: algo imposible de objetivar en nuestros modernos ordenamientos jurídicos.

Ahora bien, que el alcalde de Madrid – quien todavía parece albergar aspiraciones a las más altas magistraturas políticas – hable de reducir la tolerancia con que se trata el problema de la mendicidad, con gran probabilidad de que muchos le sigan en ese viaje, es un signo preocupante, por lo que revela sobre el aumento de la intolerancia en la vida española. Mayor intolerancia es perceptible, por ejemplo, en las relaciones entre los partidos políticos, en la forma de ver los sectores no sindicalizados de la población a los sindicalizados, en el trato que se da de forma localizada pero muy estridente a los inmigrantes, en la falta de comprensión por parte de unos de las identidades religiosas o sexuales o nacionales de otros, en el gusto por judicializar los conflictos entre derechos, etcétera. El de los mendigos no es más que uno de tales episodios, y probablemente el menos importante. No porque lo diga yo, sino porque lo decimos todos en todas partes con nuestro comportamiento cotidiano.

Cataluña y el impuesto de sucesiones

Esta semana, al cumplirse sus cien primeros días de mandato, el presidente catalán, Artur Mas, ha procedido a borrar de su mapa el impuesto de sucesiones. No sólo eso: previsiblemente, acaba de darle la puntilla en toda España.

La primera idea que a uno se le ocurre en este asunto es que Mas, que está despidiendo centenares de empleados públicos de la Generalitat y sus aledaños, como las universidades, por falta de recursos, ahora parece empeñado en tener menos recursos todavía, porque algo recaudaría por vía de este impuesto, digo yo. Una pregunta irrelevante: ¿cuántos empleados públicos tendrán que perder su puesto de trabajo para pagar este gesto? Porque, evidentemente, es un gesto dirigido a los ricos; una reducción de impuestos, con su correspondiente redistribución (regresiva) de la renta disponible, de la que se van a beneficiar las rentas altas, y más cuanto más altas. Sin embargo, quedarse en eso sería superficial. Es listo el honorable president. Pero no tan listo como para que en PURGATORIO ECONÓMICO no nos hayamos percatado de la jugada y para que no veamos en ella menos una muestra de fuerza que de debilidad del nacionalismo catalán.

La idea es tan sencilla como atraer a Cataluña tantas grandes fortunas como sea posible. ¿Que es usted hijo de un venerable anciano forrado de pasta? Si el anciano está próximo a su fin, no tiene usted más que trasladar su propia residencia, digamos, a Barcelona, y empadronarse allí. Si no lo hace, cuando se produzca el luctuoso proceso, y suponiendo que el occiso le deja a usted una herencia valorada en 100.000 euros, tendrá usted que pagar 124 euros en Madrid y 620 en Castilla-La Mancha, pongamos por ejemplos. Bueno, 600 euros no es tanto - ¿o sí, en los tiempos que corren? Pero si lo que hereda es 100 millones de euros, entonces tendrá que pagar 124.000 en Madrid y 620.000 euros en Castilla-La Mancha; nada en Cataluña. Con el importe del impuesto que se ahorra, puede usted comprar una vivienda, más o menos lujosa según de donde proceda, en un buen barrio de Barcelona, vivienda que prácticamente le saldrá gratis. Dice la web de la Comunidad de Madrid que se bonifica el 99% del impuesto (en Castilla-La Mancha, únicamente el 95%) y no el 100%, para mantener un «elemento de control tributario». Pues bien, en Cataluña ni eso. Y hay una coda muy interesante: las bonificaciones mencionadas son sólo para padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho; los demás tienen que pagar el impuesto entero: por ejemplo, 20.000 euros para una herencia de 100.000. De manera que el efecto llamada será muy poderoso en todos los casos en que el presunto heredero no sea familiar en primer grado.

