Tres ensayos breves sobre la educación: Tres

Hay otra posible objeción a la supresión del régimen de conciertos en la enseñanza privada. Me refiero ahora a la que puede surgir desde el otro ángulo del espectro ideológico, a saber, el mito de que el Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos a través de la educación. Este mito fue alimentado por el Estado de Bienestar en sus orígenes, y cumplió felizmente su papel en el tiempo que le fue asignado. Personalmente, he sido un constante defensor del mismo, hasta que me he convencido de la fragilidad de su sustentación económica.

Para empezar, el mito parte de la base de que la igualdad de oportunidades es un derecho. Pero lo cierto es que un “derecho” que no se sustenta económicamente no es un verdadero derecho, sino un desiderátum. Y éste no se sustenta económicamente. En realidad, nadie puede sostener que gracias a él se ha logrado una auténtica igualdad de oportunidades. Hay que estar ciego para negar que las relaciones sociales son tan poderosas, o incluso más, que la educación recibida. Se puede abundar en el tema y añadir: el propio régimen de conciertos de la enseñanza privada tiene como único quid pro quo – ya que los conocimientos son prácticamente uniformes con la pública – las relaciones sociales creadas entre los alumnos. Bueno, quizá la igualdad de oportunidades se concibe neta de las ventajas sociales que siempre favorecerán a las clases superiores.

Pero el principio de igualdad de oportunidades hace agua por otros lados. Sus defensores han pasado a propugnar una suerte de versión descafeinada, que viene a decir: “Igualdad de oportunidades, no de resultados”. La próxima reforma, prevista para 2015, de la financiación universitaria contempla un notable recorte de las facilidades para repetir curso, que cuestan al contribuyente, según el estudio de FEDEA mencionado en el primer ensayo, la friolera de 3.300 millones de euros anuales. Si dicha reforma se lleva adelante, será un magnífico ejemplo del ideario que manda garantizar la igualdad de oportunidades pero no la de resultados, toda vez que, con las facilidades actuales, lo que se asegura es precisamente que todo repetidor obtenga el título prácticamente al mismo precio (no es exactamente así, pero bueno) que el alumno aplicado: igualdad de resultados a pesar de la diferencia de esfuerzos. No se puede decir que esto esté mal, pero, francamente, es el chocolate del loro. Con un PIB que supera el billón de euros anuales, de lo que se está hablando es de reasignar, más eficientemente, unas tres décimas porcentuales del gasto. Ya digo: bien. Pero ¿y qué más?

Bien mirado, el principio de igualdad de oportunidades, o garantiza igualdad de resultados, o dejará de ser verdadera igualdad. Porque el subir el precio de la vez de matrícula (aunque repito, la segunda vez que el alumno se matricula en una asignatura el coste para él ya es apreciablemente mayor, y la tercera aún mayor) introducirá una nueva desigualdad: los ricos podrán pagar el sobrecoste mejor que los pobres, y vuelta a empezar. La corrección igualitarista terminará por llegar, inevitablemente, y se puede predecir por dónde. Puesto que gran parte del fracaso proviene de la falta de medios para atender a una enseñanza que por fuerza es cada vez más costosa, o se aumenta el volumen de medios, o se reduce el nivel de exigencia. La igualdad de resultados se restablecerá a un nivel de mediocridad “razonable”. Tan sólo los que superen ese nivel serán penalizados. Ésta es la dinámica en que estamos enfrascados en la universidad desde hace lustros. Parece, por lo demás, que tampoco es un mal exclusivamente español, sino una pandemia europea, probablemente importada de Estados Unidos.

El problema de este enfoque, que pretende financiar con fondos públicos demasiada educación (la pública y la privada en los estudios preuniversitarios, y la pública en los universitarios), es que la calidad siempre será baja. Y si la calidad de los conocimientos aprendidos es baja, la importancia de las relaciones sociales para el éxito profesional se incrementa. Esto, hablando en la escala doméstica, porque en el plano internacional lo que cabe esperar es que se desvaloricen las opciones de España como país.

Propongo reemplazar el principio de garantizar la igualdad de oportunidades dentro del colectivo por el de maximizar las oportunidades del colectivo en bloque. Esto segundo puede repercutir en un aumento de la desigualdad interna, ya que parte del incremento de oportunidades puede beneficiar a unos individuos sí y a otros no (con arreglo a su clase social, evidentemente) pero si otra parte se reparte entre todos, entonces tendremos lo que los economistas llaman una situación Pareto-superior a la de partida. Si todos mejoran sus oportunidades, la situación será preferible aunque para algunos la mejora sea mayor que para el resto. Pues bien, el plan de suprimir el régimen de conciertos en la enseñanza privada pretende ser el vehículo para llevar al sistema educativo a una situación Pareto-superior, aunque quizá menos igualitaria que aquélla en que se encuentra ahora.

