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Hoy es un día de noticias importantes. Selecciono tres. El gobierno ha decidido volver a elevar el límite de velocidad en autovías, de 110 a 120 km/h. Ha cumplido su palabra: dijo que era temporal, y así ha sido. El motivo declarado es que el gobierno lo hizo para ahorrar, porque a 110 el consumo es menor que a 120. Rubalcaba, muy enfáticamente, ha revelado un ahorro superior a 400 millones de euros en la factura de la economía española por la compra de petróleo. La decisión se tomó – según ha dicho – con el petróleo casi a 120 dólares el barril; ahora, está a 106 dólares, y bajando. A esos precios, el ahorro va teniendo menos y menos importancia. Por tanto, el gobierno mantiene su palabra y vuelve a elevar el límite. Hasta aquí lo que dice el gobierno. Mi versión ya la di aquí, cuando el gobierno redujo el límite de velocidad. Se hizo, fundamentalmente, para hacer el automóvil eléctrico más competitivo. Ahora se habla poco del automóvil eléctrico; cada vez menos. La razón es muy clara. Cambiar el parque automovilístico español de combustibles fósiles a cien por cien eléctrico (el sueño del ministro Sebastián, compartido por Zapatero) habría requerido unas quince centrales nucleares de tamaño medio. A principios de año, el gobierno se aprestaba a alargar la vida de las centrales más antiguas, como paso previo – conjeturaba yo – a la construcción de otras nuevas. Tras el desastre de Fukushima, todo esto ha quedado en eso: un sueño. El gobierno acaba de despertar.

Segunda noticia: el consejo europeo elije a Mario Draghi, gobernador del Banco de Italia, sucesor oficial de Trichet al frente del Banco Central Europeo. Draghi, economista ortodoxo, trabajó un tiempo para Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del mundo. Lo importante, sin embargo, es que se ha alineado sin fisuras con la postura del BCE en el asunto de la deuda griega. Como Trichet, no admite ninguna reestructuración de esa deuda que el mercado pueda interpretar como un «evento de crédito» (eufemismo por bancarrota). La semana pasada, tuvo el valor – o la arrogancia – de mantener esa postura en una reunión cara a cara con Angela Merkel, que defendía el reparto de los costes de la crisis con los bancos. Pero Trichet, Draghi y, en definitiva, el BCE se han mantenido intratables: nada de tocar a los bancos. Parece una derrota en toda regla de Merkel. Yo pronostiqué que la canciller lucharía e incluso que el resultado de esa lucha sería que Draghi no llegaría a tomar posesión como presidente del BCE. Hay tiempo hasta el 31 de octubre, pero la decisión de hoy no admite fácil vuelta atrás. Es una mala, muy mala noticia porque confirma el poder omnímodo del BCE y los bancos.

En todo caso, es evidente que voy necesitando unas buenas vacaciones. Purgatorio Económico cierra sus puertas por vacaciones de verano.

Buena marcha del turismo: alivio a corto plazo, preocupación a largo

Resulta que el turismo está creciendo a buen ritmo. No tanto por los residentes como por los no residentes, cuyas visitas han aumentado en enero-marzo un 9% sobre el mismo trimestre del año pasado. También los precios han caído, con lo que la repercusión del dato anterior sobre los ingresos por turismo todavía son desconocidos. Veremos. En todo caso, es oportuna una reflexión sobre el asunto, dentro de la complejidad de nuestros problemas socioeconómicos – fundamentalmente, el paro – y financieros, o sea, la deuda.

No cabe la menor duda de que en cualquier estrategia a largo plazo de salida de la crisis, el turismo tiene que desempeñar un papel protagonista. El turismo es nuestra exportación más importante; lo único peculiar en ella es que los importadores viene aquí a por el producto en vez de tener nosotros que enviárselo a ellos. Es una exportación enormemente económica, porque los gastos de transporte corren a cargo del comprador en vez del vendedor, como suele ser habitual. El problema es que el ladrillo ha puesto una hipoteca sobre el turismo, como la ha puesto sobre la economía española en general. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la misma burbuja inmobiliaria que nos tiene permanentemente al borde de la ruina ha degradado nuestro medio ambiente, sobre todo en las costas, destruyendo por completo el paisaje natural en muchos lugares y sustituyéndolo por malas copias de la «Gran Manzana». Esa destrucción sistemática del entorno natural de nuestras costas ha hecho muchas grandes fortunas en España, y ha contado con los parabienes y la complicidad, realmente culpable en muchos casos, de la clase política, en todos los niveles de la administración pública: local, autonómica y estatal. Para evitar la mayor parte de la burbuja inmobiliaria, hubiera bastado con que los poderes públicos cumplieran con sus obligaciones para con el medio ambiente, que, salvo raras excepciones, no han cumplido en ninguna parte. En este sentido, la clase política de todos, absolutamente todos los partidos con responsabilidades de gobierno, es tan culpable como los especuladores inmobiliarios, cuando no ha fomentado directamente la especulación inmobiliaria como fuente de ingresos alternativa a los impuestos. Digámoslo claramente: ha habido burbuja inmobiliaria porque se prefería eso a una imposición mayor. Y, por esa razón, el déficit ha sido doble en España: primero, porque la recaudación ha caído como consecuencia del descenso en el nivel de actividad económica en general; y segundo, porque la participación de los poderes públicos en las plusvalías inmobiliarias se ha evaporado con las plusvalías mismas. Todavía no he escuchado a ningún partido político hablar de este asunto, y mucho menos sacar las debidas conclusiones.

Ahora, el turismo se reactiva. Bienvenida sea esa reactivación. Pero muy pronto, si las cosas siguen yendo bien, volveremos a escuchar la vieja cantinela del «turismo de alpargata» y lo deseable que sería cambiarlo por un «turismo de yate y campo de golf». Dejando a un lado si esto último es verdaderamente deseable o no, lo que está claro es que el exceso de construcción de nuestro país dificulta seriamente cualquier cambio de modelo en el desarrollo turístico. Estamos condenados a un turismo de masas – inevitablemente más próximo del «turismo de alpargata» que del «turismo de yate y campo de golf» – por la sencilla razón de que tenemos demasiados apartamentos y demasiadas habitaciones de hotel que llenar como para andarnos con remilgos.

Crisis de sobreinversión acumulada

En varias ocasiones he criticado la visión vulgar de la crisis, profusamente difundida por diversos medios, y según la cual el problema de España radica en que los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, es decir, disponiendo de más bienes y servicios de consumo que los que producíamos nosotros o podíamos adquirir mediante intercambio. Muchas recetas de política económica emanan de esta visión. Destacan la prescripción de políticas de austeridad y la machacona recomendación de ajustar los salarios a la productividad (claro: gastamos más de lo que producimos porque nos pagan más de lo que producimos), entre otras «genialidades».

Los datos cuentan una historia bien distinta. Los del Banco de España no pueden ser puestos en duda. Según ellos, la economía española ha visto empeorar drásticamente su posición financiera frente al exterior. En román paladino, toda economía presta y pide prestado; lo que los bancos, gobierno, sociedades no financieras y familias españoles deben al resto del mundo excede en casi un billón de euros lo que nos deben a nosotros. En términos de porcentaje sobre el PIB, que es como nos gusta verlo a los economistas, ese déficit financiero ha pasado desde -38% en 2002 y -43% en 2003, los últimos años del gobierno Aznar, pasando por -52% en 2004 hasta -89% en el 3er trimestre de 2010. Aquí, el análisis ramplón de aquellos a quienes gusta el trazo grueso diría que está claro que es culpa de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Pero un análisis más desapasionado muestra otras cosas, mucho más interesantes para la definición de una correcta política económica.

