El paro EPA y los mercados

Acaban de salir publicadas las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística. Se publica trimestralmente, o sea, cuatro veces al año, en abril, julio, octubre y enero, a trimestre pasado. Sus datos de empleo y paro compiten con los de los servicios públicos de empleo, que los publican mensualmente. Por eso, el lector verá en los medios reflejadas con más frecuencia las cifras del paro registrado en los servicios públicos de empleo (“paro registrado”) que los de la EPA (“paro EPA”). Sin embargo, y por razones que sería prolijo detallar, los expertos consideran el paro EPA más fiable que el paro registrado, es decir, al primero más fiel a la situación real.

Hoy hemos sabido que el paro aumentó en 210.000 personas. El empleo fue aun peor, ya que descendió en más de un cuarto de millón de personas. La diferencia, 42.000 personas, refleja el descenso de la población activa: en román paladino, los parados que se cansan de buscar empleo y pasan a ser inactivos, o personas en edad de trabajar dependientes y sin actividad económica de ningún tipo. La cifra de paro se sitúa en 4.910.000 personas y la tasa en el 21,3% de la población activa. Un desastre sin paliativos para el gobierno.

A nueve meses de la famosa reforma del mercado laboral que iba a generar más empleo, o en su defecto a reducir la temporalidad de los contratos, el gobierno cosecha un fracaso en ambos objetivos. Empieza a ponerse de manifiesto que las «reformas» de este gobierno son más retoques cosméticos que ataque en profundidad a los problemas; sus políticas frente a la crisis, más operaciones de marketing que otra cosa. El dato contrasta desfavorablemente con la mejora de resultados financieros de la seguridad social, que vuelve a registrar superávit. Sin embargo, ahora está claro que esa mejora se debe más a la terminación de muchas prestaciones por desempleo, lo que reduce los pagos de la seguridad social, que a otra cosa. La miseria empieza a amenazar seriamente a nuestra sociedad.

¿Cómo se tomarán estos datos los mercados? La reacción de los mercados frente a los datos de paro es sorprendente, muchas veces. En ocasiones, reaccionan con frialdad o incluso recelo a la reducción del desempleo, tal vez por temor al fantasma de la inflación que acompaña a previsibles recalentamientos de la economía. Raramente reciben con euforia el aumento del paro. En esta ocasión, eso es incluso menos probable de lo habitual. Más desempleados y menos cobrando prestaciones – pues eso, y no otra cosa – refleja la caída de la población activa – significarán menos estímulos internos a la demanda agregada por el lado del consumo, además de un probable aumento de la morosidad en los préstamos hipotecarios. Por dos lados afecta el dato desfavorablemente a los planes gubernamentales de reducir el déficit. Del primero, por menores ingresos tributarios, derivados de menores IVA y renta; del segundo, más problemas en el sector bancario.

Los mercados no suelen hilar muy fino en el corto plazo. Para ellos, el dato es peor que malo, pésimo. Esperemos que esta vez prevalezca sobre el pánico la campaña mediática orquestada en los últimos dos o tres días, con salida a la palestra del Wall Street Journal de ilustres (aunque desconocidos) profesores de la London School of Economics – ilustres, porque provienen de la LSE – dispuestos a empeñar su reputación elogiando las reformas de nuestro gobierno. Así sea.

Empieza la puja por la presidencia del Banco Central Europeo

Tras quedar vacante la candidatura oficial a suceder a Jean-Claude Trichet el próximo 31 de octubre, al dimitir el alemán Axel Weber, presidente del Busdesbank hasta las 24:00 horas de mañana (un año antes de lo previsto), por diferencias con Angela Merkel acerca de la conveniencia de los rescates financieros de países de la periferia europea, se ha abierto intempestivamente la carrera hacia el sillón en cuestión al avanzar Sarkozy y Berlusconi el nombre de Mario Draghi, actual gobernador del Banco de Italia. Digo «intempestivamente» porque Merkel había anunciado su buena disposición a negociar el candidato oficial con Sarkozy, lo que correspondería a los buenos usos y costumbres del eje franco-alemán, que parece regir los destinos de la Unión Europea y, con mayor razón, los de la Eurozona. Aparentemente, en cambio, Francia se ha puesto primero de acuerdo con Italia y pretende poner a Alemania ante hechos consumados. España suele ser imprudente en estos asuntos. Recuérdese el patinazo de Trinidad Jiménez diciendo, en respuesta al acuerdo franco-italiano de reformar el tratado de Schengen, que estamos muy satisfechos con él, por lo que no vemos por qué habría que reformarlo, dado lo bien que ha funcionado; para encontrarnos sólo horas después con la declaración alemana de que también quiere reformarlo, sólo que por otro procedimiento, lo que evidencia lo poco que contamos en la UE. Ya hemos manifestado, por boca de la ministra Salgado, que Draghi es «un excelente candidato» a la presidencia del BCE. Me parece, como digo, que en estos asuntos habría que ser más prudente.

Un portavoz de la canciller ha declarado que no habrá candidato sin el acuerdo de Alemania, lo que es una forma de decir, bastante claramente, que no apoya a Draghi, de momento. O Merkel tiene otro nombre en la cabeza, o está «en el ajo» con Sarkozy desde el principio y le ha dejado hacer el paripé con Berlusconi por razones de política doméstica. La opinión alemana, en efecto, se muestra cada vez más reacia a seguir poniendo dinero para rescatar financieramente a países que carecen de ética fiscal – en su concepto, y también en el mío – y que, pese a toda ayuda, no terminan de salir de apuros porque su verdadero problema es que no tienen noción de lo que es disciplina económica. Si eso es así, un italiano, proveniente por tanto de uno de los países periféricos, quizá el menos problemático pero problemático a fin de cuentas (la prima de riesgo de Italia se mueve estos días con los demás países de la periferia, incluida España, alejándose del rendimiento del bono alemán), no sería el mejor candidato. Merkel sospecha que la explicación del fracaso de su partido en las recientes elecciones regionales de Baden-Württemberg estriba, precisamente, en el descontento popular ante la marcha de los asuntos financieros de la Unión Europea, y no está dispuesta a continuar perdiendo votos por ese motivo. En tal caso, la canciller estaría haciendo una comedia para aparentar que se ve obligada por los demás miembros de la zona euro. Es sobre esta hipótesis que uno puede entender la precipitación de Salgado (¿estará también ella «en el ajo»?) y la misma posición adoptada por Jean-Claude Junker, presidente del Eurogrupo o reunión de los ministros de Finanzas de los 17 países que pertenecen a la zona euro. De momento, el ministro de Finanzas eslovaco ha dicho que no tiene nada que objetar. Y todos los demás permanecen callados. Lo que no me cuadra de esta hipótesis – y de ahí que califique de imprudente la prontitud con la que España se ha pronunciado – es que Merkel prepare la escena como para aparecer siendo obligada a algo, aunque sea por consenso de los otros 16 países. ¿Ella, la canciller de hierro? Aquí hay gato encerrado.

La rápida aprobación de Junker al plan franco-italiano también escama. Otro candidato sería Ives Mersch, casualmente luxemburgués, como el propio Junker. Que Junker apoye con entusiasmo al candidato de Sarkozy, visto como una liebre a la que tumbarán antes de llegar a meta, podría no ser más que una manera bastante astuta de ganar el apoyo de Sarkozy para el candidato del propio Junker cuando el italiano, que se ha destapado demasiado pronto, ya no esté en escena. Quizá el mismo Sarkozy ha previsto el rechazo de su propuesta por Merkel, pero la ha hecho para obtener algo en compensación, toda vez que, al ser francés el presidente saliente, ya no puede volverlo a ser el entrante. En ese caso, España se quedará de nuevo, como suele decirse, y empieza a ser costumbre, «con el culo al aire».

Y todavía podría ser peor la cosa. A lo peor, Merkel ya tiene decidido que terminará aceptando a Draghi. Después de todo, es un economista formado en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Boston, y que trabajó para Goldman Sachs antes de gobernar el Banco de Italia; un excelente representante de la tecnocracia, en definitiva. Pero puede pretender aprovechar la coyuntura para apretarnos a base de bien las tuercas, a nosotros, España, en particular. Vamos, que nuestro entusiasmo por Draghi podemos acabar teniéndolo que pagar con sangre, sudor y lágrimas. La forma de entrar Salgado al trapo, como un Mihura, le proporciona a Merkel una ocasión de oro para intentarlo. Claro que con el gusto de algunos en nuestro gobierno por hacer sangre, poner la gente a sudar y provocar lágrimas sin que les tiemble la mano, puede que no sean, Merkel y ellos, más que un roto para un descosido.

Ética fiscal es lo que necesitamos

En España sólo paga impuestos quien no tiene forma de eludirlos. Es más, se considera de tontos pagarlos cuando Hacienda no puede pillarte. Tengo una amiga inglesa, que vive aquí y se ha propuesto emprender un negocio. Lo primero que le ha dicho el gestor que le tramita el papeleo, como la cosa más natural, es que nadie declara todo lo que ingresa; él recomienda dejar un 20 ó 25% para cobros «en negro». Mi amiga – es inglesa, ya lo he dicho – no está acostumbrada a estos tejemanejes, y anda confundida. «¿Qué crees que debo hacer?», me pregunta con candidez. La lógica del gestor es aplastante. ¿No dicen los estudios que en España hay un 23% de economía sumergida? Pues eso significa – para él – que todas las actividades deben «sumergirse» de un 20 a un 25%. Claro que esa forma de pensar no cuenta con las actividades que están sumergidas en su totalidad, como mi fontanero, que me hace un presupuesto y luego lo revisa para añadir el IVA si le pido factura; se conoce que no está acostumbrado a que nadie se la pida. Si incluimos las actividades sumergidas al 100%, el porcentaje sobre el total nacional será bastante superior, quizá un 30 ó 35%. (Espero que el gestor de mi amiga no lea esto, porque si los gestores se enteran empezarán a aconsejar que se «ennegrezca» el 30 ó el 35% de los ingresos, y así hasta que nadie pague impuestos).

Nuestra carencia de ética fiscal se aprecia en pequeñas cosas, como el top manta; ya saben, esa actividad que consiste en vender en la vía pública, a plena luz del día o del alumbrado municipal o incluso de la luz pagada por negocios legales, productos falsificados que imitan marcas famosas o infringen derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, CDs con música o DVDs con películas). Hay muchas razones para que esta actividad sea perseguida. Una de mis preferidas es que los improvisados vendedores ocupan tanto espacio que apenas dejan paso a los transeúntes, aunque a cambio es verdad que ofrecen un magnífico espectáculo urbano cada vez que la policía municipal hace un amago de redada; casi nunca pasa de amago, que ellos responden recogiendo apresuradamente la mercancía con ingeniosos artilugios (he ahí el quid del top manta) para volver a los cinco minutos a lo suyo. En todo caso, el argumento que menos se escucha es el de los sufridos comerciantes de la misma calle, que pagan sus impuestos y que, por ello mismo, se ven en dificultades para competir con el top manta, que, para colmo, disfruta de las simpatías del público. La mayoría de la población cree, en efecto, que esos delincuentes – pues la infracción de los derechos de propiedad intelectual está tipificada como delito – tienen derecho a vivir, como todo el mundo, y que, si la sociedad no les proporciona otra forma más digna de procurarse el sustento, bueno, mejor es que hagan eso que robar. No deja de tener su aquél el argumento pues, en su virtud, si se trata de vivir, hasta las mafias que organizan esa «industria» están justificadas. ¿Qué peso puede tener la protesta de unos cuantos comerciantes cuando están en juego razones de tanto peso? ¿Qué importancia que paguen o dejen de pagar impuestos?

