¡Menudos liberales!

Lo han dicho Camps y Valcárcel: ellos tienen derecho a toda el agua de Castilla-La Mancha que se les antoje, y absolutamente gratis. No hace falta preguntarles que les parecería que los castellano-manchegos obtuviesen, igual de libres de cargos, todo el mármol de Novelda o plomo de La Unión con el que quisieran hacerse. Pensarían que es un auténtico robo. Pues el agua no es un bien muy diferente: se trata de un recurso mineral, sujeto a unas condiciones de producción (oferta) y demanda similares. ¿Qué el agua es imprescindible para la vida humana? También lo son los alimentos, y nadie ha planteado repartirlos gratis. Además, Valencia y Murcia no utilizan tanto el agua para el consumo de boca de su población como para regar huertas y atender instalaciones turísticas. ¿Acaso pretenden obtener gratis también la tierra, los fertilizantes y demás inputs necesarios, con el agua, para la producción agrícola, o los hoteles, sus instalaciones y mobiliario? Está claro que no. Las leyes de la economía les obligan a repartir el valor añadido entre los legítimos propietarios de los factores que contribuyen a la producción… excepto el agua. Se aprovechan de un precio administrado – nada afín a las doctrinas liberales – que representa una verdadera confiscación de los derechos económicos de otras Comunidades Autónomas.

Es una confiscación consentida por una interpretación torcida de la Constitución Española de 1978. Su artículo 148.1 número 10 faculta a las Comunidades Autónomas para asumir competencias en “[l]os proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales”. Esto debería ocurrir sin necesidad de que lo recoja ningún Estatuto de Autonomía, por simple transferencia competencial a iniciativa de la Administración Central del Estado, como ha ocurrido en otros casos. Pero la Administración Central no lo ha hecho por lo que dice el artículo 149.1 número 22, que reserva competencias exclusivas para esa Administración en el ámbito de “[l]a legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial”.

Es evidente que la voluntad del legislador era introducir una excepción en la competencia autonómica en razón de que las aguas discurrieran por más de una Comunidad Autónoma y no de que su aprovechamiento afecte a otra u otras Comunidades o su transporte salga de su ámbito territorial, que es señaladamente el supuesto mencionado para la energía (pero no para el agua) y, sin embargo, el que subyace a los planes hidrológicos nacionales.

Puesto que el Tajo discurre por tierras de Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, tres administraciones regionales deberían llegar a un acuerdo para organizar un mercado de recursos hídricos, cuya regulación asumirían mancomunadamente las tres, y de cuyos resultados económicos habrán de participar todas ellas, y sólo ellas. Y no se requiere recoger esto en ningún Estatuto de Autonomía. Lo que hace falta es negociar un acuerdo tripartito, y conseguir el apoyo de la Unión Europea para una eurorregión constituida al efecto, si llega a ser necesario.

Valencia y Murcia no van a dejar de tener toda el agua que demanden. Pero tendrán que pagar por ella su justo precio, es decir, el de mercado, como cualquier otro demandante.

No hemos aprendido nada

El pasado viernes, 12 de marzo, el presidente de la comisión económica de la CEOE, José Luis Feito, declaró abiertamente su opinión (aquí) de que, sin “contracción salarial”, no hay salida de la crisis que valga. Los trabajadores tienen que aprestarse a ver reducidos sus salarios, y los parados mucho más, y más cuánto más tiempo permanezcan en el paro.

Es un ejemplo manifiesto de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, o, como decía Churchill, un ser incapaz de elegir lo mejor incluso cuando todas las demás opciones han sido descartadas. (Gracias, Jorge Hurtado, por la cita). A mediados de la década de 1930, Gran Bretaña había acertado a evitar el garrafal error cometido en Estados Unidos al dejarse caer a los mayores bancos (como nosotros mismos hemos conseguido evitarlo ahora) pero sus estadistas incurrieron en la simpleza de creer que el problema eran los salarios. ¿Por qué no invierten los empresarios?, era la pregunta lógica. Y la no menos lógica respuesta era: porque no ganan bastante. ¿Y por qué no ganan bastante? Porque no hay suficiente demanda. ¿Y por qué no hay suficiente demanda? Porque los precios siguen estando demasiado altos. Al dar esta última respuesta, ya se estaba metiendo la pata. Al añadir: “y los precios continúan altos porque los salarios también lo están”, la pata se había hundido hasta el corvejón, como suele decirse. La respuesta correcta era: porque falta dinero para sostener un mayor volumen de renta agregada, al actual nivel de precios o incluso a un nivel de precios ligeramente superior.

