Modelos productivos, el viejo y el nuevo

Cuando se habla de cambio del modelo productivo, con frecuencia se menciona sólo una parte, la que podríamos llamar visible. De la invisible nadie se ocupa, con ser la más importante.

El viejo modelo productivo, llamado “del ladrillo”, no se basaba en la construcción de 700.000 viviendas anuales, varios millones en los últimos lustros, que el público quitaba a los promotores de las manos esperando que su valor se triplicara en seis ó siete años. Que eso ha ocurrido es verdad, como lo es que no volverá a ocurrir: ahora hay 700.000 viviendas sin vender en España, y un número creciente de esas viviendas está pasando a manos de los bancos y cajas de ahorros, con el peligro que esa situación lleva aparejado. Pero eso sólo era el resultado, el producto del modelo.

No; el viejo modelo productivo se basaba en algo que es lógicamente anterior. Un promotor iba a una oficina bancaria con los planos de un solar y los del edificio que pensaba construir encima, y el director de la oficina, sin más que comprobar la localización y calcular el total de metros cuadrados útiles de viviendas por construir, le concedía un crédito por el 80 por cien, el 90 por cien, incluso el 100 por cien del coste del solar y de la edificación. En España se ha construido sin dinero, como sin dinero se puede especular en Bolsa. El día en que un empresario, cualquier empresario pueda ir a una oficina bancaria con una patente que planea comprar y un proyecto de innovación basado en ella, y el director de la oficina le conceda un crédito – llamémosle innovador – que le permita llevar a cabo el plan sin dinero, de forma tan automática como automática era la concesión del crédito promotor, ese día, y no antes, se podrá hablar de “nuevo modelo productivo”. Faltando eso, se podrá uno llenar la boca de “sociedad del conocimiento y la innovación”, pero serán palabras vacías.

Es un espejismo creer que basta con reformar la educación para que el modelo cambie. La educación que una sociedad se da a sí misma es reflejo de su mentalidad colectiva; no es posible reformarla sin cambiar la mentalidad social. En España ha habido la educación que convenía a un modelo productivo en que cualquier maestro albañil – con todos los respetos para la profesión – podía llegar a acaudalado constructor, y un pocero sin estudios, a magnate de la promoción inmobiliaria. Los conocimientos de un director de oficina bancaria debían dar como para calcular costes de construcción y beneficios de la promoción. Es más difícil calcular el valor de una patente que el de un solar, y los potenciales beneficios de una innovación mucho más que los de un bloque de viviendas o incluso una urbanización entera. Pero así están las cosas: la educación es condición necesaria, pero no suficiente, para una sociedad capaz de competir en la globalización.

Se necesita una tremenda reforma del sistema financiero, antes o al mismo tiempo. Tan de acuerdo estoy con el PP en que la reforma del sistema financiero es absolutamente imprescindible, como seguro estoy de que los populares no tienen ni idea de cómo ni para qué afrontarla. El asunto no es difícil, es dificilísimo. Para empezar, el sistema bancario tiene que desprenderse de los 400.000 millones de euros de crédito promotor que aún lastran su actividad, toda vez que no será capaz de ponerse en serio a otra cosa mientras su atención esté centrada en reducir riesgos. Pero esto no es más que el comienzo. El asunto es tan complicado que incluso a mí me cuesta ver con claridad cómo encarrilarlo.

Lo primero es voluntad política, que no veo por ningún lado.

Diversidad sostenible

No se vea en mi escepticismo ante el coche eléctrico cien por cien una oposición al cambio de modelo productivo, al que mañana me referiré in extenso. Al contrario. Hay que buscar salidas al consumo ingente de combustibles fósiles (no sólo petróleo sino también gas natural) que acarrea cualquier actividad que realizamos, y salidas que sean viables a plazos más cortos que los prometidos por el automóvil eléctrico. Muy, muy resumidamente: si cambiamos todos los combustibles fósiles que mueven el transporte rodado de hoy por energía eléctrica, no habrá forma de resolver la ecuación energética sin acudir en masa a la energía nuclear, o sin llenar el país de centrales térmicas de gas natural (peores, en términos medioambientales, que las nucleares). De otra forma, el balance energético no cuadra. Claro que hay alternativa: viajar en preciosos trenes de alta velocidad, desplazarnos en maravillosos coches cien-por-cien eléctricos, pero no bajar de cinco millones de parados. Ser una sociedad, en definitiva, en que las utilities – es decir, las grandes compañías de servicios de electricidad, de gas, ferroviarias, aéreas, etc. – tengan garantizado un elevado nivel de ingresos mientras desaparece el tejido empresarial de pequeño y mediano tamaño porque el consumidor carece de renta disponible tras las exacciones impuestas por la política industrial y de vivienda (véase la entrada de ayer).

Prefiero el reciclado de aceite vegetal. ¿Saben ustedes que los trenes que circulan por los parques Disney de todo el mundo están movidos, al cien por cien, por aceite reciclado de las cocinas de los restaurantes de esos mismos parques? Es verdad que el aceite vegetal, al quemarse, emite CO2. Pero no es menos cierto que antes, al crecer la planta de la que ese aceite ha sido extraído, restó gases de efecto invernadero de la atmósfera. El débito se compensa con un crédito anterior.

En el Reino Unido, han descubierto que los motores diesel son aptos para una pequeña transformación, con un coste aproximado de 700 libras (menos de mil euros), que les permite funcionar exclusivamente con aceite vegetal usado en cocina. Increíble, pero cierto. Ya se ha organizado un mercado de aceite usado y de conductores dispuestos a reciclarlo en sustitución del gasóleo de automoción; empresas que disponen la recogida de aceite de freidurías de fish and chips y otros restaurantes, y que lo venden a domicilio por Internet. Los efectos resultan beneficiosos desde múltiples puntos de vista: menor dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y ahorro de divisas, práctica desaparición de una de las sustancias que más contaminan los aguas, and last but not least abaratamiento del transporte para los usuarios del automóvil.

No lo creerán, pero al gobierno no le gustó. El gobierno de Su Majestad, como el nuestro, depende en alto grado de impuestos especiales que gravan el uso de combustibles fósiles y sus derivados, recaudados de los conductores de vehículos a motor diesel que queman gasóleo pero no de los conductores de vehículos a motor diesel (con una pequeña transformación, casi doméstica) que queman aceite de cocina reciclado. Se entiende el pánico del gobierno: de generalizarse el uso del invento, los ingresos fiscales podrían recibir un buen mordisco. En consecuencia, ha tratado de combatir la “innovación” por todos los medios. Se ha tachado a sus partidarios de defensores de la economía cutre. Se ha intentado ilegalizar la transformación por supuesto aumento de los riesgos en la conducción (sin éxito: la sustitución es prácticamente perfecta e inocua para la conducción). El público británico (a diferencia del español) tiene una noción intuitiva de la economía que no le permite cerrar los ojos a la liquidación de un mercado surgido espontáneamente. Muchos opinan que el desempleo desaparecerá gracias a la multiplicación de mercados así, y no a la acción esquilmadora de las utilities.

Cuando perdí de vista el culebrón mediático de la transformación de motores diesel para usar aceite de cocina reciclado, el gobierno británico estudiaba generalizar el impuesto sobre hidrocarburos de origen fósil a cualquier combustible de automoción, aunque su origen sea vegetal. Pero el asunto no era sencillo. Este impuesto se justifica por la contaminación generada en la combustión; en esto, el aceite reciclado no difiere del gasóleo. Sin embargo, si la contaminación justifica el impuesto, la eliminación de aceite vegetal, serio contaminante de las aguas, justificaría una subvención. Da la impresión que los estudios del gobierno británico le llevaban a la conclusión de que todavía tendría que dar dinero a los conductores que usan aceite reciclado, porque su contribución al ahorro en la depuración de aguas es de mayor valor que su emisión de gases contaminantes. ¡Y hasta ahí se podría llegar!

Al final, parece que el gobierno se ha resignado a tolerar el fenómeno con tal de tenerlo circunscrito a conductores con cierto perfil de “marginales”, manteniendo la presión mediática para desanimar al conductor medio en vez de promocionar la solución. No es, desde luego, la solución que va a terminar con el uso de combustibles fósiles (no hay tanto aceite usado que reciclar), pero sí una de las muchas iniciativas que tendrían que ponerse marcha al efecto. Al menos, se ahorraría bastante en depuración de aguas. ¿No es esto economía sostenible, al cien por cien?

No digo que nos olvidemos del coche eléctrico. Digo que, como política industrial, hay que promocionar las innovaciones que pueda utilizar la mayoría con preferencia a las que sólo va a utilizar una minoría. Si yo fuera ministro de Industria, compraría a los ingleses la patente de la transformación de motores diesel, metería ésta en un paquete más amplio de promoción de los biocombustibles (sobre los que tengo algo que decir), y negociaría el próximo plan renove con los fabricantes condicionándolo, entre otros extremos, a la incorporación de la transformación a modelos de serie. Si no hubiera en España empresarios para organizar el mercado de recogida del aceite usado, me traería del Reino Unido a los que han sabido organizarlo allí pese a la oposición del gobierno, para que lo organizaran aquí con su apoyo. Siendo absolutamente beligerante en Europa, me aliaría con Alemania en el tema del biodiesel a cambio de su aval en este otro tema.

Ésta es mi apuesta de presente. Cada vez que alguien dice “esto es el futuro”, parece predecir un monopolio; como si las alternativas estuvieran condenadas a desaparecer para que el futuro pueda ser realidad. Es cuestión de gustos o, como dicen los economistas, de preferencias. Prefiero la diversidad sostenible en una sociedad abierta a la ingeniería de sistemas con ecos de ciencia ficción.

¿Cien por cien eléctrico?

El automóvil movido íntegramente por energía eléctrica es – como suele decirse – una apuesta de futuro. En términos de velocidad y autonomía, los modelos empiezan a ser aceptables. El estadounidense Tesla Roadster alcanza 200 km/h (100 km/h en 4 segundos) con una autonomía de casi 400 km, aunque el precio no lo es: 84.000 euros. Modelos más económicos, como el noruego Think City, llegan a 105 km/h de volocidad punta (50 km/h en 7 segundos) y 210 km de autonomía, por sólo 24.500 euros. No es todavía un vehículo para la clase trabajadora.

El problema más importante es de repostaje y sus infraestructuras. La recarga de las baterías no baja de tres horas y media en el Tesla Roadster ni de 7-8 horas en los modelos más económicos. Al parecer, podría reducirse (a 30-45 minutos) con acceso directo del punto de repostaje a la red de alta tensión, pero eso multiplica el problema de las infraestructuras. Una solución de otro tipo es el leasing de baterías: uno paga, se lleva una batería cargada y deja la suya descargada. El leasing de las baterías para el Think City cuesta 120 euros al mes (aparte, el coste de la recarga).

Otra solución, pero en todo caso sólo parcial, sería instalar puntos de recarga en todas las plazas de aparcamiento, de modo que el vehículo se recargue mientras está aparcado, lo que en ciudad puede ser más que suficiente. En fin, que el tema de las infraestructuras no deja de ser problemático aunque se atisban soluciones. A mí, personalmente, me gusta la incorporación de paneles solares en la carrocería del vehículo, según diseños – bastantes estéticos – logrados por empresas alemanas. Pero eso tiene dos inconvenientes. Uno, que, en el estado actual de la tecnología, no permite cubrir todas las necesidades energéticas del vehículo, por no decir la conducción nocturna de larga distancia. Y dos, que así se prescinde de los servicios de las compañías eléctricas, con cuyo concurso se está diseñando todo el proceso de cambio tecnológico.