Cuando se distingue entre sectores económicos, los bancos y cajas revelan un apreciable esfuerzo – en su conjunto – por desapalancarse. Su saldo financiero siempre ha sido positivo, en términos de porcentaje del PIB (excepto en 2006) y ha mejorado bastante en los años de la crisis. Así, se mantuvo por debajo del 3% hasta 2007; después saltó al 11% en 2008, porcentaje en el que se mantiene actualmente. Así pues, entre 2003 y 2010 el saldo financiero de la economía española empeoró en 46 puntos porcentuales del PIB (de -43% a -89%) y el de los bancos y cajas mejoró en 10 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta que el de otras instituciones financieras mejoró un 1% en ese periodo, el saldo conjunto de los restantes sectores, gobierno, empresas no financieras y familias, ha tenido que empeorar en 57 puntos porcentuales del PIB.

El primer sospechoso de causar el endeudamiento agregado es, naturalmente, el gobierno y, después, el excesivo consumo de las familias. El gobierno ha pasado de un endeudamiento neto del -40% del PIB en 2002 a uno del -19% en 2007: eran los años del superávit presupuestario, que facilitaba la amortización de deuda. A partir de 2008, su endeudamiento neto invierte la tendencia y empieza a crecer, hasta alcanzar el -38% del PIB en el 3er trimestre de 2010, menos incluso que 2002. ¿Y las familias? Su posición financiera en 2002 era de superávit, equivalente a un 94% del PIB, y ha caído al 74% en 2010; eso explica 20 puntos porcentuales, pero ¿qué explica los restantes treinta y tantos?

El culpable resulta ser el menos sospechoso de los personajes: las empresas no financieras. Su endeudamiento neto representaba el -96% del PIB en 2002; así, la financiación provista por las familias en ese año (94% del PIB) casi bastaba para atender a la financiación requerida por las empresas. A partir de ese momento, ambas crecen pero la financiación requerida por las empresas lo hace de forma mucho más intensa. En 2006, la financiación aportada por las familias supera por única vez en los tiempos recientes la cuantía del PIB (104%), mientras que la financiación requerida por las empresas era casi una vez y media el PIB (-146%). ¿Quién aportó el -42% de financiación de las empresas, que ya no aportaban las familias? Básicamente, el sector público, que redujo su propio endeudamiento hasta el 24% del PIB y el resto lo aportó el sector exterior. En 2007, el desequilibrio fundamental no hizo más que agravarse, con la brecha entre financiación provista por las familias (94% del PIB) y financiación requerida por las empresas (-156%) ascendiendo a un -62% del PIB. El sector público redujo todavía más su endeudamiento – hasta el 19%, mínimo histórico de la democracia – mientras el resto del mundo debía proveer la diferencia (-78%).

En ese preciso momento, 2007, se aprecia la verdadera naturaleza de la actual crisis en su impacto sobre la economía española. Con la deuda pública en mínimos históricos, la deuda exterior de España se ha disparado como consecuencia de que, aunque las familias siguen teniendo una posición financiera muy saludable – prueba de que no gastan demasiado – eso no es suficiente para atender las necesidades financieras de la empresas, que fuerzan a la economía española a endeudarse de forma muy importante con el exterior. Poco después de esa foto, la crisis financiera no hace más que reventar una estructura agregada ya marcada por un exceso de inversión de las empresas no financieras, que – por así decirlo – está hipotecando la riqueza acumulada por las familias. El primer efecto de la crisis es la contracción de la posición acreedora de las familias, que, golpeadas por la crisis, tienen que liquidar parte de su riqueza acumulada para atender gastos corrientes. Entonces es verdad, por primera vez, que las familias españolas consumen más de lo que producen, y tienen que desinvertir para financiar la diferencia. Su posición financiera cae al 68% del PIB en 2008, mientras la financiación requerida por las empresas cae de forma mucho más moderada, hasta el -136% del PIB; con ello, la brecha financiera entre familias y empresas se ensancha a -68%. Los seis puntos adicionales al registro del año anterior, más un mayor endeudamiento público, lo cubre el desapalancamiento de bancos y cajas, con el recurso al sector exterior manteniéndose prácticamente estable.

Hasta aquí se trata de un desarrollo previsible, y que debería haber conducido sin dificultad a la recuperación, con sólo que las familias hubieran recuperado poco a poco su posición financiera y las empresas se hubieran desapalancado en una medida razonable. Lo primero ha ocurrido y lo segundo no, y no sirve echarle la culpa al gobierno. En el transcurso de la crisis, las familias han recompuesto algo su posición financiera (al 74% del PIB), sin alcanzar ni de lejos los niveles anteriores a la crisis. En este sentido, es completamente cierto que las familias españolas se han empobrecido relativamente a los niveles anteriores a la crisis. Las empresas no financieras, por su parte, siguen endeudadas por un importe equivalente al -138% del PIB, lo que supone una brecha de financiación que no baja del -62%. El sector público se ha endeudado más – ésta es la principal diferencia comparativamente al comienzo de la crisis –, hasta el -38% del PIB. El sector financiero aporta financiación neta por importe equivalente al 11% del PIB. Como consecuencia, el endeudamiento con el exterior ha aumentado hasta el -89% del PIB.

Las conclusiones del análisis son claras: no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como querrían los apóstoles de la austeridad. La reducción del endeudamiento público en 15 ó 20 puntos porcentuales del PIB, digamos, a los niveles inmediatamente anteriores a la crisis, como se nos predica, no permitirá a las familias recuperar la riqueza que han perdido durante la crisis, toda vez que ese empobrecimiento es consecuencia de la caída de la renta disponible. Con toda probabilidad, la reducción del déficit y de la deuda pública provocará más efectos del tipo que ya estamos viendo: el ahorro de las familias, que subió al 25% de la renta disponible al comienzo de la crisis, vuelve a estar en el 13%. No es que las familias consuman más; es que disponen de menos renta y su resistencia a rebajar el consumo se traduce en disminución del ahorro.

Si la sociedad española no ha vivido por encima de sus posibilidades, y la crisis la fuerza ahora, bien a vivir peor, bien a acumular menos riqueza, es porque, para España, ésta es una crisis de exceso de inversión por parte de las empresas no financieras. La inversión de éstas se disparó en el quinquenio 2002-2007, dejando muy atrás las capacidades de financiación provistas por el ahorro de las familias. La crisis vino a poner este desequilibrio fundamental al descubierto. El hecho de que una gran parte de esa inversión se destinara a la especulación inmobiliaria y a la construcción (el «modelo del ladrillo») es circunstancial y secundario al hecho básico de que las empresas invirtieron demasiado, tanto que no podían financiarlo sin endeudarse y endeudar a la economía española más allá de nuestras posibilidades de devolución de esa deuda. Ahora estamos lastrados tanto por nuestro nivel de endeudamiento como por el hecho de que aquello en lo que invertimos no encuentra salida en el mercado.

