Tepco, directa a la quiebra

Altos ejecutivos de la Tokyo Electric Power Company (Tepco) han reconocido la gravedad de la situación financiera de la empresa. Después de detectarse radiación de plutonio este fin de semana, han declarado con franqueza que los dos billones de yenes (18.000 millones de euros) de préstamo sindicado que lidera Sumitomo Mitsui no serán suficientes; lo cual sitúa a la compañía en el escenario pesimista que elevaba el coste de la catástrofe a 33.000 millones de euros. Tepco tiene un capital que se cifraba en 22.500 millones de euros antes del accidente nuclear. Como consecuencia de todo ello, el precio de las acciones está en el 20% de su valor antes de 11 de marzo y el precio de los CDS (credit default swaps), que aseguran el pago de la deuda, se ha multiplicado por diez desde entonces: de 40 puntos básicos a más de 400. La compañía tiene una deuda que asciende a unos 65.000 millones de euros, de los que unos 45.000 millones son bonos negociables, cuya tenencia se extiende por el mundo entero. Algunos observadores señalan ya que, si bien el accidente nuclear reúne características que lo asemejan al vertido de petróleo del Golfo de México en 2010, desde el punto de vista financiero se parece cada vez más a la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que se considera el acontecimiento que desató la actual crisis.

Mitsubishi UFJ, que forma parte del consorcio bancario que sindicó el préstamo a Tepco, y que es de los tres grandes bancos japoneses el que menos relación tiene con Tepco, está pidiendo abiertamente la nacionalización de la empresa, cuya desaparición se estima imposible toda vez que alimenta de fluido eléctrico a un tercio de la megápolis de Tokio. Ante la perspectiva de la nacionalización, que muchos consideran segura, los fondos buitre se han lanzado a la caza del bono Tepco, que adquieren con gran descuento, con la esperanza de que el gobierno japonés los respalde en la totalidad de su valor nominal. Pero la nacionalización hará que se evapore el valor de los recursos propios de la compañía, y por tanto de sus acciones, que asciende, en términos nominales, a unos 16.000 millones de euros, que reúnen la inversión de muchas familias japonesas. Imagínese, a efectos de comparación, lo que supondría la desaparición de todo lo invertido en Endesa o en Iberdrola. Un desastre financiero sin precedentes en Japón, que se suma al desastre nuclear y a los desastres naturales del tsunami y el terremoto.

Alemania, Portugal, España y la crisis de la deuda

Cada uno interpreta a su manera los hechos que van ocurriendo, y debo confesar que no me convence la de otros. Se dice que los democristianos han perdido las elecciones regionales en Baden-Württemberg por los bandazos de Merkel en política energética. Quienes así se manifiestan – el lobby nuclear – no tienen ni idea o mienten a conciencia. Si acaso, esos “bandazos” han impedido que el descalabro democristiano fuera mayor. El principal efecto de Fukushima ha consistido en provocar un trasvase de votos a los verdes desde los socialdemócratas, muy desdibujados en los últimos meses. La pérdida de votos del gobierno – el partido liberal casi ha desaparecido del mapa político de los länder disputados – tiene que ver más con el descontento popular acerca de los asuntos europeos que con ninguna otra cosa.

Donde los alemanes ven que Angela Merkel está cediendo en demasía es en la crisis financiera. En su mayoría, los votantes opinan que el gobierno apoya en exceso a los bancos y muy poco a las capas más desfavorecidas de la población. El descontento se convierte en enfado cuando se percibe que Merkel emplea dinero de los contribuyentes en sostener no sólo a los bancos alemanes sino también a bancos de otros países europeos, como Grecia, Irlanda, ahora Portugal y quizá en un futuro no muy lejano también España. Parece el cuento de nunca acabar. Las explicaciones de los tecnócratas de turno, empeñados en que el sistema bancario – no sólo alemán, sino lógicamente de toda la zona euro – es imprescindible para el buen funcionamiento de la economía, no terminan de convencer. Sobre todo cuando parece evidente que hay alternativas, pero siempre se gira en la misma dirección. En este sentido, la crisis de Irlanda ha sido demoledora para la confianza del público alemán en la canciller. El anterior gobierno irlandés, de signo liberal, se obstinó en garantizar hasta el último euro de la deuda preferente de sus bancos, mientras Merkel porfiaba que los acreedores de la banca irlandesa – británicos, en su mayor parte – deberían compartir con el contribuyente alemán el coste de la crisis. Pero el gobierno irlandés tuvo entonces el apoyo del Banco Central Europeo – la tesis de la garantía absoluta todavía lo tiene – porque los acreedores bancarios son en su mayor parte otros bancos, y hacer que estos compartan los costes equivale, ni más ni menos, a hacer aflorar pérdidas que pondrían en peligro la confianza en el sistema bancario de toda la Unión Europea. Piénsese, por ejemplo, en Portugal. Un tercio de su deuda bancaria, unos 77.000 millones de euros, está en manos de bancos y cajas españoles; si se les obliga a compartir el coste de la crisis una fracción de esos activos se convertirá en humo, y están los bancos y cajas españoles como para volver a recapitalizarse de inmediato para tapar el agujero que podría surgir de esa forma. Todas estas cosas no se le ocultan al votante alemán, que está mejor informado y tiene más criterio que el español, por ejemplo. Un poco de su perspicacia no nos vendría mal, ya que tanto se habla del “modelo alemán” y sus virtudes.

Y debo confesar que Merkel empieza a despertar mi sincera admiración. Llevo más de un año diciendo, por activa y por pasiva, que la política alemana nos lleva al desastre. Pero, al César, lo que es del César, su habilidad es pasmosa. Ha encajado el resultado electoral dando la razón al lobby nuclear y reconociendo que Fukushima es la causa de su derrota, para reafirmar a renglón seguido su fe del converso en las renovables: el accidente nuclear ha venido a ser algo así como su particular caída del caballo en el camino de Damasco. En realidad, lucha por yacimientos de votos donde los democristianos nunca se habían atrevido a pescar. Ella conoce mejor que nadie la verdadera causa. Hacerse la tonta le proporciona margen de maniobra para seguir machacando, erre que erre, en la sombra. Anteayer, el ministro de Agricultura del nuevo gobierno irlandés – correligionario de Merkel – ya ha dicho que habría que considerar la posibilidad de que los acreedores bancarios compartan el coste de la crisis. En cierto modo, era inevitable porque los intereses de la deuda bancaria están devorando los 89.000 millones de euros del rescate de noviembre; hay que cortar esa sangría, ya que de otro modo los rescates no servirán para nada y toda la estrategia europea frente a la crisis se vendrá abajo. Poco a poco, Merkel va a ir sacando adelante su política, mal que les pese a los tecnócratas.

Esta perspectiva es crucial para entender en qué situación se encuentra España. Si el reparto de sacrificios con los acreedores bancarios se termina imponiendo como condición para los rescates, el pánico volverá a desatarse en los mercados. Es lo que trata de evitar el BCE, pero ¡al diablo con el BCE!, debe pensar Merkel. El viernes pasado, la cumbre comunitaria fracasó estrepitosamente en diseñar un mecanismo permanente de rescates financieros en la UE; aprovechando la dimisión del gobierno portugués, Merkel lo ha dejado todo en suspenso hasta que se acepte esa condición. El tiempo juega a su favor y en contra nuestra. Mientras el Banco de España, fruto de la autocomplacencia y debilidad con que está afrontando la crisis, pierde el tiempo con cuatro cajas de ahorros que tendrían que estar intervenidas y en proceso de liquidación desde el lunes 28 a las 24.00 horas (pero ¿qué hacer con los depósitos?: el BdE no puede ni siquiera planteárselo pues no se ha preparado adecuadamente), nuestros bancos y cajas, que mancomunadamente constituyen el primer acreedor de Portugal, echarán cuentas de qué pérdida habrán de encajar en cuanto se acuerde el rescate del vecino país. Y si sus cálculos les llevan a pensar que la pérdida en ese caso puede ser mayor que la que sufrirían vendiendo sus activos portugueses ahora, nuestros propios bancos y cajas serán los que desaten el pánico.

Mi argumento pro vida

El ser humano es el que es, y no es tan eficaz inducirle a actuar de una manera determinada por medio de prohibiciones y castigos para los transgresores que ofreciéndole adecuados incentivos económicos. Creo que esto es válido para la prostitución y las drogas, y también lo es para el aborto.

Empezaré diciendo que el aborto es un derecho fundamental implícitamente protegido por la Constitución, desde el momento que ésta prohíbe los trabajos forzados y la obligación legal de llevar hasta el final un embarazo no deseado no es más que una forma evidente de imponer a la mujer trabajos forzados. Incluso si esta doctrina se rechaza, el análisis económico concluye que la prohibición de abortar no hará más que desviar la producción de ese servicio a algún país extranjero que sea más permisivo (¿se acuerdan del peregrinaje de las españolas a Londres en los años setenta?) o a negocios carentes de las mínimas condiciones de salubridad. La mujer que crea que no debe abortar, no abortará con legislación permisiva o sin ella. Pero la que se crea con derecho de hacerlo adquirirá ese servicio, bien en el extranjero (lo que lo encarece), bien en negocios clandestinos que no dejarán de proliferar. Si se está pensando en la vida del nasciturus, la prohibición no la garantiza en absoluto.

Los incentivos económicos son una mejor solución. Ofrézcase a la mujer embarazada, que no desea convertirse en madre, un salario por cuenta del Estado a cambio del compromiso firme de entregar a su hijo en adopción. Si el salario es lo suficientemente elevado, las mujeres más necesitadas – que son las que pondrían su vida en manos de carniceros indignos – no dejarán de aceptar el contrato. El Estado podrá resarcirse cobrando el importe de lo pagado, más gastos, a la familia de adopción, con vistas a que el arreglo funcione a coste cero para el contribuyente.