Pero éste es precisamente el punto que suscita la rebeldía que se está gestando en el norte de Europa en contra de rescatar a los países, financieramente más débiles, del sur del Continente. Esas gentes del norte de Europa tienen una sólida ética fiscal. Pagan impuestos no únicamente para evitar que les caiga encima el fisco, sino también para escapar al estigma social. Pagan y exigen que los demás paguen, porque suponen que el que defrauda les roba a todos; de modo que el fraude fiscal, en vez de una gracia de «listos», como aquí, es allí una ofensa a la comunidad, que la comunidad persigue con particular saña. Gracias a eso, sus finanzas públicas están saneadas. Ahora les dicen que tienen que poner su dinero para rescatar las finanzas públicas – naturalmente, enfermas – de países donde el que evade impuestos a la vista de todos, pero no del fisco, es considerado poco menos que un héroe popular, y el que no los evade, pudiendo hacerlo, es poco menos que un tonto. ¿Cómo cabe esperar que lo verán esas gentes del norte de Europa? ¿Serán lo bastante idiotas para pringar como verdaderos primos y llamarle a eso «solidaridad»? Lo idiotas seremos nosotros si nos lo hemos creído.

Este país tiene vocación de paraíso terrenal en la versión de izquierdas, y de paraíso fiscal en la de derechas; en todo caso, de paraíso. El problema es quién puede pagarlo. Ojalá no tengamos que tragarnos las bravatas de Zapatero y Salgado de que nunca, pero que nunca, nunca tendremos que pedir ser rescatados, porque si se equivocan vamos a sudar tinta. Y tampoco será jamás consciente el bueno de don Mariano Rajoy del flaco servicio que le presta al país, en este preciso momento, con su programa de convertir a España en un paraíso fiscal. Hace buena la idea de que pagar impuestos es malo, y de que el buen gobierno es el que hace legal lo que los más desaprensivos – con la connivencia de todos – no dudan hacer aunque sea ilegal. Eso es aprovechar la falta de ética fiscal con fines electorales. En las antípodas de lo que España necesita.

La economía mundial, en DEFCON-3

La semana pasada, exactamente el lunes 18 de abril, la agencia de calificación de riesgos crediticios Standard&Poor’s (S&P) pasó la perspectiva de la deuda del Tesoro estadounidense de «constante» a «negativa». S&P aclaró que eso significa apostar doble contra sencillo a que la calificación de esa deuda se rebajará algún grado desde el nivel AAA en el que ha reinado incontestada en los mercados de deuda globales desde tiempo inmemorial, o sea, desde que en 1922-23 empezó a calificar la deuda de empresas privadas y entidades públicas. La acción de S&P no tiene precedentes, y se comenta que podría haber sido pactada con la administración Obama. Primero, porque muchos la esperaban hace tiempo; segundo, por las fechas elegidas para publicarla, en plena Semana Santa, con el Congreso desbandado por unos días; tercero, por la discreción que la ha rodeado, aparentemente orientada a facilitar una lenta reacción por parte del público.

Ahora, Estados Unidos se desayuna con la noticia. El anuncio supone un duro correctivo tanto para la presidencia como para la oposición republicana, enzarzados hasta ahora en una interminable discusión sobre temas fiscales, en la que no se ha resuelto nada. Un giro es obligado, y se cruzan apuestas sobre si la consolidación fiscal será o no el tema estrella de las presidenciales de 2012. Lo cierto es que Estados Unidos parecía haber escapado al sino de Europa, empeñada desde hace año y medio en reducir déficits públicos. Con la zona euro atrapada en la crisis de la deuda soberana, el Reino Unido registrando un déficit superior al 10% del PIB y posiblemente entrando en recesión y Japón noqueado por el tsunami y el accidente nuclear, adenás de los conflictos de Oriente Próximo, si Estados Unidos empieza ahora a recortar estímulos fiscales, las probabilidades de que la economía mundial vuelva a entrar en recesión no son despreciables; esta vez, sin el recurso de estímulos fiscales para bandearla. Queda, desde luego, para los optimistas, la buena marcha de las Bolsas; Wall Street recobró hace poco los índices previos a la quiebra de Lehman Brothers. Pero empieza a estar bastante claro que esa buena marcha es producto de una política monetaria extraordinariamente permisiva y que facilita tipos de interés inferiores a la inflación, con lo que apostar a crédito tiene una prima, en forma de devolución de parte de las eventuales pérdidas con cargo al presupuesto de los ahorradores y los perceptores de salarios.

Únicamente ahora empieza a conocerse la magnitud del agujero en que está sumido Estados Unidos. Los congresistas, en sus debates, han hablado de una deuda equivalente al 59% del PIB; pero si se suma la deuda de los estados a la federal, la cifra aumenta al 76%. Y todo esto sigue sin ser apenas nada, cuando se le añade la deuda acumulada por Medicare y Medicaid, los dos programas de protección social de carácter sanitario (respectivamente, para personas de la tercera edad y situadas bajo cierto umbral de pobreza) puestos en marcha en 1965 por la administración demócrata de Lyndon Johnson. Si a todo ello se suma la deuda acumulada por la seguridad social a favor de funcionarios tanto federales como estatales, la deuda consolidada de Estados Unidos se cifra en 75 billones de dólares, o 50 billones de euros; alrededor del 500% del PIB de ese país. Con mucho, el mayor endeudamiento del mundo.

Es nada menos que el orden económico internacional instaurado en la conferencia de Bretón Woods, en julio de 1944, lo que se está sacudiendo hasta los cimientos. Esa conferencia estableció las bases para que el dólar sirviera de moneda internacional. La deuda estadounidense no es de ahora, pero no preocupaba porque se sobreentendía que podía ser devuelta pagando con billetes verdes. Ahora el sobreentendido empieza a estar menos claro. La sobreabundancia de dólares está forzando alzas desmesuradas del precio del petróleo y demás materias primas, incluidas las alimenticias. Los estadounidenses pagan el petróleo más caro de su historia y los países emergentes empiezan a diversificar sus saldos en divisas, pasando del dólar al euro, como está haciendo China. El dólar se deprecia y eso favorece las exportaciones de Estados Unidas pero perjudica al consumidor de ese país. Lo cual determina que la trayectoria no sea sostenible mucho tiempo sin que los electores fuercen un cambio de rumbo. De ahí la previsión de que la consolidación fiscal se convierta en tema estrella de las presidenciales de 2012.

Que no haya sido el Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral encargado por Bretón Woods de vigilar el orden económico internacional, sino una empresa privada, como S&P, quien ha dado la voz de alerta, dice muy poco de la eficacia residual de lo acordado en 1944 y puede empezar a restaurar la honorabilidad de las agencias de rating, bastante maltrecha tras su fracaso en predecir la crisis de 2007-2008.

Buena marcha del turismo: alivio a corto plazo, preocupación a largo

Resulta que el turismo está creciendo a buen ritmo. No tanto por los residentes como por los no residentes, cuyas visitas han aumentado en enero-marzo un 9% sobre el mismo trimestre del año pasado. También los precios han caído, con lo que la repercusión del dato anterior sobre los ingresos por turismo todavía son desconocidos. Veremos. En todo caso, es oportuna una reflexión sobre el asunto, dentro de la complejidad de nuestros problemas socioeconómicos – fundamentalmente, el paro – y financieros, o sea, la deuda.

No cabe la menor duda de que en cualquier estrategia a largo plazo de salida de la crisis, el turismo tiene que desempeñar un papel protagonista. El turismo es nuestra exportación más importante; lo único peculiar en ella es que los importadores viene aquí a por el producto en vez de tener nosotros que enviárselo a ellos. Es una exportación enormemente económica, porque los gastos de transporte corren a cargo del comprador en vez del vendedor, como suele ser habitual. El problema es que el ladrillo ha puesto una hipoteca sobre el turismo, como la ha puesto sobre la economía española en general. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la misma burbuja inmobiliaria que nos tiene permanentemente al borde de la ruina ha degradado nuestro medio ambiente, sobre todo en las costas, destruyendo por completo el paisaje natural en muchos lugares y sustituyéndolo por malas copias de la «Gran Manzana». Esa destrucción sistemática del entorno natural de nuestras costas ha hecho muchas grandes fortunas en España, y ha contado con los parabienes y la complicidad, realmente culpable en muchos casos, de la clase política, en todos los niveles de la administración pública: local, autonómica y estatal. Para evitar la mayor parte de la burbuja inmobiliaria, hubiera bastado con que los poderes públicos cumplieran con sus obligaciones para con el medio ambiente, que, salvo raras excepciones, no han cumplido en ninguna parte. En este sentido, la clase política de todos, absolutamente todos los partidos con responsabilidades de gobierno, es tan culpable como los especuladores inmobiliarios, cuando no ha fomentado directamente la especulación inmobiliaria como fuente de ingresos alternativa a los impuestos. Digámoslo claramente: ha habido burbuja inmobiliaria porque se prefería eso a una imposición mayor. Y, por esa razón, el déficit ha sido doble en España: primero, porque la recaudación ha caído como consecuencia del descenso en el nivel de actividad económica en general; y segundo, porque la participación de los poderes públicos en las plusvalías inmobiliarias se ha evaporado con las plusvalías mismas. Todavía no he escuchado a ningún partido político hablar de este asunto, y mucho menos sacar las debidas conclusiones.

Ahora, el turismo se reactiva. Bienvenida sea esa reactivación. Pero muy pronto, si las cosas siguen yendo bien, volveremos a escuchar la vieja cantinela del «turismo de alpargata» y lo deseable que sería cambiarlo por un «turismo de yate y campo de golf». Dejando a un lado si esto último es verdaderamente deseable o no, lo que está claro es que el exceso de construcción de nuestro país dificulta seriamente cualquier cambio de modelo en el desarrollo turístico. Estamos condenados a un turismo de masas – inevitablemente más próximo del «turismo de alpargata» que del «turismo de yate y campo de golf» – por la sencilla razón de que tenemos demasiados apartamentos y demasiadas habitaciones de hotel que llenar como para andarnos con remilgos.

Grecia, al borde de la bancarrota

Un año después del rescate de Grecia, los 110.000 millones de euros puestos al efecto por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional no parecen haber servido para mucho. No es por falta de sacrificios que los griegos no han logrado convencer a los mercados de que serían capaces de salir del agujero; de hecho, el gobierno redujo las pensiones y despidió empleados públicos, subió el IVA y dobló el copago en la sanidad pública; ahora, está cerrando hospitales y escuelas. Pero algo decisivo ha fallado en su estrategia: el crecimiento económico. Si la economía no crece, el fisco no recaudará más, y si no recauda más no podrá pagar lo que debe. Es así de simple. Además, una profunda división fractura la élite dirigente. La clase política es cada vez más sensible al hecho de que la población está harta de sacrificios (hay una nueva huelga general convocada para el próximo 11 de mayo), mientras la tecnocracia reclama más medidas y más duras mientras acusa al gobierno de cobardía política. Con apenas un 20% de apoyo en las encuestas, la deuda calificada como «bonos basura» por todas las agencias de rating, los intereses en el mercado secundario moviéndose regularmente entre el 15 y el 20% anual y esporádicamente más allá, al gobierno le quedan pocas opciones, si es que alguna. Básicamente, dos. Seguir comiéndose el préstamo del rescate en pagar intereses, a la espera de que el mercado se normalice en alguna cifra en torno al 5% anual, lo que parece muy lejano. O emprender la reestructuración de su deuda, lo que no es más que un eufemismo por declararse en bancarrota.

¿Qué puede significar que Grecia opte por la reestructuración de su deuda? Se habla del asunto como si lo supiéramos, cuando lo cierto es que sabemos más bien poco. Una incertidumbre casi absoluta rodea la cosa. Es precisamente esta incertidumbre – mucho más que el rescate de Portugal – lo que ha determinado el actual recrudecimiento de la crisis de la deuda soberana. Lo que podemos saber de experiencias pasadas es esto. En cuanto Grecia se declare en bancarrota, el gobierno griego tendrá que abrir negociaciones – seguramente, por separado – con los tenedores de deuda soberana de Grecia, sus acreedores. Por un lado, tendrá que negociar con el Fondo Monetario Internacional el destino de la deuda en manos de acreedores públicos, como el propio FMI y la Unión Europea (acreedores por los 110.000 millones de euros del rescate efectuado en abril de 2010), además posiblemente de los fondos soberanos que resulten tener deuda griega, como los chinos. Una mesa separada reunirá a Grecia con los acreedores privados, con toda probabilidad en el llamado Club de París. En ambas mesas deberá llegar a un acuerdo con sus acreedores, o la deuda soberana de Grecia será excluida de cotización en los mercados oficiales del mundo entero.