Ante una situación así, hay varias políticas y no sólo una. Una política es la austeridad: aceptemos la situación, repartamos la pérdida que ha causado la especulación inmobiliaria (pues de eso se trata, en definitiva) asumiendo que, más o menos, todos hemos sido especuladores. La sociedad se resiste a esa política, porque supone la solidaridad de todos con los que más han especulado. Otra política es el ajuste puro y duro: que cada palo aguante su vela, que quien más se ha endeudado para especular, se hunda con los precios del suelo y la vivienda. Y todavía una tercera busca mantener la situación, no caer en la austeridad que socializa las pérdidas ni permitir que se ajuste todo lo que habría que ajustar, esperando que el turismo se reactive, los extranjeros vuelvan a España, comiencen de nuevo a comprar propiedad inmobiliaria aquí, proporcionen a los inversores liquidez para devolver los préstamos, las empresas no financieras puedan desapalancarse y se restablezca cierta normalidad poco a poco, con el menor trauma posible. Yo diría que la primera política, la austeridad como fórmula de solidaridad de todos con los que más han especulado, es la del PP. La tercera es la de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, verdadero «cerebro gris» del gobierno, y con toda probabilidad el único que tiene claro a dónde debería conducir la actual política. Solamente tengo un problema con esa política: es típica del purgatorio económico, y como todas las políticas del purgatorio económico, no creo que sea viable. Es por eso que me inclino por tener preparada una opción de recambio, que no sea la de austeridad, para el momento en que se demuestre la inviabilidad de la política del gobierno.

110 Km/h

Antes del terremoto de Japón, el bienio 2011-2012 estaba designado para ser de importancia crucial en el lanzamiento del automóvil cien por cien eléctrico a escala mundial. Modelos emblemáticos como el Renault Fluence ZE, el Ford Focus BEV, el Hyundai BlueOn y el Tata Indica Vista EV, entre los fabricantes de vehículos convencionales dispuestos a apostar por el eléctrico, además de los estadounidenses Tesla S y Coda Sedan, el chino Wheego Whip LiFe, y el hindú Reva NXR, entre los surgidos para desarrollar la nueva tecnología, tienen programada su aparición en estos 24 meses.

España es uno de los países en que el gobierno ha apostado de forma más decidida por el nuevo automóvil, hasta convertirlo en el eje de su política industrial y en pretendido motor de la recuperación económica. Así, en julio de 2008, el ministro Sebastián afirmaba que el automóvil eléctrico era el futuro y que conduciría la (nueva) revolución industrial. De conformidad con semejante concepto, el ministro anunciaba previsiones de un millón de automóviles cien por cien eléctricos circulando por España en 2014, para lo cual el gobierno comprometía inversiones de 245 millones de euros. Pero los resultados fueron decepcionantes; en 2009, solo se vendieron 2 vehículos de esa clase. El gobierno reajustó sus planes: los coches en circulación en 2014 serían 250.000 (la cuarta parte de lo previsto un año antes) y las inversiones ascenderían a 590 millones (casi dos veces y media superiores). Así, cada vehículo eléctrico en circulación le costaría al contribuyente diez veces más de lo inicialmente previsto. Y, con todo, los resultados continuaron siendo desastrosos. En 2010, había previsto que se vendieran 20.000, y no llegaron a 20, todos del fabricante noruego Think. Por otra parte, el gobierno forcejeó hasta el final para que Renault asignara la producción de su vehículo eléctrico estrella, el Fluence ZE, a la factoría de Palencia; pero el fabricante francés, a la vista de la pobre aceptación del producto por el público español, terminó asignando la producción del modelo a la factoría de Bursa, en Turquía.

Fruto de esta continua serie de fracasos, el gobierno debió de llegar a la conclusión que el conductor español desconfía del automóvil eléctrico por su baja velocidad de punta, lo cual es cierto en todos los modelos excepto el Tesla S (193 km/h). Así, los fabricantes marcan 137 km/h en el Focus BEV, 135 km/h en el Fluence ZE, 130 km/h en el BlueOn, 129 km/h en el Coda Sedan, 105 km/h en el Indica Vista y en el Wheego, 104 km/h en el Reva NXR. Estas velocidades, siempre teóricas, eran inferiores a las daban lugar a multa con el límite en 120 km/h. Quizá el gobierno también pensó que la escasez de infraestructuras de recarga y talleres de reparación, los largos tiempos de recarga (6-8 horas) y el rápido envejecimiento de las baterías también contaban. Pero está claro que entrevió la posibilidad de dar al vehículo eléctrico un margen para competir reduciendo el máximo de velocidad permitido y acostumbrando al conductor a velocidades inferiores.

La burbuja bancaria

A estas alturas, ya está perfectamente claro cuál es el problema fundamental de la economía española. No es el mercado laboral, no es el sistema de pensiones, no son las políticas activas de empleo, no es el déficit público, no es la especulación internacional que la ha tomado con nosotros. Es el sobredimensionamiento del sector bancario, o, si se prefiere, la excesiva bancarización de la economía española. Nuestra economía adolece de hidrocefalia: una cabeza bancaria descomunal para una base productiva atrofiada tras el colapso de la construcción y sus industrias auxiliares y complementarias. Es la contrapartida financiera del modelo del ladrillo. Tenemos un sector bancario que creció para financiar la burbuja inmobiliaria, y ahora que ésta no se puede inflar más, aquél apenas sirve ya para otra cosa. Entre 2002 y 2009, por ejemplo, los activos del sector bancario español se multiplicaron por un factor de 2,4 – muy por encima del crecimiento real o incluso nominal de la economía – y todavía por encima del crecimiento de los activos del sector bancario británico, que lo hicieron por un factor de 2,1. Las cifras no resisten la comparación: el Reino Unido es una de las primeras plazas financieras del mundo, en tanto que España ocupa, a ese respecto, una posición, a lo más, mediocre. Si nuestra actividad bancaria creció más que la británica fue, única y exclusivamente, para financiar el ladrillo. Por eso, a diferencia de lo que ocurre allí, aquí ese espectacular crecimiento del sector bancario ha corrido parejo con un marcado raquitismo de los mercados financieros, que son puras sucursales de los bancos, meros canales de distribución de los productos parabancarios.

La actitud del gobierno ante la burbuja bancaria ha estado plagada de negligencias. Empezó presumiendo en el G-20 de uno de los mejores – si no el mejor – de los sistemas bancarios de mundo. Pase que se creyera su propia propaganda hasta el otoño pasado; pero, después de la crisis irlandesa, su ceguera no tiene perdón. El que España se viera arrastrada por la crisis de la deuda soberana era claro indicio de que los mercados empezaban a percibir con claridad el sobredimensionamiento del sector bancario, un problema del que también adolece Irlanda, y que explica a las mil maravillas lo rápido del contagio. Si los mercados tienen una virtud, y solo una, es que muestran las debilidades de las economías mejor que el mejor de los análisis. Pero el gobierno se negó en redondo a aceptar la realidad. En su lugar, acusó a los mercados de “especular” contra España, no se sabe a santo de qué; quizá, por la envidia que les daba que ganáramos el mundial de fútbol, digo yo. Mientras tenía que haber prestado atención al aviso, el gobierno se empeñó en demostrar a los mercados que se equivocaban, y hacerlo con el dinero de los contribuyentes. Recientemente, ha aprobado una recapitalización de entidades de depósito, bancos y cajas de ahorros, que costará al erario público 14.000 millones de euros, que sumados a los 11.000 que ya lleva gastados el FROB, totalizan 25.000 millones, bastante más que el Plan E y todas las ayudas a los parados. Pero, mientras las prestaciones sociales dan sustento a la gente, el dinero que se entierra en el sistema bancario únicamente sirve para mantenerlo sobredimensionado, lo que a su vez mantiene en vilo a los mercados, que, por muy calmados que parezcan, no dejan de estar vigilantes a la espera de que el inevitable ajuste conduzca al sector bancario a dimensiones más adecuadas a las necesidades financieras de una economía real que funciona ya – cuando lo hace – con un mínimo de financiación bancaria. Con lo único que los mercados especulan, porque el gobierno les da todo motivo para que lo hagan, es con que, cuando ese ajuste se produzca, se tendrá que pagar, hasta el último euro, con dinero público. Y, puesto que el ajuste ha sido retrasado hasta ahora, y el gobierno está dispuesto a comprometer cuanto dinero esté en su mano para impedirlo, cuando no se pueda demorar por más tiempo forzará al gobierno a acogerse a un rescate financiero. Esa es toda la especulación que ha habido, que hay y que continuará habiendo mientras se mantenga el sobredimiensionamiento del sector bancario.

