Ética fiscal es lo que necesitamos

En España sólo paga impuestos quien no tiene forma de eludirlos. Es más, se considera de tontos pagarlos cuando Hacienda no puede pillarte. Tengo una amiga inglesa, que vive aquí y se ha propuesto emprender un negocio. Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo, como la cosa más natural, es que nadie declara todo lo que ingresa; él recomienda dejar un 20 ó 25% para cobros «en negro». Mi amiga – es inglesa, ya lo he dicho – no está acostumbrada a estos tejemanejes, y anda confundida. «¿Qué crees que debo hacer?», me pregunta con candidez. La lógica del gestor es aplastante. ¿No dicen los estudios que en España hay un 23% de economía sumergida? Pues eso significa – para él – que todas las actividades deben «sumergirse» de un 20 a un 25%. Claro que esa forma de pensar no cuenta con las actividades que están sumergidas en su totalidad, como mi fontanero, que me hace un presupuesto y luego lo revisa para añadir el IVA si le pido factura; se conoce que no está acostumbrado a que nadie se la pida. Si incluimos las actividades sumergidas al 100%, el porcentaje sobre el total nacional será bastante superior, quizá un 30 ó 35%. (Espero que el gestor de mi amiga no lea esto, porque si los gestores se enteran empezarán a aconsejar que se «ennegrezca» el 30 ó el 35% de los ingresos, y así hasta que nadie pague impuestos).

Nuestra carencia de ética fiscal se aprecia en pequeñas cosas, como el top manta; ya saben, esa actividad que consiste en vender en la vía pública, a plena luz del día o del alumbrado municipal o incluso de la luz pagada por negocios legales, productos falsificados que imitan marcas famosas o infringen derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, CDs con música o DVDs con películas). Hay muchas razones para que esta actividad sea perseguida. Una de mis preferidas es que los improvisados vendedores ocupan tanto espacio que apenas dejan paso a los transeúntes, aunque a cambio es verdad que ofrecen un magnífico espectáculo urbano cada vez que la policía municipal hace un amago de redada; casi nunca pasa de amago, que ellos responden recogiendo apresuradamente la mercancía con ingeniosos artilugios (he ahí el quid del top manta) para volver a los cinco minutos a lo suyo. En todo caso, el argumento que menos se escucha es el de los sufridos comerciantes de la misma calle, que pagan sus impuestos y que, por ello mismo, se ven en dificultades para competir con el top manta, que, para colmo, disfruta de las simpatías del público. La mayoría de la población cree, en efecto, que esos delincuentes – pues la infracción de los derechos de propiedad intelectual está tipificada como delito – tienen derecho a vivir, como todo el mundo, y que, si la sociedad no les proporciona otra forma más digna de procurarse el sustento, bueno, mejor es que hagan eso que robar. No deja de tener su aquél el argumento pues, en su virtud, si se trata de vivir, hasta las mafias que organizan esa «industria» están justificadas. ¿Qué peso puede tener la protesta de unos cuantos comerciantes cuando están en juego razones de tanto peso? ¿Qué importancia que paguen o dejen de pagar impuestos?

Pero éste es precisamente el punto que suscita la rebeldía que se está gestando en el norte de Europa en contra de rescatar a los países, financieramente más débiles, del sur del Continente. Esas gentes del norte de Europa tienen una sólida ética fiscal. Pagan impuestos no únicamente para evitar que les caiga encima el fisco, sino también para escapar al estigma social. Pagan y exigen que los demás paguen, porque suponen que el que defrauda les roba a todos; de modo que el fraude fiscal, en vez de una gracia de «listos», como aquí, es allí una ofensa a la comunidad, que la comunidad persigue con particular saña. Gracias a eso, sus finanzas públicas están saneadas. Ahora les dicen que tienen que poner su dinero para rescatar las finanzas públicas – naturalmente, enfermas – de países donde el que evade impuestos a la vista de todos, pero no del fisco, es considerado poco menos que un héroe popular, y el que no los evade, pudiendo hacerlo, es poco menos que un tonto. ¿Cómo cabe esperar que lo verán esas gentes del norte de Europa? ¿Serán lo bastante idiotas para pringar como verdaderos primos y llamarle a eso «solidaridad»? Lo idiotas seremos nosotros si nos lo hemos creído.

Este país tiene vocación de paraíso terrenal en la versión de izquierdas, y de paraíso fiscal en la de derechas; en todo caso, de paraíso. El problema es quién puede pagarlo. Ojalá no tengamos que tragarnos las bravatas de Zapatero y Salgado de que nunca, pero que nunca, nunca tendremos que pedir ser rescatados, porque si se equivocan vamos a sudar tinta. Y tampoco será jamás consciente el bueno de don Mariano Rajoy del flaco servicio que le presta al país, en este preciso momento, con su programa de convertir a España en un paraíso fiscal. Hace buena la idea de que pagar impuestos es malo, y de que el buen gobierno es el que hace legal lo que los más desaprensivos – con la connivencia de todos – no dudan hacer aunque sea ilegal. Eso es aprovechar la falta de ética fiscal con fines electorales. En las antípodas de lo que España necesita.