Un acuerdo completo es del todo improbable. Seguramente, Grecia se daría con un canto en los dientes si pactara con el FMI y los acreedores públicos – la parte menos dura de la negociación – y con los principales acreedores privados de la UE, tales como bancos, compañías de seguros y fondos de inversión y de pensiones. Más problemático es que los acreedores privados del resto del mundo acepten ninguna quita, y más de la importancia que la situación de Grecia podría requerir. Es muy probable que algunos acreedores internacionales demanden a la UE como responsable subsidiario de la deuda soberana de Grecia. Si esto sucediera en Estados Unidos, es posible que allí los tribunales estimaran tales demandas, lo que daría origen a largos procesos que podrían enturbiar las relaciones entre EE. UU. y la UE. Y lo peor no sería eso, sino que se paralizarían las negociaciones en el Club de París a espera del resultado, toda vez que el éxito de una demanda contra la UE determinaría una cascada de ellas por el importe íntegro de la deuda.

Y es que, por primera vez, se presentaría el caso de que el deudor no es un país aislado, que trata de pagar como puede, como España en el segundo tercio del siglo XIX, o Alemania en la década de 1920, o los países de América Latina en 1982, o de nuevo Argentina a partir de 2001. No, ahora se trataría de un país miembro de una comunidad supranacional que obtiene buena parte de su fuerza de la unión de muchos, y a la que no le va a resultar tan fácil escurrir el bulto cuando vienen mal dadas.

El rescate de España, un poco más probable que hace una semana

Durante casi tres meses, tras las aciagas semanas de noviembre a enero, pareció que España e Italia se «desacoplaban» de la marcha general de las economías periféricas hacia el rescate financiero, con tipos de interés sobre la deuda, tanto en el mercado de emisión como en el secundario, que divergían de los claramente alcistas de Grecia, Irlanda y Portugal. Pero desde mediados de abril, España e Italia se han «reacoplado», y sus tipos de interés se mueven al unísono de los tres países más pequeños, ampliando todos sus diferenciales con el bono alemán. El hecho ha sido tan claro que JP Morgan, el mayor banco de inversión del mundo, anunció ayer que deshacía sus posiciones largas en deuda española e italiana, hasta que nuevos signos de «desacoplamiento» sean evidentes.

La opinión de los analistas y operadores internacionales está dividida, yo diría que en un 50/50; en marzo estaba en un 20/80, con mayoría de quienes pensaban que no habría rescate. Esa opinión continúa siendo fuerte, influida por los pronunciamientos del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, hasta hace poco muy críticos con las finanzas españolas, y que ahora han pasado a elogiar las reformas del gobierno. Y sobre todo, se destaca un hecho diferencial de la actual ronda de la crisis de deuda comparativamente a las anteriores. Tanto en la ronda griega, en la primavera del año pasado, como en la irlandesa, en el otoño, el euro sufrió una intensa depreciación frente al dólar y las demás divisas importantes, consecuencia de las dudas sobre el futuro de la moneda común. Ahora, durante la ronda desatada por Portugal, la cosa parece distinta: el euro no ha dejado de fortalecerse y se acerca a sus máximos históricos, de finales de 2009. Los analistas creen que: 1) España es demasiado grande para ser rescatada, 2) si el mercado temiera realmente el rescate de España, esa expectativa no dejaría de reflejarse en el mercado de divisas, donde el euro debería estar depreciándose y no apreciándose. Luego el mercado no contempla realmente la eventualidad de que España tenga que ser rescatada.

El argumento tiene su fuerza. Por una parte, es indudable que la apreciación más reciente del euro es consecuencia de la subida de tipos por el Banco Central Europeo; por otra, es discutible que esa subida mostraría su actual eficacia en ese sentido si la perspectiva de rescate de España estuviera asentada en los mercados. Pero no pueden caber muchas dudas tampoco de que la escapatoria de España de la trampa en que se encuentra depende de muchas circunstancias azarosas, que ni el gobierno ni los organismos internacionales controlan. Así, por ejemplo, en sus recientes previsiones a largo plazo para la economía española, el FMI da por muy probable – casi podría decirse que seguro – que España no cumplirá su compromiso de estar en el 3% de déficit público sobre el PIB para 2013; el FMI pronostica el 5%. El gobierno, en su revisión de previsiones para 2011 y 2012, apunta implícitamente a un 3,7 ó 3,8%, aunque se guarda mucho de decirlo esperando pasar la patata caliente al PP después de las elecciones de 2012. Eso, ahora mismo, no lo tienen en cuenta los mercados porque está todavía en un horizonte lejano. Pero en el momento en que esté a la orden del día, porque se haya pasado de las previsiones a los datos, los mercados no dejarán de reaccionar, y lo harán de forma muy parecida a como hicieron con Portugal hace unas semanas, al constatarse que nuestro vecino estaba incumpliendo sus compromisos de déficit. Que el FMI, aun a sabiendas de todo esto, no ponga el menor énfasis en ello e insista en lo hecho más que en lo por hacer, muestra el grado de desesperación a que la crisis ha llevado a los organismos internacionales, dispuestos a ocuparse sólo del «hoy» y dejar que el mañana se ocupe de «mañana».

Los mercados confían en el FMI porque para eso existe el FMI: para que los mercados confíen en él. Ahora bien, de la misma forma que el banco insolvente y opaco empaña la reputación de su vecino solvente pero también opaco, con lo que a los dos los pone el mercado en cuarentena, y, si además el gobierno sale fiador de ambos, el crédito público es igualmente puesto en cuarentena; de la misma forma, repito, si el FMI respalda al gobierno y al banco solvente y al insolvente, la reputación del FMI asimismo está en entredicho. De manera que es fácil entender el nerviosismo de todos en este asunto. Si cae España, el FMI quedará muy, pero que muy «tocado». Y ahora es un poco más fácil que caiga porque una parte sustancial del mercado se permite dudar de la autoridad del organismo rector del sistema monetario internacional.

¿«Picos» sin importancia?

La subasta de deuda pública de ayer venía precedida de gran expectación debido a la escalada de la prima de riesgo de la deuda soberana de España en el mercado secundario; concretamente, en el benchmark a 10 años, la prima de riesgo, que hasta la semana pasada había estado bastante firme en el entorno de los 190 puntos básicos, saltó el lunes por encima de los 220 pb y el martes se mantuvo en esa misma cota. La señora Salgado, ministra de Economía y Hacienda, señaló el martes que «picos» de cotización, como el registrado en estos días, «carecen de importancia», toda vez que los volúmenes de negociación están siendo bajos. La subasta de ayer era una especie de test de la solidez de la posición oficial del gobierno de menospreciar los signos del mercado.

El Tesoro ayer subastó Obligaciones del Estado a 10 años (interés nominal 5,5% anual, vencimiento 30-4-2021) y a 15 años (interés nominal 4,8% anual, vencimiento 31-1-2024). Según propia declaración, se esperaba colocar 2.500 millones de euros entre las dos subastas, con un importe máximo de 3.500 millones. A falta de conocerse el resultado de la segunda vuelta (el 26 de abril), el Tesoro ha colocado un efectivo de 2.526,80 millones de euros en títulos a 10 años y 825,99 millones en los de a 15 años; total, 3.352,79 millones de euros, muy cerca del máximo estipulado. Otro dato al que el gobierno y los medios, incluso internacionales, dan bastante importancia es el total solicitado: 5.281,36 millones a 10 años y 1.860,63 millones a 15, lo que arroja un ratio de cobertura de 2,13 euros solicitados por cada euro adjudicado; este dato, sin embargo, carece de verdadera importancia sin conocer los tipos de interés a que era solicitado el importe no adjudicado.

Los tipos de la subasta han sido el 5,472% anual en obligaciones a 10 años y el 5,667% anual en las a 15 años. Si nos centramos en el benchmark, el tipo registrado se aproxima a los niveles alcanzados el 17 de enero (5,602%) y, desde luego, bastante por encima de las dos subastas anteriores, el 17 de febrero (5,200%) y el 17 de marzo (5,162%), con clara ruptura ahora de la tendencia descendente iniciada por la irrupción de los fondos chinos de deuda soberana, que sin duda hicieron mucho por estabilizar al mercado tras la crisis de Irlanda. Si se compara el 17 de marzo y el 20 de abril, los «picos» resultan ser de no tan pequeña importancia; parece evidente que la diferencia de 31 pb entre los tipos de interés subastados en ambas fechas recoge en su práctica totalidad el salto de la prima de riesgo de 190 a 220 pb a lo largo de la presente semana.

Un diferencial de 190 pb, con el interés que está pagando la deuda alemana, viene a suponer, según mis cálculos, que el mercado anticipa una expectativa de recobro del 63%; o, dicho de otra forma, que dados los actuales niveles de riesgo, el mercado espera recobrar tan sólo 63 euros por cada 100 que invierta en deuda soberana de España a diez años. Una prima de 220 pb significa que la expectativa de recobro ha caído al 59%; cuatro puntos porcentuales menos en pocos días. Los importes solicitados únicamente significan que, dado el esquema de rescates provisto por la Unión Europea y la Eurozona, hay inversores dispuestos a correr el riesgo si el rendimiento sube, como está ocurriendo. También Portugal disfrutó de una fuerte demanda de deuda en la subasta realizada ayer, pese a que la expectativa de recobro es todavía peor en su caso.

De cualquier forma, es la posibilidad de que el actual esquema de rescates quede en vilo lo que podría introducir un cambio sustancial en la situación. De ahí el revuelo causado por el ascenso de la ultraderecha finlandesa; su importancia proviene de que todavía no se ha hecho notar la voz de pequeños países (como Finlandia y bastantes más), sin problemas de deuda pero obligados a costear los problemas de otros. Si las voces fueran coincidentes en el sentido manifestado por un grupo minoritario, el panorama cambiaría radicalmente, ya que entonces la única solución a los problemas de Portugal y, eventualmente, España sería la reestructuración con repudio de al menos una parte de la deuda. Si ése fuera el caso, la reestructuración de la deuda griega, que empieza a darse por descontada, sería la señal para una serie de reestructuraciones llevadas sucesivamente a cabo por Portugal y – ya casi seguro – también por España. Antes de eso, veríamos caer en picado los volúmenes solicitados. En este sentido, el dato de mayor peso, que ha inducido a los mercados a recuperarse de la zozobra vivida el lunes, han sido las tajantes declaraciones de políticos del partido que gobierna Alemania, anunciando que se opondrán a cualquier revisión de la estrategia de rescates vigente: un apoyo notable a Merkel, «tocada» por la polémica con el todavía presidente del Bundesbank. Por el momento, así pues, las cosas están como antes, sólo que con alguna incertidumbre más en el horizonte y con España sin haber salido de apuros pese a la suficiencia de los pronunciamientos del gobierno.

Cómo evitar que España tenga que ser rescatada

Han bastado las dudas sobre la solvencia de Grecia – pese al rescate del año pasado – y el ascenso de la extrema derecha finlandesa, opuesta a pagar el rescate de Portugal, para que una nueva subida de la prima de riesgo pusiera en evidencia al gobierno, el FMI, la OCDE, la Unión Europea y todos los que, incluidas gentes más a la izquierda (que creen que el rescate es una excusa para apretar el cinturón de los trabajadores), se apresuraron hace unos días a asegurar que España no necesita ser rescatada. Ahora mismo, ciertamente, todavía no lo necesita. ¿Podremos decir lo mismo el mes que viene?

Está perfectamente claro, ya, que no es la necesidad de profundizar en la reforma laboral lo que inquieta a los mercados, por más que se siga a vueltas con esa diversión, irrelevante a largo plazo. El epicentro de nuestra particular crisis de deuda se sitúa en el sistema bancario. Y no especialmente en las cajas de ahorros, como los doctrinarios del liberalismo, que sueñan con pasar a la historia completando el proceso desamortizador, pretenden hacernos creer. Una pretensión que ya nos cuesta, y nos va a seguir costando, bastante dinero; sobre todo, nos cuesta tiempo, que ahora es más valioso que el dinero. No, el problema estriba en la falta de solvencia del sistema bancario en general. O mejor todavía: en las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema bancario, unidas a la garantía extendida por el gobierno sobre todos los pasivos bancarios.