El modelo inglés

La situación de la economía británica es una demostración fehaciente de hasta qué absurdos extremos puede llegar el doctrinarismo en su visión de la política económica. El gobierno Cameron-Clegg se formó sobre la base de un consenso antikeynesiano de raíz; en otros temas, algunos de la importancia de la actitud ante Europa, las divergencias son de bulto: Cameron es euroescéptico, mientras Clegg es europeísta, por ejemplo. Pero Cameron está aparentemente empeñado – con un empeño que podría llevarle a ganar el premio Nobel – en demostrar con hechos que el keynesianismo es una aberración, y a Clegg le va esa marcha. El gobierno aprobó en mayo una drástica reducción del gasto público, decidió que a la universidad sólo deben ir los ricos, y suprimió prestaciones sociales; todo, eso sí, muy bien envuelto en moralina de austeridad. Ah, y decidió despedir a medio millón de funcionarios, esa gentecilla plagada de vagos que en realidad no hace nada por mejorar la competitividad. Conforme los programas de consolidación fiscal han ido avanzando, la economía británica se ha ido paralizando; en el cuarto trimestre de 2010, registró un brillante -0,6 por 100 de crecimiento, o sea, decreció. Está al borde de otra recesión. Pero el gobierno no ceja.

La patata caliente ha pasado a manos del Banco de Inglaterra, la autoridad monetaria. Rápidamente, la dirección del Banco ha decidido mantener el tipo de interés de referencia en el 0,5 por 100, la mitad que el del Banco Central Europeo y el nivel más bajo de su historia. Y hace esto cuando la inflación interanual ha saltado del 3,7 al 4 por 100 anual en un mes. Pero aún hay más. El BdI mantiene su programa de ampliación de reservas bancarias, con el ambicioso objetivo de comprar activos de los bancos comerciales hasta un importe de 200.000 millones de libras esterlinas, casi 240.000 millones de euros. Esto, prácticamente, supone barra libre para los bancos.

Con lo que transmiten los gurús financieros, uno no se hace idea de qué creen estar haciendo las autoridades británicas, tanto fiscales como monetarias. En los tiempos en que uno estudiaba, estaba claro que la política fiscal era la más “sensible” a los ajustes de la actividad y el empleo, mientras que la política monetaria lo era a los de la inflación y la balanza de pagos. Si aquello que uno estudió vale aun para algo, que probablemente no, porque los genios de la autorregulación lo han cambiado todo, se diría que el Reino Unido aplica justo la política contraria a la indicada para relanzar la actividad y el empleo así como reducir la inflación. De continuar con el mix actual, la libra se depreciará aun más en los mercados de divisas, lo que favorecerá temporalmente a los exportadores británicos pero acelerará la inflación. Al mismo tiempo, la restricción fiscal mantendrá la actividad deprimida y un desempleo en aumento o, al menos, con gran resistencia a disminuir. A plazo un poco más largo, con salarios congelados – como debe de ser, los Cien Ilustres dixerunt – e inflación creciente, habrá una considerable transferencia de renta de los asalariados a sus empleadores (¡vaya, si va a resultar que Cameron no es tan tonto como parece!) y, con tipos nominales fijos en niveles ínfimos y, de nuevo, inflación creciente, los tipos reales serán – son ya – negativos, con lo cual quien tiene dinero puede divertirse jugando en el casino de la City, que la casa incluso le devuelve algo de lo que pudiere perder.

Ante este panorama, uno puede preguntarse: ¿y cuál es el modelo productivo de este buen señor, David Cameron? Muy sencillo. Lo mismo que España es el país de vacaciones para toda Europa, ¿por qué no va a ser la City londinense el casino preferido de los ludópatas globales? Así se ganaría una pasta gansa en comisiones de intermediación, y de ello podría llegar a vivir todo el país; no todos bien, desde luego, pero lo que hace falta es que vivan bien quienes tienen que vivir bien; los demás ya se irán acostumbrando. El plan sólo tiene un fallo, o por mejor decir un riesgo. Para salir bien, se precisa que el margen de ganancia segura que se ofrece a los inversores con tipos de interés reales negativos (uno tiene que devolver menos que lo que le han prestado) no se vea evaporado por la pérdida de valor internacional de los activos como consecuencia de la depreciación de la libra. Esto depende de que las autoridades sean capaces de frenar la espiral antiinflacionista, o sea, de mantener la inflación justo en el punto en que representa un incentivo y no lo contrario. Por eso es tan importante contener la demanda efectiva, manteniendo alto el paro o incluso aumentándolo, si es menester. En realidad, no había nada de ironía en calificar de ‘brillante’ el registro de un crecimiento negativo en el cuarto trimestre de 2010. Es la confirmación de que la política de Cameron produce exactamente los resultados que está pensado que produzca. Lo cual demuestra dos cosas. Una, que los antikeynesianos no son antikeynesianos hasta el fin; el doctrinarismo es para los incautos que se lo quieran tragar; estos antikeynesianos lo que son es keynesianos perversos, que mantienen intacto el aparato conceptual de Keynes, sólo que para ponerlo al servicio de fines inconfesables. La otra, reconozco mi error anterior, es que Cameron no es, en efecto, tan tonto como parecía: fue número uno de su promoción de Economía en Oxford.


[Nota: Si le ha interesado esta entrada, puede que también le interese esta otra: El modelo alemán].

El sistema bancario, en tiempo de descuento

Lo peor del llamado modelo del ladrillo no fue haber desviado el ahorro nacional, de la industria y los servicios, donde buena falta hacía, a la construcción y la especulación inmobiliaria. Con ser eso malo, aun peor fue el haber conformado el sistema financiero para efectuar ese desvío como tarea prioritaria. Hace meses escribí en este blog que el cambio de modelo productivo no es cuestión de talismanes como el automóvil eléctrico, sino que presenta una faceta financiera sin resolver la cual todo cambio es ilusorio. Y añadí que, hasta que una empresa innovadora no obtuviera crédito para sus proyectos con la misma facilidad que los obtenía el promotor inmobiliario, llevando a la oficina bancaria una nota del registro de propiedad y un cálculo a ojo de cuántos apartamentos se podían levantar sobre ese suelo; hasta ese momento, no se podría hablar verdaderamente de cambio del modelo productivo. Hoy creo que los bancos (y las cajas) nunca estarán preparados para eso.

Todas las reformas financieras que ha emprendido el gobierno hasta ahora son una patata, y una patata muy cara. Llevamos tirados 11.000 millones del FROB y estamos a punto de tirar otros 20.000 millones del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que el gobierno acaba de rescatar pero ya ha empeñado en la recapitalización de las cajas de ahorros. Voy a ser extremadamente claro. Lo que digo no es producto del capricho o de una idea peregrina. Me baso en las lecciones de tres años de crisis financiera, aquí y en otros países de nuestro entorno.