Pero lo que menos me gusta es el final que le veo a esto. ¿Se fijaron en el apagón analógico? Gracias a la obsolescencia absoluta de los receptores sin puerto para el cable euroconector, decretada por el gobierno, los fabricantes de aparatos digitales aptos para recibir la TDT han hecho su agosto. Es verdad que los obreros tienen que vivir y los empresarios que registrar beneficios, pero ¿de esa manera? Todo es así: ¿cómo creen que funcionará el previsto impulso a la rehabilitación de viviendas? Pues igual. Lo he sufrido en una Comunidad Autónoma gobernada por el PP: a la hora de la verdad, en esto, no hay diferencias entre los grandes partidos. La autoridad municipal de la vivienda gira una visita (ITV) y dictamina que la finca debe revocar la fachada, con lo cual hay que rehabilitar a la fuerza. La intensidad del flujo es como en las multas de tráfico: depende de las instrucciones que reciben quienes las ponen. (¿Se imaginan el impulso a la rehabilitación de párkings, si se dictaminara que hay que instalar las infraestructuras necesarias para recargar las baterías de los eléctricos mientras estén aparcados?)

Es lo que ocurrirá un día con el automóvil 100% eléctrico. Incluso si no supera las limitaciones actuales, se decretará que el eléctrico es el único que puede circular por las ciudades; el movido por combustibles fósiles o incluso el llamado híbrido – solución, incorporando aceites vegetales, por la que yo apostaría también – se relegará al uso por carretera. No mucho después, se llegará a la conclusión que es más barato no construir más autovías de financiación pública y cargar con elevados impuestos las de construcción privada, donde los cada vez menos abundantes automóviles de combustión interna puedan correr (y estrellarse, con el debido sobrecoste en gastos hospitalarios) a velocidades prácticamente sin límite. Los recursos públicos estarán mejor empleados en la construcción de una red ferroviaria de alta velocidad a precios asequibles que se superponga a la convencional. Si usted quiere usar un vehículo (100% eléctrico, supuesto) en el punto de destino, alquile uno.

Es así como una adecuada política industrial y de vivienda nos facilitará el trabajo a todos. Las autoridades saben mejor que nosotros en qué debemos gastar nuestro dinero. Obedeciendo, accederemos a mejores bienes y servicios y las encuestas dirán que somos más felices.

¿Estabilidad ó empleo?

Los dilemas son especialidad de los economistas. “¿Cañones ó mantequilla?” es el más clásico, que todavía aparece en libros de texto de introducción a la disciplina. Dejando a un lado alardes académicos, el de mayor actualidad es el que encabeza estas líneas. Grecia, sin ir más lejos, se puede olvidar para varios años del crecimiento y el empleo.

Los problemas de Grecia sacaron a la luz el límite de los impulsos fiscales para evitar la depresión. El impulso fiscal se traduce en déficit público, y el déficit hay que financiarlo. La decisión europea, en octubre de 2008, fue financiar el déficit de manera ortodoxa, es decir, emitiendo deuda pública. Esto devolvía, a medio plazo, un protagonismo a los mercados – que son quienes adquieren la deuda – que desmentía las declaraciones de los políticos de reformar el sistema cuyos fallos nos habían sumido en la peor crisis de los últimos setenta años.

Cerrado el paréntesis de monetización parcial del déficit por el Banco Central Europeo, con la terminación de las operaciones de financiación suplementaria a plazo de hasta un año, la mini-tormenta monetaria de febrero supuso la reentrée de los mercados en escena. La llamada “conspiración contra el euro” no fue más que una reacción, por momentos rabiosa, de autoafirmación de sus animal spirits tras casi año y medio de ser objeto de continuas críticas por la opinión y los gobiernos. Precisamente eran los gobiernos europeos, que habían alardeado de poder reorganizar las finanzas globales con arreglo a principios políticos, quienes venían ahora a los mercados en busca de recursos con que sostener sus finanzas nacionales: ese gesto enterraba las expectativas de reforma despertadas. Pero la responsabilidad última no es de los mercados, sino de quien les ha devuelto un protagonismo que no deberían haber recuperado sin profunda reforma.

El déficit se tiene que financiar estructuralmente, al menos en una parte sustancial, mediante la adquisición de deuda soberana por el Banco Central Europeo para su devolución en plazos de hasta treinta años y dejando que se deprecie el euro, según vengo sosteniendo desde hace meses (aquí, pág. 9). Una política financiera apoyada en la autoridad monetaria permitiría poner un límite político, negociado en el seno de la Unión Europea, al volumen del déficit, y no uno que parece establecido por fuerzas naturales (las “fuerzas del mercado”), y que amenaza con abortar la reactivación económica antes de que haya empezado. Es crucial desvincular la lucha contra el desempleo del comportamiento de los mercados, y eso sólo puede garantizarlo el BCE, aunque ciertamente no por tiempo indefinido: ahí radica el dilema; pero sería de esperar que al menos durante el tiempo necesario para reformar la arquitectura financiera internacional de resultas de una enérgica actuación, concertada entre la Norteamérica de Obama y la UE. La solución adoptada para Grecia es de una calidad muy distinta. Se sigue estando a merced de los mercados.

La ceguera de los economistas, reacios a reevaluar el liberalismo luego de tres décadas de sacralizarlo, y el acomplejamiento de los estadistas frente al laberinto económico están malogrando de consuno una oportunidad de oro – estoy por decir que una ocasión histórica – de reformar a fondo la arquitectura financiera internacional, con que el mundo parecía comprometido todavía hace menos de un año. Faltan altura de miras y estatura política. El precio que todos habremos de pagar no es otro que poner la recuperación en manos de los mismos mercados, exactamente los mismos, que nos hundieron en la crisis.

Última hora: acuerdo sobre Grecia

El Consejo Europeo de los 27, reunido esta tarde en Bruselas, ha sido el escenario de un acuerdo entre Alemania y Francia sobre el paquete de eventuales ayudas a Grecia. Alemania ha obtenido todo lo que pretendía.

Primero, no se otorgará la ayuda ahora, sino sólo si Grecia llegara a incumplir los compromisos de devolución y pago de intereses de su deuda pública. Francia y España (presidenta de turno de la UE) hubieran preferido que las ayudas se aprobaran ya. Segundo, la carga de la ayuda se repartirá entre los países del euro – sobre la base de préstamos bilaterales voluntarios – y el Fondo Monetario Internacional; el FMI proporcionará 10.000 millones de euros y los países de la eurozona otros 12.000, 2.000 de ellos a cargo de España, para completar los 22.000 millones que Grecia podría necesitar en unas semanas. Este punto significa una derrota particularmente ostensible de Francia, que había argumentado que la intervención del FMI debilitará al eurosistema; no así para España, ya que el presidente Zapatero había aceptado en esto la posición alemana antes de empezar el Consejo. Y tercero, y quizá lo más importante para valorar hasta que punto ha sido completa la victoria alemana, el FMI intervendrá antes, previsiblemente durante dieciocho meses, y sólo después, en caso de que Grecia siga necesitando apoyo financiero, entrarán en escena los préstamos bilaterales a que se ha hecho mención. En caso de que ese apoyo no sea necesario para Grecia, el compromiso del Eurogrupo se extiende a su eventual utilización en el rescate de otros países miembros que pudieran necesitarlo.

La ordenación temporal de las ayudas me parece de crucial importancia por lo siguiente. Durante dieciocho meses, el Banco Central de Grecia tendrá que someterse a la disciplina del FMI y tendrá que liberarse, mientras tanto, de la disciplina del Banco Central Europeo. En otras palabras, habrá que buscar al primero un estatuto especial dentro del Sistema Europeo de Banco Centrales, distinto tanto del de los otros quince miembros del eurosistema como de los once que no pertenecen a éste.

Es para evitar estas complicaciones que el BCE se había manifestado opuesto a la intervención del FMI en la crisis (aquí). Para reforzar esta posición, el Consejo Ejecutivo del Banco, reunido hoy, había aprobado por la mañana la prolongación del régimen excepcional de activos de garantía más allá del 31 de diciembre de 2010. Según este régimen, el BCE puede continuar descontando activos calificados como de ‘mala calidad’ (BBB), entre los que se cuenta actualmente la deuda pública de Grecia. Esta medida facilita a los bancos alemanes y franceses el uso continuado de la deuda griega para su descuento en el banco emisor para obtener liquidez, toda vez que, según estimaciones, los primeros tienen en cartera 40.000 millones de esa deuda y los segundos 70.000 millones. Con esto, el BCE pretendía disminuir la presión de los mercados sobre Grecia, con lo que la intervención del FMI podría no ser necesaria.

Pero Angela Merkel se ha salido con la suya. Ha aprovechado la actuación del BCE por la mañana, para cambiar su posición por la tarde y forzar la entrada del FMI para escurrir el bulto, esperando naturalmente que, entre las facilidades del BCE y el dinero del FMI, Alemania nunca tenga que poner un euro.

Sea de todo ello lo que fuere, ya empiezan a crujir las poleas de la garrucha para Grecia.

La manía de un euro fuerte

Una serie de hechos más o menos contrastados y declaraciones de estadistas europeos viene convergiendo en los últimos días en un punto de crucial importancia para entender qué está pasando en la economía y las finanzas del Viejo Continente. Me refiero, por una parte, la generalizada convicción de que, oscilaciones momentáneas aparte, el dólar va a continuar ganando posiciones frente al euro. Convicción que contrasta con la extraordinaria difusión que se ha dado en estos días (aquí) a un informe algo desfasado – data del otoño pasado –, según el cual los gestores de los principales bancos centrales del mundo estiman que el euro habría salido “ganador”, y el dólar “perdedor”, de la presente crisis; y de ahí, algunos quieren deducir que el primero podría desplazar al segundo como moneda de reserva a escala internacional. Entre las declaraciones de estadistas europeos, destacan las recientes manifestaciones de la canciller alemana, Angela Merkel, sosteniendo que los países que no ajusten su comportamiento a largo plazo a las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento deberán salir del euro (aquí), y las del comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, criticando a Merkel (aquí).

La expectativa de apreciación del dólar frente al euro tiene dos puntos de apoyo. Primero, parece que Estados Unidos entra de nuevo en la senda de reactivación económica (no sabemos todavía cuán lejos llegará) mientras la Unión Europea continúa estancada. Segundo, la zona euro aparece lastrada por los problemas financieros de Portugal, Irlanda, Grecia y España (PIGS). De los cuatro, España es el que está mejor, pero también el que entraña más riesgos para el euro, por su tamaño. La cuestión de España depende de que el plan de austeridad del gobierno, que pretende reconducir el déficit público a la cota del 3 por ciento para 2013, se vea o no como viable. El asunto no está nada claro, ciertamente.

La tesis de Merkel es que, si el euro se desprendiera del lastre que suponen las cuatro economías citadas (más quizá Bélgica, sobrecargada de deuda pública), recogería los plenos frutos de ser la divisa justamente “ganadora” de esta crisis y saldría de la misma convertida en moneda internacional de reserva. En cuanto que tal, sería la moneda-refugio en situaciones de incertidumbre (como ahora tiende a serlo el dólar) y eso significaría un plus para la zona euro desde varios puntos de vista.