Por tanto, lo que hay que hacer es claro. Primero, hay que terminar con las inyecciones de dinero público en bancos y cajas sin suficiente solvencia. Inyectar dinero público en entidades sin futuro es la forma más estúpida de martirizar al contribuyente. Sí, ya sé que hay un problema con los puestos de trabajo, pero eso es quedarse en los árboles y no ver el bosque.

Segundo, las dudas sobre la solvencia de nuestro sistema bancario están motivadas por su falta general de transparencia, debido a la cual la más que probaba falta de solvencia de algunas entidades contamina la reputación de las que son realmente solventes. Y esto no ocurre por la proximidad geográfica ni porque todas nuestras entidades, sin distinción, estén enclavadas en uno de los malhadados PIIGS (estúpidos, como los inventores de esas siglas, los hay en todas partes del globo). No, ocurre porque, con el actual marco regulador, cualquier entidad bancaria española, sea poco o muy solvente, es absolutamente opaca, lo cual protege a la poco solvente pero perjudica a la muy solvente. Cuando se hace evidente que una entidad opaca es poco solvente, la entidad opaca que está justo a su lado es puesta en cuarentena de inmediato. Y si el gobierno respalda a las dos, entonces también el crédito público es puesto en cuarentena. Y eso, sencillamente, es lo que pasa con el crédito de España en los mercados.

La política necesaria es absolutamente clara: hacer de nuestras opacas entidades bancarias, entidades lo más transparentes posible. Pero no se trata de una transparencia a la española, no se trata de que las entidades pasen su información al Banco de España, y que éste luego dé los datos a la publicidad. Esta noción de transparencia, que es la noción que prevalece aquí, resulta hoy decimonónica. Lo que los mercados están reclamando es una transparencia que pueda ser efectivamente controlada por ellos, y por todo el mundo, naturalmente. Que viene a ser lo mismo.

Lo que hay que hacer es esto. El gobierno debe anunciar una reforma financiera para poner fin a la banca universal, pues la banca universal es el origen de la falta de transparencia. La reforma que ponga fin a la banca universal debe pasar por una correcta identificación de las distintas líneas de negocio, de los riesgos que se asume en ellos y la dotación separada de capital para hacerles frente; y las líneas de negocio que no se pueda capitalizar de forma independiente habrá que cerrarlas. Con ello, se reducirá a sus justas proporciones la burbuja bancaria de este país. Así de sencillo. Y no se me diga que en Europa también hay banca universal y que nadie se propone desguazarla, porque la observación es irrelevante. El resto de Europa no está en el ojo del huracán y, aunque haya tenido sus propias burbujas bancarias, ninguna ha sido inflada hasta el extremo que ha llegado la nuestra con el ladrillo.

Si el anuncio de una reforma así no fuera suficiente, entonces el gobierno deberá restringir su garantía a los pasivos monetarios de la banca (cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo fijo de hasta dos años y depósitos con preaviso de hasta dos años) abandonando los demás pasivos, no monetarios, a su suerte. Esto causará un daño económico mucho mayor, seguramente. Pero será inevitable si el sistema bancario se mantiene en sus términos actuales.

Gallardón y los mendigos

Es digna de atención la propuesta del alcalde de Madrid, en el sentido de que el gobierno de la Nación debería hacer aprobar leyes conminando a los mendigos a alojarse en refugios al efecto, en vez de utilizar la vía pública para “usos indebidos”: tal es la expresión que he oído de sus labios. Desde la izquierda y desde el propio Partido Popular, en que milita el alcalde, se ha criticado la propuesta por restrictiva de los derechos individuales, fundamentales o humanos, según la versión. Pero algunos medios han empezado a tomar posiciones a favor, si bien de forma discreta.

Llamativo es que el alcalde haya apelado a la autoridad del gobierno en lugar de promulgar un bando municipal que fuera directamente al asunto. Él se defiende diciendo que carece de competencias para ello, aunque si el Estado las tiene, no se ve por qué el Ayuntamiento no puede tenerlas. Si dormir en la calle es un derecho fundamental, entonces ni el parlamento puede suprimirlo; si no lo es, y no lo es porque no está regulado por la Constitución, entonces cualquier poder público puede entender en la materia. Pero lo que el alcalde parece querer decir es que él prefiere que sea el gobierno el que establezca la obligatoriedad de dormir en albergues, de modo que si la capital carece de ellos en número suficiente, entonces el alcalde podrá reclamar al gobierno fondos para establecerlos, que es a lo que vamos; al menos, a lo que suele ir Ruiz Gallardón: a pedirle dinero al gobierno.

La piedra, en todo caso, está lanzada y en el aire. La tesis de que cualquiera tiene derecho de dormir en la calle, y a ensuciarla, es por demás discutible. ¿Pagan los mendigos por la limpieza de las calles, de los cajeros automáticos y portales de locales comerciales, donde hacen naturalmente sus necesidades? Porque si no pagan por eso – parece decirnos el alcalde – entonces está claro que no tienen derecho a ensuciar ni a estropear la estética de las calles y perjudicar al comercio adyacente. La vía pública no es una institución de beneficencia; las instituciones de beneficencia son otra cosa, y en ellas es donde deben estar quienes no son capaces de integrarse en la normal vida ciudadana pagando sus impuestos. Ojo, éste es un argumento que tiene su fuerza y no basta con apelar a un mínimo de sensibilidad humana para desacreditarlo.

Hay en la crítica del argumento algo de hipocresía, si no mucha. ¿Para qué queremos a los mendigos en la calle, si no somos capaces de sacarlos de su postración? Algunos parecen quererlos como motivo para ejercer la caridad; otros, para recordarse a sí mismos, y sobre todo recordar a los demás, hasta qué extremos de abyección se puede caer cuando se relaja la disciplina. Otros, en fin, parecen querer recordarnos permanentemente el fracaso del sistema. Sin embargo, es demasiado evidente que, aunque el número de mendigos aumenta en épocas de crisis, como la actual, su existencia tiene que ver con un fallo o defecto de todas las sociedades humanas, si no con un dictado bíblico. En la Unión Soviética no había mendigos, por la sencilla razón de que los candidatos más serios solían ser encerrados en psiquiátricos. El argumento liberal parece ser que hay que dejar a todos elegir su camino, y que los mendigos han elegido el suyo, como todos. Pero es un argumento más condescendiente que verdaderamente convincente: para el liberal, no hay derecho (a dormir en la calle) sin deber correspondiente (a no molestar, a no ensuciar, a no asustar). Lamentablemente, los mendigos molestan, ensucian y asustan. No se respeta su derecho a hacer lo que hacen; simplemente, se los tolera. Luego el problema no se puede plantear como uno de derechos – inexistentes en ese ámbito – sino de tolerancia, que es la actitud de quien tiene el derecho pero procura no hacer uso de él en situaciones en que el derecho puede lesionar la equidad: algo imposible de objetivar en nuestros modernos ordenamientos jurídicos.

Ahora bien, que el alcalde de Madrid – quien todavía parece albergar aspiraciones a las más altas magistraturas políticas – hable de reducir la tolerancia con que se trata el problema de la mendicidad, con gran probabilidad de que muchos le sigan en ese viaje, es un signo preocupante, por lo que revela sobre el aumento de la intolerancia en la vida española. Mayor intolerancia es perceptible, por ejemplo, en las relaciones entre los partidos políticos, en la forma de ver los sectores no sindicalizados de la población a los sindicalizados, en el trato que se da de forma localizada pero muy estridente a los inmigrantes, en la falta de comprensión por parte de unos de las identidades religiosas o sexuales o nacionales de otros, en el gusto por judicializar los conflictos entre derechos, etcétera. El de los mendigos no es más que uno de tales episodios, y probablemente el menos importante. No porque lo diga yo, sino porque lo decimos todos en todas partes con nuestro comportamiento cotidiano.

Islandia

Vivimos un tiempo aficionado a las simplificaciones. Quienes quieren ver en el rechazo mayoritario de los islandeses a un acuerdo de pago a los acreedores extranjeros de los bancos de ese país, mediante impuestos, un símbolo del triunfo de la democracia sobre los mercados, olvidan que más del 40 por ciento votó SÍ y no porque les guste dar dinero sin ton ni son. Eso de que el problema es si los ciudadanos deben o no responsabilizarse de las malas prácticas de los bancos, es una caricatura del dilema, no ya económico sino incluso moral en que se encuentra Islandia.

Los bancos islandeses invirtieron masivamente en activos tóxicos, de naturaleza altamente especulativa, muy rentables pero también llenos de riesgo. Quienes invirtieron en los bonos y depósitos de elevada remuneración con que los bancos financiaban la compra de aquellos activos, sabían el riesgo en que incurrían. Cierto. Pero muchos islandeses ganaron mucho dinero con aquella especulación mientras duró, hasta el extremo de que la lluvia de dinero fácil llevó en 2006-2007 a Islandia al primer puesto del ranking mundial de Desarrollo Humano (DH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El DH es un índice sintético confeccionado a partir de numerosos indicadores, que se refieren a variables tan diversas como la renta per capita, la esperanza de vida y la educación, por ejemplo. Islandia se convirtió, por decirlo de una forma gráfica, en el país más rico del mundo, en la clase de riqueza que hace felices a los seres humanos; tal es el concepto de DH. ¿Se me quiere hacer creer que la escalada de Islandia a convertirse en el país más rico del mundo no tuvo nada que ver con las «malas prácticas» de sus bancos? Entonces los islandeses hacían pocos ascos a tales prácticas. Y no puede decirse que el país lo lograra gracias a su solo esfuerzo: los bancos islandeses fueron adelantados en la banca online, atrajeron ahorros de todo el mundo, abrieron sucursales en Guernesey y la Isla de Man – paraísos fiscales particulares del Reino Unido – y luego también en la City de Londres. ¿Cómo, si no, habría ahora afectados 350.000 inversores británicos? Pero no paró ahí la cosa. Los bancos islandeses abrieron también sucursales en Noruega, Suecia, Finlandia y hasta en la ciudad italiana de Génova. También gracias al dinero de toda la gente así involucrada fue que los islandeses pudieron llevar su envidiable tren de vida.

Cuando llegó el crack de Lehman Brothers y arrastró con él a los bancos islandeses, el gobierno dio un paso de lo más cuestionable: garantizó los pasivos de sus bancos, pero únicamente si estaban domiciliados en sucursales en territorio islandés. Tampoco protestaron entonces mucho los islandeses; no dijeron: “Oye, no me parece justo que dejemos fuera a toda esa gente que ha prestado dinero a nuestros bancos para que llevaran a cabo esas malas prácticas que nos han permitido vivir tan bien”. No se les oyó decir nada parecido. Y cuando el gobierno británico reaccionó a la medida de Islandia congelando los activos de bancos islandeses en el Reino Unido recurriendo a una ley financiera antiterrorista, lo cual escandalizó al gobierno islandés por lo poco amigable del gesto, tampoco se oyó protestar demasiado porque a lo mejor los bancos hasta se lo merecían por sus malas prácticas y ellos, los ciudadanos islandeses, en definitiva, no tenían nada que temer gracias a la medida de su gobierno. Pero las cosas no eran tan sencillas; nunca lo son. Pronto Noruega, Suecia y Finlandia siguieron al Reino Unido. Aunque los bancos estaban intervenidos, la congelación de sus activos en el exterior limitó la disponibilidad de divisas, y pronto el gobierno islandés no tuvo más remedio que solicitar la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Entonces se acabaron las buenas noticias y empezaron de verdad las malas.

Ochenta años después

Hay no sé cuánta gente empeñada en ponderar las virtudes del llamado «modelo alemán» en economía. Yo mismo tengo un interés grande en ese «modelo», y algo he escrito sobre el particular. Pero, lamento decirlo, me parece un absoluto disparate diseñar políticas económicas que pretendan imponerlo en España, con reformas estructurales o sin ellas. Y espero explicarme con claridad.