No hay que meter un euro más en el sistema bancario, porque todo lo que se meta será dinero perdido. Si tienen que quebrar bancos o cajas, porque sus errores de gestión les llevan a una situación de quiebra, que quiebren. El gobierno deberá seguir garantizando los depósitos, e incluso diría que debe extender la garantía desde los 100.000 euros actuales al 100 por 100 de los mismos. Pero, si las cosas vienen mal dadas, los inversores privados, tanto accionistas como tenedores de deuda, lo mismo preferente que subordinada, deberán asumir íntegramente la pérdida que corresponda, que para eso están cobrando una prima de riesgo. Esto lo hemos aprendido en la crisis de Irlanda.

La economía española está en exceso bancarizada; será bueno desbancarizarla en medida apreciable. Para ello, hay que ampliar la financiación de las empresas a través de los mercados. El gobierno debería utilizar los 20.000 millones que quiere enterrar en desembarazar a la banca del crédito promotor (para lo cual esa cifra es totalmente insuficiente) en fomentar, en su lugar, la negociación de instrumentos como bonos de riesgo incierto emitidos por la pequeña y mediana empresa, especialmente la innovadora. Para ello, habría que capitalizar entidades de capital riesgo que adquieran esos bonos, los estructuren y emitan contra ellos bonos de titulización de capital-riesgo. Técnicamente, todo esto es bastante sencillo. No necesitamos los astrofísicos expertos en cálculos orbitales, que Bear Stearns dijo que necesitaba pagar (para justificar las altas comisiones que cobraba). ¿Que volveremos a correr la clase de riesgos que nos arrojó a esta crisis? De acuerdo, pero ahora sabemos más y estamos mejor preparados para evitar la difusión de activos potencialmente tóxicos, y sin correr riesgos no habrá inversión ni reactivación ni nada.

El gobierno tiene mucho que contribuir a todo esto. Podría desgravar la inversión en capital-riesgo - sobre todo, para proyectos innovadores - con el mismo entusiasmo con que se desgravó la inversión en vivienda o se desgravan todavía los planes de pensiones; creo que lo justo sería combinar ambos incentivos en uno solo, doble. Podría fomentar entre las empresas, con reducciones del impuesto de sociedades, la constitución de esquemas de garantía recíproca, que emitan los bonos de riesgo incierto, que así evitarán la calificación de “basura”. Y, si llegara a ser necesario, podría organizar un mercado oficial específico para la negociación de esta clase de activos emitidos por pymes y sus titulizaciones, mercado que acaso debería desvincularse del AIAF, demasiado especializado en grandes empresas.

¿Nucleares?

El PSOE ha pactado en el Senado con CiU y PNV suprimir, en la ley de Economía Sostenible, el límite de 40 años de vida útil de las centrales nucleres, que estaba en el proyecto aprobado por el Congreso. Se ha levantado un buen revuelo, con los periodistas preguntándose si hay un cambio de política del gobierno, los partidos de la oposición diciendo que sí y el PSOE y el presidente diciendo que no. ¿Qué ha ocurrido, en realidad?

Llevo muchos meses pronosticando que el gobierno necesita, no sólo mantener las centrales nucleares, sino aumentar su número. De otro modo, no habrá modo de que el ministro Sebastián saque adelante su coche 100 por 100 eléctrico. Para cambiar todo el parque automovilístico, de gasolina y diesel a 100 por 100 eléctrico, harán falta quince centrales nucleares más. Y he sostenido que la subida de la tarifa eléctrica tiene como finalidad recapitalizar a las grandes compañías del sector para empezar a construir alguna nueva.

¿Cómo encaja la cabriola parlamentaria en este contexto? El gobierno no puede cambiar de la noche a la mañana, pero con el pacto de ayer el PSOE se prepara para un tripartito a escala nacional. Si incluso ganando el PP las elecciones de 2012, no obtuviera mayoría suficiente para gobernar, y si la previsible debacle electoral del PSOE fuera soportable, entonces un viraje radical en la política nuclear sería un quid pro qu más que justificado, una moneda de cambio aceptada por los nacionalistas, para un pacto de legislatura. A esto se le llama matar dos pájaros de un tiro.

Leve mejoría del mercado inmobiliario

Un signo positivo, que anticipé aquí hace algunos días a partir de estimaciones de los operadores británicos en el mercado español de viviendas de segunda mano. Ellos hablaban de una clara reactivación en mercados locales, como Marbella, Alicante y Mallorca, probablemente combinado con un estancamiento del resto del mercado nacional. Ahora, informa el INE que la venta de viviendas en 2010 ha aumentado un 7 por 100 con respecto a la de 2009.

La explicación que se da aquí es un tanto diferente: los inversores españoles, y no tanto los extranjeros, habrían adelantado sus compras en previsión de la desaparición, en diciembre, de la desgravación fiscal a la compra de primeras residencias para las rentas altas y medias (se mantiene para las bajas). Se trataría, por tanto, de compradores sin problemas de liquidez o con facilidad de crédito: los bancos siguen prestando a los clientes más solventes. Pero una reactivación sostenida del mercado exigiría la incorporación de compradores a crédito cuya solvencia sea sólo relativa. Y, para éstos, el grifo del crédito está tan cerrado como hace dos años.

Sin crédito – y éste es un problema de los bancos en no menor medida que de las cajas – pretender que se reactive la economía española es como arrancar el vehículo con el freno de mano puesto. Puede avanzar, sí; y eso contentará a los más incautos. Pero no se puede decir que esté en marcha.

Solución de circunstancias

Empezamos a tener una noción bastante clara de los riesgos que soporta el sector bancario español. Según datos del Banco de España, el conjunto de bancos y cajas de ahorros tenía en noviembre pasado un total de 95.605 millones de euros de créditos de dudoso cobro (con impago de cuotas), casi a partes iguales, 48.278 millones los bancos y 47.327 millones las cajas. Hasta esa fecha, las entidades habían destinado 55.620 millones de euros a provisiones para quebrantos (27.969 millones los bancos y 27.651 millones las cajas). En conjunto, hay casi 40.000 millones de euros sin cobertura. Diríase que, cuando el gobierno habla de ampliar el capital de esas entidades hasta en 20.000 millones, lo que pretende es tapar la mitad de ese potencial agujero.

Pero no se limita a eso el problema. La exposición de las cajas de ahorros al crédito promotor inmobiliario se estima en 180.000 millones de euros; un tercio de esa cifra corresponde a créditos dudosos y subestándar (que previsiblemente serán dudosos en breve) y, sumados los inmuebles que las entidades ya se han adjudicado por impago, casi la mitad del crédito promotor habría salido de la circulación del crédito y – dado que las entidades retienen la salida de esos inmuebles al mercado para no hundir los precios – se habría sustraído a lo disponible para financiar a familias y empresas. Los bancos han publicado en menor medida que las cajas su exposición, pero con que sea aproximadamente lo mismo, tendremos una cifra entre 150.000 y 200.000 millones de euros de crédito que está – por así decirlo – bloqueado, sin contribuir a la reactivación.

Cierto que no toda esa cifra está vencida o es de vencimiento inmediato, pero con todo y eso los 20.000 millones de euros que el gobierno estima poder sumar a los recursos propios del sector parecen francamente insuficientes. Después de todo, es una operación que no se va a poder repetir todos los años, conforme se vayan produciendo los correspondientes vencimientos, hasta tapar el agujero por completo. Todo parece indicar que se trata de una “reforma” pensada para que el sector pueda ir tirando hasta las elecciones de 2012. Y después Dios dirá…

Errores

Este gobierno y sus dependencias han cometido los siguientes errores:

Dijo que no nos afectaría la crisis, y a la vista está que nos afectó. Se perdió un tiempo precioso mareando a los electores.