Debe pensar el buen Artur Mas que ahora que empiezan a retornar los inmigrantes de los últimos lustros a sus países de origen, ya va siendo deseable que en su lugar empiece a llegar gente guapa, de ésa que tan mal habla de Cataluña y los catalanes, a ver si cambian de opinión y, sobre todo, que lleguen con la bolsa llena. Ya se sabe, Barcelona es bona…. Aunque mucho me temo que eso no le devolverá ni de lejos la brillantez de antaño, cuando era la Ciudad de los Milagros, o cuando Eduardo Mendoza la rememoraba para nosotros y fue incluso más grande, a finales de los años sesenta y durante los setenta del siglo pasado, en los tiempos del movimiento vecinal y la Asamblea de Catalunya, de la Nova Cançó y Gato Pérez, de Seix Barral y Ariel, de Pepe Carbalho y Últimas tardes con Teresa, de El tartufo y Els Joglars y Comediants, de Fata Morgana y El extraño caso del doctor Fausto… sólo por citar lo primero que se me viene a la cabeza. Eran tiempos en que la ilustrada clase media aspiraba a elevar a su nivel a un proletariado inmigrante. Ahora la clase media continúa manejando el cotarro pero ya no es ilustrada, y su única ambición es trepar a la clase alta.

Mi argumento pro vida

El ser humano es el que es, y no es tan eficaz inducirle a actuar de una manera determinada por medio de prohibiciones y castigos para los transgresores que ofreciéndole adecuados incentivos económicos. Creo que esto es válido para la prostitución y las drogas, y también lo es para el aborto.

Empezaré diciendo que el aborto es un derecho fundamental implícitamente protegido por la Constitución, desde el momento que ésta prohíbe los trabajos forzados y la obligación legal de llevar hasta el final un embarazo no deseado no es más que una forma evidente de imponer a la mujer trabajos forzados. Incluso si esta doctrina se rechaza, el análisis económico concluye que la prohibición de abortar no hará más que desviar la producción de ese servicio a algún país extranjero que sea más permisivo (¿se acuerdan del peregrinaje de las españolas a Londres en los años setenta?) o a negocios carentes de las mínimas condiciones de salubridad. La mujer que crea que no debe abortar, no abortará con legislación permisiva o sin ella. Pero la que se crea con derecho de hacerlo adquirirá ese servicio, bien en el extranjero (lo que lo encarece), bien en negocios clandestinos que no dejarán de proliferar. Si se está pensando en la vida del nasciturus, la prohibición no la garantiza en absoluto.

Los incentivos económicos son una mejor solución. Ofrézcase a la mujer embarazada, que no desea convertirse en madre, un salario por cuenta del Estado a cambio del compromiso firme de entregar a su hijo en adopción. Si el salario es lo suficientemente elevado, las mujeres más necesitadas – que son las que pondrían su vida en manos de carniceros indignos – no dejarán de aceptar el contrato. El Estado podrá resarcirse cobrando el importe de lo pagado, más gastos, a la familia de adopción, con vistas a que el arreglo funcione a coste cero para el contribuyente.

Algunos dirán que propongo una modalidad de tráfico de personas. Estoy con el ordenamiento jurídico en no considerar la existencia de “persona” alguna antes del nacimiento, y el convenio del Estado con la mujer embarazada se firmaría antes del nacimiento. En todo caso, es un debate que no me interesa. Sigan otros dando rienda suelta a sus propensiones liberticidas, pretendiendo organizar – con ayuda de policía, tribunales y centros penitenciarios – la vida de los demás para mayor tranquilidad de sus propias conciencias, y dejando que los abortos se practiquen en el extranjero o en condiciones infames. Si, con el procedimiento que propongo, se preserva una sola vida que de otra forma no se preservaría, la propuesta quedará justificada.

Prostitución

Tiendo a ser partidario de la libertad en asuntos económicos. Es un sesgo que da la profesión. Ni siquiera lo soy porque crea que eso nos llevará al mejor de los mundos posibles, sino porque me parece la única forma eficaz de evitar los peores. Así, por ejemplo, creo que las drogas y la prostitución deberían ser legales; es la única forma de evitar su control por las mafias.

Pero es un hecho que la sociedad no aprueba su legalización. Por tanto, hay que partir de ese hecho. Una vez aceptado, la cuestión pasa a ser la protección de la mujer, a la que hay que considerar la verdadera víctima de ese tráfico; por lo menos, las mujeres son víctimas en su mayor parte. La legislación española persigue a la organización mafiosa que trafica con mujeres, la hace inmigrar ilegalmente con el engaño de un trabajo decente y legal, les cobra un precio abusivo por entrar y residir en el país sin papeles, las trata como verdaderas esclavas que han de prestar sus servicios sexuales en condiciones infrahumanas para comprar su libertad, y las chantajea con la situación irregular que ha creado para ellas y las amenaza con represalias sobre ellas y sus familias, para que se comporten dócilmente. Se persigue a esa organización, y es justo hacerlo.