El «modelo alemán» requiere unos consensos básicos entre las distintas fuerzas políticas y sociales, que son trasunto de un consenso básico en la sociedad civil. Dicho consenso es una manera común – con matices, por supuesto, pero partiendo de una forma compartida – de concebir la historia alemana. El consenso se refiere a la manera de entender el fenómeno del nazismo. El nazismo fue aupado al poder por una alianza de los terratenientes prusianos (Junkers) y las clases medias urbanas, bajo la benevolente mirada del gran capital industrial y financiero. Con el tiempo, tanto los terratenientes como los industriales salieron escaldados, ante el ascenso de una nueva burguesía (de la cual la célebre IG Farben era emblemática representante), todopoderosa y arrogante, surgida de las clases medias a través del filtro del partido nazi y las SS. Pero lo cierto es que todos ellos prestaron su conformidad al régimen totalitario, recibido con pasmo por una clase obrera que vio descender el paro con Hitler prácticamente a cero. Al final, todos acabaron pringados. Y ese fue el origen del consenso básico. Tras el catastrófico final, en 1945, todos pudieron igualmente entrever la magnitud de la equivocación histórica que habían cometido, y se juramentaron para que eso nunca volviera a ocurrir. A partir de ese consenso básico, se pusieron a continuación de acuerdo en resucitar los logros políticos y sociales de la república de Weimar y de su incipiente «estado de Bienestar», rebautizado economía social de mercado. Tras unas disensiones iniciales sobre el sentido histórico de ésta, entre democristianos y socialdemócratas, entre patronal y sindicatos, todos acabaron convergiendo, dos décadas después de la hecatombe nazi, en la Gran Coalición de finales de los años sesenta del siglo pasado, verdadero origen próximo del «capitalismo renano», que es la expresión concreta en que se plasma el consenso básico del modelo alemán.

En España, falta por completo un consenso básico que se pueda comparar al alemán. Nuestra experiencia paralela del régimen nazi es la II República y la Guerra Civil. Donde los alemanes están de acuerdo en repudiar el nazismo, los españoles seguimos tan divididos acerca de la República y la Guerra como en 1939. Para algunos españoles, la República es el antecedente inmediato, en los órdenes jurídico y político, de la España democrática de hoy día; para otros españoles, fue un régimen débil que se dejó arrastrar a la anarquía por el fanatismo, quizá de unos y de otros. Unos españoles quieren desenterrar muertos de las cunetas e investigar minuciosamente las desapariciones; otros quieren dejar en paz a los muertos, y más en paz todavía a ciertos vivos. Unos querrían perseguir judicialmente los crímenes contra la humanidad que pudieron cometerse; otros sostienen que se cometieron crímenes en ambos bandos y para eso mejor no escarbar en la memoria. Unos apelan a la justicia humanitaria; otros sientan en el banquillo a los partidarios de esa pseudo justicia. Etcétera, etcétera.

Pero no termina ahí la cosa. Sigue habiendo dos Españas, y una todavía consigue helarnos el corazón. O mejor, hay España y anti-España. Los partidarios de España, una, grande y libre (hermosas palabras, por qué no) defienden «la unidad de sus tierras y de sus hombres», que es, en lo fundamental, lo mismo por lo qué Franco desencadenó la Guerra Civil; y una unidad en el nacional-catolicismo, que restrinja el divorcio, niegue el aborto y el matrimonio homosexual, al tiempo que dé más carácter administrativo que verdaderamente político a las autonomías regionales. La anti-España, en cambio, se siente a gusto entre nacionalismos independentistas o al menos «soberanistas», quiere que aborten las niñas de 16 años sin consentimiento paterno y está dispuesta a entregar infantes inocentes en adopción a personas con inclinaciones sexuales contrarias a la naturaleza. Ni siquiera hablan el mismo castellano: unos llaman al pan, pan, y a la guerra, guerra; otros, llaman guerra a lo de Irak e intervención humanitaria a lo de Afganistán y Libia. No hace falta que desgrane la diferente consideración que merecen, a unos y a otros, regímenes como el castrista en Cuba o el chavista en Venezuela, por no hablar de la consideración, igualmente diferente, del trato que habría que dispensar a dictadores como el general chileno Pinochet.

Las diferencias son incluso más profundas que todo eso. En el tema del terrorismo, es la convicción inamovible de los partidarios de la España, una-grande-y-libre, que ellos, ellos solos, lucharán hasta el fin de ETA. En eso siguen la doctrina Mayor Oreja, según la cual los partidarios de la anti-España no pueden luchar de corazón contra el terrorismo separatista, dispuestos como están a transigir con el separatismo, con tal de que no sea violento. Está, al parecer, en la naturaleza de la anti-España luchar contra el terrorismo de ETA sólo porque es terrorismo, no porque sea separatista; y eso determina que su lucha esté llena de contradicciones, con lo que no puede evitar oscilar cual péndulo del extremo violento de los GAL al extremo derrotista de las negociaciones de paz de Zapatero. La España, una-grande-y-libre, lo tiene más fácil y, por ende, lo debe hacer mejor: ella lucha contra ETA tanto en cuanto terrorista como en cuanto separatista, y doblemente mejor en cuanto separatista porque es terrorista. Y lo peor que puede hacer un representante de la anti-España, como Rubalcaba, es aparecer ante la opinión como el gestor de una eficiente política antiterrorista, que ha desmantelado media docena de cúpulas de ETA y metido entre rejas a docenas de terroristas. Aquí, la España una-grande-y-libre pierde los papeles y, lo que es peor, la cabeza y se afana, contra todo sentido común, en demostrar que el tal Rubalcaba, en el fondo de su corazón, es un amante de ETA: sí, digo bien, un amante de ETA, que por el amor que profesa a la organización terrorista, o al separatismo de su ideario, o a ambos, ha llegado al extremo de colaborar con la banda armada, avisando a ésta de una redada (que se sepa) que estaba a punto de caer sobre ella. Y se trata, no ya de desprestigiar al representante in pectore de la anti-España, sino – si es posible – sentarle a él o a sus colaboradores más cercanos en el banquillo y meterlos en la cárcel, como hace años se intentó con Felipe González y se logró con Barrionuevo. Y lo más sorprendente es que este mismo Rubalcaba era valorado, por la España una-grande-y-libre, como el más confiable interlocutor en la anti-España; como el hombre más capaz de tender puentes entre una orilla y otra de la gran catarata que nos separa; como un protagonista necesario, en suma, del pacto de Estado entre los grandes partidos que habría de devolvernos la esperanza en medio de la crisis y dirigirnos con mano firme pero amable por la senda de la recuperación económica. Se diría que, al apuntar y disparar contra Rubalcaba toda su artillería pesada, en una verdadera guerra de asedio que dura ya más de treinta semanas, ha querido esa España demostrar que ella es la única capaz de sacarnos de la crisis y de devolvernos el sentido de nuestra unidad de destino en lo universal. (¡Oh, perdón! Ahora caigo en la cuenta de que estos buenos señores y señoras lo único que quieren es que se cumpla la ley y se respete el Estado de derecho. Perdón, perdón).

¿«Modelo alemán», aquí, en España? ¿De qué estupideces se está hablando?

Errores y omisiones del supervisor bancario

Se censura estos días al Bando de España (BdE) por manifiesta incapacidad en el tratamiento de la crisis bancaria en nuestro país, incapacidad que se habría revelado de forma particularmente clara con ocasión del «desenganche» de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) del proyecto Banco Base. A juicio de numerosos observadores, el BdE debería haber intervenido la CAM hace tiempo. Fuentes del BdE se defienden diciendo que no había base legal para la intervención, toda vez que, pese a las pérdidas recientemente afloradas dada su exposición al ladrillo, como consecuencia de la mayor transparencia reclamada por el BdE a las entidades de crédito, la CAM ha mantenido su coeficiente de solvencia dentro de los mínimos exigidos. Es ahora, al introducirse nuevos requisitos en mínimo exigible de capital principal, ratio en que la CAM ya queda bajo mínimos, cuando se presenta por primera vez la oportunidad de intervenir en la entidad.

Esta consideración preliminar merece ya una valoración. Si el sistema bancario dispone de un marco regulador en cuya virtud el supervisor, es decir, el BdE, se ve forzado a marchar a rastras de los acontecimientos, como está pasando en España con ocasión de la recapitalización de las cajas, entonces está claro que el marco regulador no es el adecuado y lo primero es reformarlo. Una propuesta así no puede estar más lejos de las preocupaciones del BdE. No es ya que el BdE esté satisfecho con el marco regulador vigente; es que el mismo ha parecido en ciertos momentos – se lo hemos oído decir al gobierno – «el mejor del mundo». Esta creencia, que transpira autocomplacencia, es un primer error de bulto y del que emanan todos los demás.

Lo que al BdE y al gobierno les parece tan excepcionalmente bueno como para haber ido el último a alguna reunión del G-20 con ánimo de «venderlo» como fórmula de validez universal es que todas las actividades bancarias entran dentro de la misma figura institucional y están bajo el escrutinio del mismo supervisor – el propio BdE – al que nada que hagan bancos y cajas puede escapar. El BdE es como Dios, y como tal se siente y se comporta muchas veces. Pero es un dios débil, que cede, en representación de todos, al permanente chantaje a que la banca somete a la sociedad a cuenta del enorme riesgo sistémico que incorpora. «¿Cómo podemos hacer algo que perjudique a la banca? Así nos perjudicamos todos», es el argumento típico de ese chantaje. Pues bien, lo primero que se necesita es una buena reforma que baje los humos a los bancos y nos libere a todos de sufrir el chantaje, reduciendo su riesgo sistémico.

En lugar de atender a esa prioridad, el BdE y el gobierno parecen enfrascados en un proyecto de largos vuelos históricos: la Tercera Desamortización. Tras las Desamortizaciones Eclesiástica y Civil, del siglo XIX, se diría que toca la Financiera, la de las Cajas de Ahorros. Las cajas, en efecto, no sólo sobrevivieron a las dos primeras desamortizaciones, sino que, en la medida que los propios liberales las impulsaron, aquéllas son un producto espurio de la revolución liberal en España; espurio puesto que constituyen verdaderos bienes de manos muertas, bienes sustraídos a la circulación del mercado por ser su propietario confuso o inexistente. Aparentemente, este contrasentido histórico estaba necesitado de un tratamiento resuelto, por las dificultades de financiación que suponía para las cajas. A ésta «clarificación» del panorama bancario, reintegrando la propiedad de las cajas a la circulación mercantil mediante su transformación en verdaderos bancos, es a lo que la reforma en curso se ha dedicado. Y éste es un segundo y fatal error, porque semejante empeño doctrinario, que mira al pasado, no es en absoluto lo que necesita la España del siglo XXI, que debe encarar el futuro.

El problema es el riesgo sistémico de los bancos. Hay gran riesgo sistémico, por el que una entidad puede llegar a ser too big to fail o «demasiado grande para dejar de pagar», con lo que todos debemos arrimar el hombro y llegado el caso pagar por ella (véase Islandia), cuando el modelo es el de entidades que aceptan depósitos y domiciliaciones del público y gestionan sus cobros y pagos; descuentan efectos y prestan con garantía lo mismo personal que real; ostentan la propiedad de activos inmobiliarios adjudicados en ejecución de fallidos; suscriben deuda pública y privada y negocian con ella; operan en el mercado central de derivados financieros y organizan mercados OTC de esa misma clase de productos; promueven fondos de inversión, de pensiones, de titulización de activos, seguros de vida y hogar, y toda suerte de productos parabancarios, a cuya venta dedican tantos recursos ó más que a las actividades propiamente bancarias. Y eso se hace con una única dotación de capital por entidad, dotación que respalda simultáneamente todas las actividades en que se involucra; de forma que, si su crédito se ve comprometido – por las causas que sea – en una de esas actividades, aumenta el riesgo que asumen sin saberlo todas las contrapartes ante las que la entidad debe responder en ese momento. No otra cosa es ‘riesgo sistémico’, noción que está íntimamente relacionada con lo que he denominado «burbuja bancaria» española.