Algunos dirán que propongo una modalidad de tráfico de personas. Estoy con el ordenamiento jurídico en no considerar la existencia de “persona” alguna antes del nacimiento, y el convenio del Estado con la mujer embarazada se firmaría antes del nacimiento. En todo caso, es un debate que no me interesa. Sigan otros dando rienda suelta a sus propensiones liberticidas, pretendiendo organizar – con ayuda de policía, tribunales y centros penitenciarios – la vida de los demás para mayor tranquilidad de sus propias conciencias, y dejando que los abortos se practiquen en el extranjero o en condiciones infames. Si, con el procedimiento que propongo, se preserva una sola vida que de otra forma no se preservaría, la propuesta quedará justificada.

Dimensión financiera del accidente nuclear japonés

Como era previsible, la crisis nuclear de Fukushima va adoptando rasgos cada vez más parecidos, en términos formales, a los del vertido de crudo del año pasado en el Golfo de México. Sus consecuencias económicas también habrán de ser comparables, aunque seguramente muy superiores en importancia. Una empresa – BP en el vertido del Golfo, Tepco en la crisis japonesa – forcejea durante semanas para impedir que el desastre vaya a mayores, y luego tiene que hacerse cargo del arreglo de los desperfectos y el pago de las indemnizaciones, con resultado de pérdidas milmillonarias. A continuación, las empresas del ramo toman nota e incorporan esas pérdidas – o mejor, los gastos en seguridad necesarios para evitar que las pérdidas se produzcan – a sus propias previsiones de coste. El precio del producto se dispara.

A día de hoy, una estimación preliminar de lo que la Tokyo Electric Power Company (Tepco) está gastando en frenar el deterioro de la situación, más lo que tendrá que gastar en la reconstrucción de los reactores, la descontaminación de la tierra circundante y el pago de indemnizaciones, cifra el coste pecuniario del accidente nuclear en 25.000 millones de dólares, ó 18.000 millones de euros. Esta factura no incluye los daños no cuantificables, como la contaminación radiactiva de la atmósfera y de las aguas marinas y sus efectos sobre la flora y la fauna tanto locales como globales. Con todo, la factura final crece con cada nuevo contratiempo: los expertos creen que en un escenario pesimista podría llegar a 33.000 millones de euros, y ya empieza a ser una estimación conservadora.

El valor de Tepco en libros asciende a 22.500 millones de euros. Si se contabilizara la pérdida extraordinaria, incluso en el escenario optimista, Tepco estaría en quiebra técnica. Como consecuencia de esta previsión, las acciones de Tepco han perdido un 60% de su valor en la Bolsa de Tokio desde que fuera conocido el accidente nuclear; únicamente el lucrativo cuasi-monopolio que detenta del suministro eléctrico a la capital nipona ha evitado un desastre mayor. Con el fin de evitar el colapso financiero de la compañía, un consorcio bancario, liderado por Sumitomo Mitsui, el primer banco japonés, pero que también incluye a Mitsubishi UFJ y Mizuho, segundo y tercero en tamaño, ha ofrecido a Tepco un préstamo de emergencia por importe de dos billones de yenes, para cubrir los gastos estimados hasta la fecha, aunque están dispuestos a llegar a los casi cuatro billones de yenes estimados para el escenario pesimista. Según rumores, cuando la crisis de los mercados asiáticos, en 1997, Tepco tuvo una intervención decisiva para salvar a Sumitomo Mitsui de la bancarrota y, catorce años después, el banco está dispuesto a todo con tal de devolver el favor recibido entonces. La deuda sería de honor, toda vez que Tepco no pertenece al keiretsu de Sumitomo ni al de Mitsui, sino al rival de Dai-Ichi Kangyo, cuyo banco es Mizuho, integrante del consorcio pero en una discreta segunda fila. El valor de Sumitomo Mitsui es de unos 65.000 millones de euros: no podrá sostener la escalada de pérdidas de Tepco indefinidamente. Esto da una idea, mejor que ninguna otra, de las dimensiones financieras de la catástrofe.

No es Portugal: se trata de España

Tan sólo 24 horas después de que el ministro Sebastián dijera en Nueva York, en la conferencia sobre estrategias de inversión en España organizada por Bloomberg, que nuestro país es solvente y que está siendo injustamente emparejado con países menos confiables, como Grecia, Irlanda y Portugal, llega Moody’s y rebaja la calificación crediticia de 30 bancos y cajas españoles, en algunos casos de forma drástica, casi al nivel de los bonos basura, al tiempo que el Banco Internacional de Pagos de Basilea publica la exposición de nuestra banca a la crisis de Portugal, lo que viene a confirmar el juicio de Moody’s. Y todo esto ocurre sólo una semana después de que el Banco de España revelara que buena parte de los beneficios previstos por la banca está siendo devorada por el incremento de la morosidad.

Otro dato, cuya importancia es incierta pero no deja de ser significativo, es que el Royal Bank of Scotland (RBS) acaba de subastar activos crediticios a promotores inmobiliarios y títulos hipotecarios emitidos por bancos españoles, con un nominal de 1.000 millones de libras y adjudicados por un efectivo de 286 millones de euros; esto supone una valoración de mercado al 25 por ciento del nominal, aproximadamente lo mismo a como estaba valorada la deuda de la banca irlandesa en el momento de solicitar este país el rescate financiero el pasado mes de noviembre. En esta ocasión, el mejor postor ha resultado ser Perella Weinberg Real Estate Fund, cuya intención podría ser hacerse con los activos hipotecados para venderlos a un precio que encuentre pronta salida en el mercado. Lo cual sólo sería el principio de los 13.000 millones de activos declarados tóxicos por RBS y de los que quiere deshacerse en los próximos años. Si esta conjetura tiene alguna base, los fondos-buitre como el mencionado podrían entrar a dinamizar el mercado inmobiliario español, fijando sus precios en niveles más realistas, muy inferiores a los actuales (quizá un 50% inferiores), lo que obligaría al resto de la banca a actualizar los precios de sus propios activos haciendo aflorar pérdidas hasta ahora encubiertas.

Yendo a lo más acuciante, la exposición de los bancos y cajas españoles a la deuda de Portugal ronda los 77.000 millones de euros, es la mayor del mundo y supone, por sí sola, un tercio del total. Hay, así pues, una gran diferencia con las crisis de Grecia e Irlanda, donde los riesgos eran mínimos: unos 1.000 millones, ó 0,5% del total en Grecia, o al menos soportables: unos 12.000 millones, ó 2,1% del total en Irlanda. Si Portugal tiene que ser rescatada, nos va a afectar de forma mucho más intensa que todo lo vivido hasta ahora y, lo que quizá es peor, nadie lo va a pasar tan mal como nosotros. Esta vez, los británicos, que aguantaron el tirón con Irlanda, van a ser mucho más duros y unirán su voz a la de Merkel, que lleva tiempo pidiendo – y en esto no le falta razón – que los acreedores de los bancos soporten parte de la pérdida, liberando de esa parte a los gobiernos. Y yo diría que España no tiene voz ni voto en Europa para impedir que parte de los activos de nuestros bancos y cajas se evapore como por ensalmo.

El gobierno continúa empeñado en la estrategia equivocada. Decir con aplomo que todo va bien y que el gobierno se hará cargo de los desperfectos ya no convence a nadie. No es cosa de decidir si algún banco o caja va a caer, sino de cuántos va a haber que dejar caer, y no a plazo de septiembre sino probablemente antes. Si el gobierno se hiciera cargo de la inminencia del peligro que se cierne sobre nosotros y de las proporciones de lo que se avecina, tendría que estar estudiando esquemas para salvar los depósitos dejando caer el resto del pasivo de las entidades que ya son insalvables. De todos los errores del gobierno Zapatero, fallar ahora en esta crucial tarea será con mucho el más imperdonable.

Portugal, al borde del rescate financiero

El parlamento luso ha rechazado el cuarto plan de ajuste propuesto por el gobierno socialista. Al primer ministro, José Sócrates, no le quedaba otra salida que dimitir. Ha dimitido. Los medios en España se felicitan porque esta nueva ronda de la crisis de la deuda soberana, aparentemente, no esté afectando a España. Mientras los intereses de Portugal se van al 8 por ciento – cifra que rondaban Grecia y Portugal cuando tuvieron que ser rescatados – el diferencial del bono español con el bund alemán se mantiene en los niveles más bajos desde octubre.

Pero quedarse en eso es conformarse con las apariencias. La situación de España, de cara a un posible rescate, es apreciablemente peor que hace seis meses. Para empezar, el gobierno ha afirmado por activa y por pasiva su determinación de apoyar a la banca española en cualquier circunstancia, hasta llegar a la nacionalización si fuere preciso. Esto es justo lo que necesitan los mercados para especular a sus anchas con lo contrario, sin miedo a forzar un rescate que dejará intactos los intereses de los acreedores bancarios. En segundo lugar, a España se le está exigiendo que aporte 83.000 millones de euros más al Fondo Europeo de Estabilización Financiera, lo que supondrá aumentar de golpe en un 8 por ciento la deuda pública. Tercero, algo que ha pasado desapercibido a los observadores: España, cuyas finanzas no están para tirar cohetes, se ha embarcado en una guerra (en Libia) que no dejará de afectarlas negativamente. No sólo eso; España, en ese asunto, está contradiciendo claramente la política de Alemania, que no dejará de recordárselo en fechas próximas. Cuando los mercados aten todos los cabos sueltos, España estará en el ojo del huracán. Pero no hay prisa: eso será después del rescate de Portugal.

Los mercados se enfrían

Si ayer había que constatar el optimismo de los mercados ante las no tan malas noticias de Japón y el comienzo de la intervención militar de Occidente en Libia, hoy hay que notar que el entusiasmo ha sido de corto recorrido. Los reactores nucleares parecen estar bajo control: la energía eléctrica está llegando a todos ellos y eso hará funcionar de nuevo los sistemas de refrigeración; pero la contaminación radiactiva parece haber alcanzado cotas excesivas. Muchos alimentos están contaminados y hemos sabido que las aguas marinas en las proximidades de Fukushima registran niveles ciento veintitantas veces superior a lo normal. El comentario oficial afirma que la contaminación del mar no es peligrosa para los humanos, pero ¿y para los peces? Y si luego se los pesca y se los lleva a la mesa, ¿qué? La cuenta de costes sigue subiendo.

