Purgatorio económico: Sheikh Jarrah

En 1876, un grupo de emigrados judíos se instaló en Jerusalén, concretamente, en la barriada de Sheikh Jarrah, llamada así por encontrase allí la tumba del médico personal del sultán Saladino, quien reconquistó la Ciudad de manos de los cruzados. Los emigrados lo eligieron, a su vez, porque según la tradición judía, también está enterrado allí Simón el Justo, sumo sacerdote del Templo en tiempos de Alejandro Magno. Tras ellos, llegaron otros. También llegaron musulmanes ricos e influyentes a lo que se convirtió en una zona residencial de alto standing. En 1895, se construyó una mezquita sobre la tumba misma de Sheikh Jarrah. En el censo otomano de 1905, el distrito contaba con 167 familias musulmanas, 97 judías y 6 cristianas, la mayor concentración de musulmanes fuera de la Ciudad Vieja.

En 1948, tras decretar la ONU la partición de Palestina, se desencadenó una guerra por el reparto del territorio. Israel se llevó la mejor parte, hasta el punto de que el estado palestino resultó inviable con arreglo a los estándares de la época. Pero Israel tuvo que ceder Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza a los árabes. Sheikh Jarrah fue incorporado al Jerusalén Este. Una consecuencia ominosa de la guerra fue que cientos de miles de palestinos residentes en las zonas controladas por Israel fueron expulsados de sus hogares y se convirtieron en refugiados, y lo mismo les ocurrió a varios millares de judíos residentes en las zonas controladas por Egipto y Jordania. De acuerdo con la ley jordana de Propiedad del Enemigo, las propiedades judías de Sheikh Jarrah fueron confiscadas.

Entre 1948 y 1956, Sheikh Jarrah constituyó parte de la zona desmilitarizada bajo control de los cascos azules, como tierra de nadie, y permaneció deshabitada. En 1956, el gobierno jordano y ACNUR (Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados) firmaron un acuerdo para alojar en ella a 23 familias palestinas que vivían en campos de refugiados desde la guerra de 1948. Hay confusión respecto de si se les concedió la propiedad o sólo el uso de las viviendas, pero la versión más creíble afirma que, estando prohibida por la IV Convención de Ginebra la entrega en propiedad de viviendas en litigio por acciones de guerra, la propiedad fue asignada al organismo jordano de Custodia de Propiedad del Enemigo.

En 1967, Israel conquistó Jerusalén Este. De momento, se respetó a los palestinos de Sheikh Jarrah. En 1972, varias organizaciones, en representación de los antiguos vecinos judíos, emprendieron un largo proceso legal para la devolución de la propiedad sobre la base de contratos de compraventa del siglo XIX. En 1982, la representación legal de los demandados llegó a un acuerdo con los demandantes, en virtud del cual aquellos no discutían la legalidad de la demanda a cambio del estatuto de “inquilino protegido”, que impide desalojarlos mientras paguen la renta. Varias familias palestinas desautorizaron a su representación legal y se negaron a pagar. Los propietarios judíos los demandaron por impago de alquileres.

Los demandados presentaron certificados de la administración jordana dando fe de que el acuerdo de 1956 contemplaba la entrega de las viviendas en propiedad, pero que, lamentablemente, la lentitud de la burocracia del país había impedido completar el proceso administrativo en 1967; extremo que no ha sido ni confirmado ni desmentido por ACNUR. Pero el juzgado de distrito de Jerusalén no aceptó estos títulos como mejores que los presentados por la parte judía, y falló que la propiedad pertenecía a los demandantes. Al continuar el impago de algunas familias empezaron los desahucios, tres en 2008.

Las familias palestinas siempre habían sostenido que los títulos de propiedad exhibidos por la parte judía eran falsos, pero que no podían probarlo porque las autoridades turcas se negaban a abrir los archivos de la época otomana. Por fin, a comienzos de 2009, aparecieron documentos notariales de finales del siglo XIX, de compraventa de las propiedades en litigio, en la época crucial, donde no aparece nombre judío alguno; al menos, una parte de la prensa israelí (aquí) aceptó el argumento de que eso prueba que los judíos, en todo caso, se establecieron como meros arrendatarios. Las familias palestinas recurrieron la sentencia de 2008. Nuevamente, sin embargo, el tribunal supremo de Israel, fallando a favor de los demandantes judíos, declaró la autenticidad de la compra. En agosto de 2009, otras dos familias palestinas fueron desahuciadas por impago y sus viviendas entregadas a colonos judíos. Hay proyectos para construir bloques de apartamentos en el suelo de alguna de las propiedades. En marzo de 2010, la población palestina de Jerusalén y Cisjordania ha convocado varias “jornadas de la ira” al conocerse que va a construirse una sinagoga en la barriada. Hay ya cuatro víctimas mortales entre los manifestantes y la fuerza área israelí ha bombardeado objetivos en la Franja de Gaza tras reanudarse el lanzamiento de cohetes Qassam.

El caso suscita varias reflexiones. ¿Cuál es la imparcialidad de los tribunales israelíes en procesos como éste? Al menos, la prolongada duración – casi treinta años – prueba que no ha querido dársele una solución apresurada, y esto ya es algo. ¿Qué posibilidades tiene la parte palestina de acudir a la justicia turca en busca de amparo, toda vez que el caso se juzga con arreglo a la legalidad otomana, de la que la Turquía actual es legítima heredera? No muchas, probablemente. Por último, y quizá lo más importante, el asunto hace entrar en conflicto el derecho privado con el derecho internacional público. Si la IV Convención de Ginebra prohibía dar en propiedad a refugiados palestinos viviendas en litigio tras la guerra de 1948, con idéntica fuerza prohíbe devolver esa propiedad a sus presuntos dueños antes de esa guerra. Tan sólo un tratado de paz, firmado entre Israel y un Estado Palestino, que dejara sentadas esas cuestiones, podría dar fundamento jurídico a la pretensión de los tribunales israelíes de tratar la propiedad de lo que sustancialmente es un botín de guerra, que ha cambiado repetidamente de manos, como si fuera un inocente pleito doméstico. De ahí la airada reacción de Naciones Unidas y la comunidad internacional frente a las actuaciones israelíes en este caso.

Dicho esto, me queda una última reflexión, para mí la más inquietante. ¿No es el derecho humanitario, que es el derecho que protege a los civiles en situaciones de guerra, y tras 1967 decididamente favorable a los residentes palestinos en Sheikh Jarrah, la principal causa de sus desdichas? De no prohibir la IV Convención de Ginebra toda determinación unilateral de derechos de propiedad mientras se mantenga la situación de guerra, y de no haberse sentido los moradores de esa barriada de Jerusalén protegidos por ella, habrían pagado los alquileres (para lo cual no les habría faltado ayuda internacional: ése es el chocolate del loro en esta crisis), habrían conservado sus viviendas, los asentamientos judíos no habrían avanzado en Jerusalén Este con la velocidad que lo están haciendo y las últimas muertes, perfectamente inútiles, podrían haberse evitado.