Por una parte, la supresión de los conciertos obligará a las familias de clase media a invertir más en educación privada, aunque el aumento del esfuerzo educativo neto será menor que el incremento bruto del gasto en educación privada, desde el momento en que también se producirá una bajada de los impuestos afectos a esta finalidad. Sin embargo, no todo el ahorro derivado de la supresión de los conciertos se traducirá en menores impuestos; precisamente, parte del objetivo es que las familias gasten más, y no sólo mejor, que ahora. Una fracción de ese ahorro deberá reasignarse a financiar una enseñanza pública de calidad. Cuando la escuela pública cuente con los medios necesarios, entonces sí será de justicia exigir al alumno resultados por el uso que está haciendo del dinero de los contribuyentes.

Tres ensayos breves sobre la educación. Uno
Tres ensayos breves sobre la educación. Dos

Tres ensayos breves sobre la educación: Dos

El plan de suprimir la enseñanza privada concertada para introducir libertad de experimentación educativa y garantizar recursos para la escuela pública se podrá objetar, no sin razón, desde varios ángulos. El primero, y más fundamental, es que el origen social de la actual situación estriba en la falta de criterio y estrechez de miras de la clase media, pero el político radica en cierto grado de realismo. Si la enseñanza pública fuera gratuita y de aceptable calidad, y la privada se pagara a un precio proporcional a la calidad, pocos miembros de la clase media desperdiciarían la oportunidad de enviar a sus hijos a la gratuita aunque pudieran pagar una calidad superior en la privada.

Lo racional desde un punto de vista colectivo – partiendo de que cada familia quiere para sus hijos lo mejor que pueda pagarles – sería que cada hogar evaluara si puede pagar una calidad superior a la pública y, pudiendo, la pagara, mientras que, no pudiendo, enviara a sus hijos a la pública. Eso, repito, sería lo racional. Tristemente, podemos estar seguros de que las familias españolas de clase media, en su generalidad, no actuarían así. Lo que tenderían a hacer es evaluar si la calidad de la enseñanza pública es aceptable; no con arreglo a lo que ellas pudieran pagar, sino con arreglo a un criterio distinto, como que si esa enseñanza garantiza a los hijos un nivel de vida similar a sus padres, o incluso un poco (tan sólo un poco) peor. Pues la generalidad de los padres pensaría que no lo tienen que hacer ellos todo: a los hijos les corresponde poner también algo de su parte para moverse hacia arriba en la escala social, más adelante, costeándose sus propios másters y con esfuerzos similares. Y si la enseñanza pública garantizara ese mínimo de calidad – negociado en el seno de la unidad familiar – los padres enviarían a sus hijos a la escuela gratuita, y, del ahorro así logrado, una parte lo destinarían a actividades formativas extraescolares, como viajes al extranjero para aprender idiomas. Y con eso los padres acallarían su conciencia. La diferencia al coste de la escuela privada libre, lo dedicarían sus padres a vivir ellos mismos lo mejor posible.

Esto es lo que haría – en realidad, lo que está haciendo – una clase media que ha renunciado al principio de dar a sus hijos lo mejor, para sustituirlo por el de darles algo razonablemente bueno. Y, naturalmente, sacar tajada personal (como individuos maximizadotes de su propia satisfacción) los padres. Lo importante es constatar que ésa es una clase media que ha abdicado de su responsabilidad histórica, que no es otra que garantizar una movilidad lo más intensa posible a lo largo de la escala social. Primero, una intensa movilidad desde abajo, desde las clases inferiores a la clase media, como se veía en el artículo anterior; segundo, una no menos intensa movilidad hacia arriba, desde la clase media a la aristocracia económica y financiera. Es muy razonable que los padres se conformen con asegurar a sus hijos un status no muy inferior al que los primeros han disfrutado, y que luego sea tarea de los hijos hacer el resto. Pero eso equivale a renunciar a la ambición de hacer de los hijos personas de un status social decididamente mejor que el que los padres disfrutan, que es la lógica por la que se movieron las generaciones anteriores. Es como si la sociedad española se hubiera dicho a sí misma: “Ya hemos alcanzado un nivel de vida bastante bueno; ahora vamos a disfrutar todos de él, sin agobios”. Es muy razonable, pero carece de la ambición que es necesaria para conservar ese nivel de vida a largo plazo. Puesto que, así, la sociedad española gasta en educación lo justo, y ni de lejos realiza el esfuerzo suplementario que es necesario para tener éxito, como país, en la durísima competencia que está suponiendo, y va a suponer cada vez más, la globalización.