Cómo evitar que España tenga que ser rescatada

Han bastado las dudas sobre la solvencia de Grecia – pese al rescate del año pasado – y el ascenso de la extrema derecha finlandesa, opuesta a pagar el rescate de Portugal, para que una nueva subida de la prima de riesgo pusiera en evidencia al gobierno, el FMI, la OCDE, la Unión Europea y todos los que, incluidas gentes más a la izquierda (que creen que el rescate es una excusa para apretar el cinturón de los trabajadores), se apresuraron hace unos días a asegurar que España no necesita ser rescatada. Ahora mismo, ciertamente, todavía no lo necesita. ¿Podremos decir lo mismo el mes que viene?

Está perfectamente claro, ya, que no es la necesidad de profundizar en la reforma laboral lo que inquieta a los mercados, por más que se siga a vueltas con esa diversión, irrelevante a largo plazo. El epicentro de nuestra particular crisis de deuda se sitúa en el sistema bancario. Y no especialmente en las cajas de ahorros, como los doctrinarios del liberalismo, que sueñan con pasar a la historia completando el proceso desamortizador, pretenden hacernos creer. Una pretensión que ya nos cuesta, y nos va a seguir costando, bastante dinero; sobre todo, nos cuesta tiempo, que ahora es más valioso que el dinero. No, el problema estriba en la falta de solvencia del sistema bancario en general. O mejor todavía: en las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema bancario, unidas a la garantía extendida por el gobierno sobre todos los pasivos bancarios.

Por tanto, lo que hay que hacer es claro. Primero, hay que terminar con las inyecciones de dinero público en bancos y cajas sin suficiente solvencia. Inyectar dinero público en entidades sin futuro es la forma más estúpida de martirizar al contribuyente. Sí, ya sé que hay un problema con los puestos de trabajo, pero eso es quedarse en los árboles y no ver el bosque.

Segundo, las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema bancario están motivadas por su falta general de transparencia, debido a la cual la más que probaba falta de solvencia de algunas entidades contamina la reputación de las que son realmente solventes. Y esto no ocurre por la proximidad geográfica ni porque todas nuestras entidades, sin distinción, estén enclavadas en uno de los malhadados PIIGS (estúpidos, como los inventores de esas siglas, los hay en todas partes del globo). No, ocurre porque, con el actual marco regulador, cualquier entidad bancaria española, sea poco o muy solvente, es absolutamente opaca, lo cual protege a la poco solvente pero perjudica a la muy solvente. Cuando se hace evidente que una entidad opaca es poco solvente, la entidad opaca que está justo a su lado es puesta en cuarentena de inmediato. Y si el gobierno respalda a las dos, entonces también el crédito público es puesto en cuarentena. Y eso, sencillamente, es lo que pasa con el crédito de España en los mercados.

La política necesaria es absolutamente clara: hacer de nuestras opacas entidades bancarias, entidades lo más transparentes posible. Pero no se trata de una transparencia a la española, no se trata de que las entidades pasen su información al Banco de España, y que éste luego dé los datos a la publicidad. Esta noción de transparencia, que es la noción que prevalece aquí, resulta hoy decimonónica. Lo que los mercados están reclamando es una transparencia que pueda ser efectivamente controlada por ellos, y por todo el mundo, naturalmente. Que viene a ser lo mismo.

Lo que hay que hacer es esto. El gobierno debe anunciar una reforma financiera para poner fin a la banca universal, pues la banca universal es el origen de la falta de transparencia. La reforma que ponga fin a la banca universal debe pasar por una correcta identificación de las distintas líneas de negocio, de los riesgos que se asume en ellos y la dotación separada de capital para hacerles frente; y las líneas de negocio que no se pueda capitalizar de forma independiente habrá que cerrarlas. Con ello, se reducirá a sus justas proporciones la burbuja bancaria de este país. Así de sencillo. Y no se me diga que en Europa también hay banca universal y que nadie se propone desguazarla, porque la observación es irrelevante. El resto de Europa no está en el ojo del huracán y, aunque haya tenido sus propias burbujas bancarias, ninguna ha sido inflada hasta el extremo que ha llegado la nuestra con el ladrillo.