Después de la quiebra de Lehman Brothers, y sobre todo en la cumbre del G-20 en Washington, en noviembre de 2008, el gobierno quiso vender un papel protagonista de nuestro país en la nueva regulación internacional por la “magnífica” situación de nuestro sistema bancario, que le permitió presumir por todas partes. Objeto de especial alabanza era la supervisión del sistema crediticio por el Banco de España. Puede que el propio gobernador del BE se lo creyera, y – a poco listo que fuera – puede que no. El hecho es que se dedicó a dar lecciones sobre las reformas que había que llevar a cabo en ámbitos distintos del suyo, en especial, el mercado laboral. Se pasó más de un año defendiendo una boutade como el contrato único de trabajo, mientras los bancos españoles – con excepción de los dos grandes – eran incapaces de obtener financiación en el exterior. Después de decir que nunca haría una reforma laboral sin contar con los sindicatos, el gobierno hizo caso al gobernador del BE, sin duda porque a un señor que lo hace también en lo suyo hay que hacérselo en lo más peregrino que se le ocurra. Mientras, se emprendía, a bombo y platillo, la reforma de las Cajas de Ahorros, por aquello de que, como no tienen accionistas, ¿quién iba a protestar? Ha sido, ciertamente, una reforma bien “barata”, unos 10.000 millones de euros, que ha reducido su número de 45 a 17, pero que a los mercados no les dice ni fu ni fa. Los mercados están convencidos de que el sistema bancario español está metido en crédito al ladrillo hasta las orejas, y por eso no se fían de los bancos españoles (y no sólo de las Cajas). Se estima que el crédito al sector inmobiliario asciende a unos 320.000 millones de euros, y el crédito a la industria de la construcción a unos 100.000 millones más. Esto viene a ser el 42 por ciento de PIB. El BE, muy discretamente, ha obligado a bancos y Cajas a dotar provisiones por unos 87.000 millones. El resto no es necesariamente moroso, pero nadie sabe en qué proporción es solvente.

Y mientras, el gobierno a por uvas, con la reforma de las pensiones.

Ludopatía colectiva

Dado un nivel de ahorro planeado, las pérdidas de capital o minusvalías reducen el volumen del ahorro agregado. Los individuos pueden continuar ahorrando lo mismo, o incluso más, pero la sociedad en su conjunto ahorra menos que antes de sufrirlas. Como consecuencia, hay menos recursos para financiar la inversión. Pero mucho más importante, y potencialmente más dañino, es la actitud de los individuos y la sociedad ante las pérdidas. La burbuja de los tulipanes en la Holanda de principios del siglo XVII, al estallar, causó unas pérdidas enormes. Sin embargo, sus efectos fueron casi imperceptibles en el largo plazo porque la inflación de bulbos de tulipán no tenía salida; ni siquiera se los podía comer. Rápidamente, cayeron de precio hasta que las familias más pobres pudieron llenar sus jardines de ellos. Hubo mucha gente que se arruinó, pero el ahorro y el trabajo pudieron dedicarse a otra cosa.

Muy diferente es la burbuja inmobiliaria en la España de principios del siglo XXI. La inflación de viviendas no ha generado una caída de los precios que permita hasta a las familias más pobres tener la suya sin hipotecas. Los bancos se resisten a esa caída de precios porque suponen que los arruinaría, y los poderes públicos les asisten porque tampoco quieren ver arruinada a la clase media, que ha invertido sus ahorros en activos inmobiliarios. Pero lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que hay cientos de miles de viviendas sin terminar, en urbanizaciones de las que se ha vendido muy poco o nada. Y los promotores, cogidos mediante avales por los bancos, siguen invirtiendo en terminarlas, con la obvia esperanza de venderlas y salir de la trampa, pero sin querer ver que invierten en algo que ni tiene valor, ni lo tendrá en un futuro previsible, suficiente como para justificar el dinero que se sigue enterrando en ello.

La luz, más cara

La elevación de las tarifas eléctricas es la primera medida de política anticrisis que ha puesto en marcha este gobierno. Nadie en su sano juicio puede creerse el argumento del déficit tarifario, viendo los beneficios que registran las eléctricas. El origen de esta mistificación son los llamados “costes de transición a la competencia” (CTC). Éste es un invento de William Baumol, economista norteamericano que a mediados de los noventa, reflexionando sobre la liberalización de los mercados eléctricos en Estados Unidos, llegó a la conclusión de que había que indemnizar a las empresas que habían detentado privilegios de monopolio o cuasimonopolio, por arrebatárselos. El precio de no hacerlo sería ralentizar el progreso técnico en el sector. La tesis es discutible, pero la profesión la compró con entusiasmo. Los famosos CTC son el secreto del déficit tarifario en España.

¿Por qué se acelera ahora el proceso de indemnizar a las eléctricas? Lo dijo el presidente hace pocas fechas: nos esperan cinco años antes de salir de la crisis. En las condiciones actuales, es impensable la generalización del uso del automóvil eléctrico, en que el gobierno – por inspiración del ministro Miguel Sebastián – fía el tirón de la demanda que pondrá la economía española nuevamente en marcha. La instalación obligatoria de puntos de recarga en todas las plazas de aparcamiento público y privado reactivará la construcción de forma compulsiva – como compulsiva fue la sustitución de la televisión analógica por la TDT, en un ensayo a escala de miniatura de lo que nos espera – pero el proyecto cojea por la falta de potencia para alimentar el parque automovilístico. Cálculos aproximados cifran en una central nuclear de tipo medio por cada dos millones de automóviles eléctricos las necesidades de generación de energía. Con un parque de más de treinta millones de vehículos, serán necesarias quince nuevas centrales nucleares. Para construirlas, haría falta un volumen de financiación exterior que los mercados no están dispuestos a proporcionarnos. Y habría que empezar la construcción de nuevas centrales ahora. La decisión política ya debe de haberse tomado, pero tal vez se haga pública después de las autonómicas y municipales, cuando el café ése al que hemos renunciado los españoles dé para empezar las obras de alguna.

No es suficiente

El Banco de España está dando a conocer sus medidas para adelgazar el blindaje de la banca frente al estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora que empieza a hacerse explícito que los mercados hace tiempo sospechan que la solvencia de la banca española es más endeble que lo revelado por los stress tests, y que la importancia de esa sospecha radica en que, por tal causa, la banca está incapacitada para conceder el crédito que necesitan las empresas, con lo que el crecimiento de la economía española queda cercenado antes de empezar y resulta cada vez más improbable que España pueda devolver la deuda que ahora mismo está emitiendo; ahora que todo eso empieza a ser obvio, el Banco de España revela que él también lo sospechaba, o lo sabía a ciencia cierta, y adoptó medidas aunque muy discretamente, para no dar pábulo a la especulación. ¿Y qué hizo? En septiembre, ordenó a las entidades de crédito dotar provisiones por el 30 por ciento del valor de adquisición de los inmuebles resultantes de la ejecución de hipotecas fallidas. Con eso, se cubre una posible caída de hasta el 30 por ciento en el valor de los inmuebles, en previsión del descenso de precios del mercado inmobiliario. Y digo que no es suficiente, porque las entidades, a la vista de la circular del BE, e incluso antes, lo que vienen haciendo es no ejecutar las garantías reales, para no hacerse con el inmueble, y recurrir a las garantías personales (“avales”) que siempre acompañan, en la práctica bancaria española, a aquéllas. Bajo la presión de los avales, renegocian la deuda, reducen al deudor y sus avalistas – comprometido todo su patrimonio, presente y futuro – a una situación de semiesclavitud o servidumbre financiera, en cuya virtud pagan lo que pueden, y el banco se libra de etiquetar el crédito como “incobrable”. Éste permanece en el activo de la entidad como si fuera de calidad equiparable al bund alemán. Pero la entidad no recupera así los fondos prestados, o lo hace de forma extraordinariamente lenta, y además no dota provisiones para esto; en otras palabras, no convierte los fondos prestados en prestables, con lo que se detiene el flujo del crédito y otros potenciales deudores, familias y empresas, incluso con buenos registros de pagos, no obtienen el crédito que necesitan.