Pues bien, el realismo político presupone prever que la clase media haría exactamente lo que he descrito, es decir, inclinarse en bloque por la enseñanza gratuita, de un modo u otro condicionada por el gobierno, en tanto que la enseñanza privada libre languidecería al verse condenada a una posición marginal. Y, en previsión de que eso es lo que ocurriría, los políticos le han dado a la clase media lo que ésta quería, con el refinamiento de que, ya que lo que la sociedad española demanda es enseñanza lo más barata posible, se le da; pero no en la forma estricta de enseñanza pública, sino en la más flexible de enseñanza privada concertada. El régimen de conciertos podrá embellecerse cuanto se desee, pero en sustancia se limita a eso: gastar en educación, no todo lo que se podría gastar, sino en realidad lo menos posible. Y puede dársele al asunto todas las vueltas que se quiera, pero para gastar todo lo que se pueda, y dar al país el empujón en materia de inversión de capital humano que necesita, es imprescindible acabar con el régimen de conciertos.

¿Podrán los políticos españoles entender esto y, más difícil todavía, lograrán reunir el coraje necesario para, una vez entendido por ellos, hacérselo entender al país? Aquí se revela uno de los dramas (si no el drama, propiamente dicho) de España, a saber, la atomización y desarticulación de la clase media. Lo que muchos han llamado debilidad o incluso ausencia de una sociedad civil. Puede que la sociedad española termine afrontando el reto que supone la educación en el mundo del siglo XXI, y puede que no. El tiempo lo dirá. Pero, si llegara a afrontarlo, no será porque la sociedad de motu propio adopte la resolución pertinente; en realidad, la sociedad española carece de las instituciones intermedias que en otros países occidentales (¿quizá de tradición protestante, habría que añadir?) asumen la responsabilidad de debatir, deliberar y decidir, arrastrando con ellas a los individuos, a la hora de hacer frente a los retos de mayor importancia, los retos históricos, se podría decir. En España se tuvo una corta pero brillante experiencia en este sentido, la Institución Libre de Enseñanza, creada por Francisco Giner de los Ríos y otros en 1876, y que partía del principio que se acaba de enunciar. Muestra del retroceso cultural y la pérdida de conciencia histórica de nuestro país es que ahora una experiencia similar ni siquiera entra en la cabeza de nadie. Ahora tendrá que ser el Estado quien adopte la resolución y se la imponga, quizá a regañadientes, a los ciudadanos. De otro modo, éstos seguirán aferrados, como lapas, a la gratuidad, aunque el país se hunda.

Tres ensayos breves sobre la educación. Uno
Tres ensayos breves sobre la educación. Tres

Deflación

Una cosa es que todos nos alegremos de que la economía española dé muestras de no haber entrado en una espiral deflacionista, lo que se sabe por el registro del IPC en los últimos meses, y otra muy distinta que haya que asistir impasibles al triunfalismo desplegado desde la secretaría de Estado de Economía, para quien el dato de diciembre demuestra que la marcha de los precios durante el último año y medio no constituye un episodio de deflación. Si se tiene en cuenta que los precios se han comportado como lo han hecho sobre todo porque los precios del petróleo subieron en diciembre, hay pocas razones para el optimismo. Pues el encarecimiento de la energía no dejará de estrujar el bolsillo de los españoles e intensificará las tensiones sobre la demanda agregada, ya muy debilitada por la mayor tendencia al ahorro de hogares y empresas. Con la misma facilidad que la administración predijo que la subida de precios a final de año sería positiva (sin más que mirar el ínfimo registro de diciembre de 2008), ahora se puede predecir que en primavera de este año la inflación interanual será negativa. En otras palabras, la tendencia subyacente continúa siendo deflacionista.