Si el anuncio de una reforma así no fuera suficiente, entonces el gobierno deberá restringir su garantía a los pasivos monetarios de la banca (cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo fijo de hasta dos años y depósitos con preaviso de hasta dos años) abandonando los demás pasivos, no monetarios, a su suerte. Esto causará un daño económico mucho mayor, seguramente. Pero será inevitable si el sistema bancario se mantiene en sus términos actuales.

Errores y omisiones del supervisor bancario

Se censura estos días al Bando de España (BdE) por manifiesta incapacidad en el tratamiento de la crisis bancaria en nuestro país, incapacidad que se habría revelado de forma particularmente clara con ocasión del «desenganche» de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) del proyecto Banco Base. A juicio de numerosos observadores, el BdE debería haber intervenido la CAM hace tiempo. Fuentes del BdE se defienden diciendo que no había base legal para la intervención, toda vez que, pese a las pérdidas recientemente afloradas dada su exposición al ladrillo, como consecuencia de la mayor transparencia reclamada por el BdE a las entidades de crédito, la CAM ha mantenido su coeficiente de solvencia dentro de los mínimos exigidos. Es ahora, al introducirse nuevos requisitos en mínimo exigible de capital principal, ratio en que la CAM ya queda bajo mínimos, cuando se presenta por primera vez la oportunidad de intervenir en la entidad.

Esta consideración preliminar merece ya una valoración. Si el sistema bancario dispone de un marco regulador en cuya virtud el supervisor, es decir, el BdE, se ve forzado a marchar a rastras de los acontecimientos, como está pasando en España con ocasión de la recapitalización de las cajas, entonces está claro que el marco regulador no es el adecuado y lo primero es reformarlo. Una propuesta así no puede estar más lejos de las preocupaciones del BdE. No es ya que el BdE esté satisfecho con el marco regulador vigente; es que el mismo ha parecido en ciertos momentos – se lo hemos oído decir al gobierno – «el mejor del mundo». Esta creencia, que transpira autocomplacencia, es un primer error de bulto y del que emanan todos los demás.

Lo que al BdE y al gobierno les parece tan excepcionalmente bueno como para haber ido el último a alguna reunión del G-20 con ánimo de «venderlo» como fórmula de validez universal es que todas las actividades bancarias entran dentro de la misma figura institucional y están bajo el escrutinio del mismo supervisor – el propio BdE – al que nada que hagan bancos y cajas puede escapar. El BdE es como Dios, y como tal se siente y se comporta muchas veces. Pero es un dios débil, que cede, en representación de todos, al permanente chantaje a que la banca somete a la sociedad a cuenta del enorme riesgo sistémico que incorpora. «¿Cómo podemos hacer algo que perjudique a la banca? Así nos perjudicamos todos», es el argumento típico de ese chantaje. Pues bien, lo primero que se necesita es una buena reforma que baje los humos a los bancos y nos libere a todos de sufrir el chantaje, reduciendo su riesgo sistémico.

En lugar de atender a esa prioridad, el BdE y el gobierno parecen enfrascados en un proyecto de largos vuelos históricos: la Tercera Desamortización. Tras las Desamortizaciones Eclesiástica y Civil, del siglo XIX, se diría que toca la Financiera, la de las Cajas de Ahorros. Las cajas, en efecto, no sólo sobrevivieron a las dos primeras desamortizaciones, sino que, en la medida que los propios liberales las impulsaron, aquéllas son un producto espurio de la revolución liberal en España; espurio puesto que constituyen verdaderos bienes de manos muertas, bienes sustraídos a la circulación del mercado por ser su propietario confuso o inexistente. Aparentemente, este contrasentido histórico estaba necesitado de un tratamiento resuelto, por las dificultades de financiación que suponía para las cajas. A ésta «clarificación» del panorama bancario, reintegrando la propiedad de las cajas a la circulación mercantil mediante su transformación en verdaderos bancos, es a lo que la reforma en curso se ha dedicado. Y éste es un segundo y fatal error, porque semejante empeño doctrinario, que mira al pasado, no es en absoluto lo que necesita la España del siglo XXI, que debe encarar el futuro.

El problema es el riesgo sistémico de los bancos. Hay gran riesgo sistémico, por el que una entidad puede llegar a ser too big to fail o «demasiado grande para dejar de pagar», con lo que todos debemos arrimar el hombro y llegado el caso pagar por ella (véase Islandia), cuando el modelo es el de entidades que aceptan depósitos y domiciliaciones del público y gestionan sus cobros y pagos; descuentan efectos y prestan con garantía lo mismo personal que real; ostentan la propiedad de activos inmobiliarios adjudicados en ejecución de fallidos; suscriben deuda pública y privada y negocian con ella; operan en el mercado central de derivados financieros y organizan mercados OTC de esa misma clase de productos; promueven fondos de inversión, de pensiones, de titulización de activos, seguros de vida y hogar, y toda suerte de productos parabancarios, a cuya venta dedican tantos recursos ó más que a las actividades propiamente bancarias. Y eso se hace con una única dotación de capital por entidad, dotación que respalda simultáneamente todas las actividades en que se involucra; de forma que, si su crédito se ve comprometido – por las causas que sea – en una de esas actividades, aumenta el riesgo que asumen sin saberlo todas las contrapartes ante las que la entidad debe responder en ese momento. No otra cosa es ‘riesgo sistémico’, noción que está íntimamente relacionada con lo que he denominado «burbuja bancaria» española.