El camino hacia tal objetivo no está claro, sin embargo. La solución que parece abrirse paso para Grecia es que la línea de crédito, que este país necesita para hacer frente sin dificultades a sus compromisos de pago, sea provista conjuntamente por los restantes países de la Unión Monetaria y el Fondo Monetario Internacional. Si esta solución se impone, Grecia estará con un pie fuera del eurosistema. El FMI no presta a países sino a bancos centrales. Para instrumentar esta solución, hará falta que, por un subterfugio u otro, el Banco de Grecia adquiera un estatuto especial dentro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, que lo libere – siquiera temporalmente – de la disciplina del Banco Central Europeo para someterlo a la del FMI. En un supuesto límite, Alemania podría exigir que se suspendiera el acceso de los bancos griegos a las subastas del BCE.

De una forma u otra, la postura alemana es un disparate. El informe citado más arriba señala claramente que la moneda de reserva del futuro es el renminbi chino. El gozo de Merkel en un pozo. En 1925, Keynes criticó una actitud similar en el Reino Unido, en su obra Las consecuencias económicas de Mr. Churchill. Y es que Winston Churchill, aun siendo un estadista de talla excepcional, resultaba a la vez un pésimo economista. La obsesión por una libra esterlina fuerte llenó el Reino Unido de parados y deprimió la demanda agregada del país un lustro antes de la Gran Depresión.

Ideas

La semana pasada murió, a la edad de 82 años, José Vidal Beneyto, Pepín para los amigos, eminente profesor de ciencia política, integrante a título personal de la Junta Democrática y después de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas, llamada “Platajunta”; fundador del diario El País y asesor permanente de las Comunidades Europeas. Ambos fuimos miembros (el mucho más destacado que yo, naturalmente) de la Fundación Europea de la Cultura, aunque en épocas distintas, y no le conocí hasta 1994 ó 1995, en una de las dos ocasiones en que los socialistas portugueses me invitaron a la escuela de verano que organizan todos los años en el espléndido paraje de Sintra. Había leído muchas de sus colaboraciones en el diario a que he hecho mención, pero en persona daba aun más la imagen de idealista, en el mejor sentido de la palabra.

Me sorprendió, sobre todo, la dureza de su juicio sobre la Unión Europea, a la que prácticamente acusaba de traicionar su misión histórica. Confieso con pesar que no lo valoré en su justa medida entonces, aunque estábamos bastante de acuerdo en cuanto los hechos. En mi comunicación aquella vez, afirmé que el sentido actual de la UE es constituir un poder externo a los estados nacionales, capaz de imponer a éstos políticas liberalizadoras que sus gobiernos no se atreverían a emprender de motu propio por excesivamente impopulares. A mí, economista a fin de cuentas, esto me parecía en esa época un rasgo digno de elogio.

No volví a verle hasta hace poco más de un año, en el acto fundacional de lo que él quiso llamar “Cooperativa de ideas Walter Benjamin”. Había allí una veintena de personalidades, algunas de la universidad de hoy; otras, viejas glorias de las vanguardias políticas de los años sesenta y setenta, y algunos representantes de medios de comunicación. Pepín era conocido como hombre proclive a emprender iniciativas, sin descanso. Aquélla fue posiblemente la última, y ahora veo con claridad que su legado.

El nombre no es casual. Walter Benjamin fue el más singular de esa singular corriente de pensamiento denominada Escuela de Sociología Crítica de Frankfurt. Uno de los aspectos más interesantes de la aportación benjaminiana es la teoría de que el presente no se redime mientras no recupere plenamente la memoria de los muertos. Como judío, Benjamin se refería al holocausto nazi, y su teoría tuvo una influencia nada desdeñable en mantener viva la memoria del horror, que gracias entre otras a esa influencia forma parte de nuestro presente.

Nada de eso se habló hace un año, por descontado. Pero quizá Pepín sentía ya próxima la muerte e ideó la fabulación de una Cooperativa de Ideas de tal nombre para cargarnos a los presentes con la tarea de recuperar plenamente su memoria haciendo lo imposible, si fuera necesario, por rescatar del olvido y trabajar el proyecto que allí nos propuso. Era la postrera intuición de un anciano que conoció la mayor parte del siglo XX, acerca del rumbo que puede seguir el mundo en el XXI.

Aunque al principio aquella reunión me pareció extraña, con el paso del tiempo debo confesar que fue inspirador oír aquella colección de autores (entre ellos, Daniel Bensaid, también desaparecido hace pocas semanas) y de problemáticas intelectuales, una parte de los cuales me resultaban desconocidos o bien conocía distorsionadamente, y otra me devolvía a épocas anteriores de mi vida. Desde entonces, he leído bastante acerca de la problemática central de aquel encuentro - la multitud - y emborronado buen número de páginas con la esperanza de que se nos convocara a una segunda reunión, convocatoria que nunca llegó.

Pero no ha sido trabajo en balde. Hoy creo que no es posible entender a fondo los mercados – de los que hablaba ayer – y su crisis sin concebirlos como institución global a través de la que se expresa, globalmente también, una multitud, la multitud de quienes disponen de un capital (suyo o bajo su administración) y lo mueven para sacarle un rendimiento aprovechando las oportunidades y corriendo los riesgos aparejados a la demanda, igualmente global, de capital. Quizá no por casualidad, es en Estados Unidos donde se ha entendido mejor este concepto, cuando al comienzo de la crisis se hablaba de conflicto entre Wall Street y Main Street (Calle Mayor), queriendo significar el conflicto entre dos multitudes, a saber, la de los que viven del dinero y la de las personas de la calle que viven de su trabajo.

No me parece que hubiera podido ver esta faceta de la realidad sin Pepín. A él, mi más sincero agradecimiento.

Mercados y burocracias

Otra de las preguntas de Gustavo Alonso Carretero, el amigo de Ciudad Real, en su último comentario – a la izquierda de este texto – era si lo ocurrido con el virus H1N1 (gripe A), que ha generado una alarma aparentemente excesiva para el peligro real que comportaba, pero muy lucrativa para la industria farmacéutica, no es un buen ejemplo de manipulación de los mercados. Se refería a la entrada sobre fundamentalismos de mercado (aquí), donde yo decía que los mercados, a diferencia de las burocracias, no son manipulables. La pregunta es interesante, porque me permite aclarar este concepto un poco esotérico de los mercados.

En principio, lo que llamamos en general – y llamaba yo en la mencionada entrada – ‘los mercados’, así, a secas y en plural, es el conjunto formado por los mercados financieros y de materias primas de ámbito global. Sólo entran mercados financieros y de materias primas, lo que excluye lo que se llama mercados de bienes y servicios corrientes; y excluye también mercados de ámbito meramente local aunque sean financieros, como el mercado del crédito a las pequeñas y medianas empresas en España, pongamos por ejemplo.

Digo que los mercados, así entendidos, no son manipulables, fundamentalmente por tres razones. La primera es que están altamente organizados a escala global; por ejemplo, una parte importante del mercado mundial de petróleo está organizado en Rótterdam (Países Bajos), el mercado mundial del cobre está organizado en Londres, el mercado de cereales y carne está en Chicago, los tres grandes mercados de divisas son Londres, Nueva York y Singapur; el mercado de renta variable más importante está en Nueva York, aunque hay plazas importantes en Tokio, Hong Kong, Shangai, Londres, París y Frankfurt; y, así, sucesivamente. El regulador de cada uno de estos mercados ha sido constituido de forma que el impacto de los sobornos sobre su actuación sea mínimo, si no propiamente inexistente, sobre todo, porque imparte a los operadores instrucciones sólo sobre cómo deben actuar, no sobre qué actuar. La segunda razón es que, como son globales y están altamente organizados, concurre a ellos un gran número de operadores y de intermediarios, lo que hace prácticamente imposible sobornarlos a todos. Y la tercera, y quizá más importante, es que los mercados están todos interconectados como vasos comunicantes, de forma que los productos intercambiados en cada uno de ellos es sustitutivo de, y sustituible por, los productos intercambiados en todos los demás, de manera que habría que manipularlos todos a la vez para que la manipulación de uno fuera efectiva. Algo que está fuera del alcance de ningún país o grupo financiero del mundo.

En todo caso, el mercado de vacunas contra la gripe A no pertenece a este tipo de mercados. Primero, porque no es un mercado ni de materias primas ni financiero, sino de un bien corriente; todos los medicamentos lo son. Segundo, porque no está organizado y los operadores son un corto número de grandes multinacionales, por el lado de la oferta, y los gobiernos del mundo, que tampoco son tantos, por el lado de la demanda. Y, tercero, porque lo que podríamos llamar el regulador de este mercado es la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de las Naciones Unidas con un apreciable componente burocrático especialmente vulnerable a los sobornos precisamente porque el mercado no está organizado. Que la OMS recomiende a los gobiernos comprar vacunas antivirales contra una pandemia es equivalente a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores recomendara a los operadores comprar acciones de tal o cual empresa, cosa que nunca ha hecho ni hará. Un mercado así es fácilmente manipulable, también por varias razones. Para empezar, hay mucho dinero en juego para una clase dada de operaciones. De todo ese dinero, se puede tomar un buen pellizco para sobornar a uno o varios funcionarios de la OMS, situados en posiciones clave (no tienen por qué ser directivos, basta con que sean asesores con capacidad de influir en el juicio de los directivos). Además, se juega con un tema sensible, como es una posible pandemia con efectos hipotéticamente fatales sobre la salud, con lo que las decisiones tienen que ser rápidas, guiadas por el axioma “más vale prevenir…”. Todo esto configura un cuadro en el que la manipulación por intereses económicos es posible.

Sin embargo, personalmente no creo que todo se haya debido a manipulación por intereses económicos del sector privado. Más bien, lo que ha habido es una confluencia espontánea de intereses, respectivamente económicos y políticos, de las multinacionales farmacéuticas y los gobiernos, confluencia ante la que la OMS no ha hecho más que plegarse, como no podía ser de otra forma. Una razonable alarma, creada por una veintena de muertes muy rápidas en un rincón de Méjico, pudo suscitar la duda de si se trataba de una peligrosa pandemia o de un caso de déficit inmunológico a escala local (como el que exterminó en el pasado poblaciones enteras del Nuevo Mundo por contagio de sarampión, varicela y otras enfermedades benignas en Europa). A la sazón, los gobiernos acaban de cosechar un decepcionante fracaso en la cumbre del G-20 en Londres, donde las expectativas despertadas en la anterior cumbre de Washington, de reformar la arquitectura financiera internacional, quedaron en agua de borrajas. En esa tesitura, una rápida y contundente reacción contra la pandemia, con la vacunación masiva, daba a los gobiernos la oportunidad de aparentar la determinación y eficacia que les ha faltado en la lucha contra la crisis económica.

Dicho esto, no me parece que la solución a la debilidad de las burocracias frente a los sobornos y las presiones políticas sea reemplazarlas por mercados en todas las funciones concebibles. Primero, porque que los mercados no son manipulables no excluye que sean influenciables. Tienen un componente psicológico, que Keynes denominó animal spirits o “espíritus animales”, que los convierte en presa fácil – mucho más fácil que las burocracias – de euforias y pánicos, a los que los mercados son particularmente vulnerables en situaciones con malos registros generalizados de los principales indicadores macroeconómicos. Segundo, porque lo realmente necesario es insuflar una nueva ética, mucho más exigente; y más necesario aun insuflarla en los mercados que en las burocracias.

