Las cuentas de Campa

De todo lo que ha ocurrido en los últimos diez días, lo prioritario me parece que es examinar con lupa – con el telón de fondo de la crisis de Grecia – las explicaciones dadas por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, a círculos financieros internacionales en Londres el lunes pasado. Dejó bien claro que el gobierno español está determinado a reconducir el déficit público hasta la cota del 3 por ciento del PIB, fijada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que precedió a la creación del euro, y a hacerlo para 2013. Dado que el cuadro macroeconómico presentado despertaba cierta desconfianza entre los asistentes, se le preguntó si el gobierno tenía un plan B para el caso de que tuviera razón el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones sobre España (más pesimistas que las del gobierno). Campa contestó que sí: reducir el gasto público hasta donde resulte necesario.

Para los lectores que hayan perdido el hilo, se puede añadir lo siguiente. El gobierno prevé que el PIB español caerá todavía un 0,3 por ciento en 2010, para aumentar el 1,8 en 2011, el 2,9 en 2012 y el 3,1 en 2013. El FMI estima que el crecimiento puede ser hasta un punto y medio porcentuales menos en cada año. Las consecuencias de esto último serían devastadoras para los planes del gobierno, ya que un crecimiento inferior redundará en menores ingresos tributarios y en mayor gasto público (en prestaciones por desempleo, por ejemplo); el resultado será más déficit público. Una pregunta interesante es: ¿en cuánto habría que reducir el gasto para asegurar el objetivo de 2013, suponiendo que las estimaciones del FMI, y no las del gobierno español, fueran acertadas?

Como no dispongo de proyecciones precisas de los ingresos tributarios, tengo que conformarme con cálculos basados en supuestos. Mi principal supuesto es que el volumen del déficit depende de la participación del gasto de las administraciones públicas en el PIB. De manera que si se trata de llegar a un 3 por ciento de déficit en 2013, se podrá lograr con un gasto de las administraciones públicas del orden del 19,3 por ciento del PIB, independientemente del valor absoluto del propio PIB. Bajo este supuesto, el acierto de las previsiones del FMI sobre España obligaría al gobierno en esta estrategia a reducir en términos reales el gasto público por importe de 3.300 millones de euros en 2011, 6.400 millones en 2012 y 9.200 millones en 2013, adicionales a las reducciones ya previstas por el gobierno.

Ésta es la clase de ajuste que nos espera, teniendo en cuenta que en las previsiones del FMI el empleo continuará contrayéndose en 2011 – si bien levemente – para empezar a recuperarse gradualmente en 2012 y 2013. No, desde luego, como para reducir el gasto en más de 15.000 millones en ese bienio, lo que vendría a ser algo así como un Plan E a la inversa durante dos años.