No más claro es el desarrollo de los asuntos en Libia. Los aliados ni siquiera se ponen de acuerdo en un mando común. Muy peligroso. Los bombardeos aéreos sobrepasan con mucho el concepto de exclusión aérea. Se ha intentado matar a Gadafi. Es inadmisible. Como mucho, a Gadafi habría que llevarle ante la Corte Penal Internacional de La Haya, donde está imputado; como mucho. Está quedando claro, sin embargo, que los aliados participan en una guerra sin objetivos claros. La protección de civiles nunca es el objetivo de una guerra. Derrotar al enemigo, o al menos llegar a un acuerdo con él, sí lo es. La escalada es inevitable. Tarde o temprano, los aliados tendrán que tratar de ganar esta guerra, y para eso es insuficiente el poder aéreo. Se necesitará una invasión y operaciones terrestres. Esta perspectiva ya gusta mucho menos a los mercados. Una crisis larga aumenta los riesgos de desestabilización de Arabia Saudita, que es el peor escenario para los intereses económicos del capitalismo global.

Reacción de los mercados

Todas las plazas del mundo han reaccionado al alza. ¿Es por la guerra de Libia, por el creciente control de la crisis nuclear en Japón, o por ambas? Probablemente, esto último, ya que los dos sucesos remiten al problema que trajo de cabeza al mundo durante la semana pasada: la energía.

En el asunto nuclear, lo importante es que está abierta una crisis por un accidente cuya probabilidad de repetición es probablemente reducida, pero cuyo riesgo crece con los costes de enderezar el entuerto. Como vara de medir, puede servir la crisis provocada por el vertido de crudo en el Golfo de México, el año pasado. Durante meses, la petrolera BP perdió miles de millones de dólares, hasta que el vertido pudo ser controlado, primero, y eliminado, después. El proceso en Japón es parecido, aunque como es un asunto puramente doméstico los costes son poco transparentes: el gobierno está asumiendo costes que le correspondería asumir a la empresa propietaria de la central accidentada. Pero las eléctricas propietarias de nucleares en todo el mundo están tomando buena nota, a fin de efectuar sus propias previsiones de costes en la eventualidad de un accidente similar. Cuanto antes se controle la fuga de elementos radiactivos, menor será el coste total a contabilizar.

La guerra de Libia es harina de otro costal. Aquí los mercados parecen estimar implícitamente el coste de un aumento del grado de cartelización de la oferta global de crudo. Cuanto más cerca del cartel, mayor coste implícito en términos de mayor margen de monopolio; cuanto más lejos del cartel, menor coste por margen más reducido. Un triunfo de Gadafi fortalecería el cártel, debido a la potencial formación de un bloque de irreductibles integrado por Irán, Venezuela y Libia. Ahora que el triunfo de Gadafi vuelve parecer más lejano, la probabilidad de un cartel mundial disminuye, y los mercados se felicitan por ello.

Odisea al amanecer

Al fin tenemos guerra en Libia; de nombre cursi, pero interesante como guerra. Tras semanas de una parsimonia asombrosa, la comunidad internacional ha pasado en unas horas de declarar una zona de exclusión aérea a bombardear objetivos militares de las fuerzas leales a Gadafi. Concretamente, se habla de destrucción de blindados. Eso no es ‘exclusión aérea’. Exclusión aérea sería derribar aviones enemigos que entraran en la zona excluida, incluso atacar puestos antiaéreos que iluminaran con sus radares a los cazabombarderos aliados en vuelo de reconocimiento. Pero ¿blindados? ¿Qué peligro puede representar un blindado para un reactor? Si nuestros aviones destruyen blindados es que la zona de exclusión aérea no es más que un pretexto para internacionalizar el conflicto. De hoz y coz, se nos ha metido en una nueva guerra. Es difícil no pensar que nuestro gobierno, acosado por las encuestas, se aferra a la guerra como a un clavo ardiendo. También es llamativo que se haya esperado al accidente nuclear japonés para tomar una decisión que no puede dejar de relacionarse con el petróleo. Las guerras, cuanto más interesantes, más peligrosas.

Sorprende que no se empezara por decretar un embargo del petróleo libio. ¿No era lo más obvio, cerrar a Gadafi el grifo de sus ingresos para detener sus compras de armamento y pagos a mercenarios? El conflicto éste puede ser una «guerrita» de días, pero si Gadafi sigue vendiendo petróleo podrá seguir comprando armas y trayendo mercenarios del África subsahariana, donde hay millones de candidatos. Quizá no ha habido más remedio que aceptar esto a cambio de que ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que votaron en contra de la resolución la vetara.

Lo que menos me convence es el argumento que se da para justificar la internacionalización. Se ha dicho que si se permitía a Gadafi aplastar a los rebeldes, Libia podría desestabilizarse hasta caer en una somalización, en un «estado fallido», con cada una de las más de cien tribus existentes tratando de imponer su ley en un pequeño territorio, lo que traería consigo riesgos de piratería de todo tipo, igualito que en Somalia. El argumento parece tener tanto más peso cuanto que lo enuncian sesudos profesores italianos: no hay que olvidar que tanto Libia como Somalia han sido objeto de ambiciones colonialistas de Italia en el pasado. Ellos deben conocer el percal. A pesar de todo, Libia no es Somalia. Somalia no tiene absolutamente nada; las tribus pueden pelearse a placer por la miseria; los jóvenes tienen tan pocas oportunidades que se hacen piratas. Libia, en cambio, tiene petróleo, mucho petróleo. Tanto petróleo, que no puede por menos de ser gestionado por un estado bien organizado. Cuando hay tanto dinero de por medio, las tribus no dejarán de ponerse de acuerdo para tal menester. Luego no hay riesgo de «estado fallido», en absoluto.

El riesgo es exactamente el contrario, que Gadafi extermine a los rebeldes y estabilice definitivamente la situación de modo contrario a los intereses de Occidente. Hemos jaleado demasiado a los rebeldes, en la euforia creada por las revoluciones de Túnez y Egipto; hemos condenado de forma tan tajante a Gadafi cuando empezó a masacrar a sus civiles, como para que ahora podamos reconciliarnos con él por enésima vez. El verdadero peligro es una Libia estable que se pase al bando de Irán y Venezuela, creando un grupo de irreductibles en la OPEP que podría manipular el mercado de crudo con vistas a desestabilizar a Arabia Saudí, el verdadero objetivo a proteger a todo trance por Occidente en esta ya demasiado prolongada crisis.

No hago esta crítica desde una izquierda que podría calificarse de chavista. Mis simpatías están con los rebeldes. Lo justo sería dejar que los libios arreglaran sus diferencias ellos solos, sin interferencia alguna. Pero eso exigiría el embargo del petróleo libio, pues de otra forma uno de los bandos tendrá acceso a un flujo continuo de armas y combatientes para acabar con el otro. La crítica de Ahmadinejad a la hipocresía occidental no es menos hipócrita. Si alguna potencia con privilegio de veto en la ONU ha amenazado con vetar el embargo, entonces no está claro que alternativa había.

110 Km/h

Antes del terremoto de Japón, el bienio 2011-2012 estaba designado para ser de importancia crucial en el lanzamiento del automóvil cien por cien eléctrico a escala mundial. Modelos emblemáticos como el Renault Fluence ZE, el Ford Focus BEV, el Hyundai BlueOn y el Tata Indica Vista EV, entre los fabricantes de vehículos convencionales dispuestos a apostar por el eléctrico, además de los estadounidenses Tesla S y Coda Sedan, el chino Wheego Whip LiFe, y el hindú Reva NXR, entre los surgidos para desarrollar la nueva tecnología, tienen programada su aparición en estos 24 meses.

España es uno de los países en que el gobierno ha apostado de forma más decidida por el nuevo automóvil, hasta convertirlo en el eje de su política industrial y en pretendido motor de la recuperación económica. Así, en julio de 2008, el ministro Sebastián afirmaba que el automóvil eléctrico era el futuro y que conduciría la (nueva) revolución industrial. De conformidad con semejante concepto, el ministro anunciaba previsiones de un millón de automóviles cien por cien eléctricos circulando por España en 2014, para lo cual el gobierno comprometía inversiones de 245 millones de euros. Pero los resultados fueron decepcionantes; en 2009, solo se vendieron 2 vehículos de esa clase. El gobierno reajustó sus planes: los coches en circulación en 2014 serían 250.000 (la cuarta parte de lo previsto un año antes) y las inversiones ascenderían a 590 millones (casi dos veces y media superiores). Así, cada vehículo eléctrico en circulación le costaría al contribuyente diez veces más de lo inicialmente previsto. Y, con todo, los resultados continuaron siendo desastrosos. En 2010, había previsto que se vendieran 20.000, y no llegaron a 20, todos del fabricante noruego Think. Por otra parte, el gobierno forcejeó hasta el final para que Renault asignara la producción de su vehículo eléctrico estrella, el Fluence ZE, a la factoría de Palencia; pero el fabricante francés, a la vista de la pobre aceptación del producto por el público español, terminó asignando la producción del modelo a la factoría de Bursa, en Turquía.

Fruto de esta continua serie de fracasos, el gobierno debió de llegar a la conclusión que el conductor español desconfía del automóvil eléctrico por su baja velocidad de punta, lo cual es cierto en todos los modelos excepto el Tesla S (193 km/h). Así, los fabricantes marcan 137 km/h en el Focus BEV, 135 km/h en el Fluence ZE, 130 km/h en el BlueOn, 129 km/h en el Coda Sedan, 105 km/h en el Indica Vista y en el Wheego, 104 km/h en el Reva NXR. Estas velocidades, siempre teóricas, eran inferiores a las daban lugar a multa con el límite en 120 km/h. Quizá el gobierno también pensó que la escasez de infraestructuras de recarga y talleres de reparación, los largos tiempos de recarga (6-8 horas) y el rápido envejecimiento de las baterías también contaban. Pero está claro que entrevió la posibilidad de dar al vehículo eléctrico un margen para competir reduciendo el máximo de velocidad permitido y acostumbrando al conductor a velocidades inferiores.

