Portugal, condenado al rescate

Hasta hace pocos días, y desde hace varios meses, se venía especulando con que Brasil y Macao – bajo la soberanía de la República Popular China, pero con administración económica y financiera autónoma –, dos de las antiguas colonias portuguesas, podrían ayudar a Portugal a sortear sus dificultades con la deuda. Se habló de la aportación brasileña en diciembre de 2010, de la de Macao en febrero pasado, y todavía este último martes la nueva presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró su buena disposición a contribuir a que Portugal superara el difícil trance. Concretamente, dijo: «Estamos estudiando el mejor modo de participar en el proceso de recuperación económica de Portugal… Una de las posibilidades es adquirir parte de su deuda soberana». Estas declaraciones habían contenido en cierta forma a los mercados, pues suponían que Brasil estaba dispuesto a un virtual rescate de su antigua metrópoli, si no total al menos sí en parte, con un coste social muy inferior al que supondrá el rescate por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Todas estas esperanzas se han dado al traste hace pocas horas, cuando el ministro de Finanzas ha desmentido a su presidenta, indicando que Brasil no proveerá a Portugal de ayuda financiera directa; a preguntas de los periodistas de si Brasil al menos adquirirá alguna cantidad de bonos portugueses, el ministro ha respondido: «Probablemente, no». Estas declaraciones las hacía poco después de salir de una entrevista con la presidenta y poco antes de presidir una reunión del Consejo Monetario Nacional, cuyo dictamen es necesario para la definición de ciertas políticas económicas.

Portugal se ha quedado solo ante el peligro. Parecería que el presidente portugués Cavaco Silva hubiera estado esperando la noticia. Otro resultado habría permitido, quizá, al primer ministro Sócrates intentar un postrer acuerdo con la oposición social-demócrata, sobre la base de un programa un poco menos duro que el rechazado la semana pasada por el parlamento luso. Ahora, cualquier acuerdo es inviable. De conformidad con esa percepción, el presidente ha convocado elecciones generales para el 5 de junio. Se abre así un periodo de dos meses que va a suponer un auténtico calvario para nuestros vecinos. Y también para nosotros.