Pero hay otra asignatura que nuestra sociedad no consigue aprobar, y es el rechazo social de los servicios que ofrece la organización mafiosa. La sociedad es negligentemente tolerante con el hombre que busca placer en la servidumbre de un semejante; se ve como una muestra de hombría, cuando en realidad es una forma de participar y financiar la perpetuación de esa condición esclavizada. Algunas sociedades, igual de opuestas a la legalización de la prostitución, han conseguido ser mucho más consecuentes en sus intentos de erradicarla. Con arreglo a muchas legislaciones estatales en Estados Unidos, también se persigue al varón que busca servicios sexuales a cambio de dinero. Ofrecer dinero a una mujer es un delito que hace a muchos sufrir cuantiosas multas y, en caso de reincidencia, dar con sus huesos en la cárcel. Por aquí deberíamos considerar la oportunidad de una legislación semejante. Creo que es una buena reflexión para esta semana en que se celebra el día mundial de la mujer.

El orden de los apellidos

Pocos asuntos han provocado en los últimos tiempos un estallido de acritud, tanto en el ámbito público como en el privado, como el anuncio de una reforma del Registro Civil que contempla – en caso de desacuerdo – ordenar los apellidos alfabéticamente. A muchos ha sorprendido esa acritud (se ha llegado a hablar de “atentado contra la familia”: dos hermanos con apellidos en diferente orden, ¿se reconocerán como tales?), si se la compara con la escasa urgencia del problema frente a otros que padecemos o nos amenazan.

Se ha criticado en la proyectada reforma los mismos vicios que en la de 1999, que, al asignar por defecto la primacía al apellido paterno, dejaba la decisión última al padre. Ahora parece incluso más arbitrario (aunque ciertamente, neutral respecto del género), porque se deja al progenitor cuyo apellido se sitúa antes según el abecedario. Algunos predicen, a largo plazo, la desaparición de todos los apellidos españoles, menos ‘Abad’ y algún otro. No es difícil de entender la polémica, sin embargo, como doble síntoma de la agonía de la sociedad patriarcal, de que venimos y que se trata de desalojar de sus últimos reductos con reformas con ésta, por un lado, y del temor a incrementar los costes de la administración de Justicia, por otro.

Porque lo que quiere la reforma es sustraer al ámbito judicial una decisión que, en países de nuestro entorno, se le ha asignado. En el Reino Unido, por ejemplo, un juez decide en caso de desacuerdo, y con frecuencia lo hace arrojando una moneda al aire. Como sabían ya los antiguos griegos, en estos casos el azar es lo más justo. Pero aquí, con una administración de Justicia famosa por sus retrasos, no se la quiere sobrecargar aún más. Se quiere que sea un funcionario del Registro quien lo decida, en el acto. Y un funcionario no tiene prerrogativas para lanzar la moneda al aire. Un simple funcionario tan sólo puede elegir de forma que pueda verificarse sin género de dudas por un funcionario superior en caso de recurso. De ahí el orden alfabético. ¿De qué otra forma, si no? Claro que, vista la beligerancia de las mujeres y la contumacia de los varones, muchas parejas pueden romper por motivo tan nimio, lo que supondrá un verdadero despilfarro.

Dados los parámetros del problema, propongo la siguiente solución. De la reforma de 1999 conviene conservar la autonomía de las partes: el orden será determinado de común acuerdo. Faltando éste, se dará primacía al apellido paterno en los hijos varones y al materno en las hijas. Mayor igualdad, y más barata, imposible.

Hubo imprudencia, pero también negligencia

¿Qué esperábamos? Eran un grupo de ecuatorianos, bolivianos y colombianos: eso lo dice todo. Iban de fiesta, quién sabe si no ya borrachos. Llegaron en tren a la estación. Quisieron subir por el paso elevado, pero estaba cerrado. Claro, acababa de estrenarse un novísimo paso subterráneo. El paso estaba atascado de gente. Claro, eran muchos. Algunos cometieron la imprudencia de cruzar las vías. Llegó un tren, mató a doce e hirió de diversa consideración a otros catorce. Para colmo, al día siguiente las cámaras captaron a una mujer cruzando las vías, aunque – como hacía notar la comentarista de CNN+ - esta vez sí estaban en la escena los guardias de seguridad para entregar a la transgresora a la policía con objeto de tramitar la sanción correspondiente.