¿Es o no es necesario hacer más?

El nudo gordiano de la economía española...

… no estriba en la falta de flexibilidad del mercado laboral, ni en los excesivos impuestos – incluida la cuota patronal a la seguridad social – que pagan las empresas, ni en la falta de viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones, ni en la baja productividad de los funcionarios, ni en el tamaño del déficit público. Algunos de esos problemas pueden ser tales y otros no lo son; pero todos, absolutamente todos palidecen en importancia ante el problema mayúsculo, el verdadero nudo gordiano de nuestra economía nacional, aquél por el que castigan los mercados al crédito de España. No es otro que la masa de créditos incobrables que lastra los balances de la banca española. Cortar ese nudo gordiano presupone para la banca asumir pérdidas no reconocidas hasta la fecha por valor de cientos de miles de millones de euros: una cantidad astronómica que está por cuantificar y que corresponde al valor del crédito promotor con que se financió la construcción de alrededor de un millón de viviendas invendidas y que no se podrá vender en un horizonte razonable, más un número indeterminado de hipotecas a familias que tampoco se podrá cobrar. La banca tiene blindada esta situación mediante un red de garantías personales (avales) que les permite renegociar los créditos ad nauseam… sin necesidad de reflejar los incobrables en sus balances. Así no quiebran, pero tampoco recuperan los fondos prestables, se corta el flujo del crédito y los proyectos empresariales languidecen por falta de financiación.

Éste es el nudo gordiano que hay que cortar. Todo lo demás son fugas adelante.

Escasea el crédito. ¿Por qué?

La escasez de crédito en España tiene un origen claro: el exceso de endeudamiento de familias y empresas. Ahora bien, muy poca gente parece entender de dónde viene este exceso de endeudamiento. Muchos se apuntan a la teoría de que los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades durante años. Una idea muy conveniente para quienes quieren convencernos de que tenemos que ser más pobres, y actuar consecuentemente con ello, para salir de la crisis.

Siempre que alguien sugiere que tengo que hacerme a la idea de ser más pobre, temo que me robe o me haya robado ya la cartera. Es una idea que no se sostiene, y hace falta ser especialmente tonto para creérsela. Uno puede vivir por encima de sus posibilidades cuando alguien le subvenciona. A nosotros nos ha subvencionado la Unión Europea, mediante fondos estructurales y otras ayudas: unos 210.000 millones de euros entre 1989 y 2006, 12.000 millones al año de promedio, menos del 2 por ciento del PIB en el mejor de los años. Eso es lo que hemos perdido. No explica ni de lejos nuestros problemas.

¿Cómo nos hemos endeudado tanto, entonces? No nos endeudado por vivir por encima de nuestras posibilidades, sino por invertir en lo que nunca podremos rentabilizar; fundamentalmente, en vivienda. Ahora ha corrido la cifra de 150.000 millones de créditos de difícil cobro que gravita a corto plazo sobre la solvencia de la banca. ¿Qué es esto? Hay, según estimaciones, un parque de 700.000 viviendas puestas a la venta pero invendibles. A un crédito medio ligeramente superior a 200.000 euros por vivienda, resultan los 150.000 millones de euros. Eso es el 15 por ciento del PIB

Pero eso es sólo el parque de viviendas puestas a la venta. ¿Cuál es el volumen de viviendas de alquiler que van a estar permanentemente subocupadas, sobre todo en la costa de Levante, mientras no salgamos de la crisis o incluso después? Se habla de un billón de euros. Eso es casi el 100 por cien del PIB. Así se explica fácilmente la práctica totalidad de nuestro endeudamiento privado. Mientras todas esas viviendas no se amorticen – y se amortizan muy lentamente, pueden creerme – la economía española no será capaz de generar recursos para renovar la oferta de crédito al sector privado. En la financiación de las viviendas, está enganchado el sistema bancario. En el “disfrute” de la inversión estamos empantanados todos.

¿Vivir peor resuelve algo? Bueno, permite reducir el apalancamiento algo más deprisa. Pero el problema no es el largo plazo. La solución natural pasa por una reducción drástica del precio de la vivienda, no en el 30 por ciento que se dice que ha ocurrido ya, sino en mucho más. ¿Hasta dónde? Hasta que resulte tan barata que el resto del mundo vuelva a invertir en ella, se subrogue en las hipotecas y nos libere anticipadamente de la deuda.

Durante el debate en la Facultad de Económicas de la Complutense, el pasado día 20, se insinuó que el modelo del ladrillo tenía su origen en la mala calidad del mercado laboral español. Esto es coger el rábano por las hojas. Más acertado estuvo José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía hace un año, cuando sugirió que el modelo de ladrillo y turismo es nuestro destino. La solución natural es especializarnos en sol y playa, que es lo que tenemos, lo mismo que otros tienen petróleo o una mano de obra frugal y laboriosa. Lo único que tenemos que encontrar es un nivel de precios que sea competitivo.

¿Dónde está el riesgo? Si los precios de la inversión residencial caen demasiado deprisa, los impagados hipotecarios aumentarán. Los bancos se harán con un parque de viviendas cada vez mayor, y cada vez menos valioso. La crisis bancaria está, así pues, como se suele decir, servida. Por eso, frenando la salida de su parque de viviendas al mercado, el sistema bancario hace lo posible para impedir la caída de precios. Impedirla es también la prioridad de todos.

¿Saben el del abrelatas?

Tres náufragos en un bote salvavidas. Un físico, un químico y un economista. Tienen hambre y buscan qué comer. Encuentran una lata de conservas, pero no con qué abrirla. Se sientan a pensar. “Veamos”, se dicen sesudamente, “somos universitarios; deberíamos ser capaces de resolver este problema”. De pronto, el físico exclama “¡Ya está! Construyamos un mecanismo multiplicador de nuestra fuerza, haciendo palanca con los remos y estos cables; con que se abra una pequeña grieta en la lata, luego la ampliamos”. Lo hacen. Le dan un golpazo tremendo, que casi vuelca el bote, pero la lata sin un rasguño. “Probemos otra cosa”, dice el químico. “He visto que hay bengalas. Si las desarmo y extraigo el polvillo explosivo que llevan, lo mezclo con esta sal marina que forma costra sobre el casco, y le pego fuego, puede que el estallido resquebraje la lata, y si no, el efecto abrasivo reducirá el grosor de la chapa y podremos volver a intentar lo del cacharrazo”. Se ponen a ello. Casi queman el bote, pero la lata, nada, incólume. Desesperados, los otros dos se vuelven al economista y le preguntan: “Bueno, ¿qué tienes tú que decir?” El economista responde: “Supongamos que tenemos un abrelatas”. No es un chiste. Es la vida misma.

Tal que así discurrió el debate de ayer.

Supongamos que un empresario quiere crear un puesto de trabajo fijo. No sabe lo que pasará dentro de diez años. Si contrata a un trabajador por tiempo indefinido y le tiene que despedir, pagará 45 días/año x 10 años = 450 días de salario, como indemnización. En cambio, si contrata a un trabajador temporalmente y le despide a los dos años, pagará 8 días/año de servicio x 2 años = 16 días; contrata a otro, por otros dos años, y le paga otros 16 días; y así, hasta completar los diez años. En total, habrá pagado 16 días x 5 trabajadores en rotación = 80 días de servicio. Está claro por qué hay tantos temporales en España, ¿no?