Las estrategias energéticas, a revisión

Hace unos días, comentando la subida de precios del petróleo consecuencia de la crisis política de los regímenes autoritarios de Oriente Próximo y el norte de África, señalé que el vertido masivo de crudo en el Golfo de México, hace menos de un año, ha provocado una brusca revisión al alza del precio del barril debido a la incorporación de mayores costes medioambientales. Dadas las pérdidas sufridas por BP el año pasado, si el precio del barril pasó de 40 a 70 dólares el barril en 2003, tras la puesta en explotación de los yacimientos de Alaska, los primeros en contabilizar esos costes pero que, después de todo, están en tierra firme, la misma contabilización en los yacimientos offshore a escasa y media profundidad debe de estar llevando el coste marginal a una cota aproximada de 100 dólares, cifra de la que no cabe esperar que el precio baje ni prolongadamente ni por periodos cortos pero frecuentes.

Precisamente, el vertido del Golfo de México indujo a una revalorización de la energía nuclear, cara desde siempre (por las importantes medidas de seguridad que la rodean) pero comparativamente abaratada por breve tiempo. Ahora, los accidentes nucleares de Japón tras el reciente terremoto actúan sobre la energía nuclear en el mismo sentido que el vertido del Golfo de México sobre el petróleo, encareciéndola. No se trata – como pretende el lobby nuclear, con cierto desprecio de la inteligencia del resto del género humano – de rebatir miedos irracionales, poniendo de manifiesto que España está razonablemente a salvo de terremotos y maremotos de tal magnitud; se trata de que esas catástrofes naturales han puesto de relieve que las centrales nucleares, o al menos algunas de ellas, son vulnerables a fallos de los que no éramos conscientes, sean éstos provocados por aquéllas o por cualesquiera otros capaces de replicarlas. Por ejemplo, Garoña, pese a la similitud de sus sistemas de seguridad con Fukushima, está a cientos de kilómetros en el interior; pero el problema es que una ola gigante paralizó un grupo autónomo diésel, encargado de la refrigeración. ¿Estamos seguros de que alguna de las crecidas, que con frecuencia sufre nuestro país como consecuencia de lluvias torrenciales, no puede provocar el mismo efecto? ¿Estamos razonablemente a salvo de esa clase de accidentes, que no nos ha preocupado hasta ahora sencillamente porque no pensábamos que el agua pudiera bloquear un grupo de refrigeración? ¿O a salvo de alguna de las otras vulnerabilidades que los estrés-tests acordados por la Unión Europea puedan poner al descubierto? Simplemente, con que empecemos a preocuparnos por esto y empecemos a estudiarlo, el coste de la energía nuclear empieza a subir. Ello, sin contar con el cierre de centrales – las más antiguas – que, por totalmente amortizadas, han sido hasta ahora las más rentables.

Semejante revisión al alza del precio de la energía nuclear no dejará de repercutir en el mix energético. Al perder parte de la ventaja, o toda ella, recientemente adquirida sobre el petróleo, en las próximas décadas se va a producir menos energía nuclear de lo planeado hasta la semana pasada. Las energías renovables cubrirán en parte la diferencia, pero la mayor parte supondrá un retorno a los combustibles fósiles: petróleo, gas natural y, quizá, incluso carbón. Habrá cierta marcha atrás en el débil consenso pos-Kioto. Pero lo crucial es que, si el encarecimiento de la energía nuclear es de mucha importancia, el precio del barril de petróleo podría rebasar la horquilla 100-150 dólares – según fuerza de la demanda – en que ahora debería de estar situado. Si se tiene que abordar la explotación submarina a grandes profundidades (más de 2000 metros) o empezar la extracción en la Antártida (donde habrá que perforar capas de hielo de hasta 4000 metros), el barril de petróleo podría dispararse por encima de los 200 dólares, por decir una cifra. Matizó “por decir una cifra” porque toda estimación de los costes medioambientales en esas condiciones será meramente tentativa. Habrá que esperar al primer vertido catastrófico en las mismas para afinar en el cálculo, que podría llevarnos – seguramente nos llevará – a cotas mucho más elevadas.

Me temo que esta alternancia de catástrofes medioambientales, por vertidos de crudo que costará mucho remediar y accidentes nucleares, seguidas de bruscos reajustes al alza de los costes energéticos, es lo que podemos esperar hasta el completo agotamiento de las reservas petrolíferas o el dominio sin sobresaltos de la energía nuclear, a menos que haya una rápida sustitución de ambas por energías renovables, que no carecen de problemas, por su parte. Un escenario de futuro que no es el más favorable, desde luego, para la recuperación sostenida de la economía global.

Impacto de la catástrofe en la economía mundial

Hoy, mientras la Bolsa de Tokio se recuperaba parcialmente de las importantes caídas de ayer y anteayer, las Bolsas de todo el mundo han continuado cayendo. El doble desastre natural, terremoto y tsunami, unido a la alarma nuclear, están creando seria preocupación a escala planetaria. Moody’s y otros analistas han empezado a evaluar los daños y su impacto.

La destrucción de riqueza se estima en alguna cifra entre 100.000 y 200.000 millones de euros, algo así como entre el 2 y el 3 por 100 del PIB japonés. Aparte, la detención de la actividad productiva en muchos ámbitos traerá consigo una caída del PIB estimada en un 0,2 ó 0,3 por 100. Nada de eso parece insuperable. Además, la demanda inducida por el esfuerzo de reconstrucción más que podría compensar el retroceso, y terminar el año con un saldo positivo.

Esto es, como decimos los economistas, ceteris paribus, o si no hay imprevistos, que los puede haber. Japón es un país muy nuclearizado; un 30 por 100 de su energía proviene de esa fuente, y antes del terremoto había planes de llegar al 50 por 100. Esos planes serán seguramente revisados, lo que podría acarrear una superior demanda de energías alternativas; sobre todo la eólica, no tanto la solar. Esto significaría oportunidades para España. El mayor problema proviene, sin embargo, de que cinco centrales están paradas, seguramente de forma definitiva, lo que deja desabastecida toda la zona norte del país, donde están localizadas muchas plantas industriales. Pero como la producción está muy especializada, prácticamente toda la industria japonesa está parada en este momento, por falta de piezas producidas en el norte. Este parece ser el mayor riesgo. Un automóvil contiene, por término medio, unas 25.000 piezas, y una parte de ellas se produce en el norte; o bien se empiezan a producir en otras fábricas, o toda la producción en cadena puede verse detenida durante un tiempo indeterminado. La falta de piezas puede afectar a otros países, donde hay localizadas fábricas japonesas que utilizan al menos unos cientos de piezas solamente producidas en Japón. Esto puede tener efecto en paradas temporales en buena parte del sector automovilístico mundial.

Otro problema son los seguros. Una gran parte de la riqueza material destruida y al menos algunas de las vidas perdidas estaban aseguradas. Una parte de esos seguros, en su mayoría contratados con compañías japonesas, han sido reasegurados con compañías americanas y europeas, sobre todo británicas. Los pagos de este sector serán mil millonarios, entre 5.000 y 10.000 millones de euros, que las compañías trasladarán a los asegurados en forma de mayores primas. Por el lado de las buenas noticias, Japón reducirá temporalmente su demanda de petróleo, y eso contribuirá a aliviar las presiones alcistas sobre los precios.

Pero las principales preocupaciones son de índole financiera. Japón es uno de los mayores tenedores de deuda de Estados Unidos y Europa del mundo. Se estima que acaso un 10 por 100 de la deuda estadounidense está en manos de japoneses. Esa cifra no parece impresionante. No obstante, si Japón necesita divisas para la reconstrucción, tendrá que vender parte de su cartera de activos emitidos por deudores occidentales, y eso podría traer consigo una nueva ronda de crisis de deuda soberana.

A todo ello hay que añadir la incertidumbre sobre el futuro global de la energía nuclear.

Horas bajas para el lobby nuclear

La decisión de Angela Merkel de cerrar las centrales nucleares anteriores a 1980, cierre que previsiblemente será definitivo, ha sembrado de inquietud los mercados. El lobby pronuclear está que echa las muelas con la canciller. No comprenden esas buenas gentes que el modelo alemán incluye el postulado de que el público no se equivoca, y más del 70 por 100 de los alemanes aborrecen las nucleares. Notable diferencia con España, donde el gobierno actúa regularmente sobre la suposición de que el pueblo es ignorante y hay que imponerle lo que es bueno, que terminará aceptándolo. Típico del despotismo ilustrado, que las formas democráticas no han conseguido desterrar de estos pagos.

La energía atómica desempeña un papel crucial en los planes de recuperación económica. En España, como he expuesto repetidamente, el coche cien por cien eléctrico es pieza clave en esos planes, a través de un gigantesco plan renove que sustituiría el parque automovilístico actual, basado en el motor de combustión interna y alimentado por combustibles fósiles, por un número equivalente de automóviles eléctricos, con la consiguiente reforma de las infraestructuras anejas, que relanzará la obra pública. También he señalado que el cambio comportará un incremento considerable de la demanda de energía eléctrica, que he cifrado aproximadamente en la producción de quince centrales nucleares de tipo medio más, incremento que difícilmente podrá atender ninguna fuente alternativa de energía eléctrica. ¿Quién se va a atrever a poner en marcha ese plan, con la que está cayendo?

Debo advertir que, a mi juicio, la energía nuclear tiene ventajas e inconvenientes. Es una fuente muy regular – a diferencia de la éolica o la solar – y escasamente contaminante, en términos de Kyoto. En contrapartida, es una fuente cara y llena de riesgos y problemas sin solución; por ejemplo, qué se hace con la basura nuclear. La subida de los precios del petróleo abarata comparativamente la energía nuclear, pero los accidentes subsecuentes al terremoto de Japón han intensificado la percepción de los riesgos.

Lo que parece evidente es que el lobby se está empeñando a fondo en hacer notar que las circunstancias del terremoto y posterior tsunami son del todo improbables en la gran mayoría de los reactores del mundo, y en utilizar todo el prestigio de los organismos especializados, nacionales e internacionales, para convencer a la opinión de que nada sustancial ha cambiado. Me temo que no lo van a conseguir. Los miedos y las aprensiones no tienen un fundamento racional claro, y se alimentan de sensaciones colectivas surgidas de sucesos como éste.