Rebajar el nivel de riesgo sistémico generado por nuestro sistema bancario, nivel elevadísimo que facilita operaciones tan opacas como la creación de bancos malos por entidades que disfrutan del uso fondos públicos, y con nefastos efectos sobre el crédito de las entidades, del sistema bancario y de la Nación, como se ha visto en Irlanda, es el objetivo prioritario y yo diría que casi único, en tanto no se lo alcance, de la reforma bancaria pendiente hoy en España. La recapitalización puede ser importante – con el grado de opacidad existente no hay forma de saberlo – y seguramente inevitable en la perspectiva principal, a saber, la capitalización por separado de todas y cada una de las actividades bancarias que incorporan riesgo. Tal es el signo de las reformas financieras serias que se llevan a cabo en la era post Lehman Brothers en los países financieramente más avanzados del mundo. Continuar ignorándolo es, por el momento, la principal omisión del BdE. Y por cierto que se trata de una omisión de peores consecuencias que todos sus errores.

Crisis de sobreinversión acumulada

En varias ocasiones he criticado la visión vulgar de la crisis, profusamente difundida por diversos medios, y según la cual el problema de España radica en que los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, es decir, disponiendo de más bienes y servicios de consumo que los que producíamos nosotros o podíamos adquirir mediante intercambio. Muchas recetas de política económica emanan de esta visión. Destacan la prescripción de políticas de austeridad y la machacona recomendación de ajustar los salarios a la productividad (claro: gastamos más de lo que producimos porque nos pagan más de lo que producimos), entre otras «genialidades».

Los datos cuentan una historia bien distinta. Los del Banco de España no pueden ser puestos en duda. Según ellos, la economía española ha visto empeorar drásticamente su posición financiera frente al exterior. En román paladino, toda economía presta y pide prestado; lo que los bancos, gobierno, sociedades no financieras y familias españoles deben al resto del mundo excede en casi un billón de euros lo que nos deben a nosotros. En términos de porcentaje sobre el PIB, que es como nos gusta verlo a los economistas, ese déficit financiero ha pasado desde -38% en 2002 y -43% en 2003, los últimos años del gobierno Aznar, pasando por -52% en 2004 hasta -89% en el 3er trimestre de 2010. Aquí, el análisis ramplón de aquellos a quienes gusta el trazo grueso diría que está claro que es culpa de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Pero un análisis más desapasionado muestra otras cosas, mucho más interesantes para la definición de una correcta política económica.

Cuando se distingue entre sectores económicos, los bancos y cajas revelan un apreciable esfuerzo – en su conjunto – por desapalancarse. Su saldo financiero siempre ha sido positivo, en términos de porcentaje del PIB (excepto en 2006) y ha mejorado bastante en los años de la crisis. Así, se mantuvo por debajo del 3% hasta 2007; después saltó al 11% en 2008, porcentaje en el que se mantiene actualmente. Así pues, entre 2003 y 2010 el saldo financiero de la economía española empeoró en 46 puntos porcentuales del PIB (de -43% a -89%) y el de los bancos y cajas mejoró en 10 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta que el de otras instituciones financieras mejoró un 1% en ese periodo, el saldo conjunto de los restantes sectores, gobierno, empresas no financieras y familias, ha tenido que empeorar en 57 puntos porcentuales del PIB.

El primer sospechoso de causar el endeudamiento agregado es, naturalmente, el gobierno y, después, el excesivo consumo de las familias. El gobierno ha pasado de un endeudamiento neto del -40% del PIB en 2002 a uno del -19% en 2007: eran los años del superávit presupuestario, que facilitaba la amortización de deuda. A partir de 2008, su endeudamiento neto invierte la tendencia y empieza a crecer, hasta alcanzar el -38% del PIB en el 3er trimestre de 2010, menos incluso que 2002. ¿Y las familias? Su posición financiera en 2002 era de superávit, equivalente a un 94% del PIB, y ha caído al 74% en 2010; eso explica 20 puntos porcentuales, pero ¿qué explica los restantes treinta y tantos?