Después de todo, las burocracias – como destacó Max Weber – generan su propia ética, y sólo se corrompen cuando lo hace quien les manda: el gobierno. Los mercados, en cambio, como expresión de continuas e innumerables subastas donde el que más paga se lleva el gato al agua, no generan ética alguna: ésta es la principal enseñanza de la crisis en que estamos.




Barak Obama se somete a la vacunación contra el virus H1N1, el 20 de diciembre de 2009. (Foto: Casa Blanca)

Sheikh Jarrah

En 1876, un grupo de emigrados judíos se instaló en Jerusalén, concretamente, en la barriada de Sheikh Jarrah, llamada así por encontrase allí la tumba del médico personal del sultán Saladino, quien reconquistó la Ciudad de manos de los cruzados. Los emigrados lo eligieron, a su vez, porque según la tradición judía, también está enterrado allí Simón el Justo, sumo sacerdote del Templo en tiempos de Alejandro Magno. Tras ellos, llegaron otros. También llegaron musulmanes ricos e influyentes a lo que se convirtió en una zona residencial de alto standing. En 1895, se construyó una mezquita sobre la tumba misma de Sheikh Jarrah. En el censo otomano de 1905, el distrito contaba con 167 familias musulmanas, 97 judías y 6 cristianas, la mayor concentración de musulmanes fuera de la Ciudad Vieja.

En 1948, tras decretar la ONU la partición de Palestina, se desencadenó una guerra por el reparto del territorio. Israel se llevó la mejor parte, hasta el punto de que el estado palestino resultó inviable con arreglo a los estándares de la época. Pero Israel tuvo que ceder Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza a los árabes. Sheikh Jarrah fue incorporado al Jerusalén Este. Una consecuencia ominosa de la guerra fue que cientos de miles de palestinos residentes en las zonas controladas por Israel fueron expulsados de sus hogares y se convirtieron en refugiados, y lo mismo les ocurrió a varios millares de judíos residentes en las zonas controladas por Egipto y Jordania. De acuerdo con la ley jordana de Propiedad del Enemigo, las propiedades judías de Sheikh Jarrah fueron confiscadas.

Entre 1948 y 1956, Sheikh Jarrah constituyó parte de la zona desmilitarizada bajo control de los cascos azules, como tierra de nadie, y permaneció deshabitada. En 1956, el gobierno jordano y ACNUR (Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados) firmaron un acuerdo para alojar en ella a 23 familias palestinas que vivían en campos de refugiados desde la guerra de 1948. Hay confusión respecto de si se les concedió la propiedad o sólo el uso de las viviendas, pero la versión más creíble afirma que, estando prohibida por la IV Convención de Ginebra la entrega en propiedad de viviendas en litigio por acciones de guerra, la propiedad fue asignada al organismo jordano de Custodia de Propiedad del Enemigo.

En 1967, Israel conquistó Jerusalén Este. De momento, se respetó a los palestinos de Sheikh Jarrah. En 1972, varias organizaciones, en representación de los antiguos vecinos judíos, emprendieron un largo proceso legal para la devolución de la propiedad sobre la base de contratos de compraventa del siglo XIX. En 1982, la representación legal de los demandados llegó a un acuerdo con los demandantes, en virtud del cual aquellos no discutían la legalidad de la demanda a cambio del estatuto de “inquilino protegido”, que impide desalojarlos mientras paguen la renta. Varias familias palestinas desautorizaron a su representación legal y se negaron a pagar. Los propietarios judíos los demandaron por impago de alquileres.

Los demandados presentaron certificados de la administración jordana dando fe de que el acuerdo de 1956 contemplaba la entrega de las viviendas en propiedad, pero que, lamentablemente, la lentitud de la burocracia del país había impedido completar el proceso administrativo en 1967; extremo que no ha sido ni confirmado ni desmentido por ACNUR. Pero el juzgado de distrito de Jerusalén no aceptó estos títulos como mejores que los presentados por la parte judía, y falló que la propiedad pertenecía a los demandantes. Al continuar el impago de algunas familias empezaron los desahucios, tres en 2008.

Las familias palestinas siempre habían sostenido que los títulos de propiedad exhibidos por la parte judía eran falsos, pero que no podían probarlo porque las autoridades turcas se negaban a abrir los archivos de la época otomana. Por fin, a comienzos de 2009, aparecieron documentos notariales de finales del siglo XIX, de compraventa de las propiedades en litigio, en la época crucial, donde no aparece nombre judío alguno; al menos, una parte de la prensa israelí (aquí) aceptó el argumento de que eso prueba que los judíos, en todo caso, se establecieron como meros arrendatarios. Las familias palestinas recurrieron la sentencia de 2008. Nuevamente, sin embargo, el tribunal supremo de Israel, fallando a favor de los demandantes judíos, declaró la autenticidad de la compra. En agosto de 2009, otras dos familias palestinas fueron desahuciadas por impago y sus viviendas entregadas a colonos judíos. Hay proyectos para construir bloques de apartamentos en el suelo de alguna de las propiedades. En marzo de 2010, la población palestina de Jerusalén y Cisjordania ha convocado varias “jornadas de la ira” al conocerse que va a construirse una sinagoga en la barriada. Hay ya cuatro víctimas mortales entre los manifestantes y la fuerza área israelí ha bombardeado objetivos en la Franja de Gaza tras reanudarse el lanzamiento de cohetes Qassam.

El caso suscita varias reflexiones. ¿Cuál es la imparcialidad de los tribunales israelíes en procesos como éste? Al menos, la prolongada duración – casi treinta años – prueba que no ha querido dársele una solución apresurada, y esto ya es algo. ¿Qué posibilidades tiene la parte palestina de acudir a la justicia turca en busca de amparo, toda vez que el caso se juzga con arreglo a la legalidad otomana, de la que la Turquía actual es legítima heredera? No muchas, probablemente. Por último, y quizá lo más importante, el asunto hace entrar en conflicto el derecho privado con el derecho internacional público. Si la IV Convención de Ginebra prohibía dar en propiedad a refugiados palestinos viviendas en litigio tras la guerra de 1948, con idéntica fuerza prohíbe devolver esa propiedad a sus presuntos dueños antes de esa guerra. Tan sólo un tratado de paz, firmado entre Israel y un Estado Palestino, que dejara sentadas esas cuestiones, podría dar fundamento jurídico a la pretensión de los tribunales israelíes de tratar la propiedad de lo que sustancialmente es un botín de guerra, que ha cambiado repetidamente de manos, como si fuera un inocente pleito doméstico. De ahí la airada reacción de Naciones Unidas y la comunidad internacional frente a las actuaciones israelíes en este caso.

Dicho esto, me queda una última reflexión, para mí la más inquietante. ¿No es el derecho humanitario, que es el derecho que protege a los civiles en situaciones de guerra, y tras 1967 decididamente favorable a los residentes palestinos en Sheikh Jarrah, la principal causa de sus desdichas? De no prohibir la IV Convención de Ginebra toda determinación unilateral de derechos de propiedad mientras se mantenga la situación de guerra, y de no haberse sentido los moradores de esa barriada de Jerusalén protegidos por ella, habrían pagado los alquileres (para lo cual no les habría faltado ayuda internacional: ése es el chocolate del loro en esta crisis), habrían conservado sus viviendas, los asentamientos judíos no habrían avanzado en Jerusalén Este con la velocidad que lo están haciendo y las últimas muertes, perfectamente inútiles, podrían haberse evitado.




Sheikh Jarrah, minarete de la mezquita. (Foto: Tamar Hayardeni)

Aguirre, o la cólera de Dior

Ya lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. En política, no es lo mismo llevar tacones que no llevarlos. Tacones mandan. Debía llevarlos el día en que llamó a los ciudadanos a la rebelión contra la proyectada subida del IVA. Obediente, el partido de Aguirre la ha secundado.

Están claras las razones – o mejor, sinrazones – del Partido Popular en este enredo. Primero, la doctrina Rajoy de que el PP tiene que aferrarse a un clavo ardiendo, como éste, si es menester, con tal de no mostrar sus cartas al electorado; todo, para ganar – o habría que decir, perder – tiempo hasta las próximas generales, que supuestamente le entregarán el poder como fruta madura. Segundo, el miedo a perder votos en Madrid, donde el descontento por el rumbo del Estado de las Autonomías crece más deprisa de lo que marchan los ritmos políticos en el resto del país. Tercero, oportunismo político: no deja de ser llamativo que, después de meses de pedirle al gobierno que gobernara, cuando éste gobierna, el PP se emplea a fondo para impedirle que lo haga. Llamativo, como digo.

Los motivos de Aguirre son más oscuros. Para ella, la subida del IVA es una excusa tan buena como otra cualquiera para la algarada mediática que ha montado; ahora se trata de llevarla a la calle. Su doctrina la impartió el 2 de mayo de 2008, en la conmemoración del bicentenario del levantamiento de Madrid contra los franceses. Aquellos acontecimientos supusieron, según ella, la fundación de la Nación Española, así, con mayúsculas. Antes, podía haber Españas, o incluso España, pero no Nación Española. Pero el 2 de mayo de hace poco más de dos siglos Madrid se rebeló contra el odioso opresor, y las demás Españas (lo mismo Andalucía en Bailén que Aragón en Zaragoza y Cataluña en Gerona), siguiendo su ejemplo, pusieron en jaque a los franceses hasta expulsarlos del suelo patrio, y así es como nació, presuntamente, la Nación Española. ¿Acaso no es también Zapatero un opresor de España, tan odioso como Napoleón? Si Madrid se rebela ahora, España seguirá su ejemplo de nuevo. O eso quiere creer la lideresa. Estamos nada menos que ante una línea estratégica que pretende el inicio de una nueva era, una refundación de la Nación; un punto de no retorno, en todo caso, llamado a poner fin a los excesos autonómicos y a restablecer el protagonismo centrípeto de la capital en los asuntos del Estado, protagonismo ahora ostentado por la problemáticas centrífugas del País Vasco y, sobre todo, Cataluña, con la esperada sentencia del Constitucional sobre el Estatut, los referendos municipales sobre la autodeterminación y el debate sobre los toros.

Está por ver adónde llevarán a Esperanza sus apresurados cálculos. Quizá cuenta con un Madrid encanallado, como el que se amotinó contra Esquilache porque les prohibió ir embozados por la calle, y que es prácticamente el mismo que dejó ir indiferente a sus reyes para luego, en un arrebato de sensiblería más que otra cosa, amotinarse contra los franceses al grito de que se llevaban a los niños. Pero ha llovido mucho desde entonces. Es improbable que el Madrid que se ganó la admiración del mundo resistiendo durante tres años el asedio de los ejércitos de Franco al grito de ‘no pasarán’, vaya ahora a secundar a Espe. Incluso es discutible que una parte importante del Madrid que salió a la calle en defensa de la Constitución y contra el golpe de Estado del 23-F, o que paró casi hasta el último centro de trabajo el 14-D, le ría ahora las gracias.