Al plazo que resta hasta las elecciones autonómicas y municipales, sospecho que el PSOE recuperaría un número apreciable de votos si el gobierno decidiera el cierre inmediato de Garoña. Y a verlas venir

La burbuja bancaria

A estas alturas, ya está perfectamente claro cuál es el problema fundamental de la economía española. No es el mercado laboral, no es el sistema de pensiones, no son las políticas activas de empleo, no es el déficit público, no es la especulación internacional que la ha tomado con nosotros. Es el sobredimensionamiento del sector bancario, o, si se prefiere, la excesiva bancarización de la economía española. Nuestra economía adolece de hidrocefalia: una cabeza bancaria descomunal para una base productiva atrofiada tras el colapso de la construcción y sus industrias auxiliares y complementarias. Es la contrapartida financiera del modelo del ladrillo. Tenemos un sector bancario que creció para financiar la burbuja inmobiliaria, y ahora que ésta no se puede inflar más, aquél apenas sirve ya para otra cosa. Entre 2002 y 2009, por ejemplo, los activos del sector bancario español se multiplicaron por un factor de 2,4 – muy por encima del crecimiento real o incluso nominal de la economía – y todavía por encima del crecimiento de los activos del sector bancario británico, que lo hicieron por un factor de 2,1. Las cifras no resisten la comparación: el Reino Unido es una de las primeras plazas financieras del mundo, en tanto que España ocupa, a ese respecto, una posición, a lo más, mediocre. Si nuestra actividad bancaria creció más que la británica fue, única y exclusivamente, para financiar el ladrillo. Por eso, a diferencia de lo que ocurre allí, aquí ese espectacular crecimiento del sector bancario ha corrido parejo con un marcado raquitismo de los mercados financieros, que son puras sucursales de los bancos, meros canales de distribución de los productos parabancarios.

La actitud del gobierno ante la burbuja bancaria ha estado plagada de negligencias. Empezó presumiendo en el G-20 de uno de los mejores – si no el mejor – de los sistemas bancarios de mundo. Pase que se creyera su propia propaganda hasta el otoño pasado; pero, después de la crisis irlandesa, su ceguera no tiene perdón. El que España se viera arrastrada por la crisis de la deuda soberana era claro indicio de que los mercados empezaban a percibir con claridad el sobredimensionamiento del sector bancario, un problema del que también adolece Irlanda, y que explica a las mil maravillas lo rápido del contagio. Si los mercados tienen una virtud, y solo una, es que muestran las debilidades de las economías mejor que el mejor de los análisis. Pero el gobierno se negó en redondo a aceptar la realidad. En su lugar, acusó a los mercados de “especular” contra España, no se sabe a santo de qué; quizá, por la envidia que les daba que ganáramos el mundial de fútbol, digo yo. Mientras tenía que haber prestado atención al aviso, el gobierno se empeñó en demostrar a los mercados que se equivocaban, y hacerlo con el dinero de los contribuyentes. Recientemente, ha aprobado una recapitalización de entidades de depósito, bancos y cajas de ahorros, que costará al erario público 14.000 millones de euros, que sumados a los 11.000 que ya lleva gastados el FROB, totalizan 25.000 millones, bastante más que el Plan E y todas las ayudas a los parados. Pero, mientras las prestaciones sociales dan sustento a la gente, el dinero que se entierra en el sistema bancario únicamente sirve para mantenerlo sobredimensionado, lo que a su vez mantiene en vilo a los mercados, que, por muy calmados que parezcan, no dejan de estar vigilantes a la espera de que el inevitable ajuste conduzca al sector bancario a dimensiones más adecuadas a las necesidades financieras de una economía real que funciona ya – cuando lo hace – con un mínimo de financiación bancaria. Con lo único que los mercados especulan, porque el gobierno les da todo motivo para que lo hagan, es con que, cuando ese ajuste se produzca, se tendrá que pagar, hasta el último euro, con dinero público. Y, puesto que el ajuste ha sido retrasado hasta ahora, y el gobierno está dispuesto a comprometer cuanto dinero esté en su mano para impedirlo, cuando no se pueda demorar por más tiempo forzará al gobierno a acogerse a un rescate financiero. Esa es toda la especulación que ha habido, que hay y que continuará habiendo mientras se mantenga el sobredimiensionamiento del sector bancario.

El pacto de competitividad que se nos viene encima

Que Alemania está dictando la política económica a toda Europa no es, a estas alturas, ningún secreto. Que la Unión Europea va a debatir el Pacto de Competitividad cuyo borrador ha sido redactado por el presidente permanente de la UE, Herman Van Rompuy, a instancias de Angela Merkel, y a aprobarlo en fecha tan cercana como el próximo 25 de marzo, parece seguir siendo ignorado por la opinión española, lo que es un desastre. Es un auténtico desastre porque aquí seguimos discutiendo reformas estructurales cuya orientación y contenido están claramente fijados en ese Pacto, y nuestro gobierno es de aquellos a los que no tiembla la mano cuando se trata de hacer sus deberes. Quien pueda entender, entienda.

Éste es un resumen de lo que va a comportar el Pacto de Competitividad:

1) Reducción de los costes laborales en países con problemas de competitividad.
2) Descentralización de la negociación colectiva.
3) Liberalización de las actividades profesionales y de las redes de energía.
4) Abaratamiento de los sistemas legales.
5) Retraso de la edad de jubilación.
6) Introducción de un límite constitucional, o legal de otro tipo, al endeudamiento público.
7) Una base imponible común, consolidada, para el impuesto de sociedades.

Cada cual decida en qué grado afecta cada una de estas medidas a España.

El modelo inglés

La situación de la economía británica es una demostración fehaciente de hasta qué absurdos extremos puede llegar el doctrinarismo en su visión de la política económica. El gobierno Cameron-Clegg se formó sobre la base de un consenso antikeynesiano de raíz; en otros temas, algunos de la importancia de la actitud ante Europa, las divergencias son de bulto: Cameron es euroescéptico, mientras Clegg es europeísta, por ejemplo. Pero Cameron está aparentemente empeñado – con un empeño que podría llevarle a ganar el premio Nobel – en demostrar con hechos que el keynesianismo es una aberración, y a Clegg le va esa marcha. El gobierno aprobó en mayo una drástica reducción del gasto público, decidió que a la universidad sólo deben ir los ricos, y suprimió prestaciones sociales; todo, eso sí, muy bien envuelto en moralina de austeridad. Ah, y decidió despedir a medio millón de funcionarios, esa gentecilla plagada de vagos que en realidad no hace nada por mejorar la competitividad. Conforme los programas de consolidación fiscal han ido avanzando, la economía británica se ha ido paralizando; en el cuarto trimestre de 2010, registró un brillante -0,6 por 100 de crecimiento, o sea, decreció. Está al borde de otra recesión. Pero el gobierno no ceja.

La patata caliente ha pasado a manos del Banco de Inglaterra, la autoridad monetaria. Rápidamente, la dirección del Banco ha decidido mantener el tipo de interés de referencia en el 0,5 por 100, la mitad que el del Banco Central Europeo y el nivel más bajo de su historia. Y hace esto cuando la inflación interanual ha saltado del 3,7 al 4 por 100 anual en un mes. Pero aún hay más. El BdI mantiene su programa de ampliación de reservas bancarias, con el ambicioso objetivo de comprar activos de los bancos comerciales hasta un importe de 200.000 millones de libras esterlinas, casi 240.000 millones de euros. Esto, prácticamente, supone barra libre para los bancos.

Con lo que transmiten los gurús financieros, uno no se hace idea de qué creen estar haciendo las autoridades británicas, tanto fiscales como monetarias. En los tiempos en que uno estudiaba, estaba claro que la política fiscal era la más “sensible” a los ajustes de la actividad y el empleo, mientras que la política monetaria lo era a los de la inflación y la balanza de pagos. Si aquello que uno estudió vale aun para algo, que probablemente no, porque los genios de la autorregulación lo han cambiado todo, se diría que el Reino Unido aplica justo la política contraria a la indicada para relanzar la actividad y el empleo así como reducir la inflación. De continuar con el mix actual, la libra se depreciará aun más en los mercados de divisas, lo que favorecerá temporalmente a los exportadores británicos pero acelerará la inflación. Al mismo tiempo, la restricción fiscal mantendrá la actividad deprimida y un desempleo en aumento o, al menos, con gran resistencia a disminuir. A plazo un poco más largo, con salarios congelados – como debe de ser, los Cien Ilustres dixerunt – e inflación creciente, habrá una considerable transferencia de renta de los asalariados a sus empleadores (¡vaya, si va a resultar que Cameron no es tan tonto como parece!) y, con tipos nominales fijos en niveles ínfimos y, de nuevo, inflación creciente, los tipos reales serán – son ya – negativos, con lo cual quien tiene dinero puede divertirse jugando en el casino de la City, que la casa incluso le devuelve algo de lo que pudiere perder.

Ante este panorama, uno puede preguntarse: ¿y cuál es el modelo productivo de este buen señor, David Cameron? Muy sencillo. Lo mismo que España es el país de vacaciones para toda Europa, ¿por qué no va a ser la City londinense el casino preferido de los ludópatas globales? Así se ganaría una pasta gansa en comisiones de intermediación, y de ello podría llegar a vivir todo el país; no todos bien, desde luego, pero lo que hace falta es que vivan bien quienes tienen que vivir bien; los demás ya se irán acostumbrando. El plan sólo tiene un fallo, o por mejor decir un riesgo. Para salir bien, se precisa que el margen de ganancia segura que se ofrece a los inversores con tipos de interés reales negativos (uno tiene que devolver menos que lo que le han prestado) no se vea evaporado por la pérdida de valor internacional de los activos como consecuencia de la depreciación de la libra. Esto depende de que las autoridades sean capaces de frenar la espiral antiinflacionista, o sea, de mantener la inflación justo en el punto en que representa un incentivo y no lo contrario. Por eso es tan importante contener la demanda efectiva, manteniendo alto el paro o incluso aumentándolo, si es menester. En realidad, no había nada de ironía en calificar de ‘brillante’ el registro de un crecimiento negativo en el cuarto trimestre de 2010. Es la confirmación de que la política de Cameron produce exactamente los resultados que está pensado que produzca. Lo cual demuestra dos cosas. Una, que los antikeynesianos no son antikeynesianos hasta el fin; el doctrinarismo es para los incautos que se lo quieran tragar; estos antikeynesianos lo que son es keynesianos perversos, que mantienen intacto el aparato conceptual de Keynes, sólo que para ponerlo al servicio de fines inconfesables. La otra, reconozco mi error anterior, es que Cameron no es, en efecto, tan tonto como parecía: fue número uno de su promoción de Economía en Oxford.


