La reforma laboral de los empresarios

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, ha puesto las cartas de la gran patronal sobre la mesa. En un artículo publicado en El País esta semana, enumera una serie de medidas para el mercado laboral, que configuran una visión integral de su reforma. Al hacerlo, cruza alguna línea roja trazada el año pasado. Quedarse en ese aspecto de las propuestas sería, sin embargo, instalarse en un concepto superficial del diálogo social. Es preferible clarificar los contenidos y su concatenación interna, y analizar si la propuesta ofrece posibilidades de acuerdo.

A mi modo de ver, hay un núcleo central, un asunto colateral de gran envergadura – la rebaja de las cotizaciones sociales – y varias cuestiones periféricas. Trataré hoy el primero y dejo el resto para entradas sucesivas. No creo que la propuesta de contrato para jóvenes deba pesar en la valoración general, ya que la propia CEOE la ha retirado.

El núcleo central lo constituye la contratación laboral, cuya reforma se articularía en torno a un nuevo contrato indefinido con indemnización rebajada. Junto a ello, se reintroduciría el principio de causalidad en la contratación temporal, se flexibilizaría la contratación a tiempo parcial, y los procedimientos judiciales y administrativos se homologarían a los existentes en países de nuestro entorno.

Salvando la mencionada homologación, que tanto puede ser un “brindis al sol” como un “gambito de apertura”, si se admite el símil ajedrecístico (habría que ver en qué países, en concreto, se está pensando, porque tampoco son todos iguales), hay tres cosas positivas en la propuesta. Aparentemente, se renuncia a desjudicializar la relación de trabajo; de hecho, la desjudicialización se menciona más tarde, en exclusiva referencia a los expedientes de regulación de empleo (una de las cuestiones periféricas que trataré en otro momento). En segundo lugar, parece renunciarse también a la retroactividad, ya que se habla de un nuevo contrato indefinido, que dejaría subsistir los actuales indefinidos como especie a extinguir. Por último, pero en modo alguno menos importante, se suprimiría la contratación temporal como herramienta de precarización del mercado laboral. Aquí cabe pedir mayor concreción. El principio parece sencillo: puesto que esa modalidad se benefició de menores costes de despido porque la reforma de 1984 pretendía incentivarla como medida de fomento del empleo, ahora que precisamente no se la quiere fomentar, sino lo contrario, debe invertirse la estructura de incentivos entre la contratación temporal y la indefinida. Si la patronal acepta esta lógica, la reforma puede empezar a valer la pena.

Pieza clave de la reforma de los empresarios es el papel realzado de las empresas de trabajo temporal (ETT), que se encargarían de proveer a las demás del personal cuya relación ahora se traduce en contratos temporales. El papel de las ETT queda explícitamente subrayado en otra de las cuestiones periféricas – el protagonismo que se quiere darles como agencias privadas de colocación – y tácitamente en la flexibilización de la contratación a tiempo parcial, de la que ellas se beneficiarían presumiblemente más que ninguna otra empresa. Éste puede ser un escollo, pero todas las negociaciones los tienen.

Junto a este núcleo central, y afectando al conjunto de la reforma, está el detalle de que no se pretende tocar la negociación colectiva. Y donde parece rozarse, es inclinándose más o menos tímidamente hacia el concepto de la flexibilización interna.

O mucho me equivoco, o aquí se presenta cierta oportunidad, no de resolver todos los problemas pendientes, sí de cerrar un acuerdo que proporcione estabilidad al marco de relaciones laborales para los próximos años, como mínimo tres, con suerte un lustro que se augura lleno de problemas. No sin concesiones por ambas partes, desde luego, pero ciertamente en evitación de males mayores. Pondría el siguiente ejemplo. De no haberse concluido, hace pocas semanas, el pacto salarial a tres años, ahora los funcionarios públicos tendrían sobre sus cabezas la espada de Damocles de una posible congelación o incluso rebaja salarial. Como había tal pacto, el ministerio de Economía ha tenido que dar marcha atrás, constatando lo obvio: que los pactos están para cumplirse. Dentro de un par de años, tal vez se eche de menos el acuerdo sobre el marco de relaciones laborales que ahora podría conseguirse, si no barato, a un precio razonable dadas las circunstancias.