Rebajar el nivel de riesgo sistémico generado por nuestro sistema bancario, nivel elevadísimo que facilita operaciones tan opacas como la creación de bancos malos por entidades que disfrutan del uso fondos públicos, y con nefastos efectos sobre el crédito de las entidades, del sistema bancario y de la Nación, como se ha visto en Irlanda, es el objetivo prioritario y yo diría que casi único, en tanto no se lo alcance, de la reforma bancaria pendiente hoy en España. La recapitalización puede ser importante – con el grado de opacidad existente no hay forma de saberlo – y seguramente inevitable en la perspectiva principal, a saber, la capitalización por separado de todas y cada una de las actividades bancarias que incorporan riesgo. Tal es el signo de las reformas financieras serias que se llevan a cabo en la era post Lehman Brothers en los países financieramente más avanzados del mundo. Continuar ignorándolo es, por el momento, la principal omisión del BdE. Y por cierto que se trata de una omisión de peores consecuencias que todos sus errores.

Banco malo

Bankia se presentó el 2 de marzo de 2011 como marca comercial del Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA), entidad resultante del Sistema Institucional de Protección (o fusión fría) de Caja Madrid, Bancaja y cinco cajas más, por el que recibieron 4.465 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB) en forma de participaciones preferentes convertibles en acciones. Un mes después, las siete cajas, después de haber unido en el balance de BFA los balances de todas, han procedido a una segregación de ese balance único en otros dos. Uno de los dos balances resultantes sigue siendo el de la entidad denominada BFA; el otro se transfiere a Altae Banco, hasta ese momento una ficha bancaria propiedad de Caja Madrid, que ahora pasa a llamarse Bankia, con lo que ésta deja de ser una mera marca comercial. Tras conocerse algunos detalles de la operación, la agencia de calificación de riesgos crediticios Standard&Poor’s (S&P), que había calificado la entidad única resultante de la fusión con una nota A-, acaba de anunciar que prepara una revisión a la baja de las calificaciones de BFA y Caja Madrid.

Antes de la segregación, BFA tenía activos totales por importe de 328.000 millones de euros, lo que lo convertía en la tercera entidad del país. Tras la segregación, a BFA, que no cotizará en Bolsa, se le ha asignado activos por importe de 53.000 millones y a Bankia, que saldrá próximamente a Bolsa, activos por valor de 275.000 millones. Del activo de BFA, casi la mitad, 26.160 millones de euros, son activos potencialmente problemáticos, incluyendo 7.370 millones de préstamos morosos (al menos tres meses de impago), 7.742 millones de créditos subestándar (impago inferior a tres meses) y 11.048 millones de activos inmobiliarios adjudicados en ejecución de fallidos. Dentro del activo de BFA se incluye también el 100 por 100 del valor patrimonial de Bankia, contabilizado en 12.000 millones de euros. Aproximadamente 5.500 millones de euros corresponden a la cartera industrial de Caja Madrid y Bancaja, valorada a precios de mercado. De los restantes 10.000 millones de euros del activo de BFA no se ha dado suficiente explicación, excepto que la entidad cuenta con suficiente tesorería para atender todos sus compromisos de pago.

Del pasivo de BFA se conoce todavía menos. Se sabe que el capital principal o core capital está constituido, en su mayor parte, por las participaciones preferentes convertibles del FROB (4.465 millones de euros). Dado que el neto patrimonial de la entidad única resultante de la fusión fría se estimó en 14.000 millones de euros, y el de Bankia se cifra después de la segregación en 12.000 millones, cabe suponer que los restantes 2.000 millones quedan en BFA, con lo que el capital princìpal asciende, quizá, a unos 6.500 millones. Además, hay provisiones constituidas para créditos fallidos por importe de 5.900 millones de euros y provisiones para cubrir la pérdida de valor de inmuebles por importe de 1.800 millones. Todo ello da cuenta de 14.200 millones de euros. Los restantes 39.000 millones de euros tendrán que estar cubiertos por pasivos exigibles a largo plazo emitidos por las cajas integrantes de la fusión y en los que se subroga BFA.

Ahora bien, conforme los morosos se vayan transformando en fallidos, y los subestándar en morosos y luego también en fallidos, así como si la propiedad inmobiliaria continúa descendiendo de valor, BFA irá saneando la pérdida contra las distintas clases de provisiones constituidas. Cuando éstas se agoten, se reducirá capital; cuando éste desaparezca, las participaciones preferentes se convertirán en acciones, el FROB se convertirá en propietario de BFA y el saneamiento ulterior correrá a cargo del contribuyente. Cuando se agoten los 14.200 millones de euros provistos por todos estos recursos, las pérdidas podrán traducirse en quita de las obligaciones de pago a largo plazo. Como la mayor parte de las mismas deben de haber sido emitidas por Caja Madrid, ésa es la razón por la que S&P ha anunciado una rebaja de calificación tanto de la deuda asumida por BFA como de la deuda emitida en el pasado por Caja Madrid.

Cuando se repara en el valor de los activos potencialmente problemáticos y los recursos dispuestos para respaldarlos, se advierte que el grado de cobertura es bastante elevado (54%); eso, sin contar con las garantías reales que acompañan a buena parte de los créditos morosos y subestándar. Pero seguramente el problema al que apunta S&P no está ahí, sino en la posibilidad de que Bankia continúe transfiriendo activos potencialmente problemáticos a BFA en caso de que la morosidad siga empeorando, contra lo que no hay ninguna garantía financiera. La garantía, en realidad, es política. Dado que BFA es el propietario de Bankia, el saneamiento de pérdidas generadas por la mala calidad de los activos contra el capital de los socios originales, y la conversión de las participaciones preferentes en acciones en manos del FROB, significará la pérdida de control de las siete cajas sobre Bankia. Cabe esperar que ellas harán cuanto esté en su mano para evitar ese resultado. Pero ¿es esa garantía política suficiente en una economía de mercado? S&P parece pensar que no es la mejor garantía posible. Y que, dadas las circunstancias, tampoco lo es la garantía del gobierno sobre el pasivo exigible de BFA, una vez el FROB haya tomado el control del banco malo.

Nuevas previsiones macroeconómicas del gobierno

La tarde en que el gobierno portugués decidía acogerse al rescate financiero de la Unión Europea, el español presentaba una corrección de las previsiones macroeconómicas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Pese al triunfalismo habitual, ahora también notorio, cabe atisbar entre líneas aspectos preocupantes. Sorprende que hayan pasado desapercibidos. ¿Quizá no interesa reparar en ellos, ahora que toca ponderar lo bien que ha hecho el gobierno sus deberes, para tranquilizar a los mercados?

En el fundamental, se mantiene la previsión de crecimiento para 2011 (1,3%), aunque se reduce en dos décimas porcentuales para 2012 y en tres décimas para 2013. El cambio es consecuencia de peores expectativas de crecimiento del consumo y mejores de las exportaciones, que dejarán el resultado neto inalterado este año pero lo corrigen a la baja el año que viene y sucesivos. Lo comido por lo servido, ahora; después, Dios proveerá.

Aparte de la brecha en crecimiento que abren para 2012 y 2013, las nuevas previsiones plantean una seria incertidumbre en déficit público. Se prevé un menor crecimiento del consumo, equivalente a un 0,4% del PIB, conjuntamente con un mayor crecimiento del saldo exterior (exportaciones menos importaciones) por el mismo porcentaje: así, el efecto de una cosa se compensa con el de la otra, y el gobierno puede mantener por los pelos sus previsiones de crecimiento agregado en lo que le toca. Pero ¿qué pasa con el IVA? El IVA es un impuesto «finalista», que paga el consumidor final. Si el consumo se reduce, significa que el IVA recaudado en España se reduce en la proporción correspondiente; si el crecimiento se resuelve en mayores exportaciones, serán los países de destino de las mismas los que recauden el impuesto finalista de ese gasto. La pérdida de ingresos tributarios por ese concepto podría ascender a 750 millones de euros en 2011, 1.500 millones en 2012 y otros 1.500 millones en 2013. Lo cual supone un mayor déficit público de 0,075% y 0,15% y 0,15% del PIB, respectivamente. Los porcentajes parecen tan bajos que el gobierno no ha considerado necesario mencionar el dato. Pero lo cierto es que, a día de hoy, el gobierno no está en el 3% de déficit público para 2013, como reitera machaconamente, sino en un 3,3 ó 3,4%.

Ahora bien, si juntamos las dos expectativas introducidas por estas nuevas previsiones, resultará que, con un crecimiento económico menor que el necesario en 2012 y 2013, y todo lo demás manteniéndose en lo esperado, el déficit público será todavía superior por reducción de ingresos tributarios en renta y sociedades, adicionales al IVA, y mayores gastos en desempleo, con lo que la economía española se alejará, ya irremediablemente, del objetivo propuesto para 2013. El gobierno parece plenamente consciente de que España incumplirá su compromiso de retornar en 2013 al 3% de déficit público sobre el PIB, pero confía en que se apartará sólo imperceptiblemente de su senda en 2011 por más que de forma bastante clara en 2012 o en el propio 2013, cuando no haya tiempo para reaccionar. Una situación como ésta, unida al rechazo parlamentario del duro plan de ajuste propuesto por el gobierno, forzó la petición portuguesa de rescate. En otras palabras, las nuevas previsiones plantean la práctica inevitabilidad del rescate financiero de España, bien en 2012, bien en 2013. Al parecer, el gobierno mantiene un tono excepcionalmente bajo en esta parte de las previsiones porque confía en llegar a trancas y barrancas a las elecciones generales de 2012. Después, le tocará al PP gobernar.

Cataluña y el impuesto de sucesiones

Esta semana, al cumplirse sus cien primeros días de mandato, el presidente catalán, Artur Mas, ha procedido a borrar de su mapa el impuesto de sucesiones. No sólo eso: previsiblemente, acaba de darle la puntilla en toda España.

La primera idea que a uno se le ocurre en este asunto es que Mas, que está despidiendo centenares de empleados públicos de la Generalitat y sus aledaños, como las universidades, por falta de recursos, ahora parece empeñado en tener menos recursos todavía, porque algo recaudaría por vía de este impuesto, digo yo. Una pregunta irrelevante: ¿cuántos empleados públicos tendrán que perder su puesto de trabajo para pagar este gesto? Porque, evidentemente, es un gesto dirigido a los ricos; una reducción de impuestos, con su correspondiente redistribución (regresiva) de la renta disponible, de la que se van a beneficiar las rentas altas, y más cuanto más altas. Sin embargo, quedarse en eso sería superficial. Es listo el honorable president. Pero no tan listo como para que en PURGATORIO ECONÓMICO no nos hayamos percatado de la jugada y para que no veamos en ella menos una muestra de fuerza que de debilidad del nacionalismo catalán.

La idea es tan sencilla como atraer a Cataluña tantas grandes fortunas como sea posible. ¿Que es usted hijo de un venerable anciano forrado de pasta? Si el anciano está próximo a su fin, no tiene usted más que trasladar su propia residencia, digamos, a Barcelona, y empadronarse allí. Si no lo hace, cuando se produzca el luctuoso proceso, y suponiendo que el occiso le deja a usted una herencia valorada en 100.000 euros, tendrá usted que pagar 124 euros en Madrid y 620 en Castilla-La Mancha, pongamos por ejemplos. Bueno, 600 euros no es tanto - ¿o sí, en los tiempos que corren? Pero si lo que hereda es 100 millones de euros, entonces tendrá que pagar 124.000 en Madrid y 620.000 euros en Castilla-La Mancha; nada en Cataluña. Con el importe del impuesto que se ahorra, puede usted comprar una vivienda, más o menos lujosa según de donde proceda, en un buen barrio de Barcelona, vivienda que prácticamente le saldrá gratis. Dice la web de la Comunidad de Madrid que se bonifica el 99% del impuesto (en Castilla-La Mancha, únicamente el 95%) y no el 100%, para mantener un «elemento de control tributario». Pues bien, en Cataluña ni eso. Y hay una coda muy interesante: las bonificaciones mencionadas son sólo para padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho; los demás tienen que pagar el impuesto entero: por ejemplo, 20.000 euros para una herencia de 100.000. De manera que el efecto llamada será muy poderoso en todos los casos en que el presunto heredero no sea familiar en primer grado.