Mientras aún continúa la investigación, ya se han apresurado el ministro de Trabajo y el presidente de Renfe a culpar sólo a la imprudencia. Resultaba patético contemplar al presidente afirmando que cruzar las vías está no ya prohibido, sino prohibidísimo. Como si la aplicación estricta de la ley eximiera de la sospecha de negligencia.

Las más treinta ó más personas que cruzaron las vías esa noche no eran todas imprudentes. Había imprudentes, sin duda, pero también personas que en la situación mostraron, simplemente, un comportamiento gregario. ¿Quién no se ha visto en la tesitura de seguir a quien parece tener más información que uno mismo? La imprudencia es difícil de prevenir. Los comportamientos gregarios no sólo pueden, sino que deben ser previstos. No hacerlo es negligencia.

Era cerca de la medianoche. Testigos afirman que la estación estaba medio a oscuras, si no totalmente a oscuras. Quienes ignoraban que la estación había sido recientemente remodelada se dirigieron al paso elevado, que estaba cerrado. Si era peligroso recorrerlo, y por eso estaba cerrado, ¿qué hacía ese paso todavía allí? Ya sé: hacerlo desaparecer cuesta dinero, y con la crisis... Pero estoy seguro que, de haber sabido la confusión que ese paso inútil introduciría y sus fatídicos efectos, Fomento se habría gastado ese dinero, y más, en suprimirlo. ¿Estaban lo suficientemente juntos el paso subterráneo y el elevado fuera de servicio? El alcalde de la localidad ha revelado que el accidente ocurrió a ochenta o noventa metros del paso subterráneo. ¿Igual de lejos del elevado o mucho más cerca?, pregunto yo. A oscuras o casi, ese paso innecesario pudo haber inducido a quienes ignoraban que la estación había sido recientemente remodelada a pensar que la única forma de pasar al otro lado era cruzar las vías. Eso es lo que la investigación judicial debe esclarecer.

De momento, las autoridades juran y perjuran que la estación cumplía con el reglamento. ¿Dice el reglamento que las medidas de seguridad no tienen por qué extremarse cuando se espera una aglomeración de viajeros, como se esperaba la Noche de San Juan? ¿Dice que tiene que haber guardias a plena luz del día, cuando los pueden filmar en plena acción para escarnio de las víctimas, y que en cambio no tenían que estar la noche anterior, cuando ocurrió la tragedia?

Me temo que urge pedir disculpas a las víctimas y arbitrar una generosa indemnización de inmediato, mal que pese por la crisis.

Nota: Las opiniones vertidas en esta entrada fueron objeto de rectificación posterior, concretamente en una entrada del 22/07/2010.

Por qué no creo en la reforma laboral

Parece que España va a ser, de los países ricos, el más retrasado en salir de la recesión. Esto se puede entender de dos formas. Según una, España demora las necesarias reformas estructurales – entre ellas, la reforma laboral – y esta demora afecta a sus capacidad de tratar con éxito males como el desempleo masivo; ésta es la visión que ha expuesto estos días el Fondo Monetario Internacional, sumándose al Banco de España, a Funcas y otras instituciones, que la vienen defendiendo desde hace tiempo. Según la otra, España ha sido el país que más hizo depender la prosperidad pasada de actividades como la construcción y el turismo, la primera herida fatalmente y la segunda seriamente tocada por la crisis, y en tanto no se dé con actividades alternativas, capaces de sustituir a ambas, y sobre todo a la construcción, hay poco que hacer. Ésta es la visión que defendemos otra corriente dentro de los economistas.

Los partidarios de las reformas estructurales, y en primer lugar la reforma laboral, no niegan que haya una crisis de modelo productivo, pero opinan que el cambio de modelo no se puede planificar – opinión con la que estoy básicamente de acuerdo – sino que depende de dotar a los mercados de factores, y principalmente al mercado de trabajo, de un mejor y más eficiente funcionamiento; proposición esta última con la que estoy en completo desacuerdo. Ellos creen que, si el mercado de trabajo funciona mejor, el modelo productivo surgirá, por donde tenga que surgir, por sí solo. Yo creo que esta forma de pensar olvida completamente el problema que plantea la cultura empresarial en España.