Las dificultades se acumulan. El Banco Central Europeo, que no conoce más riesgo estructural que la inflación descontrolada, ya ha anunciado que no renovará la concesión de liquidez extraordinaria con que tuvo que transigir en el otoño de 2008. “¡Qué caída más tonta!”, parece querer decir al cerrar el paréntesis. Sorprende que no forme parte de las prioridades de la Presidencia española de la UE el introducir un cambio decidido de esta orientación. Pues no otros que los bancos españoles (y la banca europea, en general) se han hecho cargo de la deuda pública que financia el déficit de las administraciones públicas de nuestro país, considerablemente acrecentado durante la crisis. Para los bancos es lucrativo obtener dinero del BCE al uno por ciento para comprar deuda soberana de España. Pero, cuando el BCE cierre el grifo, ¿qué creen ustedes que pasará? Con harto dolor de su corazón, los bancos venderán la deuda en los mercados internacionales, el precio de la deuda bajará, y la confianza en el crédito español se resentirá. Parece que el gobierno confía en estar allí para parar el golpe, recomprando su propia deuda con los mayores ingresos de la subida del IVA, que nos tiene prometida para mediados de año. Puede que salga bien, puede que no. Pero ¡hay que ver lo que dan de sí las especulaciones sobre diez puntos porcentuales más en la tasa de ahorro! Nos está bien empleado: nosotros ahorrando más y el dinero llevándoselo los jeques del petróleo y el gobierno, para salvar sus trampas. Lo que tendríamos que hacer es gastar más, vivir como cigarras y no como hormigas, y volver a confiar en quienes nos dicen que todo esto no es más que una pasajera crisis de confianza.

Ciertamente, no todo son malas noticias. Dado el déficit exterior de la economía española, uno habría esperado una recesión más profunda y prolongada. Con un saldo negativo por cuenta corriente superior a 100.000 millones de euros en cada uno de los ejercicios de 2007 y 2008, más uno adicional que no se puede estimar provisionalmente en menos de otros 60.000 millones, se podría haber esperado una restricción monetaria mucho más aguda, con sus inevitables secuelas sobre la liquidez del sistema bancario. Eso no ha ocurrido, sin embargo. Quienesquiera que sean los no residentes a cuyas manos está pasando continuamente, desde residentes, la titularidad de los saldos bancarios que financian nuestro exceso importador, no están sacando el dinero del país, pese a que nada les impide hacerlo. Sean quienes fueren, esos no residentes están sosteniendo las finanzas (y, de rechazo, la economía real) de este país: su actuación es la que verdaderamente está impidiendo que la deflación subyacente se convierta en declarada y a tumba abierta. Sin duda, tienen buenas razones para proceder de esa manera, pero que eso sea así no es motivo para lanzar las campanas al vuelo.

¿Y quiénes son esos misteriosos no residentes? Se necesitaría levantar el secreto bancario para formarse una idea más precisa. Y ni siquiera así, toda vez que el juego de sociedades interpuestas podría distorsionar la imagen. Se puede conjeturar, no obstante, que los bancos europeos y, en general, del mundo desarrollado, se han vuelto mucho más cautelosos en la relocalización internacional de sus saldos de efectivo, para no dar lugar a catástrofes locales con potenciales repercusiones globales; en este sentido, la fortaleza del sistema bancario español puede estar ayudando a presentar a nuestros bancos como una localización refugio. Perfecto; la conjetura parece indicar que el Banco de España está haciendo sus deberes. Pero atención: se trata de posiciones a corto plazo. Todo sugiere que la coyuntura española está “cogida con alfileres”, como vulgarmente se dice.

Más valdría afrontar, de una vez por todas, una acción decidida para que el BCE adopte la política monetaria acomodante que corresponde a una situación estructuralmente deflacionista. Y reformar el Tratado de Maastricht, si llegara a ser necesario para facultar al BCE a desarrollar esa política sin complejos.

Tres ensayos breves sobre la educación: Uno

La presidencia española de la Unión Europea, y muy en especial las prioridades enunciadas al efecto por el presidente Rodríguez Zapatero, han vuelto a poner en primer plano el debate sobre la educación. Un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) cifra en 3.300 millones de euros el coste anual de las repeticiones de curso en la universidad; parece que el dato preocupa al gobierno. Conociendo la seriedad habitual de FEDEA, puede uno estar seguro de que el informe estará bien hecho, aunque el enfoque es insuficiente. La universidad española resulta de regular calidad y cara para el contribuyente, pero no es sino una pieza integrante del sistema educativo, que falla en su totalidad. Mal puede funcionar la universidad, si no lo hacen bien la enseñanza secundaria y el bachillerato.