Debe pensar el buen Artur Mas que ahora que empiezan a retornar los inmigrantes de los últimos lustros a sus países de origen, ya va siendo deseable que en su lugar empiece a llegar gente guapa, de ésa que tan mal habla de Cataluña y los catalanes, a ver si cambian de opinión y, sobre todo, que lleguen con la bolsa llena. Ya se sabe, Barcelona es bona…. Aunque mucho me temo que eso no le devolverá ni de lejos la brillantez de antaño, cuando era la Ciudad de los Milagros, o cuando Eduardo Mendoza la rememoraba para nosotros y fue incluso más grande, a finales de los años sesenta y durante los setenta del siglo pasado, en los tiempos del movimiento vecinal y la Asamblea de Catalunya, de la Nova Cançó y Gato Pérez, de Seix Barral y Ariel, de Pepe Carbalho y Últimas tardes con Teresa, de El tartufo y Els Joglars y Comediants, de Fata Morgana y El extraño caso del doctor Fausto… sólo por citar lo primero que se me viene a la cabeza. Eran tiempos en que la ilustrada clase media aspiraba a elevar a su nivel a un proletariado inmigrante. Ahora la clase media continúa manejando el cotarro pero ya no es ilustrada, y su única ambición es trepar a la clase alta.

Portugal pide ser rescatado

Al fin, José Sócrates tuvo que dar su brazo a torcer y, aunque se resistía a ello, ha solicitado rescate financiero de la Unión Europea; previsiblemente, también intervendrá el Fondo Monetario Internacional. En esa decisión, ha influido la escalada de tipos de interés en el mercado secundario, que acaban de superar el 9% anual cuando no llegaban al 5% a principios de marzo. Pero sin duda lo decisivo, y que Sócrates no se esperaba, es que la propia banca portuguesa amenazó a comienzos de esta semana con una «huelga» de adquisición de deuda pública en las subastas del Tesoro portugués, lo que ponía en riesgo el primer gran pago de amortización e intereses, superior a 4.000 millones de euros, el próximo 15 de abril, y no sólo el segundo, por una cuantía ligeramente superior, el 15 de junio, como aparentemente Sócrates había calculado al presentar su dimisión.

Ahora empieza un verdadero calvario para nuestros vecinos. Para hacerse una idea de lo que significa ser rescatado, baste con decir que quien debe y no puede pagar tiene voz, pero no voto. Los romanos, siempre tan lógicos en asuntos de Derecho – ellos lo inventaron – llegaron a la conclusión de que la única salida con sentido económico de una bancarrota era la esclavitud por deudas, consagrada como uno de los pilares del ordenamiento jurídico por las Doce Tablas. Esto no tiene nada que ver con la democracia, de la que todos somos devotos partidarios. Y si alguien alberga dudas al respecto, observe de qué poco sirven las airadas protestas de los griegos o los quejumbrosos lamentos de los irlandeses, que todavía sirven para menos.

Sócrates no quería aparecer ante la historia como el responsable de que su país fuera rescatado, y por una buena razón. La experiencia de Grecia e Irlanda, los dos países que han precedido a Portugal, dicta que el rescate financiero mancomunado de la UE y el FMI no reduce los tipos de interés del mercado secundario, como cabría esperar, sino que los incrementa: los de Irlanda están normalmente entre el 8 y el 9% y los de Grecia entre el 10 y el 12%. O sea, que la esclavitud es perpetua. La causa parece estribar en que el mercado considera el rescate como un puro trámite antes del fallido, es decir, antes de una suspensión de pagos seguida de reestructuración, con quita de una parte del principal incluida. Y esto es probablemente lo que pasará en los dos casos citados, ya que el préstamo, de 110.000 millones de euros en el caso de Grecia y de 85.000 millones en el de Irlanda, se va en pagar mayores intereses de la deuda, tanto soberana como bancaria, pues ambos gobiernos se han empeñado en garantizar la totalidad de la deuda preferente de sus bancos.

Ahora España pasa a estar en primera fila para la siguiente ronda de la crisis de la deuda. Dominique Strauss-Kahn, director del FMI, ha salido en defensa de España, asegurando que nosotros no vamos a necesitar rescate. En eso coinciden todos, incluidas las agencias de rating que acaban de rebajarnos la calificación crediticia. También el diario Financial Times, portavoz de la City londinense, por no mencionar todas las instancias de la UE. Cosas diferentes se dicen al otro lado del Atlántico, donde el Wall Street Journal y otros medios hablan del temor que les infunde lo que ocurre en Europa, precisamente cuando la economía norteamericana empieza a dar claros síntomas de recuperación pero, fatalidad de fatalidades, Japón acaba de tener el doble tropezón del terremoto y el accidente nuclear.

Que todos los organismos internacionales y hasta la City, de ordinario tan crítica con los países de la periferia europea – las despectivas denominaciones PIGS y PIIGS son invento suyo –, se hayan confabulado para ponderar la solidez de los fundamentos de la economía española no es en absoluto de extrañar. Grecia, Irlanda y Portugal, en el fondo, son peccata minuta; España son palabras mayores. España pesa económicamente más que todas ellas juntas. Si España se va al garete, el dinero de mucha gente en toda Europa, incluida la City, se irá al garete con ella. Es verdad que la deuda soberana española no es tan cuantiosa como la de los tres países rescatados, pero no es la deuda soberana, sino la bancaria, lo que realmente importa. Si los bancos españoles se van al traste, el crédito del Estado va detrás, porque el gobierno español – lo mismo que los otros tres gobiernos – se ha empeñado en garantizar la deuda bancaria en su totalidad. Y el riesgo es claro e innegable: los bancos españoles, colectivamente, son el primer acreedor de Portugal, con un tercio del total de su deuda.

Llevo bastante tiempo sosteniendo, sin que se me haga mucho caso, que ni el FMI ni la UE ni el Financial Times ni las agencias de rating son realmente los mercados. Por aquí se hace un totum revolutum de todo eso (lo que llamo el capitalismo global), y como nada de eso gusta, pues ¿para qué distinguir? Pero yo digo que hay que distinguir: una cosa son los mercados y otra muy distinta la tecnocracia económica y mediática que intenta influir sobre ellos. Ahora que la tecnocracia económica y mediática pretende convencer a los mercados de que España no está en riesgo – si realmente no lo estuviera, ¿por qué habría que repetir machaconamente que no lo está? – me temo que los mercados pueden dar una desagradable sorpresa a muchos y demostrar que a ellos no los manipula nadie. Para mis lectores será desagradable, pero no sorpresa.

El modelo inglés se impone en Europa

La semana pasada, en la resaca de las elecciones en Baden-Würtemberg, salía a la luz pública una agria controversia entre la canciller Angela Merkel y el presidente del Bundesbank y hasta hace semanas principal candidato a suceder a Trichet al frente del Banco Central Europeo, Axel Weber. El jueves, en el marco de una conferencia en Berlín de altos ejecutivos bancarios, Merkel acusó públicamente a Weber de insolidaridad con los demás países de la zona euro, por encabezar una sorda resistencia contra la decisión del Banco Central Europeo, adoptada en la madrugada del 9 de mayo de 2010, de comprar deuda soberana de los países más afectados por la crisis. Lo polémico de la intervención quedó subrayado por el hecho de que, horas antes y en esa misma conferencia, Weber se había pronunciado despectivamente acerca de una «solidaridad reclamada de quienes han cumplido con las reglas de la zona euro por quienes han incumplido esas mismas reglas». La actitud de Weber hizo crisis en febrero pasado, al anunciar que dimitiría de su cargo el próximo 30 de abril, un año antes de la terminación de su mandato. Será sucedido por Jens Weidmann, asesor económico de la canciller.

El debate tiene doble importancia para nosotros, no sólo por el tema – nosotros somos el tema – sino también porque la dimisión de Weber deja sin candidato oficial la provisión de la presidencia del BCE, que tendrá que ser cubierta en octubre. O quizá triple, desde el momento en que revela la descomposición interna de la autoridad monetaria en la zona euro. El BCE de hoy no hace casi nada de lo que se preveía en 1999, cuando empezó a funcionar. En sus inicios, las operaciones de financiación eran temporales, a plazo de dos semanas o a lo sumo de tres meses. Con la compra de deuda soberana, el BCE mantiene una fracción importante de sus activos a plazo indefinido. Mientras antes prestaba a plazo de días, o a lo sumo meses, ahora cada vez que adquiere deuda soberana añade permanentemente dinero a la oferta monetaria. Una herejía, vamos, para la teoría monetaria germana, obsesionada con la gran inflación de los años veinte. Pero eso no es más que la punta del iceberg. Lo que no se ve es de qué manera está la política monetaria atrapada por nuestra deuda y la de otros países periféricos. Desde la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, hay barra libre para los bancos, o sea, todo el dinero que deseen al 1% de interés anual, siempre que dispongan de activos con qué garantizar su devolución. Renovando su financiación una semana tras otra, los bancos adquieren letras a doce y dieciocho meses, y hasta bonos y obligaciones a tres, cinco, diez, quince y quién sabe si treinta años. El BCE no puede restringir la cantidad de dinero sin forzar ventas masivas de esa deuda, o sea, sin provocar un colapso del Eurosistema. Los bancos ganan mucho dinero con la escalada de tipos de interés arrastrada por las primas de riesgo, y en último término confían en que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional no dejarán caer el castillo de naipes. Pero no puede negarse que el esquema es piramidal y, en calidad de tal, incorpora un elevado riesgo sistémico.

Ahora, el BCE amenaza con subir un cuarto de punto porcentual su tipo de referencia, al 1,25% anual. Apostaría a que el único efecto de importancia será una subida más que proporcional del rendimiento de la deuda soberana, apretando todavía más el dogal que ahoga a los países más endeudados. En realidad, un cuarto de punto ni siquiera recupera, en términos de interés real, la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación. Los tipos de interés real, para la banca y para quienes pueden ofrecer garantías, continúan siendo negativos, con lo que es rentable endeudarse para especular, porque una parte de las eventuales pérdidas las devuelve el BCE a cargo de las rentas que crecen menos que la inflación. Gracias a ello, las Bolsas y en general los mercados mantienen una animada actividad, en lugar de ofrecer el perfil deprimido de la Gran Depresión o incluso de los años setenta y primeros ochenta. Así parece que hay menos crisis, y quien tiene que ganar dinero, lo gana. Y de paso vamos tratando de inflar alguna nueva burbuja que nos saque del marasmo en que estamos.

La decisión de Zapatero

La decisión del presidente del gobierno, de no presentarse a la reelección en 2012, ha tenido la virtud de dividir a los medios especializados en ofrecer información sobre mercados. Así, mientras Financial Times opina que la decisión dará mayor fuerza al presidente para continuar con sus reformas, Bloomberg cree que ocurrirá exactamente lo contrario. Se abre un periodo de reflexión, que en todo caso no deberá ser muy largo.

En general, ayer las reflexiones sobre su ejecutoria política han sido elogiosas. Se valora especialmente su enérgica reducción del déficit en el último año, y se da un margen de confianza a la reforma en curso del sistema bancario. Casi todos los analistas dan por hecho que el partido socialista estará en la oposición dentro de un año, y que en ese tiempo es probable que España escape a la necesidad de pedir el rescate financiero, aunque Portugal no pueda escapar a ella, lo que se da casi por seguro antes del verano. Creen que la actuación de Rodríguez Zapatero ha sido crucial en apuntalar el euro. Tanto los que ven la decisión como positiva, como los que la valoran negativamente, lo hacen por idénticas razones. ¿Es más probable o menos probable que se pueda continuar con su política ahora?

Crisis de sobreinversión acumulada

En varias ocasiones he criticado la visión vulgar de la crisis, profusamente difundida por diversos medios, y según la cual el problema de España radica en que los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, es decir, disponiendo de más bienes y servicios de consumo que los que producíamos nosotros o podíamos adquirir mediante intercambio. Muchas recetas de política económica emanan de esta visión. Destacan la prescripción de políticas de austeridad y la machacona recomendación de ajustar los salarios a la productividad (claro: gastamos más de lo que producimos porque nos pagan más de lo que producimos), entre otras «genialidades».