El llamado modelo del ladrillo no sólo nos ha apartado de actividades tecnológicamente más avanzadas, en las que ahora estamos retrasados, sino que no ha contribuido en nada a la formación de capital humano empresarial, y a veces ha ayudado a destruirlo. He conocido empresarios de gran talento que terminaron desperdiciándolo en inversiones inmobiliarias, que no tienen nada de innovadoras. Tenemos una clase empresarial que apenas ha dejado atrás una mentalidad rentista, que busca beneficios rápidos y sin riesgo (“pelotazos”).

Los partidarios de la reforma laboral sostienen que un mercado de trabajo más flexible creará, como por ensalmo, la clase empresarial necesaria para impulsar una innovación capaz de competir globalmente. Me temo que no. La reforma laboral no hará más que empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora sin beneficiar a la inversión innovadora en España. Únicamente dará lugar a una redistribución de renta desde los asalariados a los empresarios para que éstos puedan mejorar sus estándares de consumo suntuario, como ya está empezando a ocurrir.

No creo que un aumento de las desigualdades sociales sea lo que está necesitando este país.

Hoy es noticia

Muchas veces se habla de la contribución de los inmigrantes al crecimiento económico de los países desarrollados. España ha tenido oportunidad de constatarlo en los últimos lustros, desde mediados de la década de 1990. La acción – llamémosla “beneficiosa” – de la inmigración se establece en un doble plano. Primero, incrementa la cuantía de los recursos humanos disponibles, lo que eleva lo que los economistas llaman el output potencial y facilita un crecimiento macroeconómico no inflacionista. Segundo, y aunque los inmigrantes suelen especializarse en empleos inferiores, que no quiere la mano de obra autóctona, es innegable que, manteniendo bajos los salarios en esos empleos, imponen un freno – por así decirlo – al crecimiento del conjunto de los salarios en los trabajos menos cualificados, sean desempeñados por personal autóctono o inmigrante, por los posibles efectos rebosamiento desde los empleos menos deseados a los más deseados, dentro de los de escasa cualificación. El aumento de la mano de obra disponible para los empleos de baja cualificación, más que proporcional con el de la mano de obra cualificada, tiende a aumentar el producto marginal de esta última; eso, unido al mantenimiento de bajos salarios en los empleos de baja cualificación, se traduce en crecientes ingresos para los empleos de alta cualificación en un marco de precios relativamente estable. Que es exactamente la envidiable situación que hemos estado viviendo en España.

Ahora bien, si se admite ese razonamiento – y no creo que haya muchos economistas que no lo hagan – habrá que admitir que la contribución de la mujer al crecimiento en las últimas décadas ha tenido que ser muy superior. No sólo porque la incorporación de la mujer al mercado laboral ha actuado durante más tiempo (prácticamente, desde comienzos de la década de los ochenta, o incluso antes) y afectado a muchos más individuos (casi la mitad de la población activa, en casi todo el mundo desarrollado), sino porque esa incorporación ha seguido líneas maestras que podrían equipararse a una inmigración interior, por así decirlo, “de la familia a la empresa”. En todo ese tiempo, las mujeres se han encargado de empleos inferiores, despreciados por los varones, y lo han hecho por salarios inferiores a los que hubieran percibido los varones de similar cualificación, con efectos similares a los descritos para la inmigración. Y cuando se han hecho cargo de tareas similares a los hombres, lo que reducía el producto marginal de ambos sexos en esos puestos, se ha pagado a las mujeres salarios reducidos que permitían conservar el poder adquisitivo de los varones. Bueno, en realidad, este último efecto es contraproducente para el crecimiento, pero no cabe duda de que la importancia cuantitativa del primero (el de inmigración interior, de la familia a la empresa) ha tenido que ser muy superior.

Sin despreciar los ahorros energéticos que se han producido desde la crisis del petróleo, en 1973, ni tampoco el desarrollo tecnológico acaecido en la última fase expansiva del ciclo de larga duración, creo que la mayor parte del mérito del crecimiento no inflacionista de casi tres décadas anteriores a la crisis hay que atribuírselo a la contribución productiva de la mujer.