Pero lo peor, para Esperanza Aguirre, no es eso. Lo peor es que ya no cuenta con mozos dispuestos a matar y dejarse matar, navaja en mano, por un quítame allá esas pajas; ni con Daoíz, Velarde y el teniente Ruíz; ni tampoco con aquellas recias matronas que se metían con un cuchillo de cocina debajo de los corceles de los mamelucos para rajarles las entrañas. No; ahora las huestes de Aguirre reúnen a nostálgicos del franquismo, ya jubilados o casi; a pequeños empresarios y autopatronos agobiados, que, viendo peligrar su posición social con la crisis, se dejan arrastrar por el vértigo de la “cacerolada”; y, en fin, a jóvenes generaciones de lo más fashion, algunas de cuyas más aguerridas militantes, émulas de la lideresa, acaso serían capaces de descalzarse un zapato de aguja y sacarte un ojo a taconazos.

Tormentos del purgatorio

El purgatorio es un lugar donde se sufre. No es mejor que el infierno salvo en el detalle de que hay lugar a la esperanza: no es eterno. Ahora bien, parte del sufrimiento en el purgatorio económico proviene de la falta de solución a la crisis; por lo menos, solución que pueda vislumbrarse efectiva a corto plazo. Así, la esperanza de salir es verdadera esperanza – en sentido religioso, si se quiere – y no expectativa racional de salida. Otra parte del sufrimiento proviene de que cada cual tiene su propia opinión sobre lo que hay que hacer, pero, nos pongamos como nos pongamos, tenemos que salir de la crisis todos juntos, como sociedad. Por esta razón, se suceden interminables debates, a veces particularmente agrios, acerca de lo que sería más conveniente hacer; debates en los que cada cual tiende a afirmar que sus propuestas son las únicas y que las de los demás conducen directamente al desastre, o sea, al infierno. Éste, como digo, es el estado de ánimo colectivo que podría considerarse “normal” en el purgatorio económico.

Aparte de sufrimientos imaginarios, hay sufrimiento real. Eso es, propiamente hablando, lo que cabe llamar “tormentos del purgatorio económico”. Se concretan en actuaciones como las siguientes. Nadie quiere pagar más impuestos, pero se termina pagándolos; el gobierno empezó diciendo que no habría reforma laboral, pero acaba de decir que la habrá en abril; pocos quieren retrasar la edad de jubilación, pero se terminará retrasándola; hay protestas airadas (entre ellas la mía: aquí) cuando se habla de recortar salarios, pero hasta Krugman dice que hay que recortarlos; Zapatero jura y perjura que no tocará los gastos sociales, pero dos años pueden ser un periodo casi eterno cuando la crisis arrecia.

Si el lector me perdona la inmodestia, lo más inteligente sería posponer la mayor parte posible de los sufrimientos a la época en que la economía esté en franca expansión, como propongo en “Una política monetaria y financiera alternativa” (púlsese el vínculo más arriba); es la estrategia de ir a peor lo más despacio posible. Pero hoy manda la ortodoxia financiera – una forma de ignorar el pasado como otra cualquiera – y la ortodoxia financiera dice que hay que sufrir, sufrir mucho, y sufrir ahora. Forma parte de una cultura de raíces protestantes y moral rigorista, puritana y por momentos auto flageladora, que tampoco es la nuestra. La tenemos instalada aquí – vean ustedes que no en Italia, por ejemplo – … ¿por qué razón? Dejo al lector la tarea de adivinarlo.

Para que el lector se forme una idea clara de lo que significa la ortodoxia financiera en punto a lo que tiene que padecer la sociedad en el purgatorio económico, propongo la imagen del tormento de la garrucha (artículo de Wikipedia aquí).



La mejor descripción de sus efectos la encontramos al final del capítulo 43 de la primera parte de El Quijote:

“…se desviaron los juntos pies de don Quijote, y, resbalando de la silla, dieran con él en el suelo, a no quedar colgado del brazo: cosa que le causó tanto dolor que creyó o que la muñeca le cortaban, o que el brazo se le arrancaba; porque él quedó tan cerca del suelo que con los estremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque, como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar al suelo: bien así como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a toca, no toca, que ellos mesmos son causa de acrecentar su dolor, con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa, que con poco más que se estiren llegarán al suelo.”

Disparatada reacción contra una subida de impuestos

Repetidamente, he manifestado en este blog mis reservas a la proyectada subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (aquí, aquí y aquí). Pero eso es una cosa y llamar a la rebelión o incluso a la movilización contra la medida, otra muy distinta. ¿Han visto la página de Facebook titulada “Paremos entre todos la subida del IVA” (aquí), promovida por el Partido Popular de Madrid?

Resulta que hoy se vota en el Congreso una moción para instar al gobierno a desactivar la subida del IVA, moción propuesta por el PP y respaldada por CiU; algunos partidos a la izquierda del PSOE podrían apoyarla también o abstenerse en la votación. De cualquier modo, parece que el gobierno tiene garantizada la mayoría con los votos del PNV y de Coalición Canaria, que le ayudaron a sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2009, donde se incluye la subida de marras.

¿Se detendrá el PP de Madrid ante la derrota de su moción en el parlamento? Les apuesto cualquier cosa a que no. La presidenta de esa organización, Esperanza Aguirre, se tiene a sí misma por cualificada representante del liberalismo español. Su cultura política, sin embargo, no parece dar de sí como para saber que el fundamento económico de la democracia parlamentaria consiste en la atribución al poder legislativo de la facultad de aprobar impuestos y al ciudadano de la obligación de pagarlos religiosamente. Pero ella piensa, ¡qué caray!, que está en contra de subir los impuestos, y que su derecho moral a no pagarlos le permite sacudirse de encima el contrato social – propugnado por los padres fundadores del liberalismo, como John Locke – y reclamar la devolución de la prerrogativa legislativa (o sea, el poder de establecer y derogar leyes) a la multitud encolerizada: “¡Paremos entre todos la subida del IVA!”

Ella jura y perjura que no incita a los ciudadanos a incumplir sus obligaciones fiscales, sino únicamente a “movilizarse” contra lo que no se está de acuerdo. ¿Qué pasa, que los partidos representados en el parlamento no recogen adecuadamente las preferencias de la población, que los electores se equivocan, o incluso que cuatro años por legislatura es un tiempo demasiado largo porque nueva información puede cambiar radicalmente la correlación de fuerzas políticas? Diríase, de cualquier modo, que la señora Aguirre desea una democracia menos representativa y más asamblearia. Aunque se trate, como en este caso, de asambleas virtuales.

Que semejantes tácticas sean habitualmente utilizadas por la izquierda más radical, pase; después de todo, esa izquierda representa por tradición a quienes tienen menos que perder. Pero que las usen quienes tienen mucho que perder con la alabanza de la democracia multitudinaria y el descrédito de la democracia parlamentaria, es surrealista. Peor aún, un verdadero disparate.

No hemos aprendido nada

El pasado viernes, 12 de marzo, el presidente de la comisión económica de la CEOE, José Luis Feito, declaró abiertamente su opinión (aquí) de que, sin “contracción salarial”, no hay salida de la crisis que valga. Los trabajadores tienen que aprestarse a ver reducidos sus salarios, y los parados mucho más, y más cuánto más tiempo permanezcan en el paro.

Es un ejemplo manifiesto de que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, o, como decía Churchill, un ser incapaz de elegir lo mejor incluso cuando todas las demás opciones han sido descartadas. (Gracias, Jorge Hurtado, por la cita). A mediados de la década de 1930, Gran Bretaña había acertado a evitar el garrafal error cometido en Estados Unidos al dejarse caer a los mayores bancos (como nosotros mismos hemos conseguido evitarlo ahora) pero sus estadistas incurrieron en la simpleza de creer que el problema eran los salarios. ¿Por qué no invierten los empresarios?, era la pregunta lógica. Y la no menos lógica respuesta era: porque no ganan bastante. ¿Y por qué no ganan bastante? Porque no hay suficiente demanda. ¿Y por qué no hay suficiente demanda? Porque los precios siguen estando demasiado altos. Al dar esta última respuesta, ya se estaba metiendo la pata. Al añadir: “y los precios continúan altos porque los salarios también lo están”, la pata se había hundido hasta el corvejón, como suele decirse. La respuesta correcta era: porque falta dinero para sostener un mayor volumen de renta agregada, al actual nivel de precios o incluso a un nivel de precios ligeramente superior.

Durante varios años, los británicos – en realidad, los residentes en toda la Commonwealth – vieron cómo precios y salarios descendían en una vertiginosa espiral deflacionista. Los productos se “abarataban” pero al hacerlo traían consigo nueva destrucción de dinero (porque el dinero se destruye sin necesidad de quemar billetes: ¡ah!, ¿qué no lo sabían?) y, al destruirse, el escaso que iba quedando se encarecía, o lo que es lo mismo, reclamaba mayores cantidades de bienes y servicios que habían de traducirse en nuevas rebajas de precios (y salarios); y así sucesivamente, en un cuento de nunca acabar.

Los británicos nunca salieron por sí mismos de la trampa. Fueron los estadounidenses, que bajo la presidencia de Hoover habían cometido el error de 1932 con los bancos, pero que a partir de1933 con Roosevelt escarmentaron en cabeza ajena y comprendieron que la salida no estaba en atizar la espiral deflacionista, sino en un esfuerzo vigoroso por hacer subir los precios y salarios. La economía, con frecuencia, es contraria a la intuición.

Utilizaré una imagen para hacer el asunto más comprensible. Estamos empantanados con el automóvil en el barro. Se trata de salir, en eso hay acuerdo. Pero no acelerando, pues así nos hundimos más y más. La forma es ganar tracción con cualquier cosa que tengamos a mano. La economía española tiene que ganar tracción para continuar avanzando. No realmente para salir, todavía, porque no se trata de un simple charco sino de un verdadero pantano cuyo final no está a la vista. Lo seguro, sin embargo, es que si nos empeñamos en acelerar, nos hundimos en las arenas movedizas.

Todo esto, claro está, suena a marciano también a la ortodoxia financiera, cuya sola estrategia es parar el motor, decir “Hasta aquí hemos llegado”, y esperar a que las locomotoras del crecimiento vengan a remolcarnos. El único problema es que las famosas locomotoras o están tan empantanadas como nosotros, o habiendo salido ya del pantano no quieren entrar de nuevo en él a remolcarnos. En el primer caso reconocerán ustedes a Estados Unidos, Japón y Alemania; en el segundo, a China.

Tesoro público de España y efectos crowding-out

Si alguien está haciendo bien su trabajo en el gobierno, es la dirección general del Tesoro y Política Financiera del ministerio de Economía y Hacienda, a cargo de Soledad Núñez. Con discreción digna del mayor elogio, la señora Núñez lleva años, con esta ministra y con su antecesor, conduciendo la gestión de la deuda pública con una eficacia sin parangón. Su destreza y buen hacer la han convertido en un puntal fundamental – qué digo, el puntal fundamental – de las finanzas del Estado. Vaya a ella, desde aquí, mi tributo de admiración y respeto.

Para que se haga el lector una idea de lo que estoy diciendo, mencionaré algunos datos. En la última subasta de Letras del Tesoro a tres meses (23 de febrero de 2010), consiguió colocar la friolera de 930 millones de euros al 0,375 por ciento. Sí, no hay error: al cero coma trescientos setenta y cinco por ciento de interés anual. Como quien dice, regalado. Pero no se lo pierdan, la subasta anterior se cerró al 0,380 por ciento, y las anteriores lo hicieron a tipos similares. La última subasta de Letras a seis meses (el mismo día) colocó 1.410 millones a un tipo algo mayor, el 0,500 por ciento, pero todavía una ganga. Soledad Núñez lleva más de un año haciendo esta clase de cosas, ahorrando al contribuyente español un volumen de dinero bastante considerable. (Según mis cálculos, meramente aproximados, unos 3.300 millones de euros en 2009).