Ahora supongamos que la mayoría de los empleos temporales existen por esta razón. Si en vez de pagar 45 días por año, el empresario viniera obligado a pagar 12 al término del primer año, 14 al término del segundo, 16 al término del tercero, y así sucesivamente, aumentando dos días por año, hasta llegar a 30 días por año al término del décimo, la horquilla a elección del empresario sería más estrecha. Tendría que optar entre contratar a un trabajador y tenerlo diez años, y en el peor de los casos, pagarle 30 x 10 = 300 días de salario como indemnización, o contratar uno nuevo todos los años, que sería despedido exactamente al año y sustituido, con un coste total de 12 x 10 = 120 días. Es una diferencia, pero no tan grande. Pero donde se ve más la diferencia es en la incertidumbre a corto plazo: de lo que se trata es de que el empresario contrate con riesgo de despedir al año pagando 45 días ó sólo 12.

El problema es que estos supuestos son como el del abrelatas. La inmensa mayoría de los contratos que se están celebrando en España desde el comienzo de la crisis son a corto y cortísimo plazo; en más de un 90 por ciento, inferiores a un año; en numerosos casos, a plazo de semanas o incluso de días. Supongamos que se reforma el régimen de despido, y de 45 días por año se pasa a 12 días por año. ¿En qué afectará esa reforma a los contratos de una semana, que podrían ser considerados como la moda (estadísticamente hablando) durante la crisis, con vistas a la conversión de esos temporales en fijos? La pregunta se contesta sola.

Mercado laboral y modelo productivo

Escucho a Carlos Solchaga hablar en CNN+ de la reforma laboral, entre otras cosas. Le oigo mencionar, como de pasada, que está a favor del contrato único de trabajo. Otro más a la larga cuenta iniciada por los Cien economistas, el gobernador del Banco de España, Funcas y, recientemente, el Fondo Monetario Internacional. Verdaderamente, a los economistas nos encanta la elegancia formal de teorías y políticas, y a este paso no va a quedar ni uno sin fascinar hasta la médula por la elegancia del contrato único.

Pero lo que más me interesa ahora es el argumento de Solchaga. Es el de todos. Hemos tenido menos caída en el PIB que otros países europeos y, sin embargo, sufrimos mayor desempleo, que, además, va a durar más tiempo. Está claro que algo no funciona en nuestro mercado de trabajo. Pues no, lo siento; no puedo estar de acuerdo. Nuestra tecnología es menos avanzada que la de otros países europeos. Utilizamos más mano de obra donde ellos emplean más capital. En ningún sector es esto más evidente que en la construcción. Cuando se reduce el PIB en la misma proporción, necesariamente se destruye más empleo en España. El mercado laboral y sus formas jurídicas no han hecho más que responden a las características de nuestro modelo productivo.

Por cierto, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, de Madrid, ha tenido la amabilidad de invitarme a sostener un debate sobre la reforma laboral con Juan José Dolado, profesor de la Universidad Carlos III, y primer firmante y presunto redactor del Manifiesto de los Cien. Será el jueves 20 de mayo, a las 13 horas, en las dependencias de la Facultad en el campus de Somosaguas. Están invitados todos mis lectores.

Al caer la tarde

Al final, han subido las Bolsas de París y Frankfort, mientras ha caído la de Londres. También han descendido en Asia las más relacionadas con Londres: Hong Kong y Bombay. Por el contrario, fuera de Europa han subido Wall Street, Shangai y Tokio. Mi conclusión es que el eje franco-alemán se ha empleado a fondo para dar credibilidad al pacto del Eurogrupo en apoyo de Grecia, mientras que la City londinense – y toda su influencia global – continúa pesimista. Nueva York, Shangai y Tokio se mueven en órbitas diferentes, por ahora.

Algunos se han dado mucha prisa en pronosticar éxito para el acuerdo, aunque admiten que los mercados no están eufóricos. Auguran que España tendrá que reformar el mercado laboral y reducir el déficit para evitar verse en la situación de Grecia. Como la reducción del déficit no será, en ningún caso, inmediata, su mensaje debe leerse en clave de urgir a la reforma laboral. Ojalá tuvieran razón, y bastara con la reforma laboral para tranquilizar a los mercados en relación con España. Tristemente, lo más probable es que no sea así.

Los mercados no quieren la reforma laboral por la reforma laboral. Lo que interesa a los mercados es el crecimiento potencial de la economía española, porque de ese potencial dependerá la capacidad de nuestra economía de pagar impuestos con que devolver la deuda. Y los mercados son más conscientes que quienes aspiran a dirigirlos cuando sólo se dejan arrastrar por ellos, de que el potencial de crecimiento de la economía española depende más del cambio de modelo productivo que de la pérdida de derechos de los trabajadores.

Mientras no tengamos una alternativa clara a la construcción, estaremos en el punto de mira de los mercados.

Por qué no creo en la reforma laboral

Parece que España va a ser, de los países ricos, el más retrasado en salir de la recesión. Esto se puede entender de dos formas. Según una, España demora las necesarias reformas estructurales – entre ellas, la reforma laboral – y esta demora afecta a sus capacidad de tratar con éxito males como el desempleo masivo; ésta es la visión que ha expuesto estos días el Fondo Monetario Internacional, sumándose al Banco de España, a Funcas y otras instituciones, que la vienen defendiendo desde hace tiempo. Según la otra, España ha sido el país que más hizo depender la prosperidad pasada de actividades como la construcción y el turismo, la primera herida fatalmente y la segunda seriamente tocada por la crisis, y en tanto no se dé con actividades alternativas, capaces de sustituir a ambas, y sobre todo a la construcción, hay poco que hacer. Ésta es la visión que defendemos otra corriente dentro de los economistas.

Los partidarios de las reformas estructurales, y en primer lugar la reforma laboral, no niegan que haya una crisis de modelo productivo, pero opinan que el cambio de modelo no se puede planificar – opinión con la que estoy básicamente de acuerdo – sino que depende de dotar a los mercados de factores, y principalmente al mercado de trabajo, de un mejor y más eficiente funcionamiento; proposición esta última con la que estoy en completo desacuerdo. Ellos creen que, si el mercado de trabajo funciona mejor, el modelo productivo surgirá, por donde tenga que surgir, por sí solo. Yo creo que esta forma de pensar olvida completamente el problema que plantea la cultura empresarial en España.

El llamado modelo del ladrillo no sólo nos ha apartado de actividades tecnológicamente más avanzadas, en las que ahora estamos retrasados, sino que no ha contribuido en nada a la formación de capital humano empresarial, y a veces ha ayudado a destruirlo. He conocido empresarios de gran talento que terminaron desperdiciándolo en inversiones inmobiliarias, que no tienen nada de innovadoras. Tenemos una clase empresarial que apenas ha dejado atrás una mentalidad rentista, que busca beneficios rápidos y sin riesgo (“pelotazos”).

Los partidarios de la reforma laboral sostienen que un mercado de trabajo más flexible creará, como por ensalmo, la clase empresarial necesaria para impulsar una innovación capaz de competir globalmente. Me temo que no. La reforma laboral no hará más que empeorar las condiciones de vida de la clase trabajadora sin beneficiar a la inversión innovadora en España. Únicamente dará lugar a una redistribución de renta desde los asalariados a los empresarios para que éstos puedan mejorar sus estándares de consumo suntuario, como ya está empezando a ocurrir.

No creo que un aumento de las desigualdades sociales sea lo que está necesitando este país.