Los datos cuentan una historia bien distinta. Los del Banco de España no pueden ser puestos en duda. Según ellos, la economía española ha visto empeorar drásticamente su posición financiera frente al exterior. En román paladino, toda economía presta y pide prestado; lo que los bancos, gobierno, sociedades no financieras y familias españoles deben al resto del mundo excede en casi un billón de euros lo que nos deben a nosotros. En términos de porcentaje sobre el PIB, que es como nos gusta verlo a los economistas, ese déficit financiero ha pasado desde -38% en 2002 y -43% en 2003, los últimos años del gobierno Aznar, pasando por -52% en 2004 hasta -89% en el 3er trimestre de 2010. Aquí, el análisis ramplón de aquellos a quienes gusta el trazo grueso diría que está claro que es culpa de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Pero un análisis más desapasionado muestra otras cosas, mucho más interesantes para la definición de una correcta política económica.

Cuando se distingue entre sectores económicos, los bancos y cajas revelan un apreciable esfuerzo – en su conjunto – por desapalancarse. Su saldo financiero siempre ha sido positivo, en términos de porcentaje del PIB (excepto en 2006) y ha mejorado bastante en los años de la crisis. Así, se mantuvo por debajo del 3% hasta 2007; después saltó al 11% en 2008, porcentaje en el que se mantiene actualmente. Así pues, entre 2003 y 2010 el saldo financiero de la economía española empeoró en 46 puntos porcentuales del PIB (de -43% a -89%) y el de los bancos y cajas mejoró en 10 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta que el de otras instituciones financieras mejoró un 1% en ese periodo, el saldo conjunto de los restantes sectores, gobierno, empresas no financieras y familias, ha tenido que empeorar en 57 puntos porcentuales del PIB.

El primer sospechoso de causar el endeudamiento agregado es, naturalmente, el gobierno y, después, el excesivo consumo de las familias. El gobierno ha pasado de un endeudamiento neto del -40% del PIB en 2002 a uno del -19% en 2007: eran los años del superávit presupuestario, que facilitaba la amortización de deuda. A partir de 2008, su endeudamiento neto invierte la tendencia y empieza a crecer, hasta alcanzar el -38% del PIB en el 3er trimestre de 2010, menos incluso que 2002. ¿Y las familias? Su posición financiera en 2002 era de superávit, equivalente a un 94% del PIB, y ha caído al 74% en 2010; eso explica 20 puntos porcentuales, pero ¿qué explica los restantes treinta y tantos?

El culpable resulta ser el menos sospechoso de los personajes: las empresas no financieras. Su endeudamiento neto representaba el -96% del PIB en 2002; así, la financiación provista por las familias en ese año (94% del PIB) casi bastaba para atender a la financiación requerida por las empresas. A partir de ese momento, ambas crecen pero la financiación requerida por las empresas lo hace de forma mucho más intensa. En 2006, la financiación aportada por las familias supera por única vez en los tiempos recientes la cuantía del PIB (104%), mientras que la financiación requerida por las empresas era casi una vez y media el PIB (-146%). ¿Quién aportó el -42% de financiación de las empresas, que ya no aportaban las familias? Básicamente, el sector público, que redujo su propio endeudamiento hasta el 24% del PIB y el resto lo aportó el sector exterior. En 2007, el desequilibrio fundamental no hizo más que agravarse, con la brecha entre financiación provista por las familias (94% del PIB) y financiación requerida por las empresas (-156%) ascendiendo a un -62% del PIB. El sector público redujo todavía más su endeudamiento – hasta el 19%, mínimo histórico de la democracia – mientras el resto del mundo debía proveer la diferencia (-78%).

En ese preciso momento, 2007, se aprecia la verdadera naturaleza de la actual crisis en su impacto sobre la economía española. Con la deuda pública en mínimos históricos, la deuda exterior de España se ha disparado como consecuencia de que, aunque las familias siguen teniendo una posición financiera muy saludable – prueba de que no gastan demasiado – eso no es suficiente para atender las necesidades financieras de la empresas, que fuerzan a la economía española a endeudarse de forma muy importante con el exterior. Poco después de esa foto, la crisis financiera no hace más que reventar una estructura agregada ya marcada por un exceso de inversión de las empresas no financieras, que – por así decirlo – está hipotecando la riqueza acumulada por las familias. El primer efecto de la crisis es la contracción de la posición acreedora de las familias, que, golpeadas por la crisis, tienen que liquidar parte de su riqueza acumulada para atender gastos corrientes. Entonces es verdad, por primera vez, que las familias españolas consumen más de lo que producen, y tienen que desinvertir para financiar la diferencia. Su posición financiera cae al 68% del PIB en 2008, mientras la financiación requerida por las empresas cae de forma mucho más moderada, hasta el -136% del PIB; con ello, la brecha financiera entre familias y empresas se ensancha a -68%. Los seis puntos adicionales al registro del año anterior, más un mayor endeudamiento público, lo cubre el desapalancamiento de bancos y cajas, con el recurso al sector exterior manteniéndose prácticamente estable.

Hasta aquí se trata de un desarrollo previsible, y que debería haber conducido sin dificultad a la recuperación, con sólo que las familias hubieran recuperado poco a poco su posición financiera y las empresas se hubieran desapalancado en una medida razonable. Lo primero ha ocurrido y lo segundo no, y no sirve echarle la culpa al gobierno. En el transcurso de la crisis, las familias han recompuesto algo su posición financiera (al 74% del PIB), sin alcanzar ni de lejos los niveles anteriores a la crisis. En este sentido, es completamente cierto que las familias españolas se han empobrecido relativamente a los niveles anteriores a la crisis. Las empresas no financieras, por su parte, siguen endeudadas por un importe equivalente al -138% del PIB, lo que supone una brecha de financiación que no baja del -62%. El sector público se ha endeudado más – ésta es la principal diferencia comparativamente al comienzo de la crisis –, hasta el -38% del PIB. El sector financiero aporta financiación neta por importe equivalente al 11% del PIB. Como consecuencia, el endeudamiento con el exterior ha aumentado hasta el -89% del PIB.

Las conclusiones del análisis son claras: no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, como querrían los apóstoles de la austeridad. La reducción del endeudamiento público en 15 ó 20 puntos porcentuales del PIB, digamos, a los niveles inmediatamente anteriores a la crisis, como se nos predica, no permitirá a las familias recuperar la riqueza que han perdido durante la crisis, toda vez que ese empobrecimiento es consecuencia de la caída de la renta disponible. Con toda probabilidad, la reducción del déficit y de la deuda pública provocará más efectos del tipo que ya estamos viendo: el ahorro de las familias, que subió al 25% de la renta disponible al comienzo de la crisis, vuelve a estar en el 13%. No es que las familias consuman más; es que disponen de menos renta y su resistencia a rebajar el consumo se traduce en disminución del ahorro.

Si la sociedad española no ha vivido por encima de sus posibilidades, y la crisis la fuerza ahora, bien a vivir peor, bien a acumular menos riqueza, es porque, para España, ésta es una crisis de exceso de inversión por parte de las empresas no financieras. La inversión de éstas se disparó en el quinquenio 2002-2007, dejando muy atrás las capacidades de financiación provistas por el ahorro de las familias. La crisis vino a poner este desequilibrio fundamental al descubierto. El hecho de que una gran parte de esa inversión se destinara a la especulación inmobiliaria y a la construcción (el «modelo del ladrillo») es circunstancial y secundario al hecho básico de que las empresas invirtieron demasiado, tanto que no podían financiarlo sin endeudarse y endeudar a la economía española más allá de nuestras posibilidades de devolución de esa deuda. Ahora estamos lastrados tanto por nuestro nivel de endeudamiento como por el hecho de que aquello en lo que invertimos no encuentra salida en el mercado.

Ante una situación así, hay varias políticas y no sólo una. Una política es la austeridad: aceptemos la situación, repartamos la pérdida que ha causado la especulación inmobiliaria (pues de eso se trata, en definitiva) asumiendo que, más o menos, todos hemos sido especuladores. La sociedad se resiste a esa política, porque supone la solidaridad de todos con los que más han especulado. Otra política es el ajuste puro y duro: que cada palo aguante su vela, que quien más se ha endeudado para especular, se hunda con los precios del suelo y la vivienda. Y todavía una tercera busca mantener la situación, no caer en la austeridad que socializa las pérdidas ni permitir que se ajuste todo lo que habría que ajustar, esperando que el turismo se reactive, los extranjeros vuelvan a España, comiencen de nuevo a comprar propiedad inmobiliaria aquí, proporcionen a los inversores liquidez para devolver los préstamos, las empresas no financieras puedan desapalancarse y se restablezca cierta normalidad poco a poco, con el menor trauma posible. Yo diría que la primera política, la austeridad como fórmula de solidaridad de todos con los que más han especulado, es la del PP. La tercera es la de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, verdadero «cerebro gris» del gobierno, y con toda probabilidad el único que tiene claro a dónde debería conducir la actual política. Solamente tengo un problema con esa política: es típica del purgatorio económico, y como todas las políticas del purgatorio económico, no creo que sea viable. Es por eso que me inclino por tener preparada una opción de recambio, que no sea la de austeridad, para el momento en que se demuestre la inviabilidad de la política del gobierno.

La agonía de Portugal

Ayer, el Tesoro portugués logró colocar 1.645 millones de euros en letras con vencimiento en junio de 2012 a un interés significativamente menor que el esperado por los analistas; si éstos pronosticaban alrededor del 6,4% anual, el subastado ayer es del 5,8%. Esto supone un respiro, toda vez que Portugal se encuentra inmersa en una carrera contra reloj para devolver unos 9.000 millones de euros entre el 15 de abril y el 15 de junio, en dos pagos casi iguales repartidos entre ambas fechas. Los analistas creen que Portugal ha ido acumulando tesorería para el primer pago pero carece de suficiente para el segundo. Lo obtenido ayer reduce un tanto la incertidumbre.

Aunque la situación se aclare a corto plazo, empeora a ojos vistas a medio y largo plazo. Portugal no está haciendo otra cosa que comprar tiempo. Por el plazo de amortización de la deuda emitida ayer, los problemas de hoy se reproducirán por estas fechas el año que viene. Es más, el Tesoro portugués tiene que emitir letras a corto plazo porque el interés de los bonos a largo ha alcanzado cotas prohibitivas – superiores al 8% – a lo largo de esta semana. El comportamiento del mercado significa, no que los operadores dudan de si Portugal tendrá que ser rescatada muy pronto (eso nadie lo duda), sino si, además de ser rescatada, tendrá que reestructurar su deuda dejando de pagar una parte de ella. En esto los operadores parecen creer que la reestructuración, es decir, el fallido de Portugal se producirá en algún momento entre 2013 y 2021, pese al rescate. Es ésta convicción la que ha llevado al primer ministro José Sócrates ha evitar a toda costa el rescate: éste no evita el fallido, sino que, por el contrario, hace subir rápidamente los tipos de interés que se paga por la deuda, ya que el mercado ve en él únicamente un paso previo al fallido. Y así el fallido se convierte en una profecía autocumplida. Está empezando a demostrarse que el mecanismo comunitario puesto en marcha en mayo de 2010, sencillamente, no funciona.

El panorama es desalentador. Anteayer, Portugal reconoció que su déficit público en 2010, en vez de ser el 7,3% del PIB, a que se había comprometido el gobierno, ha resultado ser el 8,6%. Posiblemente, ése es el dato que manejaron la presidenta de Brasil y su ministro de Finanzas para descartar la compra masiva de deuda portuguesa, que habían estado estudiando. Si la dimisión de Sócrates la semana pasada era innecesaria, como le reprochan las agencias de rating, dada la magnitud de los problemas del país, prácticamente habría sido obligada ahora. En mi opinión, Sócrates ha calculado muy bien los tiempos. Adelantó la dimisión para hacer que las elecciones fueran antes del segundo plazo de devolución de la deuda, como efectivamente ha ocurrido: el 5 de junio, antes del 15 de junio. Así, deja la patata caliente de pedir el rescate (a lo que él ha tenido la picardía de oponerse desde ya) a su sucesor. El propio presidente, Aníbal Cavaco Silva, ha opinado que el gobierno en funciones podría pedir el rescate, si fuera necesario. Pero el ministro de Finanzas ha respondido que no, que no la tiene. En todo caso, Sócrates sabe que puede hacer el pago del 15 de abril – y más, con ayuda de lo conseguido ayer – y dejar las arcas vacías o medio vacías a su sucesor, que no tendrá más remedio que ponerse en manos de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.