El culpable resulta ser el menos sospechoso de los personajes: las empresas no financieras. Su endeudamiento neto representaba el -96% del PIB en 2002; así, la financiación provista por las familias en ese año (94% del PIB) casi bastaba para atender a la financiación requerida por las empresas. A partir de ese momento, ambas crecen pero la financiación requerida por las empresas lo hace de forma mucho más intensa. En 2006, la financiación aportada por las familias supera por única vez en los tiempos recientes la cuantía del PIB (104%), mientras que la financiación requerida por las empresas era casi una vez y media el PIB (-146%). ¿Quién aportó el -42% de financiación de las empresas, que ya no aportaban las familias? Básicamente, el sector público, que redujo su propio endeudamiento hasta el 24% del PIB y el resto lo aportó el sector exterior. En 2007, el desequilibrio fundamental no hizo más que agravarse, con la brecha entre financiación provista por las familias (94% del PIB) y financiación requerida por las empresas (-156%) ascendiendo a un -62% del PIB. El sector público redujo todavía más su endeudamiento – hasta el 19%, mínimo histórico de la democracia – mientras el resto del mundo debía proveer la diferencia (-78%).

En ese preciso momento, 2007, se aprecia la verdadera naturaleza de la actual crisis en su impacto sobre la economía española. Con la deuda pública en mínimos históricos, la deuda exterior de España se ha disparado como consecuencia de que, aunque las familias siguen teniendo una posición financiera muy saludable – prueba de que no gastan demasiado – eso no es suficiente para atender las necesidades financieras de la empresas, que fuerzan a la economía española a endeudarse de forma muy importante con el exterior. Poco después de esa foto, la crisis financiera no hace más que reventar una estructura agregada ya marcada por un exceso de inversión de las empresas no financieras, que – por así decirlo – está hipotecando la riqueza acumulada por las familias. El primer efecto de la crisis es la contracción de la posición acreedora de las familias, que, golpeadas por la crisis, tienen que liquidar parte de su riqueza acumulada para atender gastos corrientes. Entonces es verdad, por primera vez, que las familias españolas consumen más de lo que producen, y tienen que desinvertir para financiar la diferencia. Su posición financiera cae al 68% del PIB en 2008, mientras la financiación requerida por las empresas cae de forma mucho más moderada, hasta el -136% del PIB; con ello, la brecha financiera entre familias y empresas se ensancha a -68%. Los seis puntos adicionales al registro del año anterior, más un mayor endeudamiento público, lo cubre el desapalancamiento de bancos y cajas, con el recurso al sector exterior manteniéndose prácticamente estable.

Hasta aquí se trata de un desarrollo previsible, y que debería haber conducido sin dificultad a la recuperación, con sólo que las familias hubieran recuperado poco a poco su posición financiera y las empresas se hubieran desapalancado en una medida razonable. Lo primero ha ocurrido y lo segundo no, y no sirve echarle la culpa al gobierno. En el transcurso de la crisis, las familias han recompuesto algo su posición financiera (al 74% del PIB), sin alcanzar ni de lejos los niveles anteriores a la crisis. En este sentido, es completamente cierto que las familias españolas se han empobrecido relativamente a los niveles anteriores a la crisis. Las empresas no financieras, por su parte, siguen endeudadas por un importe equivalente al -138% del PIB, lo que supone una brecha de financiación que no baja del -62%. El sector público se ha endeudado más – ésta es la principal diferencia comparativamente al comienzo de la crisis –, hasta el -38% del PIB. El sector financiero aporta financiación neta por importe equivalente al 11% del PIB. Como consecuencia, el endeudamiento con el exterior ha aumentado hasta el -89% del PIB.

Las conclusiones del análisis son claras: no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como querrían los apóstoles de la austeridad. La reducción del endeudamiento público en 15 ó 20 puntos porcentuales del PIB, digamos, a los niveles inmediatamente anteriores a la crisis, como se nos predica, no permitirá a las familias recuperar la riqueza que han perdido durante la crisis, toda vez que ese empobrecimiento es consecuencia de la caída de la renta disponible. Con toda probabilidad, la reducción del déficit y de la deuda pública provocará más efectos del tipo que ya estamos viendo: el ahorro de las familias, que subió al 25% de la renta disponible al comienzo de la crisis, vuelve a estar en el 13%. No es que las familias consuman más; es que disponen de menos renta y su resistencia a rebajar el consumo se traduce en disminución del ahorro.