Es verdad que ha mediado una coyuntura favorable, que ella ha sabido aprovechar con maestría. Ha sido el dinero inyectado con las operaciones de financiación suplementaria a plazo de hasta un año, del Banco Central Europeo (púlsese el vínculo “Una política monetaria y financiera alternativa”, más arriba), operaciones que han estado devengando un tipo de interés igual al de la operaciones principales de financiación (1% anual). El quid de la cuestión radica en que la banca y las cajas de ahorros españolas han estado obteniendo recursos del BCE al 1 por ciento para invertirlos en deuda pública al 0,38 y el 0,50; o incluso, en Letras a doce meses (última subasta, 19 de febrero de 2010), al 0,897 por ciento anual. Hay que ser listo de verdad para haber aprovechado la coyuntura de un modo tan favorable.

Y no es que los bancos sean tontos, o que el Tesoro les haya engañado. Sencillamente, el Tesoro ha sabido hacerles pagar, de una manera muy discreta pero también muy firme, el respaldo que se les dio en el otoño de 2008, en el peor momento de la crisis. Sirva esto para tranquilizar, al menos en parte, a los que creen que se ha ayudado sólo a los bancos y que se les ha ayudado gratis. Gratis, quizá sí, pero con contrapartidas. Lo malo es que el BCE ha decidido terminar con las operaciones de financiación suplementaria, lo que obligará al Tesoro – le está obligando ya – a buscar dinero, no en mercados semi-cautivos, como hasta ahora, sino compitiendo con otros deudores soberanos, a un coste muy superior y con exigencias mucho más duras. Es, con todo, un consuelo saber que Soledad Núñez sigue ahí, y que por mal dadas que vengan, ella se las apañará para lograr que vengan un poco menos malas. Gracias, por la parte que me toca.

Y una reflexión para terminar. En el habitual debate en CNN+, Juan José Toribio sostenía hace unos días que la emisión de deuda pública provoca siempre un efecto crowding-out, o de “expulsión” del crédito al sector privado por la necesidad de financiar al sector público; su interlocutor, el ciudadrealeño Emilio Ontiveros, sostenía que no siempre. Los datos que acabo de mencionar dan la razón al profesor Ontiveros, y de una forma incontestable. El problema no es que, con la deuda pública, los bancos encuentren una inversión muy segura y muy rentable que les exime de prestar con riesgo al sector privado, como pretenden los fundamentalistas del mercado. En este caso, está claro que invertir en deuda no está resultando nada rentable a los bancos; vaya, que pierden bastante dinero al hacerlo. Aparentemente, pierden tanto que incluso cabe pensar que, si no hubiera emisiones de deuda pública, los bancos todavía preferirían colocar su dinero a un tipo un poco inferior (0,25% anual) en la facilidad de depósito del BCE, a prestárselo a tipos muy superiores al sector privado en operaciones de financiación de circulante.

Ya puede haber pocas dudas de que hay un problema de endurecimiento del crédito que es previo a la necesidad de financiación del Estado.

El futuro del turismo en España

El turismo ha desempeñado un rol medular en la configuración del viejo modelo productivo. En la década de 1960, cuando los inmigrantes rurales en las grandes ciudades todavía se hacinaban en poblados de chabolas, Manuel Fraga Iribarne, desde el ministerio de Información y Turismo, puso en marcha un experimento económico-social sin precedentes. Escogió tres municipios (Benidorm en Alicante, Calviá en Mallorca, y Torremolinos en Málaga), en los que la tierra era especialmente pobre y, por consiguiente, barata, y los promocionó internacionalmente como destinos turísticos. El experimento tuvo éxito, y los cambios que facilitó fueron revolucionarios. La tierra dejó de valorarse por su productividad agrícola y empezó a tener un precio dependiente de su valorización urbanística.

Después de casi medio siglo, tenemos lo que tenemos. Por una parte, la burbuja inmobiliaria, originada e inflada en gran medida por la especulación en las costas, se ha pinchado pero nos ha dejado un paisaje degradado como entorno natural. Por otra, varias Comunidades Autónomas no pueden – sencillamente, no pueden – prescindir del turismo como fuente de ingresos para su población. Y, por último pero no menos importante, hace por lo menos dos décadas que se oye a los responsables políticos y empresariales quejarse de la mala calidad del turista medio que viene a España, y entonar loas a cualquier actuación que atraiga a un “turismo de calidad”, aunque las actuaciones de esa clase suelen limitarse a instalar campos de golf y construir puertos deportivos.

La inevitable reflexión es la siguiente. El mundo no saldrá de esta crisis como entró en ella. Un día, los PIB dejarán de caer, el paro se estabilizará y luego descenderá, y los turistas volverán a viajar. Pero esos turistas no serán como los de antes de la crisis. Sobre todo los turistas de mayor poder adquisitivo serán consumidores con un refinado gusto por la naturaleza, el arte y la cultura, y un no menor aborrecimiento por los monumentos al hacinamiento urbanístico y al mal gusto colectivo en que hemos convertido nuestras zonas turísticas más emblemáticas. Tal y como van las cosas, saldremos muy mal colocados en la carrera por captar los segmentos de mercado más lucrativos.

La reflexión es relevante a la luz de la decisión del gobierno de impulsar un ambicioso programa de rehabilitación de viviendas, con la inversión de casi 4.500 millones de euros de aquí a 2012 y la creación de 350.000 puestos de trabajo. Muchas de esas viviendas estarán localizadas en las zonas turísticas, donde los edificios más antiguos son de mala calidad y empiezan a tener más de cuarenta años. Ahora bien, cuanto más dinero se sepulte (cuanto mayores, en el lenguaje de los economistas, sean los costes hundidos) en esa clase de activos, más duro resultará a sus propietarios desprenderse de ellos.

¿No sería apropiado, como digno prólogo a un verdadero cambio de modelo productivo, dedicar una parte de ese dinero a un plan de demoliciones generalizadas, empezando por zonas piloto (dos o tres municipios serían suficientes, como antes lo fueron para poner en marcha el modelo anterior), que saneara a fondo el paisaje y lo adaptara a los gustos de los turistas de mayor poder adquisitivo en un mundo pos-Kioto? Este plan tiene un inconveniente, desde luego, que no cabe ocultar: no todo el dinero invertido tendrá efectos inmediatos en la creación de puestos de trabajo, porque habrá que indemnizar a los propietarios afectados. Pero no cabe duda de que ofrecería la clase de futuro que el sector turístico está necesitando.

Contrato único de trabajo

Todos los que quieren abaratar el despido ponen como excusa su ferviente deseo de reducir el peso de la contratación temporal y eliminar, así, la fragmentación del mercado de trabajo entre un segmento excesivamente protegido y otro que lo está insuficientemente: de lo que se trata, según se dice, es de situar la protección en un nivel intermedio, que mejore la que disfrutan unos a costa de la de los otros. Entre las adhesiones más recientes a esta posición, está la Fundación de las Cajas de Ahorros que también se pronuncia por un contrato único de trabajo con indemnización creciente con la antigüedad en el empleo, como lo hicieran hace un año Cien ilustres economistas y el gobernador del Banco de España.

Por las declaraciones de todos ellos, diríase que el contrato único rebaja la protección del segmento laboral con empleo fijo para mejorar la del segmento laboral con empleo eventual. Veamos. La diferencia entre el contrato temporal y el indefinido es que el segundo tiene tutela judicial a lo largo de toda su duración, es decir, el empresario no puede prescindir del empleado sin pasar por un proceso legal que examine la causa del despido y lo declare bien procedente, bien improcedente; el interés del empresario, sin más, es causa de despido improcedente, que da lugar a la indemnización de 45 días por año, con tope de 42 mensualidades, estipulada en el Estatuto de los Trabajadores. Por su parte, el contrato temporal no tiene la misma tutela judicial en el momento de terminación, ya que al juzgado de lo social le cumple entonces sólo constatar que la fecha de terminación ha sido respetada, sin que tenga que mediar causa alguna. Sin embargo, el contrato temporal tiene tutela judicial efectiva a lo largo de toda su duración (excepto en la fecha de terminación), de manera que si, por ejemplo, el contrato es por tres años, el empresario no puede despedir al término del primero, o del segundo, o en cualquier otro momento, sin probar ante el juzgado una o varias causas, y sin que el despido pueda eludir ser calificado bien de procedente, bien de improcedente, con el consiguiente retraso y pago de salarios de tramitación, además de la corta indemnización (8 días por año), en este último caso.

Lo que el contrato único de trabajo hace es generalizar la situación en el momento mismo de terminarse el contrato temporal a todos los contratos durante toda su duración, de manera que pueda despedirse sin que en ningún momento tenga el juzgado que entrar a entender de las causas del despido. Esto convierte a la modalidad propuesta en una especie de contrato temporal con fecha de terminación a la vista, por utilizar la terminología bancaria.

Así pues, dígase lo que se diga, el contrato único propuesto es un contrato temporal en que la fecha de terminación no está especificada y queda al arbitrio del empresario; un contrato, por tanto, que es más precario que los actuales contratos temporales. Un contrato, en definitiva, que rebaja el nivel de protección a todos los trabajadores.

El Fondo Monetario Europeo

El ministro alemán de Economía, Wolfgang Schäuble, en una entrevista para el dominical Welt am Sonntag, decía anteayer que su gobierno está preparando un plan para poner en marcha un Fondo Monetario Europeo que ayude a la eurozona a tratar las crisis de deuda, como en la que está envuelta Grecia y podrían verse envueltos otros países. Frente a las voces que están reclamando la intervención del Fondo Monetario Internacional en el problema, Alemania prefiere “lavar los trapos sucios en casa”, sobre todo para evitar que la eventual crisis de deuda de algún país pueda minar la confianza de los mercados en el euro. (El FMI ya ha venido al rescate de países de la Unión Europea que no son miembros de la zona euro, con efectos desastrosos en el nivel de actividad y el empleo; Letonia, por ejemplo, gracias a la estabilización exigida en contrapartida, ahora tiene la mayor tasa de desempleo de Europa: superior, sí, a la de España).

La idea de sus promotores es que el Fondo Monetario Europeo debería prestar ayuda “en combinación con condiciones estrictas”. Sabemos lo que esto significa en la jerga de la ortodoxia financiera: reducción del gasto público hasta donde sea preciso para retornar en poco tiempo a los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (máximo de déficit público = 3% del PIB), flexibilización del mercado laboral y liberalización acelerada de toda la economía (por ejemplo, en materia de precios de la energía eléctrica).

No sabemos cuán avanzados se encuentran los planes alemanes respecto del Fondo. De momento, ya han ganado el apoyo del comisario europeo para Asuntos Monetarios, el finlandés Olli Rehn, quien ha revelado que se está trabajando en el tema, además de con Alemania, con Francia “y otros miembros de la eurozona”. (No se sabe si entre éstos se encuentra España). Sarkozy no quiere dar a entender que se ha enterado de qué va la cosa, ya que sigue con el ya viejo discurso de prometer ayuda a Grecia si la necesita. La oposición socialdemócrata germana cree sí se ha enterado, y su reacción ha consistido en afirmar que eso es exactamente lo que estaban pidiendo. El gobernador del Banco central de Grecia se ha apresurado a decir ellos no necesitarán la ayuda del Fondo (naturalmente, por la cuenta que les tiene).

