Grecia, al borde de la bancarrota

Un año después del rescate de Grecia, los 110.000 millones de euros puestos al efecto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional no parecen haber servido para mucho. No es por falta de sacrificios que los griegos no han logrado convencer a los mercados de que serían capaces de salir del agujero; de hecho, el gobierno redujo las pensiones y despidió empleados públicos, subió el IVA y dobló el copago en la sanidad pública; ahora, está cerrando hospitales y escuelas. Pero algo decisivo ha fallado en su estrategia: el crecimiento económico. Si la economía no crece, el fisco no recaudará más, y si no recauda más no podrá pagar lo que debe. Es así de simple. Además, una profunda división fractura la élite dirigente. La clase política es cada vez más sensible al hecho de que la población está harta de sacrificios (hay una nueva huelga general convocada para el próximo 11 de mayo), mientras la tecnocracia reclama más medidas y más duras mientras acusa al gobierno de cobardía política. Con apenas un 20% de apoyo en las encuestas, la deuda calificada como «bonos basura» por todas las agencias de rating, los intereses en el mercado secundario moviéndose regularmente entre el 15 y el 20% anual y esporádicamente más allá, al gobierno le quedan pocas opciones, si es que alguna. Básicamente, dos. Seguir comiéndose el préstamo del rescate en pagar intereses, a la espera de que el mercado se normalice en alguna cifra en torno al 5% anual, lo que parece muy lejano. O emprender la reestructuración de su deuda, lo que no es más que un eufemismo por declararse en bancarrota.

¿Qué puede significar que Grecia opte por la reestructuración de su deuda? Se habla del asunto como si lo supiéramos, cuando lo cierto es que sabemos más bien poco. Una incertidumbre casi absoluta rodea la cosa. Es precisamente esta incertidumbre – mucho más que el rescate de Portugal – lo que ha determinado el actual recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana. Lo que podemos saber de experiencias pasadas es esto. En cuanto Grecia se declare en bancarrota, el gobierno griego tendrá que abrir negociaciones – seguramente, por separado – con los tenedores de deuda soberana de Grecia, sus acreedores. Por un lado, tendrá que negociar con el Fondo Monetario Internacional el destino de la deuda en manos de acreedores públicos, como el propio FMI y la Unión Europea (acreedores por los 110.000 millones de euros del rescate efectuado en abril de 2010), además posiblemente de los fondos soberanos que resulten tener deuda griega, como los chinos. Una mesa separada reunirá a Grecia con los acreedores privados, con toda probabilidad en el llamado Club de París. En ambas mesas deberá llegar a un acuerdo con sus acreedores, o la deuda soberana de Grecia será excluida de cotización en los mercados oficiales del mundo entero.

Un acuerdo completo es del todo improbable. Seguramente, Grecia se daría con un canto en los dientes si pactara con el FMI y los acreedores públicos – la parte menos dura de la negociación – y con los principales acreedores privados de la UE, tales como bancos, compañías de seguros y fondos de inversión y de pensiones. Más problemático es que los acreedores privados del resto del mundo acepten ninguna quita, y más de la importancia que la situación de Grecia podría requerir. Es muy probable que algunos acreedores internacionales demanden a la UE como responsable subsidiario de la deuda soberana de Grecia. Si esto sucediera en Estados Unidos, es posible que allí los tribunales estimaran tales demandas, lo que daría origen a largos procesos que podrían enturbiar las relaciones entre EE. UU. y la UE. Y lo peor no sería eso, sino que se paralizarían las negociaciones en el Club de París a espera del resultado, toda vez que el éxito de una demanda contra la UE determinaría una cascada de ellas por el importe íntegro de la deuda.

Y es que, por primera vez, se presentaría el caso de que el deudor no es un país aislado, que trata de pagar como puede, como España en el segundo tercio del siglo XIX, o Alemania en la década de 1920, o los países de América Latina en 1982, o de nuevo Argentina a partir de 2001. No, ahora se trataría de un país miembro de una comunidad supranacional que obtiene buena parte de su fuerza de la unión de muchos, y a la que no le va a resultar tan fácil escurrir el bulto cuando vienen mal dadas.