Si la sociedad española no ha vivido por encima de sus posibilidades, y la crisis la fuerza ahora, bien a vivir peor, bien a acumular menos riqueza, es porque, para España, ésta es una crisis de exceso de inversión por parte de las empresas no financieras. La inversión de éstas se disparó en el quinquenio 2002-2007, dejando muy atrás las capacidades de financiación provistas por el ahorro de las familias. La crisis vino a poner este desequilibrio fundamental al descubierto. El hecho de que una gran parte de esa inversión se destinara a la especulación inmobiliaria y a la construcción (el «modelo del ladrillo») es circunstancial y secundario al hecho básico de que las empresas invirtieron demasiado, tanto que no podían financiarlo sin endeudarse y endeudar a la economía española más allá de nuestras posibilidades de devolución de esa deuda. Ahora estamos lastrados tanto por nuestro nivel de endeudamiento como por el hecho de que aquello en lo que invertimos no encuentra salida en el mercado.

Ante una situación así, hay varias políticas y no sólo una. Una política es la austeridad: aceptemos la situación, repartamos la pérdida que ha causado la especulación inmobiliaria (pues de eso se trata, en definitiva) asumiendo que, más o menos, todos hemos sido especuladores. La sociedad se resiste a esa política, porque supone la solidaridad de todos con los que más han especulado. Otra política es el ajuste puro y duro: que cada palo aguante su vela, que quien más se ha endeudado para especular, se hunda con los precios del suelo y la vivienda. Y todavía una tercera busca mantener la situación, no caer en la austeridad que socializa las pérdidas ni permitir que se ajuste todo lo que habría que ajustar, esperando que el turismo se reactive, los extranjeros vuelvan a España, comiencen de nuevo a comprar propiedad inmobiliaria aquí, proporcionen a los inversores liquidez para devolver los préstamos, las empresas no financieras puedan desapalancarse y se restablezca cierta normalidad poco a poco, con el menor trauma posible. Yo diría que la primera política, la austeridad como fórmula de solidaridad de todos con los que más han especulado, es la del PP. La tercera es la de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, verdadero «cerebro gris» del gobierno, y con toda probabilidad el único que tiene claro a dónde debería conducir la actual política. Solamente tengo un problema con esa política: es típica del purgatorio económico, y como todas las políticas del purgatorio económico, no creo que sea viable. Es por eso que me inclino por tener preparada una opción de recambio, que no sea la de austeridad, para el momento en que se demuestre la inviabilidad de la política del gobierno.

Mi argumento pro vida

El ser humano es el que es, y no es tan eficaz inducirle a actuar de una manera determinada por medio de prohibiciones y castigos para los transgresores que ofreciéndole adecuados incentivos económicos. Creo que esto es válido para la prostitución y las drogas, y también lo es para el aborto.

Empezaré diciendo que el aborto es un derecho fundamental implícitamente protegido por la Constitución, desde el momento que ésta prohíbe los trabajos forzados y la obligación legal de llevar hasta el final un embarazo no deseado no es más que una forma evidente de imponer a la mujer trabajos forzados. Incluso si esta doctrina se rechaza, el análisis económico concluye que la prohibición de abortar no hará más que desviar la producción de ese servicio a algún país extranjero que sea más permisivo (¿se acuerdan del peregrinaje de las españolas a Londres en los años setenta?) o a negocios carentes de las mínimas condiciones de salubridad. La mujer que crea que no debe abortar, no abortará con legislación permisiva o sin ella. Pero la que se crea con derecho de hacerlo adquirirá ese servicio, bien en el extranjero (lo que lo encarece), bien en negocios clandestinos que no dejarán de proliferar. Si se está pensando en la vida del nasciturus, la prohibición no la garantiza en absoluto.

Los incentivos económicos son una mejor solución. Ofrézcase a la mujer embarazada, que no desea convertirse en madre, un salario por cuenta del Estado a cambio del compromiso firme de entregar a su hijo en adopción. Si el salario es lo suficientemente elevado, las mujeres más necesitadas – que son las que pondrían su vida en manos de carniceros indignos – no dejarán de aceptar el contrato. El Estado podrá resarcirse cobrando el importe de lo pagado, más gastos, a la familia de adopción, con vistas a que el arreglo funcione a coste cero para el contribuyente.

Algunos dirán que propongo una modalidad de tráfico de personas. Estoy con el ordenamiento jurídico en no considerar la existencia de “persona” alguna antes del nacimiento, y el convenio del Estado con la mujer embarazada se firmaría antes del nacimiento. En todo caso, es un debate que no me interesa. Sigan otros dando rienda suelta a sus propensiones liberticidas, pretendiendo organizar – con ayuda de policía, tribunales y centros penitenciarios – la vida de los demás para mayor tranquilidad de sus propias conciencias, y dejando que los abortos se practiquen en el extranjero o en condiciones infames. Si, con el procedimiento que propongo, se preserva una sola vida que de otra forma no se preservaría, la propuesta quedará justificada.