Paradojas de la vida, cuando se mire hacia atrás y se evalúe la presidencia española de la EU en el primer semestre de 2010, no se la recordará – como querría el gobierno – por haber consolidado la Europa del Tratado de Lisboa, de la que ya nadie se acuerda, ni por haber dado un giro progresista al tratamiento de la crisis económica. Se la recordará por haberse gestado en ella el instrumento de tortura de sociedades más refinado que ha podido concebir el pensamiento económico.

Pero eso es lo que toca en el purgatorio, ¿no? Bueno, un purgatorio, en realidad, que está a un paso del infierno.

Hoy es noticia

Muchas veces se habla de la contribución de los inmigrantes al crecimiento económico de los países desarrollados. España ha tenido oportunidad de constatarlo en los últimos lustros, desde mediados de la década de 1990. La acción – llamémosla “beneficiosa” – de la inmigración se establece en un doble plano. Primero, incrementa la cuantía de los recursos humanos disponibles, lo que eleva lo que los economistas llaman el output potencial y facilita un crecimiento macroeconómico no inflacionista. Segundo, y aunque los inmigrantes suelen especializarse en empleos inferiores, que no quiere la mano de obra autóctona, es innegable que, manteniendo bajos los salarios en esos empleos, imponen un freno – por así decirlo – al crecimiento del conjunto de los salarios en los trabajos menos cualificados, sean desempeñados por personal autóctono o inmigrante, por los posibles efectos rebosamiento desde los empleos menos deseados a los más deseados, dentro de los de escasa cualificación. El aumento de la mano de obra disponible para los empleos de baja cualificación, más que proporcional con el de la mano de obra cualificada, tiende a aumentar el producto marginal de esta última; eso, unido al mantenimiento de bajos salarios en los empleos de baja cualificación, se traduce en crecientes ingresos para los empleos de alta cualificación en un marco de precios relativamente estable. Que es exactamente la envidiable situación que hemos estado viviendo en España.

Ahora bien, si se admite ese razonamiento – y no creo que haya muchos economistas que no lo hagan – habrá que admitir que la contribución de la mujer al crecimiento en las últimas décadas ha tenido que ser muy superior. No sólo porque la incorporación de la mujer al mercado laboral ha actuado durante más tiempo (prácticamente, desde comienzos de la década de los ochenta, o incluso antes) y afectado a muchos más individuos (casi la mitad de la población activa, en casi todo el mundo desarrollado), sino porque esa incorporación ha seguido líneas maestras que podrían equipararse a una inmigración interior, por así decirlo, “de la familia a la empresa”. En todo ese tiempo, las mujeres se han encargado de empleos inferiores, despreciados por los varones, y lo han hecho por salarios inferiores a los que hubieran percibido los varones de similar cualificación, con efectos similares a los descritos para la inmigración. Y cuando se han hecho cargo de tareas similares a los hombres, lo que reducía el producto marginal de ambos sexos en esos puestos, se ha pagado a las mujeres salarios reducidos que permitían conservar el poder adquisitivo de los varones. Bueno, en realidad, este último efecto es contraproducente para el crecimiento, pero no cabe duda de que la importancia cuantitativa del primero (el de inmigración interior, de la familia a la empresa) ha tenido que ser muy superior.

Sin despreciar los ahorros energéticos que se han producido desde la crisis del petróleo, en 1973, ni tampoco el desarrollo tecnológico acaecido en la última fase expansiva del ciclo de larga duración, creo que la mayor parte del mérito del crecimiento no inflacionista de casi tres décadas anteriores a la crisis hay que atribuírselo a la contribución productiva de la mujer.

Páginas

Resulta que el blog se puede organizar como una colección de páginas (al parecer, hasta un máximo de diez), de las cuales ésta, en la que publico las entradas cotidianas, se denomina “principal” porque es la que se abre con la dirección URL del blog. Cabe, sin embargo, la posibilidad de publicar páginas de contenido singular, que en mi caso resultan muy útiles para textos más largos, que resultarían inapropiados en la página principal. Se accede a ellas desde más arriba, justo a continuación de la cabecera.

Por el momento, he publicado dos de tales páginas. La primera me la sugirió un reciente comentario de Gustavo Alonso Carretero, un amigo de Ciudad Real que tiene la bondad de seguirme y, todavía más, de enviar mensajes con sus observaciones. Gracias, Gustavo. Pues bien, en ese mensaje Gustavo preguntaba – a cuenta de una vaga afirmación mía, de pasada – qué más podría hacerse desde la política monetaria. En la página titulada “Una política monetaria alternativa” le doy cumplida respuesta, espero. Es un texto escrito hace unas semanas (la fecha aparece al final del mismo) por encargo de la Fundación 1º de Mayo, que creo que lo ha publicado en su propia web, aunque no he sido capaz de encontrarlo. Si el texto parece demasiado técnico, estoy dispuesto a tratar de explicar los aspectos más difíciles.

La segunda página (“La arquitectura financiera internacional, en crisis”) es un texto un poco más antiguo – de octubre de 2009 – aunque, releído, conserva plena actualidad. Su objeto es una faceta muy poco tratada de la crisis internacional, pero que creo fundamental para entender las dificultades actuales. También estoy preparado para contestar preguntas sobre este texto, y para desarrollar aspectos parciales del mismo.

Confío en que estas páginas, y las que puedan sumárseles en los sucesivo, ayuden a clarificar el contexto desde el que formulo mis opiniones.

La reforma laboral de los empresarios

Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, ha puesto las cartas de la gran patronal sobre la mesa. En un artículo publicado en El País esta semana, enumera una serie de medidas para el mercado laboral, que configuran una visión integral de su reforma. Al hacerlo, cruza alguna línea roja trazada el año pasado. Quedarse en ese aspecto de las propuestas sería, sin embargo, instalarse en un concepto superficial del diálogo social. Es preferible clarificar los contenidos y su concatenación interna, y analizar si la propuesta ofrece posibilidades de acuerdo.

A mi modo de ver, hay un núcleo central, un asunto colateral de gran envergadura – la rebaja de las cotizaciones sociales – y varias cuestiones periféricas. Trataré hoy el primero y dejo el resto para entradas sucesivas. No creo que la propuesta de contrato para jóvenes deba pesar en la valoración general, ya que la propia CEOE la ha retirado.

El núcleo central lo constituye la contratación laboral, cuya reforma se articularía en torno a un nuevo contrato indefinido con indemnización rebajada. Junto a ello, se reintroduciría el principio de causalidad en la contratación temporal, se flexibilizaría la contratación a tiempo parcial, y los procedimientos judiciales y administrativos se homologarían a los existentes en países de nuestro entorno.

Salvando la mencionada homologación, que tanto puede ser un “brindis al sol” como un “gambito de apertura”, si se admite el símil ajedrecístico (habría que ver en qué países, en concreto, se está pensando, porque tampoco son todos iguales), hay tres cosas positivas en la propuesta. Aparentemente, se renuncia a desjudicializar la relación de trabajo; de hecho, la desjudicialización se menciona más tarde, en exclusiva referencia a los expedientes de regulación de empleo (una de las cuestiones periféricas que trataré en otro momento). En segundo lugar, parece renunciarse también a la retroactividad, ya que se habla de un nuevo contrato indefinido, que dejaría subsistir los actuales indefinidos como especie a extinguir. Por último, pero en modo alguno menos importante, se suprimiría la contratación temporal como herramienta de precarización del mercado laboral. Aquí cabe pedir mayor concreción. El principio parece sencillo: puesto que esa modalidad se benefició de menores costes de despido porque la reforma de 1984 pretendía incentivarla como medida de fomento del empleo, ahora que precisamente no se la quiere fomentar, sino lo contrario, debe invertirse la estructura de incentivos entre la contratación temporal y la indefinida. Si la patronal acepta esta lógica, la reforma puede empezar a valer la pena.

Pieza clave de la reforma de los empresarios es el papel realzado de las empresas de trabajo temporal (ETT), que se encargarían de proveer a las demás del personal cuya relación ahora se traduce en contratos temporales. El papel de las ETT queda explícitamente subrayado en otra de las cuestiones periféricas – el protagonismo que se quiere darles como agencias privadas de colocación – y tácitamente en la flexibilización de la contratación a tiempo parcial, de la que ellas se beneficiarían presumiblemente más que ninguna otra empresa. Éste puede ser un escollo, pero todas las negociaciones los tienen.

Junto a este núcleo central, y afectando al conjunto de la reforma, está el detalle de que no se pretende tocar la negociación colectiva. Y donde parece rozarse, es inclinándose más o menos tímidamente hacia el concepto de la flexibilización interna.

O mucho me equivoco, o aquí se presenta cierta oportunidad, no de resolver todos los problemas pendientes, sí de cerrar un acuerdo que proporcione estabilidad al marco de relaciones laborales para los próximos años, como mínimo tres, con suerte un lustro que se augura lleno de problemas. No sin concesiones por ambas partes, desde luego, pero ciertamente en evitación de males mayores. Pondría el siguiente ejemplo. De no haberse concluido, hace pocas semanas, el pacto salarial a tres años, ahora los funcionarios públicos tendrían sobre sus cabezas la espada de Damocles de una posible congelación o incluso rebaja salarial. Como había tal pacto, el ministerio de Economía ha tenido que dar marcha atrás, constatando lo obvio: que los pactos están para cumplirse. Dentro de un par de años, tal vez se eche de menos el acuerdo sobre el marco de relaciones laborales que ahora podría conseguirse, si no barato, a un precio razonable dadas las circunstancias.

MYCCA

El año que España aprobó su Constitución yo era un joven economista que, estando a tiempo parcial en la universidad, recibió la oportunidad de entrar a trabajar en el gabinete técnico de la unión sindical de Madrid de Comisiones Obreras. Desde el principio, me especialicé en expedientes de crisis, lo que ahora se denominan “expedientes de regulación de empleo”. (En aquella época, los trabajadores llamaban expediente de crisis al que comportaba despidos y expediente de regulación de empleo al que reducía la jornada o mandaba temporalmente a toda o a parte de la plantilla al paro). No recuerdo el número exacto de empresas que atendí. En todo caso, docenas, en su mayor parte de la industria siderometalúrgica.

Con frecuencia me acuerdo de MYCCA, una empresa de calderería y estructuras metálicas de unos 250 trabajadores, a la entrada de Alcalá de Henares. Todos estaban afiliados a CC.OO. (lo que era el caso de muchas empresas entonces) y, por alguna razón, Juan José Mingallón, el secretario general del sindicato provincial del Metal de Madrid, le había tomado cariño a MYCCA; y como él y Salce Elvira, entonces secretaria de Empleo de la unión, y Antonio Galán, otro miembro de la ejecutiva de Metal, eran como uña y carne, y daba la casualidad de que necesitaban un economista, durante mucho tiempo le dedicamos los cuatro una cantidad de esfuerzos desproporcionada a los recursos con que contábamos entonces para atender a todo el Metal de Madrid. Pero así suelen ser las cosas en etapas de la vida en que uno se encuentra desbordado.