Durante varios años, los británicos – en realidad, los residentes en toda la Commonwealth – vieron cómo precios y salarios descendían en una vertiginosa espiral deflacionista. Los productos se “abarataban” pero al hacerlo traían consigo nueva destrucción de dinero (porque el dinero se destruye sin necesidad de quemar billetes: ¡ah!, ¿qué no lo sabían?) y, al destruirse, el escaso que iba quedando se encarecía, o lo que es lo mismo, reclamaba mayores cantidades de bienes y servicios que habían de traducirse en nuevas rebajas de precios (y salarios); y así sucesivamente, en un cuento de nunca acabar.

Los británicos nunca salieron por sí mismos de la trampa. Fueron los estadounidenses, que bajo la presidencia de Hoover habían cometido el error de 1932 con los bancos, pero que a partir de1933 con Roosevelt escarmentaron en cabeza ajena y comprendieron que la salida no estaba en atizar la espiral deflacionista, sino en un esfuerzo vigoroso por hacer subir los precios y salarios. La economía, con frecuencia, es contraria a la intuición.

Utilizaré una imagen para hacer el asunto más comprensible. Estamos empantanados con el automóvil en el barro. Se trata de salir, en eso hay acuerdo. Pero no acelerando, pues así nos hundimos más y más. La forma es ganar tracción con cualquier cosa que tengamos a mano. La economía española tiene que ganar tracción para continuar avanzando. No realmente para salir, todavía, porque no se trata de un simple charco sino de un verdadero pantano cuyo final no está a la vista. Lo seguro, sin embargo, es que si nos empeñamos en acelerar, nos hundimos en las arenas movedizas.

Todo esto, claro está, suena a marciano también a la ortodoxia financiera, cuya sola estrategia es parar el motor, decir “Hasta aquí hemos llegado”, y esperar a que las locomotoras del crecimiento vengan a remolcarnos. El único problema es que las famosas locomotoras o están tan empantanadas como nosotros, o habiendo salido ya del pantano no quieren entrar de nuevo en él a remolcarnos. En el primer caso reconocerán ustedes a Estados Unidos, Japón y Alemania; en el segundo, a China.

IPC de febrero

El pasado viernes se publicó el dato adelantado del IPC de febrero, que, como de costumbre, seguramente se confirmará dentro de unos días. Se ha registrado un 0,9 por ciento de aumento de los precios en tasa interanual (febrero de 2010 sobre febrero de 2009) pero segundo dato de caída en tasa intermensual (febrero 2010 sobre enero 2010). La caída acumulada en los dos primeros meses del año se sitúa así en el 1,1 por ciento. Aunque es posible que los precios en marzo todavía sean un poco superiores a los de hace un año, ya están por debajo de los de abril de 2009 (línea rosa del gráfico adjunto).



Esta vez no ha salido el secretario de Estado a repetir, como lo viene haciendo desde el otoño pasado, que el dato demuestra que no hay, ni ha habido, deflación. En su lugar, la propia ministra ha señalado que esta “moderación de precios […] debería ser favorable para nuestra competitividad” (aquí). Sin comentarios.

Los datos, en cambio, muestran a las claras que después de junio de 2008 – récord absoluto de los precios en España – se inició una clara tendencia deflacionista, a la que todavía no se ha conseguido dar la vuelta. Es la recta que aparece en negro. Pese a todo, el gobierno decidió mantener el viernes la subida del IVA para julio, que prácticamente todo el mundo ya le desaconseja.

Así las cosas, será tremendamente difícil terminar en positivo a fin de año. A lo peor han decidido que un registro negativo del IPC en 2010 refuerza sus argumentos para reducir el sueldo a los funcionarios.