No es Portugal: se trata de España

Tan sólo 24 horas después de que el ministro Sebastián dijera en Nueva York, en la conferencia sobre estrategias de inversión en España organizada por Bloomberg, que nuestro país es solvente y que está siendo injustamente emparejado con países menos confiables, como Grecia, Irlanda y Portugal, llega Moody’s y rebaja la calificación crediticia de 30 bancos y cajas españoles, en algunos casos de forma drástica, casi al nivel de los bonos basura, al tiempo que el Banco Internacional de Pagos de Basilea publica la exposición de nuestra banca a la crisis de Portugal, lo que viene a confirmar el juicio de Moody’s. Y todo esto ocurre sólo una semana después de que el Banco de España revelara que buena parte de los beneficios previstos por la banca está siendo devorada por el incremento de la morosidad.

Otro dato, cuya importancia es incierta pero no deja de ser significativo, es que el Royal Bank of Scotland (RBS) acaba de subastar activos crediticios a promotores inmobiliarios y títulos hipotecarios emitidos por bancos españoles, con un nominal de 1.000 millones de libras y adjudicados por un efectivo de 286 millones de euros; esto supone una valoración de mercado al 25 por ciento del nominal, aproximadamente lo mismo a como estaba valorada la deuda de la banca irlandesa en el momento de solicitar este país el rescate financiero el pasado mes de noviembre. En esta ocasión, el mejor postor ha resultado ser Perella Weinberg Real Estate Fund, cuya intención podría ser hacerse con los activos hipotecados para venderlos a un precio que encuentre pronta salida en el mercado. Lo cual sólo sería el principio de los 13.000 millones de activos declarados tóxicos por RBS y de los que quiere deshacerse en los próximos años. Si esta conjetura tiene alguna base, los fondos-buitre como el mencionado podrían entrar a dinamizar el mercado inmobiliario español, fijando sus precios en niveles más realistas, muy inferiores a los actuales (quizá un 50% inferiores), lo que obligaría al resto de la banca a actualizar los precios de sus propios activos haciendo aflorar pérdidas hasta ahora encubiertas.

Yendo a lo más acuciante, la exposición de los bancos y cajas españoles a la deuda de Portugal ronda los 77.000 millones de euros, es la mayor del mundo y supone, por sí sola, un tercio del total. Hay, así pues, una gran diferencia con las crisis de Grecia e Irlanda, donde los riesgos eran mínimos: unos 1.000 millones, ó 0,5% del total en Grecia, o al menos soportables: unos 12.000 millones, ó 2,1% del total en Irlanda. Si Portugal tiene que ser rescatada, nos va a afectar de forma mucho más intensa que todo lo vivido hasta ahora y, lo que quizá es peor, nadie lo va a pasar tan mal como nosotros. Esta vez, los británicos, que aguantaron el tirón con Irlanda, van a ser mucho más duros y unirán su voz a la de Merkel, que lleva tiempo pidiendo – y en esto no le falta razón – que los acreedores de los bancos soporten parte de la pérdida, liberando de esa parte a los gobiernos. Y yo diría que España no tiene voz ni voto en Europa para impedir que parte de los activos de nuestros bancos y cajas se evapore como por ensalmo.

El gobierno continúa empeñado en la estrategia equivocada. Decir con aplomo que todo va bien y que el gobierno se hará cargo de los desperfectos ya no convence a nadie. No es cosa de decidir si algún banco o caja va a caer, sino de cuántos va a haber que dejar caer, y no a plazo de septiembre sino probablemente antes. Si el gobierno se hiciera cargo de la inminencia del peligro que se cierne sobre nosotros y de las proporciones de lo que se avecina, tendría que estar estudiando esquemas para salvar los depósitos dejando caer el resto del pasivo de las entidades que ya son insalvables. De todos los errores del gobierno Zapatero, fallar ahora en esta crucial tarea será con mucho el más imperdonable.

El sistema bancario, en tiempo de descuento

Lo peor del llamado modelo del ladrillo no fue haber desviado el ahorro nacional, de la industria y los servicios, donde buena falta hacía, a la construcción y la especulación inmobiliaria. Con ser eso malo, aun peor fue el haber conformado el sistema financiero para efectuar ese desvío como tarea prioritaria. Hace meses escribí en este blog que el cambio de modelo productivo no es cuestión de talismanes como el automóvil eléctrico, sino que presenta una faceta financiera sin resolver la cual todo cambio es ilusorio. Y añadí que, hasta que una empresa innovadora no obtuviera crédito para sus proyectos con la misma facilidad que los obtenía el promotor inmobiliario, llevando a la oficina bancaria una nota del registro de propiedad y un cálculo a ojo de cuántos apartamentos se podían levantar sobre ese suelo; hasta ese momento, no se podría hablar verdaderamente de cambio del modelo productivo. Hoy creo que los bancos (y las cajas) nunca estarán preparados para eso.