[Nota: Si le ha interesado esta entrada, puede que también le interese esta otra: El modelo alemán].

Macrorregiones

En tiempos en que tenía amigos en la Xunta de Galicia, ellos me pidieron un papel sobre la posibilidad de constituir, al amparo de la normativa comunitaria, una macrorregión que integrara a Galicia y el Norte de Portugal. La idea me pareció interesante, la estudié con cariño y al cabo de unos meses redacté un informe sobre los vínculos históricos entre las dos, las sinergias actuales y las oportunidades que una hipotética colaboración abría para el futuro. El asunto no llegó a más por cosas de la política. Ahora constato que el PP continuó con aquello, incorporando a otra de las comunidades autónomas que gobierna, Castilla y León, que incluso parece haber liderado el proceso. Con fecha 17 de septiembre de 2010, se constituyó la macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE), a la que se empieza a dotar de contenido con un ambicioso proyecto de infraestructuras para el automóvil eléctrico, justificado por la importancia que la industria de fabricación tiene en las tres regiones. Mi idea de la macrorregión era distinta; estaba basada más en la comunidad de servicios públicos que en la industria, pero hay que reconocer los aciertos cuando son evidentes.

Hace casi un año, al hilo de la retirada del parlamento de la Nación del nuevo estatuto de autonomía para Castilla-La Mancha, como todos recordarán a causa del problema del agua, propuse la creación de una macrorregión que agrupara a Castilla-La Mancha, Extremadura y el Centro de Portugal, para realizar una gestión eficiente y a la vez rentable del río Tajo, de forma que este recurso natural se convirtiera en una fuente de ingresos para las tres. No se me hizo caso, quizá porque algunos creen que los derechos sobre el agua de un río pertenecen en exclusiva a la comunidad autónoma en que están localizadas sus fuentes (tesis rechazada por el Congreso), quizá porque la solución que yo proponía – una solución de mercado – sonaba desagradablemente en los oídos de quienes opinan que el mercado es inapropiado para resolver esta clase de problemas, quizá en fin porque este blog es demasiado modesto como para que lo lean las personas que tienen capacidad de decisión en estos asuntos. Sea de ello lo que fuere, el caso es que mi propuesta de macrorregión del Tajo, o si se prefiere de “Regiones del Centro de la Península Ibérica (RECEPI)” (¿pillan el latín?), sigue durmiendo el sueño de los justos.

Pero lo tiempos que corren son los que son. Quedarse atrás en estas cosas es perderse en el arroyo de la historia. Castilla-La Mancha no puede continuar siendo una comunidad aislada en el centro de la Península Ibérica, ahora incluso sin caja de ahorros propia. Se precisa una enérgica voluntad de resistencia a la adversidad, probar nuevas fórmulas, abrirse al mundo. La posesión común del Tajo, recibida de Dios o de la naturaleza, como se prefiera ver, es un motivo de unidad entre las tres. Lo que el parlamento español ha rechazado porque provenía de una única región española, tendrá mucho más difícil rechazarlo si viene apoyado por dos regiones españolas y una portuguesa. ¿Captan la idea? No es el mercado, es la unión estratégica, imprescindible en un mundo cada vez más globalizado.

Prostitución

Tiendo a ser partidario de la libertad en asuntos económicos. Es un sesgo que da la profesión. Ni siquiera lo soy porque crea que eso nos llevará al mejor de los mundos posibles, sino porque me parece la única forma eficaz de evitar los peores. Así, por ejemplo, creo que las drogas y la prostitución deberían ser legales; es la única forma de evitar su control por las mafias.

Pero es un hecho que la sociedad no aprueba su legalización. Por tanto, hay que partir de ese hecho. Una vez aceptado, la cuestión pasa a ser la protección de la mujer, a la que hay que considerar la verdadera víctima de ese tráfico; por lo menos, las mujeres son víctimas en su mayor parte. La legislación española persigue a la organización mafiosa que trafica con mujeres, la hace inmigrar ilegalmente con el engaño de un trabajo decente y legal, les cobra un precio abusivo por entrar y residir en el país sin papeles, las trata como verdaderas esclavas que han de prestar sus servicios sexuales en condiciones infrahumanas para comprar su libertad, y las chantajea con la situación irregular que ha creado para ellas y las amenaza con represalias sobre ellas y sus familias, para que se comporten dócilmente. Se persigue a esa organización, y es justo hacerlo.

Pero hay otra asignatura que nuestra sociedad no consigue aprobar, y es el rechazo social de los servicios que ofrece la organización mafiosa. La sociedad es negligentemente tolerante con el hombre que busca placer en la servidumbre de un semejante; se ve como una muestra de hombría, cuando en realidad es una forma de participar y financiar la perpetuación de esa condición esclavizada. Algunas sociedades, igual de opuestas a la legalización de la prostitución, han conseguido ser mucho más consecuentes en sus intentos de erradicarla. Con arreglo a muchas legislaciones estatales en Estados Unidos, también se persigue al varón que busca servicios sexuales a cambio de dinero. Ofrecer dinero a una mujer es un delito que hace a muchos sufrir cuantiosas multas y, en caso de reincidencia, dar con sus huesos en la cárcel. Por aquí deberíamos considerar la oportunidad de una legislación semejante. Creo que es una buena reflexión para esta semana en que se celebra el día mundial de la mujer.

El mercado laboral, en tiempo de descuento

La opinión liberal cree que, si los sindicatos desaparecieran, mucho mejor; en su defecto, todo lo que los debilite es bueno y debe ser saludado. Así lo ha creído siempre, desde que el liberalismo económico se separara del político en la Francia de la Restauración, allá por la década de 1820, y el primero produjera a doctrinarios como Fredéric Bastiat, cuyas ideas ha vuelto a poner de moda el liberalismo de hoy, después de que Margaret Thatcher prácticamente liquidara a las Trade Unions y la negociación colectiva de su país en los ochenta. De modo bien distinto, el modelo alemán se fundamenta en la convicción de que sindicatos fuertes y una negociación colectiva llena de contenidos son eslabón imprescindible en la cadena de transmisión que permite ajustar los salarios a la productividad y, más aun, permitir que el crecimiento de la productividad se adelante al de los salarios, que es una de las causas del resurgir económico de Alemania en medio de la crisis. En el Reino Unido, por el contrario, los yuppies que en los ochenta y los noventa se llenaron los bolsillos a costa de deprimir los salarios no tienen ahora ni idea de qué hacer para sacar al país del agujero cavado por su propia imprevisión.

Volviendo al mercado laboral español, está necesitado, en efecto, de una profunda reforma que lo aproxime al modelo alemán. Adolece de una estructura sui generis, heredada de la transición democrática. Soy consciente de que mis ideas al respecto no coinciden con las de las direcciones de los sindicatos mayoritarios. Pero digo lo que pienso, y lo que pienso es esto. No tiene sentido – al menos, no sentido económico – aferrarse a un modelo sindical de representatividad democrática de los trabajadores, de todos los trabajadores. Los sindicatos deben representar a sus afiliados. Si así fuera, como lo ocurre en Alemania, todo estaría más claro. No habría tan solo de un 15 a un 20 por ciento de afiliación, sino probablemente bastante más; los sindicatos dependerían de sus cuotas y no de subsidios institucionales para su financiación; los convenios serían de eficacia limitada a los afiliados de las organizaciones, patronales y sindicales, firmantes; el resto de los asalariados tendría derecho al salario mínimo o lo que quiera pagarles el empresario, que es, básicamente, la situación en el Reino Unido (y que los liberales denominan, con su victoriano gusto por los eufemismos, negociación individual); patronales y sindicatos podrían incluir cláusulas de close shop en los convenios, es decir, reconocer el privilegio de los sindicatos a proponer candidatos a cubrir vacantes y eventuales aumentos de plantilla, o en su defecto vetar el recurso a empresas de trabajo temporal; llegado el momento de una huelga general, como la del 29 de septiembre, los sindicalistas no se sentirían decepcionados por un magnífico paro que movilizó a la casi totalidad de los afiliados pero, como era previsible, a nadie más. Etcétera, etcétera.

Creo que, por esta vez, la pelota está en el alero de las direcciones sindicales. En lugar de enredarse en temas puntuales y un tanto abstrusos para el gran público, como la ultraactividad, que están absorbiendo buena parte de sus energías negociadoras con la patronal, tendrían que replantearse el modelo general de relaciones laborales, que no es responsable de la crisis pero sí puede ayudar a salir de ella. Debates de detalle, como el de la ultraactividad, se resolverán solos, con la primera negociación colectiva en la que, habiéndose rebasado sin acuerdo el ámbito temporal del convenio, el empresario opte por poner a sus empleados a salario mínimo; si los trabajadores tragan, se habrá acabado la ultraactividad; si le montan una huelga que lo deje temblando, él mismo se apresurará a meter de nuevo la ultraactividad en el convenio y los sindicatos podrán sacarle algo en contrapartida, por la metedura de pata. Es así de sencillo. Así funciona el modelo alemán, sin paternalismos de ningún género.


[Nota: Si le ha interesado esta entrada, puede que también le interese esta otra: El modelo alemán].