Desde el principio, el empresario quiso reducir plantilla por medio de expedientes, y ni en una sola ocasión los firmamos. Negociamos bajas incentivadas, pactamos media jornada para todos, mandamos a la mitad de la plantilla al paro por turnos; lo que fuera, pero ni un solo despido. En realidad, creo que no firmamos un solo despido jamás, en ninguna empresa. Las empresas sobrevivían o se hundían, con independencia de los despidos. Donde sobrevivían con nuestro apoyo era por medio de expedientes de regulación de empleo que nunca incluían despidos traumáticos. Después del tercer o cuarto expediente en MYCCA, el empresario nos presentó un plan volviendo a la idea inicial. Quedaban 140 trabajadores, y se trataba de quedarse con 60 y despedir a los 80 restantes. Nos reunimos – entonces Mingallón había sido sustituido por Paco Hortet al frente del sindicato del Metal y creo recordar que Antonio Galán ya no estaba – y yo expuse mi opinión: era eso o el cierre de la empresa. Decidimos planteárselo así a los trabajadores. Esperaba yo una dura oposición, por lo menos al principio, teniendo en cuenta que eran más de la mitad los trabajadores que se quedaban en la calle. Pero no hubo ninguna; si acaso, preguntas de aclaración. Nos habían visto dejarnos literalmente los dientes durante meses, en realidad, casi dos años, convencidos ellos cada vez de que prolongar la vida de la empresa un mes más era prácticamente imposible, y cuando llegamos confirmando sus peores temores no lo dudaron y confiaron en nosotros a ciegas, como quien dice. Se hizo la reestructuración como el empresario exigía, y a los pocos meses la empresa cerró.

Dos dudas me asaltan en relación con esta anécdota de mi juventud. A la primera – si no habría sido preferible firmar desde el principio los despidos, para así quizá salvar la empresa – apenas le doy importancia: el sector de calderería estaba condenado en Madrid; decenas de empresas cerraron, muchas de ellas a pesar de haber realizado despidos, enviando a miles de trabajadores al paro, y de hecho MYCCA fue una de las últimas, si no la última, en cerrar. La segunda es más inquietante: visto que la empresa cerró de todos modos, ¿no habría sido mejor mantenerse al margen y haberles ahorrado a los trabajadores y a nosotros mismos el mal trago de aceptar aquellos despidos para nada? Yo habría podido terminar mi carrera como economista del sindicato con el legítimo orgullo de no haber firmado un solo despido en cuatro años, al tiempo que librarme de un recuerdo incómodo que me ha perseguido durante años, qué digo, durante décadas.

Y cada vez que me asalta esa duda me respondo, con creciente convicción, que hicimos lo correcto. Porque nada está escrito, y porque la suerte no está echada hasta que la última carta está sobre la mesa. Porque nuestra obligación como seres vivos es luchar hasta el último aliento por seguir vivos.

De la elegancia y falta de espíritu práctico en economía

Veo a Álvaro Anchuelo, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos y de lo mejor que hay en el circuito académico, asistiendo a las reuniones para el pacto nacional en representación de Unión Progreso y Democracia. Resulta que es miembro de su consejo de dirección. No tenía ni idea de esa actividad política, y la verdad es que me parece encomiable. El primer día, fue el único que dijo algo sensato: “Cuando queda poco dinero el guión es importante, y el que nos acaban de presentar carece de medidas de calado”. Buscando más cosas suyas en la red, he dado con una vídeo-entrevista donde expone de forma coloquial el programa de su partido (aquí). Sus recetas: reformar los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros y racionalizar la administración autonómica, incluso si para ello hay que reformar la Constitución. Bastante razonable, incluso cabiendo algún comentario.

Me decepciona, en cambio, su discurso sobre la reforma del mercado laboral. Denuncia la injusticia de los contratos temporales (“sin ninguna indemnización, en la mayor parte de los casos”) y la especial incidencia del paro entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, para mostrar su adhesión a la propuesta de los Cien, es decir, a un contrato único con indemnización creciente a lo largo del tiempo.

Cuantas más vueltas le doy al contrato único de trabajo, más convencido estoy de que los economistas más brillantes lo defienden porque es una solución elegante. Ejerce una fascinación parecida al tipo único en el impuesto sobre la renta, que propuso Friedman y hace unos años defendiera Miguel Sebastián, ¿lo recuerdan? La elegancia formal es la pasión de los economistas, con poca o ninguna atención a los efectos prácticos. Tristemente, esa pasión sostuvo el impulso desregulador de las tres últimas décadas, que es lo que nos ha traído al punto en que estamos.

Todo el empleo que se crea ahora es sobre la base de contratos temporales (el índice de rotación no puede ser ya más elevado), precisamente porque no tienen indemnización en la mayor parte de los casos. Ahora, por tanto, la indemnización de los contratos indefinidos no frena en absoluto la creación de nuevos empleos, porque esa indemnización no es de aplicación a los puestos de trabajo cuya creación están decidiendo los empresarios. A menos que se sostenga la teoría – que no he oído defender todavía pero espero que alguien se decida pronto a hacerlo – de que sería bueno “purgar” a las empresas ajustando sus plantillas antes de proceder a expandirlas de nuevo, el contrato único con indemnización reducida no va a ayudar nada al empleo. Lo que se dice nada, pero nada, nada.

Más elegante que la abigarrada panoplia de modelos contractuales que hay ahora, sí que lo es. ¿A quién se le ocurriría negarlo?

La subida del IVA

José Antonio Alonso, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, entrevistado por Iñaki Gabilondo, disertó anoche en TV sobre la subida del IVA. Alonso justifica la medida del siguiente modo. La subida del IVA animará a los consumidores a anticipar sus compras, toda vez que los productos serán más caros a partir de julio; y esa anticipación reanimará la economía en el primer semestre. Veamos.

El objetivo último del gobierno es aumentar la inversión empresarial. Si aumenta la inversión, aumentarán el empleo, la renta agregada, la demanda efectiva y así sucesivamente, en lo que los economistas llaman efecto multiplicador. Ahora bien, la inversión es igual a los beneficios empresariales menos el consumo de los empresarios más el déficit exterior de la economía española más el ahorro de los asalariados menos el déficit público. En otras palabras, la inversión aumenta cuando lo hacen los beneficios (lógico, ¿no?) y el déficit exterior (menos evidente, pero cierto) y se reduce cuando aumentan el consumo de los empresarios (¿podría ser de otra manera?) y el déficit público (porque inversión privada y déficit público compiten por el ahorro nacional). Por otra parte, la contabilidad nacional afirma que la inversión aumenta también cuando lo hace el ahorro de los asalariados. El problema es que, como los asalariados están desconectados de las decisiones de inversión, el aumento inducido de ésta se traduce en simple acumulación de stocks, es decir, en inversión empresarial involuntaria: uno de los síntomas característicos de la crisis.

Ahora volvamos a la lógica de la subida del IVA. El gobierno sabe que el déficit público frena la recuperación de la inversión empresarial, y conoce que la crisis ha hecho aumentar el ahorro de los asalariados, que no hay forma clara de reconducir hacia la inversión. Sin embargo, con una subida de impuestos sobre el consumo, que en su mayor parte van a pagar los asalariados con cargo a su ahorro, se puede intentar cierta reasignación. Reduciendo el ahorro de los asalariados, disminuirán los stocks: y reduciendo el déficit público al recaudar más para el mismo nivel de gasto gubernamental, se liberarán recursos para la inversión empresarial. ¡Qué bien! Todo parece encajar.

Las simples identidades contables, sin embargo, son engañosas. Sin un modelo teórico detrás, resultan insuficientes para captar efectos dinámicos: la contabilidad nacional “cuadrará” siempre; lo importante es a qué nivel de renta agregada. En el mejor de los casos, el aumento de la inversión empresarial tardará el realizarse, porque es improbable que las empresas se atrevan a trasladar la subida del IVA íntegramente a precios. Si no lo hacen, una parte del impuesto adicional se pagará con cargo a beneficios empresariales, lo que reducirá aún más la inversión a la corta, aunque la tendencia sea que aumente a la larga. Es más, costará bastante cambiar las expectativas empresariales, de estancadas a alcistas, con el consumo privado – tanto de asalariados como de empresarios – probablemente en retroceso, mucho más si efectivamente se ha producido la anticipación de gasto prevista por Alonso. Este efecto boomerang se está viendo ahora en el Reino Unido, que primero rebajó el tipo general del IVA al 15 por ciento para luego hacerlo retornar al 17,5 por ciento, esto último muy recientemente, con negativos efectos sobre la demanda agregada y el crecimiento.

Fundamentalismos de mercado

Una de las causas más importantes de la crisis actual, y sobre todo de su excesivamente larga duración, estriba en lo que denomino fundamentalismos de mercado. Fundamentalismo de mercado es toda creencia de que, como los mercados no son manipulables en tanto que las burocracias sí lo son, el mercado es un mecanismo infalible de asignación de recursos. Y si no quieren usar la palabra ‘infalible’, digan ustedes ‘el mejor’ o ‘el menos malo’ de los mecanismos de asignación conocidos. ¿Verdad que nos entendemos? Los fundamentalismos de mercado vienen a identificarse con lo que otros llaman ‘neoliberalismo’ o ‘neoliberalismos’.

De que los mercados – sobre todo los mercados globales – no son manipulables no cabe deducir que no sean influenciables. Lo son, y en gran medida. Los medios de comunicación, y los organismos internacionales, amén de los gobiernos, ejercen continua y muchas veces contradictoria influencia sobre ellos. De manera que si los gobiernos, los organismos internacionales y los medios ostentan ideas espurias sobre la crisis o la forma de tratarla, los mercados no serán inmunes a ellas.

Un magnífico ejemplo es el pánico que hizo presa de los mercados hace unas semanas. El año pasado la generalidad de los gobiernos del mundo desarrollado se dejó llevar por el triunfalismo; ese triunfalismo fue aireado por los medios, y los mercados se contagiaron de él. Estábamos saliendo de la crisis, eso nadie lo dudaba, y el problema era que algún país como España daba muestras de estar rezagándose. Desde fin de año, sin embargo, el horizonte de la reactivación empezó a estar menos claro. El paro no deja de crecer y la confianza de los consumidores se desploma en Estados Unidos mientras las exportaciones no terminan de despegar en Alemania. La reacción de los mercados en estos casos es automática: si no se puede ganar dinero con apuestas alcistas, habrá que intentarlo jugando a la baja. ¿Contra quién se apuesta a la baja? Los mercados tienen una memoria corta pero lastrada con una pesada inercia: el blanco predilecto del pánico fue el país, España, que parecía ir retrasado en una recuperación que ha demostrado ser ilusoria. ¿Parece absurdo? Lo es, pero así es como los mercados razonan. No es conspiración, ni manipulación; es, simplemente, un fallo del mercado. Una concatenación de estos fallos nos metió de hoz y coz en la actual crisis.

Una conclusión de este breve relato es que los mercados, que juzgan continuamente la credibilidad de empresas y hasta países, no son merecedores, a su vez, de excesiva credibilidad. Sufren de euforias y pánicos, y orientarse en exceso por sus animal spirits equivale a emborracharse con sus euforias y enloquecer con sus pánicos. La política económica debe estar dotada de mayor consistencia y estabilidad. En ningún caso, dejarse arrebatar por sus sacudidas irracionales.

Y algo más, todavía. Un principio básico de la política económica debe ser dotar al crecimiento de los países más castigados por el paro de la mayor autonomía posible respecto de los mercados, financiando en todo lo que se pueda su déficit público sin recurrir explícitamente al ahorro privado.