Todas las reformas financieras que ha emprendido el gobierno hasta ahora son una patata, y una patata muy cara. Llevamos tirados 11.000 millones del FROB y estamos a punto de tirar otros 20.000 millones del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que el gobierno acaba de rescatar pero ya ha empeñado en la recapitalización de las cajas de ahorros. Voy a ser extremadamente claro. Lo que digo no es producto del capricho o de una idea peregrina. Me baso en las lecciones de tres años de crisis financiera, aquí y en otros países de nuestro entorno.

No hay que meter un euro más en el sistema bancario, porque todo lo que se meta será dinero perdido. Si tienen que quebrar bancos o cajas, porque sus errores de gestión les llevan a una situación de quiebra, que quiebren. El gobierno deberá seguir garantizando los depósitos, e incluso diría que debe extender la garantía desde los 100.000 euros actuales al 100 por 100 de los mismos. Pero, si las cosas vienen mal dadas, los inversores privados, tanto accionistas como tenedores de deuda, lo mismo preferente que subordinada, deberán asumir íntegramente la pérdida que corresponda, que para eso están cobrando una prima de riesgo. Esto lo hemos aprendido en la crisis de Irlanda.

La economía española está en exceso bancarizada; será bueno desbancarizarla en medida apreciable. Para ello, hay que ampliar la financiación de las empresas a través de los mercados. El gobierno debería utilizar los 20.000 millones que quiere enterrar en desembarazar a la banca del crédito promotor (para lo cual esa cifra es totalmente insuficiente) en fomentar, en su lugar, la negociación de instrumentos como bonos de riesgo incierto emitidos por la pequeña y mediana empresa, especialmente la innovadora. Para ello, habría que capitalizar entidades de capital riesgo que adquieran esos bonos, los estructuren y emitan contra ellos bonos de titulización de capital-riesgo. Técnicamente, todo esto es bastante sencillo. No necesitamos los astrofísicos expertos en cálculos orbitales, que Bear Stearns dijo que necesitaba pagar (para justificar las altas comisiones que cobraba). ¿Que volveremos a correr la clase de riesgos que nos arrojó a esta crisis? De acuerdo, pero ahora sabemos más y estamos mejor preparados para evitar la difusión de activos potencialmente tóxicos, y sin correr riesgos no habrá inversión ni reactivación ni nada.

El gobierno tiene mucho que contribuir a todo esto. Podría desgravar la inversión en capital-riesgo - sobre todo, para proyectos innovadores - con el mismo entusiasmo con que se desgravó la inversión en vivienda o se desgravan todavía los planes de pensiones; creo que lo justo sería combinar ambos incentivos en uno solo, doble. Podría fomentar entre las empresas, con reducciones del impuesto de sociedades, la constitución de esquemas de garantía recíproca, que emitan los bonos de riesgo incierto, que así evitarán la calificación de “basura”. Y, si llegara a ser necesario, podría organizar un mercado oficial específico para la negociación de esta clase de activos emitidos por pymes y sus titulizaciones, mercado que acaso debería desvincularse del AIAF, demasiado especializado en grandes empresas.

¿Qué hacer?

Algunos amigos con los que converso de política económica me dicen: “La crítica está muy bien, pero ¿qué hacer, si no es lo que el gobierno está haciendo?” Por primera vez, voy a desvelar parte de lo que pienso hace meses. Lo que hay que hacer se resume en los siguientes puntos:

1) Es casi obvio: denunciar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pensado en pleno apogeo de la nueva economía y que no puede servir para nada bueno en esta época de crisis. Hay que sustituirlo por un Pacto de Crecimiento y Empleo.

2) Situar el desempleo como máxima prioridad de la política económica, para lo cual hay que aceptar niveles superiores de déficit por más tiempo.

3) Monetizar el déficit, en todo o en su mayor parte. ¿Qué esto generará inflación? Evidente, pero se trata de elegir entre estabilidad de precios y empleo; yo voto por el empleo. Hasta un 10 por ciento de inflación – en lugar del 2 actual – no me parece un coste excesivo por reducir el desempleo.

4) Habría que modificar el Tratado, y no de la forma raquítica que va a hacerse, sino introduciendo todo un título dedicado a las obligaciones del Banco Central Europeo en épocas de crisis de empleo.

5) Si el BCE no monetiza el déficit, tendremos que encontrar una forma doméstica de hacerlo.

6) Si nos amenazan con echarnos de la Unión Monetaria o incluso de la Unión Europea tendremos que dar una batalla en toda regla contra Alemania.

Alguien tiene que empezar a decir estas cosas, me temo. De otra forma, Alemania va a conducir a Europa por tercera vez en un siglo al desastre.