Cataluña y el impuesto de sucesiones

Esta semana, al cumplirse sus cien primeros días de mandato, el presidente catalán, Artur Mas, ha procedido a borrar de su mapa el impuesto de sucesiones. No sólo eso: previsiblemente, acaba de darle la puntilla en toda España.

La primera idea que a uno se le ocurre en este asunto es que Mas, que está despidiendo centenares de empleados públicos de la Generalitat y sus aledaños, como las universidades, por falta de recursos, ahora parece empeñado en tener menos recursos todavía, porque algo recaudaría por vía de este impuesto, digo yo. Una pregunta irrelevante: ¿cuántos empleados públicos tendrán que perder su puesto de trabajo para pagar este gesto? Porque, evidentemente, es un gesto dirigido a los ricos; una reducción de impuestos, con su correspondiente redistribución (regresiva) de la renta disponible, de la que se van a beneficiar las rentas altas, y más cuanto más altas. Sin embargo, quedarse en eso sería superficial. Es listo el honorable president. Pero no tan listo como para que en PURGATORIO ECONÓMICO no nos hayamos percatado de la jugada y para que no veamos en ella menos una muestra de fuerza que de debilidad del nacionalismo catalán.

La idea es tan sencilla como atraer a Cataluña tantas grandes fortunas como sea posible. ¿Que es usted hijo de un venerable anciano forrado de pasta? Si el anciano está próximo a su fin, no tiene usted más que trasladar su propia residencia, digamos, a Barcelona, y empadronarse allí. Si no lo hace, cuando se produzca el luctuoso proceso, y suponiendo que el occiso le deja a usted una herencia valorada en 100.000 euros, tendrá usted que pagar 124 euros en Madrid y 620 en Castilla-La Mancha, pongamos por ejemplos. Bueno, 600 euros no es tanto - ¿o sí, en los tiempos que corren? Pero si lo que hereda es 100 millones de euros, entonces tendrá que pagar 124.000 en Madrid y 620.000 euros en Castilla-La Mancha; nada en Cataluña. Con el importe del impuesto que se ahorra, puede usted comprar una vivienda, más o menos lujosa según de donde proceda, en un buen barrio de Barcelona, vivienda que prácticamente le saldrá gratis. Dice la web de la Comunidad de Madrid que se bonifica el 99% del impuesto (en Castilla-La Mancha, únicamente el 95%) y no el 100%, para mantener un «elemento de control tributario». Pues bien, en Cataluña ni eso. Y hay una coda muy interesante: las bonificaciones mencionadas son sólo para padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho; los demás tienen que pagar el impuesto entero: por ejemplo, 20.000 euros para una herencia de 100.000. De manera que el efecto llamada será muy poderoso en todos los casos en que el presunto heredero no sea familiar en primer grado.

Debe pensar el buen Artur Mas que ahora que empiezan a retornar los inmigrantes de los últimos lustros a sus países de origen, ya va siendo deseable que en su lugar empiece a llegar gente guapa, de ésa que tan mal habla de Cataluña y los catalanes, a ver si cambian de opinión y, sobre todo, que lleguen con la bolsa llena. Ya se sabe, Barcelona es bona…. Aunque mucho me temo que eso no le devolverá ni de lejos la brillantez de antaño, cuando era la Ciudad de los Milagros, o cuando Eduardo Mendoza la rememoraba para nosotros y fue incluso más grande, a finales de los años sesenta y durante los setenta del siglo pasado, en los tiempos del movimiento vecinal y la Asamblea de Catalunya, de la Nova Cançó y Gato Pérez, de Seix Barral y Ariel, de Pepe Carbalho y Últimas tardes con Teresa, de El tartufo y Els Joglars y Comediants, de Fata Morgana y El extraño caso del doctor Fausto… sólo por citar lo primero que se me viene a la cabeza. Eran tiempos en que la ilustrada clase media aspiraba a elevar a su nivel a un proletariado inmigrante. Ahora la clase media continúa manejando el cotarro pero ya no es ilustrada, y su única ambición es trepar a la clase alta.

Macrorregiones

En tiempos en que tenía amigos en la Xunta de Galicia, ellos me pidieron un papel sobre la posibilidad de constituir, al amparo de la normativa comunitaria, una macrorregión que integrara a Galicia y el Norte de Portugal. La idea me pareció interesante, la estudié con cariño y al cabo de unos meses redacté un informe sobre los vínculos históricos entre las dos, las sinergias actuales y las oportunidades que una hipotética colaboración abría para el futuro. El asunto no llegó a más por cosas de la política. Ahora constato que el PP continuó con aquello, incorporando a otra de las comunidades autónomas que gobierna, Castilla y León, que incluso parece haber liderado el proceso. Con fecha 17 de septiembre de 2010, se constituyó la macrorregión de Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE), a la que se empieza a dotar de contenido con un ambicioso proyecto de infraestructuras para el automóvil eléctrico, justificado por la importancia que la industria de fabricación tiene en las tres regiones. Mi idea de la macrorregión era distinta; estaba basada más en la comunidad de servicios públicos que en la industria, pero hay que reconocer los aciertos cuando son evidentes.