El precio del petróleo

Se ha hablado mucho de la bajada del límite de velocidad a 110 km/h, y poco o nada puedo añadir de nuevo a lo ya dicho. Únicamente, voy a referirme a una previsión del gobierno, que me parece absolutamente ilusoria, como muchas de las suyas. Es el anuncio de que se volverá al límite anterior de 120 km/h en cuanto lo permita el retorno del mercado de petróleo a la normalidad. Si por “normalidad” se entiende la reducción del precio a 70 dólares el barril, que es el punto de partida, eso no va a ocurrir nunca. Es del todo improbable que, aunque la crisis de Libia se resolviera de forma inmediata, el precio del barril baje de los 100 dólares.

La crisis Libia ha tenido una importancia solo circunstancial en la escalada de precios. El petróleo de extracción más barata del mundo es el de Irak, unos 11 dólares el barril; el más caro, hasta comienzos de 2010, el de Alaska, unos 70 dólares el barril. El petróleo de Alaska ha marcado el coste marginal desde 2003. El petróleo de Libia es mucho más barato (bastante más cerca del iraquí) pero la reducción de la producción por la crisis política del mundo árabe es inferior al 1 por 100 de la oferta global; por tanto, el precio no debería estar subiendo tanto. Para explicar la subida, los expertos en finanzas, que son los más consultados por los medios, recurren al efecto precaución de la demanda: los operadores aumentan sus stocks, en previsión de que los precios suban aun más si otros países productores – y muy señaladamente Arabia Saudita – se ven afectados por el contagio de las revueltas.

Eso es coger el rábano por las hojas. Los expertos financieros se equivocan si creen que el precio terminará por bajar al coste marginal del petróleo de Alaska, como ocurrió en 2008. Entre 2008 y 2011 ha habido un acontecimiento crucial, que ha subido los costes de la generalidad de los productores. Se trata del vertido del golfo de México, en los meses centrales del año pasado. El petróleo de Alaska fue el primero en contabilizar los costes (y descontar los riesgos) medioambientales; por eso ha sido el más caro hasta ahora. Cuando Bush levantó la prohibición de realizar prospecciones en Alaska, fue a cambio de hacer a las compañías responsables de cualquier daño medioambiental. Las compañías calcularon esos costes y descontaron esos riesgos, y el resultado fue 70 dólares el barril. El petróleo del golfo de México era mucho más barato… hasta que BP ha descubierto que podía ser extremadamente caro en caso de vertidos submarinos. Como consecuencia de las pérdidas sufridas en ese accidente ecológico, indemnizaciones incluidas, todas las compañías están revisando al alza el cálculo de sus costes en extracciones offshore, es decir, submarinas. Vueltos a recalcular los costes, con holgura para mejorar la seguridad de las explotaciones submarinas y/o reparar los daños medioambientales, el precio del petróleo extraído en plataformas offshore sube por encima del extraído en la tierra firme de Alaska, y se va a 100 dólares el barril. La crisis del mundo árabe es la ocasión que las compañías han aprovechado para trasladar la subida de costes al mercado.

Lo realista es suponer que la era del barril de crudo a precios de dos dígitos ha quedado atrás para siempre. Si el retorno al límite anterior depende de eso, es probable que los 110 km/h hayan llegado para quedarse.

Tanta gobernanza económica va a acabar con nosotros

En marzo, muchas cosas van a decidirse que nos afectarán largo tiempo. El calendario es éste: viernes 4, reuniones del los partidos conservadores de la eurozona en Helsinki y de los partidos socialistas en Atenas; viernes 11, cumbre de la eurozona (“Eurogrupo”) sobre los mecanismos para afrontar la crisis de la deuda; jueves 24 y viernes 25, cumbre de la Unión Europea para debatir las decisiones del Eurogrupo. Ya sabemos las posturas adoptadas en Helsinki y Atenas.

Los conservadores apuestan por políticas de austeridad, siguiendo a Angela Merkel. En materia de deuda, hablan de disciplina fiscal y de castigo a los que se desmanden. El líder democristiano irlandés, Enda Kenny, que fue a Helsinki a pedir tipos de interés más bajos para los préstamos de su rescate, se ha encontrado con la rotunda negativa de Merkel. Los conservadores quieren cerrar la crisis por las buenas o por las malas, y centrarse en poner en marcha el pacto de competitividad Merkel-Sarkozy.

Los socialistas serían más generosos con Kenny que los correligionarios de éste. Están dispuestos a reducir los tipos de interés de los rescates, a condición de que se imponga una tasa sobre las transacciones financieras - tasa Tobin - que reportaría a la UE ingresos fiscales por importe de 250.000 millones de euros al año, muy convenientes para la puesta en marcha de un pacto por el crecimiento, que quiere ser alternativo al de competitividad de los conservadores, con la creación de 8 millones de empleos y la reducción de la tasa de paro europea del 10 al 8,4 por 100 para 2015.

Ha llamado la atención de los observadores el tono militante de la cumbre socialista, cuyo anfitrión ha sido Georgios Papandreu, primer ministro griego. Han asistido todos los líderes socialistas en la oposición, con Martine Aubry, francesa, y Signar Gabriel, alemán, a la cabeza. Muy comentada ha sido la ausencia de Rodríguez Zapatero y José Sócrates, primeros ministros de España y Portugal. En rueda de prensa, Papandreu y el líder de los socialistas europeos, el danés Poul Nyrup Rasmussen, ex primer ministro de su país, quitaron hierro a la citada ausencia, explicándola como que Zapatero y Sócrates están en una delicada posición de cara a las cumbres de este mes. La realidad es que Zapatero lleva un año apoyando sin fisuras el enfoque de Merkel para afrontar la crisis. No podía, sencillamente, acudir a Atenas a decir algo distinto. Y decir lo que viene diciendo desde hace meses habría desentonado demasiado del ánimo general de los socialistas europeos en este momento. En todo caso, si la ausencia de Zapatero es explicable, la actitud de Papandreu, desafiante con Alemania pese a la servidumbre que se la ha impuesto tras el rescate, merece ser calificada de “heroica”.

Pero lo realmente importante es que los conservadores nos prometen más de lo que ya tenemos y los socialistas apuestan por el albur de una medida que nunca se ha ensayado. La disciplina fiscal suena bien en los oídos de poblaciones que están hartas de la corrupción de los políticos y que verían con buenos ojos la reducción de burocracias de marcados rasgos kafkianos; pero esa disciplina pretende empobrecernos para que aprendamos a ser más productivos y competitivos. Los socialistas parecen no querer tanta disciplina fiscal – habría que ver qué dirían estando en el gobierno – e insisten, en cambio, en reforzar la gobernanza económica de Europa. ¿Pero qué más gobernanza económica quieren que la que ya tenemos? ¿Acaso imponer tanta disciplina fiscal no es una forma de gobernar económicamente Europa? A nosotros nos gobierna Angela Merkel, una estadista a la que no hemos elegido y a la que no podemos “castigar” electoralmente si nos desagrada lo que hace. Lo que se necesita es menos gobernanza económica y no más, precisamente. Mientras la política fiscal no la decida un gobierno representativo y responsable ante un parlamento europeo elegido democráticamente, los miembros de la Unión Europea deberían ser libres para decidir la que les conviene, porque si no, indefectiblemente, se les aplicará la que conviene a otros.

Depresiones, individuales y colectiva

El amigo Campa, secretario de Estado de Economía, y el amigo Trichet, presidente del Banco Central Europeo, seguramente sin quererlo, han encendido una luz de alarma con sus intervenciones de esta semana, apuntando que en España el ahorro es demasiado alto y el consumo demasiado bajo. El detalle al que aluden esas dos preclaras mentes de la economía es la prueba más fehaciente de que vamos camino de instalarnos en una depresión económica.

Concomitantemente, aumenta de forma considerable el número de depresiones anímicas entre la población. Los malos ambientes laborales, con pérdida de compañerismo y episodios de mobbing, que tienden a aparecer por el aumento de la competencia, favorecen el desequilibrio psíquico en los más débiles. La sanidad pública, tan elogiada, está dando un giro y muestra ahora su faz de maquinaria reparadora de la fuerza de trabajo. Los médicos de familia, al menos en algunas comunidades autónomas, si no en todas, han recibido instrucciones precisas de reducir las bajas por enfermedad al mínimo, y perciben primas salariales si lo consiguen. Los enfermos, obligados a retornar cotidianamente a centros de trabajo donde no pueden rendir con normalidad, son percibidos por sus compañeros como estorbos, aprovechados y vagos. La tensión generada durante horas en esa clase de medio se traduce en ansiedad, angustia e insomnio, y cuando se pierde el descanso el cuadro depresivo aparece por sí solo. Son entonces remitidos a los servicios psicológicos de la seguridad social, atendidos en condiciones casi heroicas por profesionales sin medios y enfrascados en tal multitud de casos que su única función consiste en diagnosticar dolencias que permitan al medico de familia atiborrar al paciente de prozac y sus afines, con vistas a darle el alta cuanto antes.

Se ha llegado a un punto en que la sanidad pública, para ser de verdadera calidad, necesita algo más que suministrar fármacos para suprimir síntomas y devolver una apariencia de normalidad. Hace falta que el juramento Hipocrático, que tantos médicos enarbolan cuando se trata de protestar contra el aborto, deje de ser una fórmula vacía en el resto de los casos y que el enfermo, y no las necesidades del aparato productivo, enfocadas con deshumanización, vuelva a ser el centro de la práctica médica. Una reforma de esa naturaleza debería estar escrita en el programa de la socialdemocracia en vez de ser una tonta utopía.

El Banco Central Europeo anuncia subidas de tipos de interés

Hace dos años que empecé a decir a todo el que me quería escuchar que había que reformar el Tratado de Maastricht, en su redacción actual limitado a hacer frente a coyunturas expansivas con tensiones en el nivel general de precios. Hace año y medio conseguí que esa opinión llegara a la prensa impresa, pero está claro que a la mayoría les pareció una excentricidad. No me la inventé: entre finales de 2008 y principios de 2009, se la escuché a un par de economistas estadounidenses, para mí de la máxima confianza; uno de ellos, Krugman. Ahora se ve lo acertado de la propuesta.