A la hora de señalar causas, avanzo la que me parece más importante, a saber, el absurdo principio de que una enseñanza universal tiene que ser uniforme; parece que muchos piensan que sin uniformidad no hay igualdad. Desde luego que muchos otros no lo piensan, pero claudican ante el principio – no menos absurdo – de que la universalidad tiene que suponer gratuidad para todos. Y una cosa lleva a la otra, porque si el Estado subvenciona toda la educación, el gobierno terminará imponiendo condiciones al sistema, cuando sólo debería imponérselas – y con reservas – a una parte, la enseñanza pública. Semejante esquema procede de la Ley General de Educación, una norma predemocrática cuyos fundamentos ningún gobierno de la democracia, de derecha, centro o izquierda, se ha atrevido a cuestionar, por la sencilla razón de que cuestionarla equivaldría a perder competencias gubernamentales. Ya va siendo hora de que se haga.

Si hubiera que buscar un responsable último de la situación, tendría que encontrarse en la sufrida clase media, siempre tan consciente de sus intereses como carente de criterio. Pues la clase media española se ha creído con derecho a exigir la gratuidad si las clases bajas disfrutaban de ella. ¡Otra cosa no sería “igualitaria”! No ha querido, ni parece querer todavía, darse cuenta de que lo que España necesita no es gratuidad universal, sino calidad universal, y un coste proporcionado a la calidad para los que puedan pagarlo. La clase media cierra los ojos a su propia necesidad histórica de reproducirse, lo que solamente puede lograr por medio de una intensa movilidad social, garantizada por la educación de calidad. La clase media se fortalece cuando los mejores talentos de las clases bajas acceden a ella, no cuando sus mejores talentos propios se malogran porque padres que quieren darse la gran vida ahorran en educación dándoles a sus hijos la gratuita o casi gratuita, igual de mediocre o poco mejor que la que se da a los hijos de los obreros.

¿Pero es que en España, hasta ahora, no ha habido movilidad social? La paradoja es que sí la ha habido, pero ha seguido cauces distintos de los educativos. Mientras los hijos de agricultores y trabajadores humildes, que han tenido estudios universitarios, en general han terminado de cajeros en oficinas bancarias o dependientes en centros comerciales, lo que supone una movilidad horizontal más que vertical, los que han saltado de las clases bajas a la clase media han sido quienes tenían éxito con un modesto negocio de construcción que prosperaba o vendían sus tierras de labor ganando una pequeña fortuna en un buen pelotazo inmobiliario. En esta perversión reside el verdadero drama del modelo del ladrillo. Pero el modelo se acabó y, como no hay bien que por mal no venga, habrá que buscarle reemplazo. Pero no va a ser fácil. No bastará con decir que hay que acceder a una sociedad del conocimiento y la información, para tenerla. La sociedad tendrá que gastar mucho más en educación: la sociedad, y no tanto el Estado.

Yendo a las soluciones, parecen obvias. Hay que terminar con la enseñanza privada concertada. Si algún sector de la clase media y la derecha política que lo representa ven la propuesta como una agresión, es que no han entendido lo que significa la parábola bíblica de vender la primogenitura por un plato de lentejas. Pues a través de los conciertos, la enseñanza privada hipoteca su libertad y somete su comportamiento a pautas de uniformidad que son las causantes del actual desbarajuste del sistema educativo. Lo que hace falta es, precisamente, libertad para experimentar, para buscar sin cortapisas los mejores contenidos y métodos para garantizar el éxito profesional de los egresados de ese sistema, cualquiera que sea el nivel alcanzado. Ya está bien de que contenidos y métodos se dicten desde el ministerio o las consejerías de educación. La administración pública debe limitarse a certificar resultados, mediante las oportunas reválidas, que deberán homologarse a escala europea. Pero, para ello, la enseñanza privada habrá a renunciar a la sopa boba de los conciertos.

El cese de los conciertos liberará recursos para la enseñanza pública, que además de gratuita, deberá de ser de calidad y orientada a la formación del criterio y no al adoctrinamiento: el que quiera adoctrinar a sus hijos, que los lleve a la escuela privada. Y la derecha no querrá entenderlo así, pero ésta es la única manera de resolver satisfactoriamente el problema de la enseñanza de las lenguas en el Estado de las Autonomías. Así se tendrá una enseñanza privada verdaderamente libre y una enseñanza pública de calidad, que es todo lo que se necesita para resolver el problema planteado. No es poco, porque para llevarlo a cabo va a hacer falta una reforma, política y de mentalidades, tan profunda como la propia transición democrática.

Tres ensayos breves sobre la educación. Dos
Tres ensayos breves sobre la educación. Tres