Hace casi un año, al hilo de la retirada del parlamento de la Nación del nuevo estatuto de autonomía para Castilla-La Mancha, como todos recordarán a causa del problema del agua, propuse la creación de una macrorregión que agrupara a Castilla-La Mancha, Extremadura y el Centro de Portugal, para realizar una gestión eficiente y a la vez rentable del río Tajo, de forma que este recurso natural se convirtiera en una fuente de ingresos para las tres. No se me hizo caso, quizá porque algunos creen que los derechos sobre el agua de un río pertenecen en exclusiva a la comunidad autónoma en que están localizadas sus fuentes (tesis rechazada por el Congreso), quizá porque la solución que yo proponía – una solución de mercado – sonaba desagradablemente en los oídos de quienes opinan que el mercado es inapropiado para resolver esta clase de problemas, quizá en fin porque este blog es demasiado modesto como para que lo lean las personas que tienen capacidad de decisión en estos asuntos. Sea de ello lo que fuere, el caso es que mi propuesta de macrorregión del Tajo, o si se prefiere de “Regiones del Centro de la Península Ibérica (RECEPI)” (¿pillan el latín?), sigue durmiendo el sueño de los justos.

Pero lo tiempos que corren son los que son. Quedarse atrás en estas cosas es perderse en el arroyo de la historia. Castilla-La Mancha no puede continuar siendo una comunidad aislada en el centro de la Península Ibérica, ahora incluso sin caja de ahorros propia. Se precisa una enérgica voluntad de resistencia a la adversidad, probar nuevas fórmulas, abrirse al mundo. La posesión común del Tajo, recibida de Dios o de la naturaleza, como se prefiera ver, es un motivo de unidad entre las tres. Lo que el parlamento español ha rechazado porque provenía de una única región española, tendrá mucho más difícil rechazarlo si viene apoyado por dos regiones españolas y una portuguesa. ¿Captan la idea? No es el mercado, es la unión estratégica, imprescindible en un mundo cada vez más globalizado.

¡Menudos liberales!

Lo han dicho Camps y Valcárcel: ellos tienen derecho a toda el agua de Castilla-La Mancha que se les antoje, y absolutamente gratis. No hace falta preguntarles que les parecería que los castellano-manchegos obtuviesen, igual de libres de cargos, todo el mármol de Novelda o plomo de La Unión con el que quisieran hacerse. Pensarían que es un auténtico robo. Pues el agua no es un bien muy diferente: se trata de un recurso mineral, sujeto a unas condiciones de producción (oferta) y demanda similares. ¿Qué el agua es imprescindible para la vida humana? También lo son los alimentos, y nadie ha planteado repartirlos gratis. Además, Valencia y Murcia no utilizan tanto el agua para el consumo de boca de su población como para regar huertas y atender instalaciones turísticas. ¿Acaso pretenden obtener gratis también la tierra, los fertilizantes y demás inputs necesarios, con el agua, para la producción agrícola, o los hoteles, sus instalaciones y mobiliario? Está claro que no. Las leyes de la economía les obligan a repartir el valor añadido entre los legítimos propietarios de los factores que contribuyen a la producción… excepto el agua. Se aprovechan de un precio administrado – nada afín a las doctrinas liberales – que representa una verdadera confiscación de los derechos económicos de otras Comunidades Autónomas.

Es una confiscación consentida por una interpretación torcida de la Constitución Española de 1978. Su artículo 148.1 número 10 faculta a las Comunidades Autónomas para asumir competencias en “[l]os proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales”. Esto debería ocurrir sin necesidad de que lo recoja ningún Estatuto de Autonomía, por simple transferencia competencial a iniciativa de la Administración Central del Estado, como ha ocurrido en otros casos. Pero la Administración Central no lo ha hecho por lo que dice el artículo 149.1 número 22, que reserva competencias exclusivas para esa Administración en el ámbito de “[l]a legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial”.

Es evidente que la voluntad del legislador era introducir una excepción en la competencia autonómica en razón de que las aguas discurrieran por más de una Comunidad Autónoma y no de que su aprovechamiento afecte a otra u otras Comunidades o su transporte salga de su ámbito territorial, que es señaladamente el supuesto mencionado para la energía (pero no para el agua) y, sin embargo, el que subyace a los planes hidrológicos nacionales.

Puesto que el Tajo discurre por tierras de Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, tres administraciones regionales deberían llegar a un acuerdo para organizar un mercado de recursos hídricos, cuya regulación asumirían mancomunadamente las tres, y de cuyos resultados económicos habrán de participar todas ellas, y sólo ellas. Y no se requiere recoger esto en ningún Estatuto de Autonomía. Lo que hace falta es negociar un acuerdo tripartito, y conseguir el apoyo de la Unión Europea para una eurorregión constituida al efecto, si llega a ser necesario.

Valencia y Murcia no van a dejar de tener toda el agua que demanden. Pero tendrán que pagar por ella su justo precio, es decir, el de mercado, como cualquier otro demandante.