Trichet, el presidente del Banco Central Europeo ha dicho que en la reunión de ayer el alto organismo ha decidido, de forma casi inamovible, subir los tipos de interés de la eurozona el mes que viene. La medida vendrá a caer como un jarro de agua fría sobre las maltrechas economías europeas. Alemania aguantará bien la subida; está creciendo por encima del 3,5 por 100 anual. A los que inician una trabajosa recuperación, como Francia (que crece al 1,5 por 100), es probable que les corte el impulso en seco. Y a los que estamos todavía en plena recesión o cayendo de nuevo en ella, como Grecia, Irlanda, Portugal, el Reino Unido y España, el contratiempo nos puede sin pulso ninguno. Los mercados empiezan a descontarlo: el euro se ha ido para arriba (problemas para nuestras exportaciones) y el Ibex-35, que empezó bien la jornada, al final se fue para abajo.

La inflación de la eurozona se está acelerando. Si en diciembre el BCE preveía para 2011 el 1,8 por 100, ahora ha revisado sus previsiones y pronostica cinco décimas porcentuales más. La causa estriba, a ojos vista, en la escalada de los precios del petróleo, y por eso el BCE no ha subido los tipos todavía. Espera que la crisis de Libia pase y el barril de Brent retorne a la normalidad. Pero no puede ver que la inflación se le va al 2,3 por 100 y no hacer nada: el Tratado de Maastricht le obliga a hacer todo lo que esté en su mano para que la subida anual de precios no supere el 2 por 100. ¿Entienden ahora por qué llevo dos años reclamando la revisión del Tratado?

La otra cosa que ha dicho Trichet es que España debe ahorrar menos. O sea, que empiezan a estar tan despistados como nuestro secretario de Estado de Economía, Campa, que esta semana planteó lo mismo. Ahora les sale a todos la vena keynesiana. ¡A buenas horas, mangas verdes! Lo malo es que ya es a destiempo. Suben los tipos de interés para controlar la inflación y quieren relanzar el consumo para que la economía no se deprima. Empiezan a hacer experimentos con nosotros, como se hace con algunos enfermos terminales, a ver si suena la flauta por casualidad.

Preocupantes muestras de desesperación en el gobierno

Ver para creer. Anteayer, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, flamante profesor del muy prestigioso IESE de la Universidad de Navarra antes de meterse en política (de lo que a estas alturas ya debe estar algo arrepentido), se descolgó afirmando que la solución a los males de la economía española radica en que las familias consuman más, en que no ahorren tanto. Presentando un estudio – seguramente muy sesudo, no digo que no – desveló que el ahorro nacional, cifrado en un 18,7 por 100 del PIB, es el más elevado de la Unión Europea; y que, con solo descender hasta el 14 por 100, en que se sitúa el promedio de la UE, el PIB español crecería 2,4 puntos porcentuales más. Vamos, que saldríamos de la crisis sin darnos ni cuenta.

Digo que el gobierno tiene que estar desesperado para recurrir a esta clase de argumentos. A lo mejor el secretario de Estado no ha caído en la cuenta de que el ahorro de las familias españolas es superior al del resto de las familias europeas como reflejo de la superior incertidumbre que gravita sobre las primeras. Y a lo mejor tampoco se ha percatado de que la incertidumbre que pesa sobre las familias españolas es superior porque también lo es la tasa de paro, y a que ésta continúa subiendo, y a que, como consecuencia de todo ello, la probabilidad de que cualquier familia tenga a alguien en su seno en paro es cada día mayor, y a que se mantiene una elevada tasa de ahorro – como dicen los economistas - por motivo de precaución, es decir, “por lo que pudiera sobrevenir”. Reduzcan ustedes la tasa de desempleo y verán qué pronto reducen también su ahorro las familias. Lo que les gusta a las familias es consumir, no ahorrar; si ahorran más de la cuenta, es por inseguridad macroeconómica, que corresponde enteramente al gobierno hacer retroceder.

Pero el mensaje del secretario de Estado, aparte de un contenido económico sorprendentemente pobre en un hombre con sus credenciales, trasluce entre líneas una consigna en clave electoralista, que ya parece el colmo. Lo que se nos viene a decir es que el gobierno ya hecho todo lo que podía hacer, o sea, sus deberes; si no salimos todavía de la crisis es porque el conjunto de las familias, esto es, la sociedad española propiamente dicha, al ahorrar demasiado, se empeña en no hacer los suyos. Resulta no solo que la sociedad española está pagando todos los sacrificios que se empeña en hacer el gobierno en su supersticiosa idolatría de los mercados financieros (materia en la que es maestro el profesor Campa), sino que además debería sufrirlos mientras consume más, es decir, estando contenta. ¿Y con este estupendo programa esperan tirar hasta 2012? Apañados estamos.

Portugal se mueve hacia un punto de no retorno

Mientras aquí se da por concluida la crisis de la deuda en lo que pueda afectarnos, y alejado el pánico del pasado otoño, el país se dedica a las cosas que de verdad importan, como quién sucederá a Zapatero y en cuánto se amplía la ventaja en los sondeos del PP sobre el PSOE, el magnate George Soros, promotor y gestor de algunos de los mayores hedge funds del mundo, pronostica que la crisis de la deuda, lejos de haberse conjurado, está en una fase latente nada más que para estallar con renovada fuerza y engullir en ella a nuevos países de Europa y quizá otros fuera de ella. Estoy con Soros. Vengo sosteniendo que el origen de la crisis de la deuda soberana está en la sospecha profunda de los mercados de que la zona euro, y después también el Reino Unido, se equivocaron soberanamente al emprender políticas de consolidación fiscal cuando las economías todavía no habían alcanzado tasas de crecimiento lo suficientemente elevadas como para verse afectadas solo de forma moderada por semejantes políticas. Los mercados han temido, y todavía temen, que las políticas de consolidación fiscal arrojen a las economías europeas en una nueva y severa recesión que hunda la recaudación tributaria y cercene de raíz las posibilidades de devolver la deuda acumulada. Datos como el crecimiento negativo del Reino Unido – segunda patria de Soros y al que subliminalmente se refiere al hablar de “otras economías europeas” – en el cuarto trimestre de 2010 vienen a abonar esa sospecha.

Una cosa es cierta: ahora mismo, los mercados no sienten una preocupación especial por España, pero por la única razón de que están atentos a lo que ocurra con Portugal. Muchos dan por descontado el rescate de este país, vecino nuestro. El gobierno socialista, en minoría parlamentaria, se resiste, porque con toda probabilidad una ocasión así sería lo esperado por la oposición centrista del Partido Social Democrático (PSD) para presentar una moción de censura y derribar al gobierno. Si el PSD no ha presentado todavía esa moción, o ha rehusado apoyar la presentada por la minoría de izquierdas de la cámara, es porque su triunfo desataría el pánico de los mercados y obligaría al rescate, con el PSD apareciendo como responsable de lo que muchos considerarían un desastre nacional. A la espera de una ocasión mejor, el PSD ha firmado un acuerdo con el gobierno para inspirar confianza, extremando así los gestos de responsabilidad por parte de quien está predestinado a coger las riendas del gobierno. El problema es que, sin moción de censura, no habrá elecciones hasta finales de 2013, y nadie piensa que un plazo tan dilatado sirva para arreglar las cosas, sino probablemente todo lo contrario. Así las cosas, bastaría que el crecimiento de Portugal, castigado por las severas medidas de ajuste presupuestario adoptadas en 2010, fuera negativo un solo trimestre para que los mercados, rozando la histeria, protagonizaran sesiones de infarto como las vividas el pasado otoño en relación con Irlanda. Todo lo cual, cuando por segundo mes consecutivo el paro sigue creciendo en nuestro país de forma alarmante, no podría dejar de afectar a nuestro crédito internacional sino muy desfavorablemente.

China se pone las pilas

A principios de marzo, el gigante asiático va a aprobar su XII Plan Quinquenal. Según todos los indicios, representará un giro de proporciones históricas en su política económica, comparable a las Cuatro Modernizaciones de comienzos de los años ochenta. En los últimos tiempos, los dirigentes chinos venían hablando de corregir las Cuatro Uns (unstable, unbalanced, uncoordinated y unsustainable, o sea, inestable, desequilibrada, descoordinada e insostenible), que caracterizan su economía. El XII Plan Quinquenal pretende cambiar eso de raíz.

Dicho en términos macro, la economía china ha dependido en exceso de sus exportaciones – que son nuestras importaciones y del resto del mundo – para crecer. Eso ha determinado un superávit exterior en el que se materializaba el ahorro del país, invertido – inevitablemente – en financiar el déficit de pagos de otras economías, señaladamente la estadounidense y la nuestra. Las consecuencias de ese modelo han sido gravosas para los chinos: crecimiento desproporcionado de la industria comparativamente a los servicios, una economía altamente agresiva con el medio ambiente, y pérdidas considerables de capital en toda la crisis. Ahora, además, los países desarrollados importan mucho menos, debido a la caída de su demanda agregada.

El XII Plan Quinquenal se propone corregir el desequilibrio entre sectores, haciendo crecer intensamente los servicios, que además ofrecen mayor capacidad de creación de puestos de trabajo que la industria; si no tiene éxito en esto, no habrá forma de absorber el desempleo que ya se cuenta por millones. El necesario instrumento de esta política es un aumento de la demanda de consumo a costa del ahorro. Para conseguirlo, China planea introducir un sistema de protección social que reduzca la incertidumbre que domina a las familias, y que es lo que les induce a ahorrar. En otras palabras, China se enrumba hacia el estado de bienestar.

La contrapartida de semejante política, en caso de tener éxito, será que, en la medida en que China reduzca su superávit exterior, los demás tendremos que reducir nuestro déficit. La buena noticia es que, si crece su demanda de consumo, habrá más mercado para todos; China se convertiría en el gran mercado del siglo XXI, tomando el relevo de Estados Unidos, que lo fue en el siglo XX, quien a su vez reemplazó al Reino Unido, que lo fue en el XIX. Ahora bien, la cuota que nos toque a España en el mercado chino tampoco se nos dará de forma automática. Habrá que competir por ella. Y si no estamos a la altura de esa competencia, nuestra parte de la tarta se la llevarán otros, como ya está haciendo Alemania. En el peor de los casos, los cambios en China nos obligarán a reducir permanentemente nuestro consumo sin encontrar compensación en nada.